Revolución Federal: Las inquietantes revelaciones que salieron a la luz en los procesamientos

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó el procesamiento sin prisión preventiva de los cuatro integrantes de Revolución Federal que están siendo investigados en una causa paralela a la del intento de asesinato de CFK. El magistrado, que al comienzo de la resolución dejó en claro que este expediente se investiga por separado del intento de magnicidio por exclusiva decisión de la Cámara Federal porteña, les achacó el delito de ser parte de una violenta organización que busca “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor” y que tuvo su punto culmine con el atentado contra la vicepresidenta. “A partir de ese punto culminante, suspicazmente la agrupación dejó de publicar su actividad, tanto en las calles como en las redes sociales”, resaltó el magistrado.

En el escrito de 60 páginas al que accedió El Destape se mencionan una serie de datos de relevancia para la pesquisa. Por ejemplo, se destaca que Revolución Federal se creó en mayo de este año, cuando uno de sus cofundadores, Jonathan Morel, recibió importantes sumas de dinero vía Caputo Hermanos S.A por trabajos de carpintería, y “casualmente” se disolvió tras el ataque a Cristina del 1º de septiembre pasado. También se detallan en la resolución los vínculos de dos de los procesados, Leonardo Sosa y Gastón Guerra, con la vecina de la vicepresidenta Ximena Tezanos Pinto, quien ya designó abogado en esta causa aunque por ahora no está imputada. Para el juez, que Sosa y Guerra hayan estado el 28 de agosto en el piso de arriba de donde vive CFK, donde se sacaron fotos, “resulta un acontecimiento a todas luces alarmante”.

De la cronología de hechos, Martínez de Giorgi destaca, entre otros, un vivo de Twitter del 6 de septiembre pasado, cinco días después del atentado, donde integrantes de Revolución Federal festejan el intento de magnicidio y se lamentan de que no hubiera salido la bala del arma que gatilló Fernando Sabag Montiel.

En lo que respecta a la pista financiera, no fue abordada en esta resolución. Los investigadores están a la espera de los resultados de una serie de medidas de prueba para tomar una decisión sobre esa línea investigativa. No obstante, se dejó asentado la importante suma de dinero hallada en el allanamiento que se hizo en el domicilio de Leonardo Sosa. En total, se le secuestraron más de 370 mil pesos y 49.800 dólares. El joven dijo que era dinero de sus padres. A los investigadores no parecen cerrarles las cifras e investigan el origen de ese dinero.

También se hizo alusión a los 8,7 millones de pesos que cobró otro de los procesados, Jonathan Morel, de parte de dos fideicomisos relacionados con la empresa Caputo Hermanos S.A por trabajos de carpintería.

El delito por el que el juez procesó a los cuatro acusados (a Morel, Sosa y Guerra se suma Sabrina Basile) es el de organizar o ser parte de agrupaciones que “tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. Tiene una pena de 3 a 8 años de prisión.

Los procesamientos: del plan para matar a CFK a la relación con la policía

Para el juez Martínez de Giorgi “se encuentra materialmente acreditado” que “a través de esta organización, los/as imputados/as llevaron a cabo un plan criminal, que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. “Así, generaron el impacto deseado de incitar a la violencia colectiva en un número indeterminado de personas que pueden acceder libremente a las redes sociales mencionadas”, consideró.

En ese marco, los investigadores insertan el ataque a CFK: “Tanto por redes sociales como en las calles, realizaron actos y emitieron expresiones tendientes a alentar o incitar a la persecución, a la violencia colectiva y a la propagación del odio, principalmente contra autoridades públicas de la actual gestión del Poder Ejecutivo Nacional y/o de sus adeptos, constituyéndose así en uno de los actores que agitaron en la sociedad un clima de violencia social, cuyo acto de mayor gravedad institucional resultó ser el intento de magnicidio de la Vicepresidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 1° de septiembre”, señaló Martínez de Giorgi.

