Con el final de la feria judicial cobrarán impulso 10 causas claves para el año electoral: de la filtración de chats a la persecución de CFK

El 1 de febrero culmina la feria judicial y retorna la rutina cotidiana en los tribunales, es decir, se reactivan las diversas investigaciones que estaban en curso hasta el receso de verano. Entre las causas que cobrarán un fuerte impulso se destacan al menos 10 que serán claves en el año electoral. ¿De cuáles se trata?

1) Atentado contra CFK

La causa por el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner se instruye en los tribunales federales de Comodoro Py. Intervienen la cuestionada jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo. En la causa por ahora solo hay tres detenidos: Fernando Sabag Montiel (quien gatilló a centímetros de la cabeza de la expresidenta), su novia Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, quien es defendido por el abogado Gastón Marano, exasesor de un senador PRO en la Comisión Bicameral de Inteligencia. A Carrizo le ampliarán la indagatoria el próximo 31 de enero, el último día de la feria, cuando Capuchetti haya vuelto de sus vacaciones.

Durante la feria, los abogados de CFK, Marcos Aldazábal y José Ubeira, pidieron apartar a la jueza una vez más. En esta segunda ocasión fue por sus vínculos con el macrismo y la Policía de la Ciudad. La presentación se hizo luego de que trascendiera de que Capuchetti tiene un “trabajo” rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad, que se paga vía el ministerio de Seguridad porteño. El titular de esa cartera es Marcelo D’Alessandro, quien debió tomarse licencia luego de que estallara el escándalo de la filtración de sus supuestos chats.

La primera recusación de la magistrada había hecho foco en los groseros errores que cometió en la instrucción, entre ellos, negarse a profundizar la línea investigativa que conduce al diputado macrista Gerardo Milman y que la querella reclamaba atender. Si bien la Cámara Federal porteña rechazó esa recusación, le ordenó a la jueza una serie de disposiciones para encarrilar la pesquisa, entre ellas, analizar los teléfonos de las dos asesoras de Milman que habían prestado testimonio como testigos en la causa y habían entrado en contradicciones: Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco. Cuando se las volvió a llamar para que aporten sus aparatos telefónicos, Bohdziewicz dijo que borró todos los mensajes y que lo hizo asesorada; y Gómez Mónaco que cambió el celular.

Se espera que esta pesquisa, que avanza a paso muy lento, busque ser reimpulsada por la querella. La gran incógnita es cómo responderá el Poder Judicial en el marco del año electoral.

2) Revolución Federal, los Caputo y el macrismo

En forma paralela a la causa del atentado contra CFK se investiga en otro expediente y otro juzgado a la organización Revolución Federal por distintos ataques a dirigentes políticos. A los integrantes de esa organización se les achacó el delito de ser parte de una violenta organización que busca “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. Esta causa tramita en Comodoro Py ante el juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. Intervine el fiscal Gerardo Pollicita.

Para el juez y el fiscal esta pesquisa debiera tramitar de forma conexa a la del intento de homicidio de la vicepresidenta pero la Cámara Federal porteña rechazó esta postura. ¿Qué sostiene De Giorgi y Pollicita? Que el ataque a Cristina fue el punto culminante de una secuencia de ataques que se inició por mayo del año pasado.

En el marco de esta investigación se encontraron pagos millonarios de la empresa Caputo Hermanos a la carpintería de Jonathan Morel, fundador de Revolución Federal, que están siendo analizados en sede judicial. El novel carpintero de Boulogne, que aprendió el oficio por Youtube, recibió transferencias millonarias para un trabajo en Vaca Muerta, a más de 1.000 kilómetros, que terminó tercerizando porque no tenía la capacidad para hacerlo. Los pagos coinciden con el crecimiento de la organización investigada.

La pista del dinero es clave. Nadie puede explicar aún por qué la familia Caputo, puntualmente a Rossana Pia Caputo, se le ocurrió contratar a una carpintería en Boulogne sin cartel a la calle y sin experiencia para que a su vez tercerice la confección de muebles con destino a un edificio de última generación ubicado en el pueblo neuquino de Añelo, donde se concentra el personal que trabaja en Vaca Muerta.

Caputo Hermanos es una desarrolladora inmobiliaria constituida en junio de 2004 por Flavio y Hugo Caputo. Son hermanos, junto con Rossana Pía, de Luis “Toto” Caputo, exministro de Finanzas de Mauricio Macri, y son primos de Nicolás Caputo, el “hermano de la vida” del expresidente.

