Este lunes se reanudó el juicio de la Obra Pública en Santa Cruz, una de las causas paradigmáticas del Lawfare que tiene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como protagonista. El caso, que se inició en 2016 con una denuncia del entonces funcionario macrista, Javier Iguacel, está repleto de irregularidades, algo que quedó claro en el debate oral con la declaración de muchos testigos que demolieron la acusación. El devenir de este proceso es clave por muchos motivos, sobre todo en un año electoral. Un dato no debe pasar desapercibido: si se cae puede derribar las causas Hotesur y Los Sauces, donde está involucrada CFK y su familia.
El reinicio del juicio fue este lunes a las 9.30 con un único testimonio, el de Leonardo Durante, ya que los de Jésica Caballero y Omar Riveros que estaban previstos para esta jornada fueron suspendidos. A lo largo del debate oral, que comenzó en mayo de 2019 -tres meses antes de las PASO presidenciales-, declararon 41 testigos pero faltan declarar aún otros 98, entre los que se encuentran el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich; y Juan Manuel Abal Medina, todos exjefes de gabinete de Cristina y responsables de la ejecución del presupuesto. También debe prestar testimonio Iguacel.
La causa de la Obra Pública en Santa Cruz se inició durante el gobierno de Macri por una denuncia de Iguacel en base a una auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad que ordenó el propio Iguacel al día siguiente de asumir al frente de esa entidad, en enero de 2016. La auditoría la pidió solo para la provincia Santa Cruz. Fue su primera decisión como director del organismo. La cuestionada instrucción del expediente estuvo a cargo del juez Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita. En el juicio interviene el Tribunal Oral en lo Federal Nº 2 y el fiscal Diego Luciani.
La causa versa sobre los 51 contratos de obra pública vial que le fueron adjudicados al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. La acusación sostiene que se dieron diversas irregularidades en esas obras. Las dos más relevantes: el incumplimiento en las tareas o demoras injustificadas, por un lado; y supuestos sobreprecios, por otro. Ambas cuestiones fueron derribadas por varios de los testigos que prestaron declaración en el juicio.
Por ejemplo, Justo Pastor Romero, uno de los dos ingenieros que firmó el informe de auditoría en el que se basa la denuncia que dio inicio a la causa, demolió la acusación en diciembre pasado: “De nuestro informe no se desprende que haya rutas paradas y no construidas. Tampoco que haya defectos constructivos de importancia. Y tampoco se desprende que haya desvíos en certificaciones. Mucho menos el informe habla de sobreprecios”, aseguró el especialista, quien también dijo que jamás consideró que el trabajo que hizo iba a ser usado para una acusación penal. Fue tal el impacto de su declaración –duró casi 7 horas- que hasta hubo pedidos de extracción de testimonio para que se investigue a Iguacel por la probable comisión de delitos. En un sentido similar también se expresó en el juicio el contador Marcelo Bianchi, titular de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Dirección Nacional de Vialidad, quien firmó el estudio que luego utilizó Iguacel para su denuncia.
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En este contexto, ¿de qué se la acusa a Cristina? De haber asignado recursos para solventar las obras cuestionadas. La acusación tiene similitudes con la causa del Memorándum con Irán porque a la actual vicepresidenta se le achacan decisiones de gobierno, todos actos legítimos que contaron con la intervención del Congreso de la Nación. Concretamente, lo que se le cuestiona son las leyes del Parlamento por las cuales se aprobaron las partidas presupuestarias con las que se lograron solventar las obras. Las calificaciones legales para todos los acusados del caso (entre los que figuran el exministro Julio De Vido, por ejemplo) son “asociación ilícita” y “administración fraudulenta”. En una decisión política más que judicial, Cristina fue embargada por 10 mil millones de pesos.
En el marco de este proceso, CFK hizo un recordado alegato, en diciembre del 2019, en una audiencia que se prohibió transmitir por televisión. Durante aquella ponencia, se dedicó a cuestionar con dureza la acusación en su contra y atribuyó su situación judicial al Lawfare que se desató en el país, impulsado por Macri en complicidad con un sector del Poder Judicial y los medios de comunicación concentrados. “Seguramente este tribunal, que es un tribunal del Lawfare, tiene la condena escrita. No me interesa. A mi me absolvió la historia y a ustedes seguramente los va a condenar la historia”, afirmó sobre el final de su testimonio.
Una por una, las irregularidades del caso
Tras la denuncia de Iguacel se abrió una causa que tuvo por fiscal a Eduardo Taiano, quien comenzó la instrucción para hacer una auditoría general de toda la obra pública y no imputó a CFK. Pero en una maniobra procesal cuestionada, se volvió a presentar Iguacel ante el juez Ercolini y sostuvo que su denuncia era conexa a una causa previa, que había impulsado Elisa Carrió y que tramitaba en el mismo juzgado. Con ese argumento, Ercolini le sacó el expediente a Taiano y se lo pasó a Pollicita. Según señalan desde la defensa legal de CFK, “la primera medida que pide Pollicita es la indagatoria de Cristina cuando no estaba imputada en la causa y circunscribe la investigación para que solamente se investiguen los contratos viales vinculados únicamente a Báez. No a todos”.
