Denuncia de Kicillof contra D’Alessandro y Robles: habilitan feria y ordenan medidas que complican a Stornelli

El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla habilitó la feria para tratar la denuncia que realizó el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, contra el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles, mano derecha del presidente cortesano Horacio Rosatti, por “tráfico de influencias” y “violación de los deberes de funcionario público”. El magistrado ordenó una medida de prueba que complica al fiscal procesado Carlos Stornelli porque es de esperar que exponga su maniobra en Comodoro Py para cerrar abruptamente una denuncia de similares características que incomodaba a Rosatti, el macrismo y sus aliados. Ramos Padilla conoce las artimañas de Stornelli: cuando era juez federal de Dolores fue quien lo procesó en el marco del D’Alessiogate, luego de llamarlo a indagatoria casi una decena de veces. El fiscal se refugiaba en sus fueros y esquivaba la citación una y otra vez.

Según la segunda filtración de chats adjudicados al funcionario porteño, D’Alessandro y Robles intercambiaban mensajes sobre dos casos que tenía la Corte e interesaban al macrismo: la coparticipación de CABA y la conformación del Consejo de la Magistratura tras la toma por asalto que hizo el Tribunal Supremo. Esta filtración provocó diversas denuncias penales. Dos de ellas, que parecieron hechas para ser descartadas, se cerraron en Comodoro Py a instancias del fiscal procesado por espionaje ilegal Carlos Stornelli, quien no le dio impulso penal a la acusación. Una de esas denuncias archivadas la presentó el abogado Gastón Marano, exasesor de un senador del PRO en la Comisión Bicameral de Inteligencia y defensor de Gabriel Carrizo, procesado y detenido por el intento de homicidio de CFK.

¿Qué solicitó Ramos Padilla este miércoles tras recibir la denuncia de Kicillof? “Una amplia certificación” para evaluar la existencia de otras causas con idéntico objeto procesal al denunciado por el gobernador bonaerense. En la misma línea, solicitó “un amplio relevamiento de la información periodística” que se dio sobre el tema. Esta medida puede arrojar como resultado una cronología que muestre que Stornelli y el juez Sebastián Ramos no actuaron correctamente y se apuraron en cerrar el caso cuando había otras causas en trámite de similares características y que se habían iniciado con anterioridad a la de Marano.

Es de esperar que la certificación que solicitó Ramos Padilla exponga que el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, fue el primero en denunciar a Robles y D’Alessandro, el 2 de enero. Es decir, que ya había una investigación en curso cuando el dúo Stornelli y Ramos tomaron la denuncia del abogado de Carrizo. Sin ir más lejos, la denuncia de Marano se hizo un día después de que Zamora tuitee sobre su acusación contra Robles. El expediente que se abrió por la denuncia del gobernador de Santiago del Estero estaba en manos del juez Guillermo Molinari, quien intimó a Robles a entregar su celular. No obstante, si bien el magistrado defendió la medida luego se declaró incompetente y envió el expediente a Comodoro Py.

La denuncia que hizo el gobernador de La Rioja Ricardo Quintela contra D’Alessandro y Robles también fue previa a que la denuncia de Marano fuera asignada al juzgado que subrogaba Ramos. Quintela tuiteó sobre su acusación el 5 de enero y la denuncia de Marano tuvo un cambio de asignación de juzgado el 6 de enero. Aquel día quedó adjudicada al juzgado federal Nº 5 a cargo de María Eugenia Capuchetti pero que durante la feria subrogaba Ramos.

¿Qué implica todo esto? Por un lado, que Marano -que no era un damnificado- se apuró en hacer la presentación para llevar el caso de Robles y D’Alessandro a Comodoro Py cuando avanzaba en Santiago del Estero la acusación que había hecho Zamora. Por otro, que Stornelli y Ramos se apresuraron en cerrar la denuncia del abogado “copito” en pos de beneficiar al macrismo. El juez y fiscal con asiento en Comodoro Py tendrían que, por ejemplo, haber pedido la certificación de expedientes –como está haciendo Ramos Padilla- y luego la inhibición de los otros jueces que estaban interviniendo en casos similares si es que pretendían resolver siguiendo la ley.

Otro dato relevante en este escándalo: Storenlli y Ramos esgrimieron para archivar la denuncia que los mensajes de D’Alesandro con Robles fueron obtenidos por maniobras de espionaje ilegal algo que no fue constatado aún.

Lo que está claro es que en Comodoro Py se hizo todo a las apuradas y con un solo objetivo: blindar a la mano derecha de Rosatti, al macrismo y a sus aliados.