En el marco de esta pesquisa están procesados el mentado Morel, Leonardo Sosa –a quien se le secuestraron casi 50 mil dólares-, Gastón Guerra y Sabrina Basile. Los cuatro fueron detenidos y luego liberados por disposición de la Cámara Federal porteña.

3) El vuelo del Lawfare y la reunión en Lago Escondido

La justicia federal de Bariloche investiga el viaje de cuatro jueces federales, funcionarios porteños, un empresario y un exespía a la mansión del magnate Joe Lewis, en Lago Escondido, financiada por Clarín. El caso tiene 10 imputados. Se investiga el posible delito de dádivas y el incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La primera filtración de chats adjudicados al ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, da cuenta de que todos los involucrados compartían un grupo de chat e intentaron tapar el escándalo luego de que el vuelo a Bariloche fuera difundido por Página 12 y El Destape.

Los imputados de la causa son:

• Jorge Rendo, presidente del Grupo Clarín, y Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y director de Legales de Telecom. Según se desprende de los chats filtrados financiaron el viaje y organizaron el grupo.
• El juez Julián Ercolini que impulsó las causas Vialidad y Hotesur, representa a Comodoro Py e intervino además en causas vinculadas a Clarín como el caso Papel Prensa.
• Juan Bautista Mahiques, organizador del lawfare en la era Macri y Fiscal General porteño. En el grupo de chat aparece a cargo del direccionamiento de la causa judicial que involucra a todos los viajeros y conseguir las facturas.
• Su padre el juez Carlos “Coco” Mahiques, retaguardia macrista en la estratégica Cámara de Casación y que ya intervino en una causa vinculada a Lago Escondido donde benefició a la familia Lewis.
• El juez penal económico Pablo Yadarola, de mucha influencia sobre la jueza María Eugenia Capuchetti.
• Leonardo Bergroth, ex miembro de la SIDE vinculado a Antonio Stiuso.
• El publicista Tomás Reinke, especializado en campañas por redes sociales.
• El juez Pablo Cayssials, que en su momento anuló la adecuación de oficio de Clarín a la ley de Medios audiosivuales, fue clave para el apartamiento de la procuradora Alejandra Gils Carbó y tiene decenas de causas de Clarín.
• Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño, de licencia luego de que se conociera una segunda filtración de chats.

4) Filtración de chats I: las denuncias penales contra D’Alessandro

Tras la segunda filtración de chats adjudicados a D’Alessandro el ministro porteño fue denunciado en sede penal por los diversos delitos que se desprenden de los presuntos intercambios de mensajes. Hubo distintas denuncias.

Una de las acusaciones contra el ministro de Horacio Rodríguez Larreta la realizó el gobierno nacional a través del ministro de Justicia de la Nación Martín Soria. Soria denunció a D’Alessandro por instrucción del presidente Alberto Fernández el pasado 6 de enero. La acusación se realizó ante la justicia nacional en lo criminal y correccional y fue “por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales”. No se incluyeron delitos federales, por eso la denuncia no se hizo en los tribunales federales de Comodoro Py. La presentación finalmente pasó a la justicia porteña donde será sorteada tras el final de la feria.

D’Alessandro también fue denunciado por el diputado del FdT Rodolfo Tailhade por la comisión de 29 delitos y por tres gobernadores, que apuntaron puntualmente a sus presuntos intercambios con Silvio Robles, la mano derecha de Horacio Rosatti.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el de La Rioja, Ricardo Quintela; y el de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, denunciaron penalmente a D’Alessandro y a Robles por “tráfico de influencias” y “violación de los deberes de funcionario público”.

Robles recibió en total 6 denuncias penales. Dos, que parecieron hechas para ser descartadas, se cerraron en Comodoro Py a instancias del fiscal procesado por espionaje ilegal Carlos Stornelli. Una de esas denuncias la presentó el mentado abogado Gastón Marano, exasesor de un senador PRO y defensor del “copito” Carrizo, el joven procesado y detenido por el atentado contra CFK.

