El gobierno de Mauricio Macri ejecutó una feroz persecución judicial contra dirigentes opositores que no solo contó con la estructura de los servicios de inteligencia. Muchos jueces y fiscales fueron actores protagónicos del Lawfare, que tuvo a Cristina Fernández de Kirchner como víctima principal. Todos ellos continúan ejerciendo la magistratura como si nada hubiera pasado. Hasta el procesado Carlos Stornelli sigue firme a cargo de la Fiscalía Federal Nº 4, donde recibió al espía ilegal Marcelo D’Alessio en más de una ocasión, incluso como testigo en una causa.
“No hubo modificación. El status quo sigue mandando”, señala uno de los pocos jueces con asiento en Comodoro Py que no fue parte de la persecución arbitraria. Por eso es tan esperada una reforma del Poder Judicial.
En plena campaña electoral, el propio Alberto Fernández afirmó que algunos jueces "van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno". Y mencionó a algunos magistrados como Claudio Bonadío, Julián Ercolini, Martín Irurzun, Gustavo Hornos y Carlos Gemignani. Salvo Bonadío, que falleció, el resto sigue ejerciendo la magistratura y no brindó ninguna explicación hasta el momento.
Comodoro Py
El centro de la persecución fueron los tribunales de Comodoro Py, donde tramitan las causas políticas más sensibles del país. Si bien Bonadío fue el juez emblema del Lawfare, no fue el único. Fue avalado por sus superiores y hubo colegas que le siguieron los pasos.
Tal es el caso de Julián Ercolini, quien está al frente del juzgado federal N° 10. Es uno de los nombres que mencionó Fernández. Por sus manos pasaron las causas Hotesur y Los Sauces, dos casos que involucran a la actual vicepresidenta de la Nación y su familia. Ambos expedientes le llegaron de manos de Bonadío. También tuvo a su cargo la causa de la Obra Pública, que ya fue elevada a juicio. En ese debate oral, el 2 de diciembre pasado, Cristina dio un fuerte alegato, de impacto político y mediático. En una ponencia de más de 3 horas y media, CFK cuestionó con dureza la acusación en su contra y atribuyó su situación judicial al Lawfare: “Seguramente este tribunal, que es un tribunal del Lawfare, tiene la condena escrita. No me interesa. A mi me absolvió la historia y a ustedes seguramente los va a condenar la historia”, le espetó al TOF 2.
Otro juez con despacho en Comodoro Py que ahora quedó en el ojo de la tormenta por su accionar en el caso de espionaje ilegal a Cristina Kirchner es Marcelo Martínez de Giorgi. Este magistrado tuvo a su cargo la denuncia por tareas de inteligencia por parte de la AFI macrista sobre CFK en el Instituto Patria y sobreseyó a todos los acusados. Su resolución es una de las coartadas que ahora utiliza la subdirectora de la agencia, Silvia Majdalani, para evitar ser investigada en los tribunales de Lomas de Zamora. Martínez de Giorgi sostuvo su decisión en base a una causa que llevaba el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. Hoy sobran evidencias respecto a que CFK fue espiada ilegalmente, lo que expone el poco interés que hubo en aquel tiempo para investigar seriamente el caso.
Martínez de Giorgi también subroga el juzgado que estaba a cargo de Bonadío.
Entre los fiscales con asiento en los tribunales de Retiro, el caso paradigmático de la persecución es Stornelli, a quien le pidieron el juicio político por su accionar judicial en los años macristas. Stornelli está procesado en el D’Alessiogate por sus vínculos con una banda dedicada al espionaje ilegal pero tiene el respaldo del Procurador General interino, Eduardo Casal, que no apura una investigación interna seria.
Stornelli fue el fiscal de diversas causas clave como GNL –donde D’Alessio declaró como testigo en dos ocasiones- y Cuadernos. En ambas hizo dúo con Bonadío. Tras el escándalo del caso D’Alessio a Cristina le terminaron dictando una falta de mérito en GNL. No obstante, en ese expediente –que contó con un peritaje trucho- avanzaron contra diversos exfuncionarios kirchneristas.
En la causa de las fotocopias, Stornelli estuvo acompañado por Carlos Rívolo, quien también instruyó la pesquisa de Los Sauces. En 16 de noviembre de 2017, la agencia estatal de noticias Telam tituló: “El fiscal Rívolo dijo que Cristina Kirchner ‘puede ir presa’".
