Las causas de persecución contra Cristina Fernández de Kirchner empiezan a caer por su propio peso: la ausencia de elementos incriminatorios. Este viernes, el Tribunal Oral Federal Nº 5 cerró la causa “Hotesur - Los Sauces” por lo que no habrá juicio. La actual vicepresidenta fue sobreseída, lo mismo que sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, entre otros acusados. Este caso se suma a “Dólar Futuro” y “Memorándum con Irán”, que también fueron cerrados antes del inicio del debate oral y público por “inexistencia de delito”. Ya son tres los expedientes paradigmáticos de Lawfare en los que CFK fue sobreseída. No es azaroso que los tres tengan denominadores comunes: al juez Claudio Bonadío como instructor en algún pasaje del proceso y a la actual oposición impulsando la acusación.
“Hotesur. Dólar Futuro. Qunita. Memorándum. Cuando no hay una Mesa Judicial con funcionarios apretando jueces, los hechos y las pruebas pesan más que las tapas de Clarín o La Nación... ¡y las causas armadas se caen a pedazos!”, tuiteó el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, apenas conocida la noticia del cierre del caso.
Todas las causas relevantes que se abrieron contra la expresidenta salvo Obra Pública pasaron por las manos de Bonadío en algún pasaje de la instrucción del proceso. De hecho, doctor Glock llegó a citarla a 8 indagatorias en un día. La persecución judicial es evidente. En “Hotesur / Los Sauces”, cuando el entonces titular del juzgado federal 11 fue desplazado por cometer diversas irregularidades quien tomó la posta fue el magistrado Julián Ercolini, otro de los jueces del Lawfare. Fue justamente Ercolini quien instruyó la causa de la Obra Pública vial en Santa Cruz, el único juicio contra Cristina que está en curso y donde los testigos que declaran derriban una y otra vez la acusación.
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Por su parte, el fiscal que terminó motorizando las causas Hotesur / Los Sauces fue Gerardo Pollicita, quien contó con la colaboración de su colega Ignacio Mahiques, hijo del exministro de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, Carlos Mahiques, quien fue designado de forma irregular por Macri en la Cámara de Casación. Ignacio también es hermano de Juan Bautista, actual Fiscal General porteño y ex subsecretario de Justicia en tiempos de Germán Garavano. Juan Bautista está acusado de apretar jueces en la causa “Mesa Judicial”. Por cierto, al inicio de la causa Los Sauces quien participó fue el fiscal Carlos Rívolo, el mismo que colaboró con Carlos Stornelli en el caso de las fotocopias de los Cuadernos, el otro expediente que tiene a CFK involucrada y que también instruyó Bonadío.
¿De qué se acusó a CFK en Hotesur / Los Sauces? El núcleo de ambas causas (Los Sauces puede definirse como un apéndice de Hotesur) son los contratos de alquiler que un grupo de empresarios pagó por propiedades de la familia Kirchner. La empresa de Lázaro Báez, por ejemplo, alquilaba al hotel Alto Calafate y otros hoteles menores. Mientras que dos departamentos en Puerto Madero eran rentados por empresas del Grupo Indalo. No obstante, las imputaciones contra CFK son difusas. El cuestionamiento está centrado en los alquileres, a través de los cuales -según la acusación- se habría articulado la maniobra de lavado de activos.
En términos jurídicos, por falta de pruebas contra CFK, se repitió el esquema de otras causas: se la acusó de ser la jefa de una asociación ilícita “conformada por otros funcionarios públicos” y empresarios “que actuó en forma estable y permanente por más de doce años” para apoderarse de fondos públicos mediante “la defraudación al Estado Nacional y el lavado de dinero”. La acusación del Ministerio Pública Fiscal es que la maniobra defraudatoria al Estado se realizó a través de la obra pública vial, con la que supuestamente CFK beneficiaba a “empresarios amigos”, lo que luego generaba un “retorno” a través “de distintas maniobras de lavado de activos basadas en la actividad hotelera y el alquiler de propiedades”. Nada pudo probarse por falta de sustento y la defensa de CFK pidió su sobreseimiento. El TOF 5 en un fallo dividido este viernes le dio la razón. Lo hizo vía argumentos técnicos. Centralmente, la sobreseyeron porque consideraron que el comportamiento denunciado no constituye delito. La decisión la tomaron los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado. La disidencia fue de la magistrada Adriana Palliotti.
