La causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán llegó a su fin. Se cerró. No habrá juicio. Todos los acusados fueron sobreseídos. Era el final lógico, el que marcaba el derecho. No es que no existan pruebas para condenar a CFK, Héctor Timerman y los demás acusados: nunca hubo delito. Pero esto que se sabe desde el día 1 fue demorado por un sinnúmero de maniobras que permitieron que la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman siguiera operando sobre el sistema político y económico del país durante más de 6 años. Un caso rechazado por 7 instancias judiciales, reabierto gracias a los oficios de Mauricio Macri durante sus reuniones con los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos -reveladas por El Destape-, y cuyo único objetivo fue la persecución política de CFK y ex funcionarios de su gobierno mientras se implementaban medidas económicas de saqueo planificado.
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“El Juez (Daniel) Rafecas consideró en reiteradas ocasiones que los hechos denunciados por el Fiscal Nisman no constituían delito” resumió el juez José Michilini en la página 340 de las 387 que tiene el fallo que firmó junto a María Gabriela López Iñíguez y Daniel Obligado, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8. Con esa frase bastaba. La referencia es a la resolución del 26 de febrero de 2015 con la que Rafecas archivó la denuncia de Nisman “por inexistencia de delito” ya que todas las acusaciones carecían de sustento.
Rafecas detalló hace 6 años que el Memorándum con Irán no entró en vigencia, que las alertas rojas contra los imputados iraníes no se cayeron ni nadie pidió que se eliminaran, que la Comisión de la Verdad que iba a crear el acuerdo nunca funcionó y que incluso Nisman tenía un escrito que decía absolutamente lo contrario al que presentó en TN pero que no quería defender en el Congreso. El fallo que firman Michilini, López Iñiguez y Obligado retoma cada una de estas cuestiones y llega a la misma conclusión: no hubo delito. También dedica pasajes a la vulneraron de los principios de independencia e imparcialidad por parte de los camaristas Hornos y Borinsky, a raíz de sus reiteradas visitas a Macri tanto en la Casa Rosada como en la Quinta de Olivos, encuentros que fueron revelados por El Destape en la saga de notas que conformaron la Operación Olivos.
Todo llega tarde. Para los acusados la condena fue el proceso; para el país la denuncia de Nisman fue el inicio de la campaña que llevó a Macri a la presidencia y a millones de argentinos a la pobreza. Para Héctor Timerman ni siquiera hubo tiempo: murió el 30 de diciembre de 2018, acusado de traición a la Patria y luego de que le negaran la posibilidad de tratarse un cáncer. CFK nunca se olvidó de Timerman y al pedir la nulidad de esta causa reclamó que se lo incluyera. Los jueces ahora dijeron que esta causa no afecta “el buen nombre y honor” de todos los sobreseídos y lo hicieron extensivo al ex canciller.
Antes que Rafecas la primera en rechazar la denuncia de Nisman fue la jueza María Romilda Servini. El fiscal la presentó en enero del 2015 y la jueza Servini no le habilitó la feria judicial porque “no acompañó la prueba correspondiente a la presentación formulada”. Tras el rechazo de Rafecas llegó el de la Cámara Federal, con la firma de Jorge Ballestero y Eduardo Freiler. Finalmente el fiscal Javier De Luca desistió de impulsarla ante la Cámara de Casación. Hasta ahí 4 rechazos en 3 instancias judiciales. El único que empujó el expediente fue Germán Moldes, uno de los arietes del lawfare, que luego de impulsarlo se sinceró y dijo “hice lo que pude, muchachos”.
Un paréntesis. El lawfare del gobierno de Macri requirió una razzia de jueces. Una de las voceras de esa lista de magistrados díscolos fue la periodista Romina Manguel, que contó que el gobierno de Macri quería afuera a Freiler y Rafecas. No es coincidencia que ambos le hubieran cerrado la persiana a la denuncia de Nisman.
