Abogados y organismos de Derechos Humanos que litigan en causas de lesa humanidad realizaron presentaciones en diversos juzgados federales para intentar frenar la destrucción de archivos de la Armada, ya que entienden que puede desaparecer documentación que permita esclarecer crímenes de la última dictadura cívico militar. La Escuela de Mecánica de la Armada, por ejemplo, fue uno de los centros clandestinos de detención más grandes que tuvo el terrorismo de Estado. Por allí pasaron alrededor de 5 mil víctimas y hay una megacausa abierta en la que se investigan los delitos que se cometieron en ese predio de la Marina.
H.I.J.O.S-Capital junto al equipo jurídico KAOS y el abogado querellante Pablo Llonto presentaron este martes y miércoles distintos escritos en la megacausa ESMA. Llonto hizo lo propio en el juzgado federal de San Martín, en el marco de la megacausa de Campo de Mayo. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también hará una presentación en el marco de la megacausa ESMA, lo mismo que víctimas que pasaron por ese centro clandestino de tortura y detención como Carlos "El Sueco" Lordkipanidse, quien es querellante con Patricia Walsh en la causa ESMA.
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El disparador del alerta en el mundo de los DDHH fue un comunicado de la asociación Archivistas en la Función Pública Argentina (AFPA) que este martes advirtió: “A comienzos de este 2025, según la nota GDE NO-2025-02875814-APN-SGNA#ARA, las autoridades de la Armada Argentina dieron la orden de iniciar la depuración/selección para «trituración» de documentos preservados en el Archivo General de la Armada, ubicado en la calle Bolívar 1622, Ciudad de Buenos Aires (CABA)”. “Allí se almacenan más de 8 kilómetros lineales de documentación, entre los cuales se encuentran miles de documentos de interés histórico y judicial”, agregaron. Y advirtieron: “Es urgente y necesario garantizar la conservación de los documentos de valor permanente, ya sea porque contienen información única sobre la Historia, la memoria institucional o porque están vinculados a graves violaciones a los Derechos Humanos”.
Tal como publicó Luciana Bertoia en Página 12, “la cúpula de la Marina decidió, a través de una resolución reservada, que el Archivo General de la Armada (AGA) pase a lo que se conoce como Garage Central, ubicado en la zona de Retiro”.
Llonto se hizo eco de del comunicado de AFPA y presentó dos escritos, uno el martes en la megacausa ESMA, que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, y otro este miércoles en la causa Riveros, que se instruye en los juzgados federales de San Martín, pidiendo la habilitación de la feria para que se impida la destrucción de los documentos, se disponga una medida cautelar de no innovar y se notifique al Ministerio Público Fiscal y a la Unidad de Lesa Humanidad de la Procuración.
“Espero que los jueces de feria tengan una reacción inmediata y democrática en la defensa de esta prueba documental que aporta tano a los juicios, que no permitan que una orden que para nosotros es ilegal se cumpla”, afirmó Llonto a El Destape. “Es una orden de destrucción de archivos que nos hace acordar a las peores épocas de aquellos momentos finales de la dictadura, en el ’83, cuando los militares desesperados trataban de quemar y triturar información. En el ’83, por orden de (Reynaldo) Bignone y (Cristino) Nicolaides se hizo la destrucción y parte de la documentación se perdió. No queremos que ahora ocurra lo mismo en demcoraica. Por eso pedimos la habilitación de la feria en diferentes juzgados para que los jueces que llevan causas de lesa humanidad y necesitan la documentación comprendan que hay un grave riesgo”, agregó. Y explicó: “No están diciendo que van a destruir información insignificante y la muestran a un juez para que habilite su destrucción. Lanzaron una orden que es a criterio de ellos, de oficiales o suboficiales de la Marina. Ese es el punto oscurísimo que vemos. Ojalá que esto no represente la idea de impunidad que están trabajando Villarruel y otros integrantes de La Libertad Avanza”.
Las presentaciones
Este miércoles, desde H.I.J.O.S-Capital realizaron una presentación junto al equipo jurídico KAOS en la megacausa ESMA pidiendo la habilitación de la feria y la medida de no innovar. “Vengo a solicitar habilitación de feria a fin de requerir a Ud. que dicte medida de no innovar en relación con el acervo documental existente en el Archivo General de la Armada, atento el riesgo grave e inminente de que se pierda prueba esencial para la investigación de los hechos objeto de esta causa”, comienza el escrito que lleva la firma de la abogada Flavia Fernández Brozzi.
“Mediante Nota N° NO-2025-02875814-APN-SGNA#ARA del 9 de enero de 2025, la Secretaría General de la Armada dispuso la ‘depuración/selección’ de la documentación existente en dicho archivo, y que a partir del 10 de febrero solo se trasladarían los archivos ‘vigentes’, procediendo a la trituración, y en su caso, digitalización del resto”, se explica en el planteo de H.I.J.O.S y KAOS. “Por el momento, ni la Armada ni el Ministerio de Defensa han brindado información acerca de cuáles serán los criterios para llevar adelante la depuración, qué documentos se seleccionarían para ser trasladados y cuáles para ser digitalizados”, se precisó. Acto seguido, se añadió: “En el contexto de recientes acciones por parte del Ministerio de Defensa que han obstaculizado las investigaciones de crímenes de lesa humanidad, como ha sido el desmantelamiento del Equipo de Relevamiento y Análisis Documental y la negativa a proveer información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, esta nueva medida nos genera alarma”.