“Lo que hace a la acusación del ‘lavado de activos’ se cae centralmente porque los fondos que se cuestionan siempre estuvieron en el circuito financiero por lo que jamás podría haber lavado”, indicaron a El Destape desde el entorno de CFK. Es que el lavado supone la tenencia de dinero en negro que se introduce en el sistema financiero. Y toda la operatoria que se denunció estaba inserta en circuitos legales.
En lo que hace a la “asociación ilícita”, se declaró la “la imposibilidad de proseguir el trámite” contra Cristina y Lázaro Báez por “haberse conculcado la garantía de ‘ne bis in ídem’”, esto es que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho. Y a CFK se la persigue con la acusación de ser la jefa de una asociación ilícita en casi todas las causas que se le abrieron. De hecho, en el juicio de la Obra Pública se le achaca eso.
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Más coincidencias
El caso “Hotesur/Los Sauces” al igual que el de Dólar Futuro evidencia el rol de la actual oposición en el armado de causas. Ambos casos se iniciaron por denuncias de legisladores nacionales. En el primero participó Margarita Stolbizer (que logra abrir Los Sauces cuando le sacan Hotesur a Bonadío para que Doctor Glock no se quede con las manos vacías). En Dólar Futuro la denuncia la radicaron durante la campaña electoral de 2015 Federico Pinedo y Mario Negri. En ese expediente se dio la primera indagatoria de CFK ante Bonadío, apenas cuatro meses después de la asunción de Macri, en abril 2016.
En el "Memorándum con Irán", la denuncia la presentó el difunto fiscal Alberto Nisman y tuvo el apoyo de la DAIA. El caso también contó con un importante impulso político de la oposición que pretendía llevar al titular de la UFI AMIA al Congreso para que declarase. Los últimos llamados que tuvo Nisman revelan que fue contactado insistentemente por referentes de Cambiemos como Patricia Bullrich o Laura Alonso. Desde la DAIA, el entonces vicepresidente de la institución y actual diputado por Cambiemos, Waldo Wolff, jugó un rol protagónico.
Otro común denominador que tienen estas tres causas es que fueron, están o serán revisadas por la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana Figueroa (los primeros dos fueron designados por Macri. Petrone, por ejemplo, se excusó de intervenir en el caso D'Alessio por su "íntima amistad" con Garavano). Tras los fallos de este tribunal –que es la máxima instancia penal del país- el único camino posible es recurrir a la Corte Suprema de Justicia, que no tiene plazos para expedirse.
El caso “Dólar Futuro” fue cerrado en abril pasado por “inexistencia de delito” por la sala I de la Casación Penal, que dio vuelta una decisión dividida del TOF 1, para el que debía hacerse el debate oral. ¿De qué se acusaba a CFK en el que fue uno de los primeros casos de persecución? De ser la responsable política de una serie de operatorias legítimas con el dólar futuro que, según Bonadío, fueron perjudiciales para el Estado cuando lo cierto es que ese mecanismo no causó perjuicios al Banco Central, tal como se desprendió de un peritaje que se conoció en agosto del año pasado. Además, devaluación macrista mediante, el mecanismo resultó sumamente productivo para muchos funcionarios cambiemitas.