Rafecas rechazó la reapertura del expediente, Ballestero y Freiler también, lo mismo el fiscal De Luca. Iban 7 rechazos. Pero ahí apareció Ariel Cohen Sabban y su falsa representación de la DAIA. Insistieron con que se había declarado inconstitucional el Memorándum y apelaron a un audio robado de una conversación entre Héctor Timerman y Guillermo Borger donde el canciller le decía lo obvio: que hablaban con Irán porque los imputados eran iraníes. Con esos elementos los camaristas Borinsky y Hornos decidieron la reapertura de la denuncia de Nisman y apartaron a todos los jueces que habían intervenido previamente en el caso. Le entregaron así el expediente a Claudio Bonadio, que tenía una causa melliza.
¿Cuánto le costó al Estado, al Poder Judicial, en horas de trabajo de jueces, fiscales y sus equipos, en infraestructura, en recursos policiales, toda esta operación? ¿Como se explica ahora que hubo personas presas por algo que "no constituyó" un delito? ¿Servirá este caso para que se comprenda que el lawfare es una política económica, que los impulsores de esta farsa judicial no tenían ningún interés en la causa AMIA sino que la utilizaron como pantalla para implementar políticas económicas de concentración y desigualdad?
Lo cierto es que ahora CFK; el ex vicecanciller y actual embajador en Rusia Eduardo Zuaín, el ex secretario Legal y Técnico y hoy procurador del Tesoro Carlos Zannini; el entonces Secretario General de la Presidencia y luego director de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli; la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona; el actual secretario de Justicia Juan Martin Mena; el dirigente de La Cámpora y actual ministro de Desarrollo bonaerense Andrés Larroque; los dirigentes Luis D’Elia y Fernando Esteche; Jorge Alejandro Khalil; y Ramón Héctor Allan Bogado fueron sobreseídos porque las acusaciones contra ellos “no constituyen delito”.
“Arribamos a la siguiente convicción unánime: el Memorándum de Entendimiento con Irán, más allá de que se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó un delito” sostuvo en su voto la jueza López Iñiguez.
El juez Obligado argumentó que “el Memorándum de Entendimiento no logró cumplir sus requisitos de validez antes de convertirse en tratado internacional vinculante para las partes, por lo que no ha existido acto jurídico como tal desde el punto de vista del derecho internacional”, que “está probado, a mi criterio sin el más mínimo margen de duda, que, a los ojos de Interpol, el Memorándum de Entendimiento carecía de entidad para hacer caer la vigencia de las notificaciones de captura sobre los ciudadanos iraníes requeridos por la justicia argentina” y que “menos aún podrá concluirse es que la sola declaración de inconstitucionalidad de una norma conlleve automáticamente la comisión de un delito para su autor”.
En su voto el juez Michilini sumó que “la celebración de referido Memorándum entre ambos países constituye, en el caso bajo tratamiento, una cuestión política no justiciable”, que terminó “carente de efectos jurídicos, por no haber entrado sus cláusulas en vigencia”. También puso de resaltó que “no hubo interferencia alguna del Poder Ejecutivo Nacional en el Poder Judicial de la Nación, en lo concerniente al curso de la investigación penal conocida como AMIA” en la que intervenía Nisman, afirmó que “una de las hipótesis de la acusación fue que el Memorándum tenía como cuestión subyacente recomponer la relación comercial entre la Argentina e Irán. En efecto, lo cierto es que ello no sucedió”. Michilini también recalcó que se trata de una cuestión política no judiciable y que “cabe predicar que se cancela el juicio de imputación, por resultar evidente que aquí no hay delito”.
De esta forma, se le bajó el telón judicial a un caso paradigmático de Lawfare. Es de esperar que alguna de las partes apele la decisión del TOF 8, lo que hará escalar el expediente hacia la Cámara Federal de Casación Penal. Si eso sucede, allí deberá ser analizado por la sala I, la misma que decretó el cierre de la causa "Dólar Futuro", otro de los casos de persecución judicial contra CFK y su gobierno que instruyó el difunto juez Bonadío y se cerró antes de llegar a juicio.
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