5) Filtración chats II: La denuncia de D’Alessandro por espionaje ilegal

El 2 de enero, tras la segunda filtración de chats y antes de pedirse licencia en el ministerio de Seguridad, D’Alessandro realizó una contradenuncia. En un intento de defensa presentó un escrito en Comodoro Py en el que sostuvo que fue víctima de un espionaje ilegal y vinculó en esa maniobra al legislador kirchnerista Rodolfo Tailhade. Solicitó su indagatoria y procesamiento. 

El caso recayó en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas, que estaba de licencia por la feria y fue reemplazado en aquel momento por la jueza María Eugenia Capuchetti. Antes de abandonar esa subrogancia, Capuchetti ordenó una serie de medidas de prueba que fueron pedidas por el fiscal Carlos Stornelli, quien también intervino momentáneamente en esta causa y, a diferencia de la denuncia de Marano contra Robles, aquí sí le dio impulso a la acusación. 

6) El espionaje ilegal M: del ARA San Juan a los Super Mario Bros

Diversas causas por el espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri continúan en trámite. Entre ellas se encuentran la del espionaje a los familiares de la tripulación del ARA San Juan y la que se conoce como “Super Mario Bros”, donde fueron espiados desde CFK a Rodríguez Larreta.

El caso del espionaje a los familiares del ARA San Juan se encuentra en la Cámara Federal de Casación Penal que debe resolver si confirma o revoca el escandaloso fallo de la Cámara Federal porteña que sobreseyó a todos los acusados, entre los que se encontraba Macri. La querella pidió que la sala que resuelva no sea integrada por Carlos Mahiques, pasajero del vuelo del Lawfare a Lago Escondido.

En la causa del ARA San Juan se investigan tareas de inteligencia ilegal a los familiares de la tripulación. Hay informes, videos y fotografías que evidencian el accionar irregular de la exSIDE. El juez federal subrogante de Dolores Martín Bava había procesado a Macri, a los exjefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y a otros 8 espías por considerar que practicaron espionaje ilegal. Macri logró que el expediente pase a Comodoro Py. Allí, tres jueces designados por el expresidente en la instancia revisora recovaron los procesamientos y sobreseyeron a todos los acusados.

Los jueces Leopoldo Bruglia (designado a dedo por Macri), Pablo Bertuzzi (también designado a dedo por Macri) y Mariano Llorens (visitante de Macri en la Quinta Olivos) no dijeron que el espionaje no existió, sino que lo justificaron y legitimaron como parte de tareas de seguridad presidencial llevadas adelante por la exSIDE. Como la querella y la fiscalía apelaron esa escandalosa decisión, ahora la Casación debe revisar el caso.

Por su parte, la megacausa de los Super Mario Bros se inició en los tribunales federales de Lomas de Zamora y es la que revela quizás de forma sistémica cómo fue el espionaje ilegal durante el gobierno macrista. Llegó a tener 38 personas procesadas. También terminó pasando a Comodoro Py donde el 21 de diciembre de 2021 otra vez Bertuzzi y Llorens favorecieron al macrismo. ¿Qué hicieron? Revocaron casi todos los procesamientos y crearon la tesis del cuentapropismo. Como ante la contundencia de la prueba no podían negar el espionaje responsabilizaron a un grupo de espías minúsculo, diciendo que actuaron “por la libre”.  En total, Llorens y Bertuzzi beneficiaron a una veintena de acusados, que dejaron de estar procesados. Solo se apuntó a una decena de imputados. Y a todos se les sacó la asociación ilícita. En la actualidad, la causa tramita en primera instancia, en el juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.

Tal como consta en este expediente fueron espiados por al AFI macrista (hay videos, fotografías y chats de los espías) dirigentes oficialistas y opositores, sindicalistas, periodistas, eclesiásticos y presos político (hay un legajo penitenciario). Anexado a este caso está también el espionaje al Instituto Patria.

7) Vialidad: los fundamentos de la condena a CFK y las apelaciones

El 6 de diciembre pasado, en el juicio de Vialidad, causa emblemática de persecución, CFK recibió la pena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por ser considerada “responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. También fueron condenadas otras 8 personas. La lectura de los fundamentos de esa sentencia con la que se proscribió a Cristina será el próximo 9 de marzo.