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La causa “Memorándum con Irán” está siendo revisada por la misma sala. Con una diferencia: en octubre pasado, el TOF 8 consideró por 3 votos a 0 que debía cerrarse por “inexistencia de delito”. Y el fiscal ante la Casación, Javier De Luca, opinó lo mismo. En este caso, se acusó a CFK de encubrir a los acusados iraníes de atentar contra la AMIA a través de un memorándum aprobado por el Congreso y que nunca entró en vigencia. Con semejante cantidad de reveses es difícil imaginar que la Casación vaya a dar vuelta lo resuelto por el TOF 8. Por cierto, “Memorándum” fue activada durante el macrismo luego de que los camaristas de las Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos reabrieran el caso que estaba cerrado y se lo sirvieran en bandeja a Bonadío. Y lo hicieron después de visitar a Macri en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada, tal como reveló El Destape en la saga de notas que conforman la Operación Olivos.
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“Hotesur / Los Sauces” también será revisada por la sala I de la Casación.
En este último expediente, además de CFK, Máximo y Florencia Kirchner, este viernes también fueron sobreseídos los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa y Lázaro Báez, entre otros acusados.
Las causas contra CFK que siguen abiertas
- Obra Publica
La causa de la Obra Pública en Santa Cruz es la única contra CFK que está en juicio. Se trata de un caso que se inició durante el gobierno de Macri por una denuncia del macrista Javier Iguacel en base a una auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad que ordenó el propio Iguacel al día siguiente de asumir al frente de esa entidad, en enero de 2016. La auditoría la pidió solo para la provincia Santa Cruz. Fue su primera decisión como director del organismo. La cuestionada instrucción del expediente estuvo a cargo de Ercolini y de Pollicita. En el juicio interviene el Tribunal Oral en lo Federal Nº 2.
La causa versa sobre los 51 contratos de obra pública vial que le fueron adjudicados al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. La acusación, para variar, sostiene que se dieron diversas irregularidades en esas obras. Las dos más relevantes: el incumplimiento en las tareas o demoras injustificadas, por un lado; y supuestos sobreprecios, por otro. Ambas cuestiones fueron derribadas por varios de los testigos que prestaron declaración en el juicio.
Una vez que se llegó al debate oral, la defensa de CFK, a cargo de Alberto Beraldi, pidió que si el supuesto delito surgía de las leyes que votó el Congreso para asignar los fondos se cite a los legisladores para que indiquen si sufrieron presiones a la hora de votar. Les fue denegado.
Quienes sí declararon en el juicio como testigos fueron los integrantes de la Oficina Nacional de Presupuesto que son los que elaboran el presupuesto. Se trata de personal técnico. Afirmaron bajo juramento que no hubo irregularidades en la confección de las leyes presupuestarias votadas por el Congreso entre 2003 y 2015 ni en la reasignación de partidas. También declararon empresarios de la Construcción y tampoco aportaron nada a la acusación.
Otro testigo fue Raúl Rigo, contador y exsubsecretario de Presupuesto entre 2002 y 2017, quien afirmó que las partidas destinadas a las obras investigadas fueron aprobadas por las dos cámaras del Congreso y su ejecución fue controlada por la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación. Dejó en claro que no hubo reasignaciones exclusivas para Santa Cruz sino que eso ocurrió con muchos distritos (algo que fue repetido por muchos testigos).
Otra prueba que pidieron las defensas en el juicio fue el peritaje sobre las 51 obras cuestionadas para ver si existieron sobreprecios. El tribunal autorizó que se auditaran solo 5.
- Cuadernos
El otro caso abierto contra CFK es el de las Fotocopias de los Cuadernos. Se trata de una causa de la que luego Bonadío se tomó para abrir expedientes derivados contra CFK, varios de los cuales se fueron cerrando.
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El caso los instruyó la dupla Bonadío-Stornelli y contó con el testimonio de empresarios arrepentidos, cuya declaración se tomó sin respetar la ley. Apunta a la corrupción en la obra pública. Coincidencias del mundo judicial: todos los jueces que avalaron las irregularidades de este expediente fueron designados por Mauricio Macri.