Otro dato que evidencia el direccionamiento del proceso es que Ercolini ya había recibido cinco años antes una denuncia similar a la de Iguacel, que había sido realizada por el equipo de Elisa Carrió. Apuntaba a la carterización de la obra pública de Santa Cruz. Ercolini entonces se declaró incompetente. Esa decisión fue apelada y el fiscal de cámara de aquel entonces consideró que debía investigarse en Santa Cruz, que es adonde finalmente terminó aquel caso. En la justicia santacruceña se investigaron los mismos contratos (49 de los 51 porque dos aún no estaban vigentes). La pesquisa se cerró por inexistencia de delito. Este argumento le fue presentado a Ercolini por la defensa de CFK, que sostiene una cuestión de competencia, por un lado, y de “cosa juzgada”, por otro. Esto último implica que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho. Los planteos les fueron denegados a la expresidenta y actualmente se encuentran en la Corte Suprema de Justicia.
Las irregularidades continuaron durante el juicio.
Una vez que se llegó al debate oral, la defensa de CFK, a cargo de Alberto Beraldi, pidió que si el supuesto delito surgía de las leyes que votó el Congreso para asignar los fondos se cite a los legisladores para que indiquen si sufrieron presiones a la hora de votar. Les fue denegado.
Quienes sí declararon en el juicio como testigos fueron los integrantes de la Oficina Nacional de Presupuesto que son los que elaboran el presupuesto. Se trata de personal técnico. Luis Clemente Rajuán y Analía Iris Sánchez Zolezzi afirmaron bajo juramento que no hubo irregularidades en la confección de las leyes presupuestarias votadas por el Congreso entre 2003 y 2015 ni en la reasignación de partidas.
A ellos, se sumó la declaración del testigo Raúl Rigo, contador y exsubsecretario de Presupuesto entre 2002 y 2017, quien afirmó que las partidas destinadas a las obras investigadas fueron aprobadas por las dos cámaras del Congreso y su ejecución fue controlada por la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación. Dejó en claro que no hubo reasignaciones exclusivas para Santa Cruz sino que eso ocurrió con muchos distritos. En la misma línea, se expresó en el juicio el exsecretario de Hacienda entre 2008 y 2015, Juan Carlos Pezoa, quien además explicó que en el debate en comisión del Congreso se daba el detalle de cada una de las obras.
Otra prueba que pidieron las defensas en el juicio fue el peritaje sobre las 51 obras cuestionadas para ver si existieron sobreprecios. El tribunal autorizó que se auditaran solo 5. Son las que la fiscalía consideró que contienen supuestas inconsistencias. Esta cuestión también fue recurrida por la defensa de CFK a la Corte Suprema. De hecho, fue lo que motivó que en mayo de 2019, antes de que comenzara el juicio, el Alto Tribunal pidiese las actuaciones del caso para analizarlas. Pero los ministros cortesanos devolvieron rápidamente el expediente cuando Clarín multiplicó la presión sobre ellos.
Para hacer el estudio sobre las 5 obras, el TOF 2 contó con el perito oficial Eloy Bona, quien registraba tuits ofensivos contra Cristina. La defensa de la vicepresidenta recusó al ingeniero que fue designado por la Dajudeco pero el tribunal sostuvo que un tuit no era motivo suficiente para correrlo. La recusación también está en la Corte, de la que depende la Dajudeco. Bona y el perito de la fiscalía concluyeron que hubo sobreprecios mientras que peritos de la defensa sostuvieron lo contrario.
Curiosidades: no es el primer cuestionamiento de una defensa a un perito en una causa del Lawfare. Ya hubo un expediente, que estuvo a cargo del difunto Claudio Bonadío y del fiscal Carlos Stornelli, el de GNL, que tuvo un peritaje trucho. Por ese hecho, el perito David Cohen fue enviado a juicio. Bonadío había utilizado un estudio de Cohen para avanzar con su investigación, que tuvo no solo peritajes truchos sino hasta aportes del espía ilegal Marcelo D’Alessio.
“La vedad es que durante las audiencias del juicio oral la acusación fue derrumbada”, afirmó a El Destape uno de los abogados defensores que interviene en el juicio de la Obra Pública. En ese sentido, agregó que muchos de los testigos fueron desistidos por la fiscalía porque muchos vienen respaldando la tesis de las defensas.
Hasta el momento hubo más de 30 testigos que fueron desistidos. No obstante, aún hay casi 100 testigos más para declarar por lo que se estima que el juicio no culminará este año. Se descuenta que en medio de un año electoral, la oposición buscará usufructuar el desarrollo de un juicio que tiene a Cristina como acusada. Poco le importará que esté repleto de inconsistencias (Lawfare al palo).
Un dato relevante para el “tablero político-judicial” es que lo que se investiga en este juicio es el supuesto “delito precedente” de otras causas. Desde la defensa de CFK señalan que lo que pase en este debate oral puede impactar directamente en las causas Hotesur y Los Sauces. “El delito precedente de lavado de activos es este juicio”, señalan. ¿Qué significa esto? Que si se cae este caso, se pueden derrumbar los otros también ya que la razón de ser de la maniobra que se le adjudica a la vicepresidenta en esos otros procesos habría quedado desacreditada.
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