Una vez que se conozcan los fundamentos, las defensas podrán apelar. ¿Quiénes revisarán lo resuelto por TOCF 2? La sala IV de la Cámara Federal de Casación, que está conformada por los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Los dos primeros son los camaristas que tal como reveló El Destape visitaban con asiduidad a Macri en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada. Se reunían con el entonces presidente previo a fallar en contra de dirigentes kirchneristas en diversas causas de persecución judicial. Tanto Hornos como Borinsky fueron denunciados penalmente por esos encuentros y recientemente recibieron un escandaloso sobreseimiento en Comodoro Py. También fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura. Carbajo, por su parte, fue nombrado en la máxima instancia penal del país por el propio Macri.

Lo que defina la Casación puede ser recurrido a la Corte. Recién cuando se expida el Tribunal Supremo, cuyos 4 integrantes afrontan un pedido de juicio político, la sentencia quedará firme y será ejecutable.

8) ¿Reabren Memorándum con Irán y Hotesur - Los Sauces?

La Cámara Federal de Casación Penal también debe definir en los próximos meses si reabre otras dos causas de persecución contra CFK que habían sido cerradas: la del Memorándum con Irán y la de Hotesu-Los Sauces. En ambos casos intervendrá la sala I de la máxima instancia penal del país.

A fines de noviembre de 2021, el Tribunal Oral Federal Nº 5 cerró la causa “Hotesur - Los Sauces”. Consideró que no era necesario que se hiciera un juicio ya que no había elementos para acusar a los denunciados. La actual vicepresidenta fue sobreseída, lo mismo que sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, entre otros acusados.

Lo mismo sucedió octubre de 2021 en la causa Memorándum con Irán. El TOF 8 consideró que debía cerrarse por “inexistencia de delito” y sobreseyó a todos los acusados.

En ambos casos la decisión fue apelada. Ahora, la sala I de la Casación debe definir si ratifica los sobreseimientos o si los revoca y ordena que se realicen los dos juicios.

La sala I está integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana Figueroa (los primeros dos fueron designados por Macri. Petrone, por ejemplo, se excusó de intervenir en el caso D'Alessio por su "íntima amistad" con Garavano). Estos mismos jueces ya resolvieron que el caso Dólar Futuro (otro de los que se usaron para perseguir a Cristina) debía cerrarse por lo que no se hizo el juicio.

9) La Corte debe resolver si reabre Dólar Futuro o la cierra definitivamente

Luego de que en abril de 2021 la sala I de la Casación cerrara el caso Dólar Futuro por “inexistencia de delito” se presentaron recursos ante la Corte para que se reabra la causa. Si bien el Alto Tribunal no tiene plazos para expedirse, ya hubo un dictamen del procurador general interino Eduardo Casal sosteniendo que el proceso debe reabrirse, es decir, que debe hacerse el juicio. En esta causa, que fue instruida por el difunto Claudio Bonadío, estaban involucrados CFK y Axel Kicillof, entre otros.

¿Qué harán los ministros cortesanos, que en el último tiempo dieron vía libre a la persecución contra Cristina y ahora afrontan un pedido de juicio político? El dictamen de Casal les dejó una carta política más para jugar en el año electoral.

10) La Corte y el fallo de la Coparticipación

A finales de diciembre pasado, la Corte dictó una medida cautelar con la que benefició con miles de millones de pesos a Horacio Rodríguez Larreta.

La cuestión de fondo del caso gira en torno al presupuesto de Seguridad de CABA y a cuánto le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires por la distribución de la coparticipación, es decir, por el reparto entre todas las provincias del dinero que el Estado nacional recauda vía impuestos.

En la cautelar de la polémica, la Corte decidió sin ninguna justificación ni cálculo ni índice que la coparticipación de CABA, que es de 1,4%, sea del 2,95%, mientras resuelve si lo amplía al 3,50% al que lo había elevado Macri por decreto.

Es decir, los supremos otorgaron a Rodríguez Larreta en un año electoral un plus de unos 150 mil millones de pesos aproximadamente. Esa suma puede crecer si la Corte, cuando aborde la cuestión de fondo, le hace lugar al planteo del jefe de gobierno porteño.

El Alto Tribunal no tiene plazos para resolver. Según cómo se desarrolle la pulseada con el oficialismo podría decidir tratar el caso este año.

Lo resuelto por la Corte en esta cautelar fue uno de los hechos que se esgrimieron para pedir el juicio político de los ministros supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

También este tema aparece en los chats filtrados que se adjudican a D’Alessandro. El ministro porteño habla sobre el caso de la coparticipación con Robles, la mano derecha del presidente cortesano, hecho que provocó diversas denuncias penales.