En la resolución se destaca que “la cronología de sucesos violentos (…) revistió una gravedad tal, que desembocó en la instauración de un estado de alarma social en virtud del atentado contra la vida de la Vicepresidenta de la Nación; siendo que, a partir de ese punto culminante, suspicazmente la agrupación dejó de publicar su actividad, tanto en las calles como en las redes sociales”. Es decir, Revolución Federal se creó en mayo para incitar a la violencia colectiva y dejó de existir con el intento de asesinar a CFK.

En esa línea, el juez destacó el mensaje que Jonathan Morel dio el 26 de agosto en una conversación pública, en el que llamó a matar a CFK: “Hoy por ejemplo veía como Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia. Lástima que a mí ya me conocen la cara, porque si no sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje… Yo te juro… Si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora, yo voy y te canto ahí la marcha peronista 7 días seguidos y en cuanto puedo paso a la historia. Después me linchan. Pero paso a la historia”. Ese plan que relató Morel fue el mismo que ejecutó Sabag Montiel seis días más tarde, el 1 de septiembre. En esa misma conversación, Morel también dijo: “Con la policía nosotros hablamos siempre; la policía está de acuerdo con nosotros; también son bastante permisivos”.

“También efectuaron expresiones de deseo de atentar contra el Diputado Máximo Kirchner y el Presidente Alberto Fernández”, recordó el juez.

Otro dato relevante, sobre todo después de la excarcelación de los cuatro investigados que ordenó la Cámara Federal porteña, es que para Martínez de Giorgi “no se puede afirmar que el plan delictivo haya finalizado, ni descartar que se vuelva a intentar respecto de la Vicepresidenta de la Nación o de otros funcionarios pertenecientes al mismo espacio político”.

Revolución Federal se disolvió tras el atentado

Revolución Federal nació el 11 de mayo. Ese mes, Morel recibió pagos millonarios por parte de dos fideicomisos relacionados a la firma Caputo Hermanos S.A. Según dijeron los propios creadores de la violenta organización, Revolución Federal se disolvió luego del intento de homicidio de Cristina. Para el juez eso no fue azaroso: “No es casualidad que, precisamente, la agrupación Revolución Federal se disolvió -en palabras del propio Morel- cuando se alcanzó ese suceso trascendental del atentado contra la vida de la Vicepresidenta de la Nación”.

En esa línea, el juez remarcó cómo, sugestivamente ,el accionar de la violenta organización desapareció tras el atentado contra la vicepresidenta: “Más allá de que todavía no se ha podido establecer certeramente -ni descartar, como sostuvo el Fiscal Federal Dr. Gerardo Pollicita- la vinculación de los aquí imputados con quienes llevaron adelante el intento de magnicidio de la Vicepresidenta, lo cierto es que no puede ignorarse que, el objetivo de la agrupación Revolución Federal, tan insistentemente difundido en medios masivos de que ‘los kirchneristas no puedan caminar por la calle’, parece haberse consolidado merced a su asidua actividad de difusión de discursos de odio y escraches a autoridades del actual PEN y sus simpatizantes. Precisamente, desde el día 1ro. de septiembre de 2022, cuando la actividad de Revolución Federal, llamativa y repentinamente, dejó de funcionar. En efecto, fue aquel punto culminante del intento de magnicidio perpetrado contra la actual Vicepresidenta de la Nación, a partir del cual, sugestivamente, la actividad de la agrupación Revolución Federal comenzó a menguar”.

La fiscalía realizó una cronología de los ataques de Revolución Federal desde su creación. La primera manifestación violenta de la que se tiene constancia fue el 25 de mayo pasado con una marcha de antorchas hacia el Congreso. En total, el fiscal Pollicita contabilizó al menos 17 episodios. Consideró que los ataques fueron in crescendo hasta llegar al 1º de septiembre cuando se intentó asesinar a la vicepresidenta de la Nación. Es que para los investigadores de este caso, el accionar de Revolución Federal y el atentado están relacionados y deben investigarse de manera conjunta. No obstante, por ahora, ambas investigaciones correrán por caminos separados por decisión de la Cámara Federal porteña.