Otro fiscal que pidió en tiempos de Macri el juicio oral de la expresidenta en una causa sin elementos sólidos fue Eduardo Taiano. El febrero de 2017, Taiano le solicitó a Bonadío que envíe a juicio oral a CFK en la causa de dólar futuro, donde también había otros exfuncionarios procesados, como Axel Kicillof.
Curiosidades de los tiempos macristas: los hijos de Stornelli y Taiano terminaron trabajando en la a Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), una especie de mini SIDE paralela que se creó durante el gobierno de Cambiemos bajo el paraguas de la Corte, luego de que Macri le quitara la Oficina de Escuchas al Ministerio Público Fiscal porque entonces lo comandaba Alejandra Gils Carbó.
El fiscal Gerardo Pollicita tuvo la instrucción de varias de las causas mencionadas, como Hotesur, Los Sauces y Obra Pública. “Hotesur: el fiscal Pollicita pidió que Cristina Kirchner y sus hijos vayan a juicio por lavado de dinero”, tituló La Nación en diciembre de 2018. En esos expedientes, Pollicita contó la colaboración de otro fiscal, Ignacio Mahiques, hijo del exministro de María Eugenia Vidal y ahora juez de Casación, Carlos Mahiques. También es hermano de Juan Bautista, el subsecretario de Justicia en tiempos de Germán Garavano, acusado de apretar jueces.
La Cámara Federal porteña
“Los jueces tienen que saber que buscamos la verdad o buscaremos otros jueces que nos representen”, aseguró Mauricio Macri a mediados de 2017. Y eso hizo. Buscó magistrados que lo representen. Así, llegaron jueces trasladados a dedo a la Cámara Federal porteña y a la de Casación Penal, como Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi ; y Carlos Mahiques, respectivamente.
Cuando Macri llegó al gobierno había cuatro jueces en la Cámara Federal porteña. Cuando dejó el Gobierno sólo quedaba uno de esos cuatro: Martín “Doctrina” Irurzun, el histórico presidente de la cámara porteña, instancia revisora de todo lo que hacen los 12 juzgados de Comodoro Py. Fue el responsable de la “doctrina” del poder residual por la que se avalaba la prisión de los exfuncionarios kirchneristas investigados en la Justicia bajo la excusa de que podían entorpecer las pesquisas en cuestión. Estuvo al frente de la Dajudeco y, entre otras cosas, ordenó que se involucre a CFK en la causa de “la ruta del dinero K”, donde finalmente no se logró encontrar nada que la perjudicase. Fue un ferviente defensor de Bonadío.
Bruglia y Bertuzzi llegaron luego de que Macri pidiera que se desplazara a Eduardo Farah y Jorge Ballestero de la cámara por haber ordenado la libertad de Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños de C5N. La dupla revisó la causa de las fotocopias de los Cuadernos. El primero, por ejemplo, intervino en el mentado caso de la Obra Pública. Bertuzzi, por su parte, fue el presidente del tribunal que envió al exvicepresidente de la Nación, Amado Boudou, a la cárcel. Según Boudou, su llegada a la cámara fue el premio que le dieron por haber resuelto su detención.
Según informaron fuentes judiciales, Bruglia y Bertuzzi podrían volver a sus tribunales de origen. Ninguno de los dos tiene el aval de Senado para estar en el cargo. Una posibilidad que se contempla para “ordenar” el tema de los traslados es que el Gobierno envíe al Congreso los pliegos de todos los jueces que fueron movidos de un cargo a otro. Los que reciban el visto bueno de la cámara Alta se quedará en el puesto. Ni Bruglia ni Bertuzzi obtendrían ese respaldo. Por lo pronto, hoy siguen en sus cargos.
La Cámara de Casación
Otro juez que fue movido a dedo por Macri fue Carlos Mahiques, en mayo de 2017. Llegó de la Casación ordinaria –previo paso por el gobierno de Vidal- a la Cámara Federal de Casación Penal, que es la máxima instancia penal del país. Un año después de su traslado se envió su pliego al Senado. Con este apoyo, logró cierta legitimidad de la que carecen Bruglia y Bertuzzi.
Dos de los jueces que mencionó Alberto Fernández durante la campaña electoral fueron Hornos y Gemignani, integrantes de la Casación Penal.