“Se encuentra en riesgo la investigación, juzgamiento y sanción de crímenes de lesa humanidad, así como el derecho a la verdad que asiste a las víctimas y al conjunto de la sociedad, ya que podría perderse prueba fundamental e irreemplazable”, advirtieron desde H.I.J.O.S-Capital y KAOS en el pedido de habilitación de la feria para frenar la destrucción de archivos. Y remarcaron que “el Estado tiene la obligación de preservar los archivos vinculados a violaciones a los derechos humanos eliminando cualquier riesgo de que se pierdan elementos de prueba”. Por tal razón “debe abstenerse de realizar actos que impliquen obstrucción de las investigaciones”.
En el pedido del dictado de una medida cautelar que obture el accionar de la Armada se recordó que el decreto 1259/2003 prohíbe en el ámbito de la Administración Pública Nacional “la destrucción, rectificación, alteración o modificación de informaciones, testimonios o documentos relativos a violaciones derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado Argentino”.
El abogado Pablo Llonto hizo un planteo similar en la misma megacausa este martes, en el juzgado federal 12 donde tramita la instrucción. Entre otras cosas pide que la Justicia cite al ministro de Defensa Luis Petri a dar explicaciones.
El letrado solicitó la habilitación de la feria judicial “atento la necesidad de acceder a la jurisdicción en forma rápida e inminente, a efectos de que el transcurso de tiempo que demande la mencionada feria no afecte la protección del acervo probatorio y documental obrante en el ARCHIVO DE LA ARMADA , dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación”. Llonto pide a la Justicia que dicte una medida cautelar “para que no se vea afectado el trabajo de búsqueda y remisión de documentación obrante en ese ARCHIVO que ha sido requerida en las últimas semanas de 2024 por el Juzgado Federal 12 de Capital al citado Archivo de la Armada y al Ministerio”.
Llonto requiere que la Justicia ordene a Petri y al jefe de la Armada “no alterar la situación de hecho o de derecho del ARCHIVO donde obra el contenido del todo el archivo de la Fuerza, Legajos, documentos de Inteligencia, reglamentos, fotografías, planos, organigramas, informes y otros del período 1976-1983 y los posteriores reclamos o investigaciones realizadas por delitos de lesa humanidad cometidos por personal de la ARMADA en la dictadura”.
El abogado que querella en causas de lesa humanidad explica que su presentación fue motivada por el anuncio de la Asociación de Archivistas de la Función Pública que advirtió que las autoridades de la Armada dispusieron iniciar la depuración y trituración de documentos que existen en el archivo de la Marina. Por tal motivo, Llonto considera que “se debe escuchar las explicaciones de la ARMADA y el Ministro sobre qué tipo de documental se está hablando”.
Llonto señaló que de concretarse la destrucción que pretende la Armada, se causaría un gran daño “a todos los juicios orales y juicios en instrucción de todo el país EN LOS QUE SE IMPUTA A PERSONAL DE LA ARMADA”.
Las presentaciones no se dieron solo en la megacausaESMA. Llonto, por ejemplo, presentó este miércoles un escrito de las mismas características ante el juzgado federal Nº 2 de San Martín. Allí tramita la megacausa de Campo de Mayo y hay “pedidos de documental” en todos los casos del área 400 Zarate-Campana “donde la Armada cumplió intensas y graves tareas represivas”, tal como precisó el abogado querellante.
Petri dio de baja a represores con condena firme por orden judicial y hay malestar en el ámbito castrense
A la par que se dieron estas presentaciones, el ministerio de Defensa se vio obligado a tomar una decisión que provocó la ira de los sectores que reivindican el terrorismo de Estado: el lunes dio de baja a 23 militares condenados por delitos de lesa humanidad con sentencia firme. Hay más militares retirados en la misma condición por lo que podrían darse más bajas. Petri se hizo eco de una interpelación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, que interviene en la desvinculación de represores con condena firme desde 2023.
La decisión de Petri causó mucho malestar en un sector del ámbito castrense, donde cuestionan al titular de la cartera de Defensa por su decisión. Tal fue el escándalo interno que desde el ministerio emitieron un comunicado que difundieron por redes sociales para explicar que se vieron obligados por la Justicia a dar la baja a los condenados por crímenes de lesa humanidad. “La resolución 2025/72 que da la baja a personal militar fue emitida en cumplimiento de sentencias judiciales que ordenan dicha medida respecto de personas condenadas con sentencia firme”, aseguraron en un comunicado oficial. “Las bajas mencionadas no responden a una decisión unilateral de este Ministerio, sino a una orden del Poder Judicial”, agregaron, en pos de contener el enojo de los sectores reaccionarios que lo cuestionan. Sin ir más lejos, el diario La Nación tituló este miércoles: “El ministro Petri dio de baja a 23 militares condenados por delitos de lesa humanidad y hay malestar en el Ejército”.
Entre los 23 militares retirados dados de baja hay 4 generales y 19 coroneles retirados. Uno de ellos es el coronel retirado Héctor Girbone, oficial de inteligencia del Ejército, condenado a 8 años por apropiación de bebés, quien fue uno de los 10 represores que la actual vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, visitó en el penal de Marcos Paz el 17 de febrero de 2016, tal como reveló El Destape.
MÁS INFO
En 2014 Héctor Salvador Girbone fue condenado a la pena de 8 años de prisión por la apropiación de Pablo Gaona Miranda, nieto restituido en 2012. Girbone oficial de inteligencia de la Escuela de Caballería del Ejército durante la dictadura empresario-militar. El 23 de septiembre de 2016, la Cámara de Casación confirmó su condena y lo mismo hizo la Corte Suprema en 2019. Fue juzgado junto a su primo Salvador Norberto Girbone y Haydeé Raquel Alí Ahmed, pareja de este último, por los delitos de retención y ocultamiento de un menor de 10 años y falsedad ideológica. Pablo fue robado cuando tenía un mes de vida.
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