En el expediente que comanda la dupla Martínez de Giorgi-Pollicita consta que Brenda Uliarte, detenida por planificar y ejecutar el atentado contra Cristina Fernández, participó de al menos una marcha de Revolución Federal, la del 18 de agosto pasado. En uno de sus dictámenes, el fiscal Pollicita destacó que Uliarte posee “la misma afinidad ideológica, política y social que detentan los miembros de Revolución Federal y que apoya al movimiento”.

La visita “alarmante” a la vecina de CFK

Otro aspecto revelador de la resolución es la importancia que le dieron los investigadores al encuentro de Sosa y Guerra en el departamento de la vecina de CFK, el 28 de agosto, 3 días antes del ataque.

Para el juez  “resulta suspicaz” que una semana antes del atentado, el 23 de agosto, Sosa haya sido detenido en las inmediaciones del domicilio de Cristina. Entonces “se (le) secuestraron elementos cortantes y telas embebidas en combustible”. El magistrado añadió que Sosa también estuvo cinco días más tarde, el 28 de agosto, “en el departamento de Ximena de Tezanos Pinto, la vecina que vive en el piso de arriba de Cristina Kirchner”. “Ello resulta un acontecimiento a todas luces alarmante”, resaltó el magistrado.

Tanto Sosa como Guerra fueron interrogados por esa reunión en el piso de arriba de los de CFK. Sosa, por ejemplo, en su indagatoria contó que Tezanos Punto “despertó simpatía por ellos”. Dijo “que se solidarizó con ellos cuando se enteró que estuvieron detenidos por los incidentes provocados en las inmediaciones” de lo de Cristina “por lo que los invitó a su departamento ‘a tomar café y sandwichitos’”. El joven relató que allí también estaba “Gladys, la abogada”. La referencia es a Gladys Egui, la abogada de Sosa y Guerra, quien vivió en lo de Tezanos Pinto mientras sucedieron todos estos episodios.

Guerra relató que conoció a Tezanos Pinto ese 28 de agosto. “Relató que la conoció a través de Gladys, su abogada, y que lo invitó a su casa un día domingo para conocerlo mejor, preguntarle por su situación. Él aceptó la invitación, porque podía derivar en una posible oferta de trabajo. Cuando llegó, se encontraban también Leonardo Sosa, y otros amigos de Ximena, que él no conocía. Los presentes en el lugar hablaron de la situación económica y de política. Dijo que contó su situación, y Ximena le ofreció que vaya a su casa a hacer ‘changuitas’”. Guerra dijo que no sabía que en ese edificio vivía CFK “pero que luego Ximena le contó que era la vecina de Cristina”.

Guerra aseguró que Tezanos Pinto le “ofreció changas, para pintar, arreglarle el piso, le puse azulejos en la casa”. Añadió: “Me ofreció un trabajito”.

Tezanos Pinto designó abogado en esta causa aunque no está imputada. Nombró a Martín Sarubbi, el mismo letrado que representa a la procesada Sabrina Basile. Fue aceptado por el juez, que según pudo reconstruir este medio, invocó “el más amplio ejercicio del derecho de defensa en juicio” para avalar la designación.

Sosa versus Morel

Otro dato relevante de la resolución judicial es el cruce entre Sosa y Morel. Sosa, que en un principio se había negado a declarar en su indagatoria modificó su estrategia y apuntó contra Morel. ¿Qué dijo? “Sosa intentó desligarse de las expresiones violentas y mensajes de odio que difundían a través de la agrupación, refiriendo que expresó su ‘disconformidad’ con esas ‘manifestaciones de Morel’; en particular, aquellas que hacían alusión a Victoria Donda, a Máximo Kirchner y a su deseo de infiltrarse en las cercanías del domicilio de la Vicepresidenta para ‘pasar a la historia’; es decir, para matarla”, resaltó el juez.