Hornos junto a Mariano Borinsky intervino en varias causas “sensibles”, vía la sala I como la IV. Ambos torcieron el rumbo de la causa Memorandum con Irán, la denuncia que había hecho el difunto fiscal Alberto Nisman que no había prosperado pero que con la llegada de Macri al Gobierno fue resucitada. A través de la causa del Memorándum se apuntó contra CFK pero también contra otros exfuncionarios kirchneristas como Carlos Zannini, que terminó preso de forma arbitraria. Un párrafo aparte merece el excanciller Héctor Timerman, quien iba gravemente enfermo a declarar a Comodoro Py y hasta se le prohibió seguir su tratamiento contra la enfermedad que padecía en el exterior.
La sala I fue la que intervino en la mayoría de las causas sensibles. La única jueza natural de esa sala cuando asumió Macri era Ana Figueroa, quien recientemente declaró como testigo en la causa de la Mesa Judicial Pro, y confirmó que recibió presiones del gobierno de entonces y hasta una visita en el despacho de Juan Bautista Mahiques, justamente, por el tema Memorándum. Firgueroa votó casi siempre en disidencia. Por ejemplo, estaba de acuerdo con la recusación de Bonadío en muchas de las causas que este impulsaba pero siempre estuvo en soledad.
Luego de la llegada de Mahiques, en 2018, Macri nombró a otros 4 magistrados de los 13 que tiene la Casación, tribunal que revisa todas las causas penales federales del país.
La sala I intervino en la reapertura, el procesamiento y la prisión preventiva de los acusados en la Causa Memorándum. Por allí también pasaron las causas Hotesur, Los sauces y Cuadernos. En todas intervinieron Hornos y Borinsky (que subrogaban) y Figueroa. Y luego Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Figueroa.
La sala I también intervino en la decisión de volver a encarcelar a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños de C5N, luego de que la cámara inferior resolviera su excarcelación (el fallo que en marzo de 2018 molestó a Macri). En este caso, votaron por la “inmediata detención” Hornos y Eduardo Riggi.
En sala IV estuvo radicada la causa de la Obra Pública (la del alegato de fuerte impacto político y mediático de Cristina). Allí intervinieron Hornos, Borinsky y Javier Carbajo.
La misma sala IV pero con Juan Carlos Gemignani en lugar de Carbajo intervino en el caso Ciccone y el 08 que involucró a Boudou. “Homologaron todo lo hecho en Ciccone y en noviembre de 2017 revirtieron el sobreseimiento de Boudou que había definido el TOF 1 en el caso del 08”, remarcaron fuentes judiciales a El Destape. En febrero de 2019, en el marco del caso Ciccone, los mismos magistrados también ordenaron la “inmediata detención” del exvicepresidente al revertir una resolución del TOF 4, que le había otorgado la excarcelación. Los camaristas hicieron lugar a un pedido de la UIF y la OA macristas.
Uno de los fiscales ante la Casación que siguió esta línea del Lawfare fue Raúl Plee, ferviente defensor de Stornelli en los tribunales de Comodoro Py. No es para menos, ambos integran la llamada “línea Boca”, por los vínculos que atan a ambos con el club de La Ribera.
La Corte y la Procuración General
La Corte Suprema de Justicia, por acción u omisión, es señalada por muchos actores judiciales como la responsable de la degradación del Poder Judicial en tiempos de Mauricio Macri. Lo mismo sucede con la cabeza del Ministerio Público Fiscal, hoy a cargo del interino Eduardo Casal, quien llegó a la Procuración General tras el desplazamiento de Alejandra Gils Carbó, en 2017, que renunció muy presionada por el Gobierno.
No fue casual que Cristina Kirchner al ir a declarar a los tribunales de Lomas de Zamora en el caso de espionaje ilegal recordase el rol del máximo tribunal en todo este asunto. Por ejemplo, hizo referencia a la difusión ilegal de sus conversaciones con Oscar Parrilli. "Pensé que la Corte iba a intervenir, pero nada de eso ocurrió", señaló CFK, para luego destacar que sus charlas se divulgaron por los medios de comunicación sin que nadie hiciese nada. La fotografía de Ricardo Lorenzetti con Claudio Bonadío y Sergio Moro aún es recordada por muchos dirigentes políticos como signo de una época.
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