Sin embargo, precisó Martínez de Giorgi, “hasta el momento, no se obtuvo prueba alguna que acredite que Sosa expresó públicamente la alegada disconformidad con respecto a esas expresiones violentas”. Más bien, todo lo contrario: en más de un escrache –que están grabados- se lo puede ver a Sosa a pura a violencia agrediendo dirigentes y establecimientos públicos.

La ruta financiera

La ruta del dinero no fue abordada por el juez en esta resolución. Hubo apenas menciones. El tema será abordado cuando la Justicia tenga el resultado de las diversas medidas de prueba que fueron ordenadas.

Hubo muy pocas referencias a esa línea investigativa. Por ejemplo, el juez dio cuenta de que “Sosa alegó que la actividad de la carpintería (de Morel) no tenía vínculo alguno con la actividad de Revolución Federal, y señaló que la única fuente de financiamiento eran las donaciones efectuadas a través del ‘cafecito’ de la red social Instagram”.

Respecto a la importante suma de dinero secuestrada en el domicilio de Sosa (más de 370 mil pesos y 49.800 dólares) el joven dijo en su indagatoria que era dinero de sus padres. La Justicia busca determinar el origen de esa plata. Martínez de Giorgi pidió “una amplia certificación de la numeración de los billetes”. Pretende “rastrear las entidades financieras o bancarias a las que los mismos fueron asignados”.

Morel, por su parte, en su indagatoria “brindó explicaciones en relación a su carpintería y a movimientos de dinero referentes a la familia Caputo”. El juez dijo que esos movimientos “no formarán parte de este análisis”. La ruta del dinero tendrá su abordaje en una próxima resolución.

Lo que está claro es que tanto Morel como Sosa sabían que hubo dinero de parte de la familia Caputo en juego. Así se desprende de un testimonio de Sosa quien dijo “que, en agosto de este año, Morel ‘le comentó algo del apellido Caputo’, pero intentó desligarse del asunto, alegando que él no los conoce, y que ‘deberá ser Morel quien deba dar explicaciones sobre el financiamiento de la agrupación’”.

La empresa Caputo Hermanos S.A giró al menos 8,7 millones de pesos a Morel y allegados suyos en una serie de transferencias en blanco, pero sospechosas por la adquisición de una importante cantidad de muebles. Los pagos se dieron entre diciembre de 2021 y el intento de asesinato de CFK.

Caputo Hermanos es una desarrolladora inmobiliaria constituida en junio de 2004 por Flavio y Hugo Caputo. Son hermanos, junto con Rossana Pía, de Luis “Toto” Caputo, exministro de Finanzas de Mauricio Macri, y son primos de Nicolás Caputo, el “hermano de la vida” del expresidente.

Los muebles que adquirieron vía Morel tuvieron dos destinos. Uno fue el barrio Santa Clara, al Sur, ubicado en la localidad bonaerense de San Vicente, y otro, el edificio “Espacio Añelo”, situado en la zona de Vaca Muerta, en Neuquén. En el primero, Morel hizo unos pocos trabajos de carpintería. En el segundo, que está a 1.100 kilómetros de distancia de la carpintería sanisidrense de Morel, intervino como intermediario porque no podía cubrir la demanda. Este segundo contacto, que fue el que provocó mayores movimientos de dinero, se dio en mayo de 2022, justo cuando nació Revolución Federal.

En este contexto, el 28 de octubre Martínez de Giorgi autorizó a levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de personas, sociedades y fideicomisos vinculados a las trasferencias de dinero que están en la mira judicial.

Para el juez, no hay dudas: “La conformación de un escenario de violencia social sembrado por los imputados, desde el mes de mayo hasta el 1ro. de septiembre del corriente año -fecha en que la agrupación dejó de tener actividad-, y que se caracterizó por una sucesión cronológica de conductas violentas, persecutorias e intimidatorias contra autoridades del actual PEN y sus adeptos, configuró un peligro claro y actual contra la seguridad, libertad e integridad física de dichas autoridades, como así también una amenaza contra la paz social y la tranquilidad pública, que se vio reflejado y cristalizado en el intento de magnicidio” de Cristina Kirchner.