La denuncia de Kicillof

El gobernador bonaerense denunció este miércoles a D’Alessandro y Robles por “tráfico de influencias” y “violación de los deberes de funcionario público” a partir de la filtración de chats que le fueron adjudicados al funcionario porteño. Pidió que se les secuestre los celulares a ambos y que se allane el ministerio de Seguridad y Justicia porteño.

Kicillof se sumó así a Zamora y Quintela que también denunciaron a la mano derecha de Rosatti. ¿Por qué lo gobernadores están denunciando al ministro y al funcionario de la Corte? Porque de acuerdo a los presuntos chats que se filtraron, ambos coordinaron maniobras político-judiciales en el caso de la coparticipación que terminó beneficiando a CABA. En la filtración también se puede ver cómo el ministro de Rodríguez Larreta y Robles coordinan una estrategia para obstaculizar los movimientos del FdT en el Senado para lograr una banca más en el Consejo de la Magistratura.

De acuerdo a la presentación de Kicillof, “existiría una espuria connivencia en la cual se coordinan fallos judiciales del Alto Tribunal que explícitamente benefician, en general, a la alianza política Cambiemos y en particular al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. “La connivencia y la negociación entre ambos funcionarios ha quedado al desnudo en los chats publicados, los que demuestran que las resoluciones judiciales y de manera particular los pronunciamientos del Ministro de la Corte Horacio Rosatti, a través de Silvio Robles, ha desarrollado operaciones políticas específicas ejecutadas a través de arbitrarios fallos judiciales”, se añade en la acusación. No es azaroso que Kicillof sea uno de los gobernadores que firmó el pedido de juicio político de los ministros supremos.

“Es de una altísima gravedad institucional que un funcionario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y un funcionario del Gobierno de Larreta coordinen una estrategia judicial para favorecer a CABA en desmedro de todas las provincias argentinas”, tuiteó el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, al difundir la presentación del gobernador. Al referirse a la medida cautelar que dictó la Corte en favor de CABA en el caso de la coparticipación, añadió: “El aludido fallo de la Corte favorece las arcas del distrito más rico del país y perjudica económicamente al resto de las jurisdicciones, pero especialmente a la Provincia de Buenos Aires, que hace 20 años se ve afectada por graves asimetrías en el régimen de coparticipación”.

La medida ordenada por Ramos Padilla

Ante la presentación del gobernador, el juez Ramo Padilla habilitó la feria. El magistrado recordó que es público que existen “al menos tres expedientes destinados a investigar los hechos aquí expuestos” por lo que pidió “efectuar una amplia certificación a fin de evaluar posibles conexidades y/o la existencia de causas con idéntico objeto procesal”.

A los mimos efectos también ordenó que se lleve “a cabo un amplio relevamiento de la información periodística” y que se libren oficios “a las jurisdicciones que correspondan” para determinar “si existen denuncias” contra Robles y D’Alessandro “por los delitos de tráfico de influencias, violación de los deberes de funcionario público y/u otros posibles actos de corrupción vinculados a los mensajes de texto y de audios que habrían mantenido entre ambos y que se hicieron públicos a través de distintos medios de comunicación”.

Es de esperar que el resultado de esta medida exponga la maniobra de Stornelli, Marano y Comodoro Py. No obstante, tras el análisis de los expedientes es factible que el juez termine declarándose incompetente para intervenir en el caso. El margen para que la pesquisa no pase a los tribunales de Retiro es escaso.

Stornelli, Marano y el cierre de una denuncia incómoda

El 17 de enero, el juez Sebastián Ramos decidió archivar la denuncia que se había presentado contra Robles en Comodoro Py ¿La razón? “Imposibilidad de proceder”. Se basó en el dictamen del fiscal Stornelli, quien no le dio impulso penal a la denuncia, es decir, no impulsó la acusación.

Se trata del caso que se abrió por una presentación de 3 páginas que hizo el 3 de enero el abogado Gastón Marano, defensor del copito Carrizo, procesado y detenido en la causa del intento de homicidio de CFK. Tal como publicó este medio, la presentación de Marano había sorprendido a propios y extraños. El letrado, que fue asesor de un senador nacional de Juntos por el Cambio en la Comisión Bicameral de Inteligencia, cargo del que fue desvinculado tras asumir la defensa de Carrizo, había denunciado a Robles por “la posible comisión de un delito de acción pública” y solicitado se le secuestre el celular.

¿Por qué este letrado se involucró en la filtración de presuntos chats del ministro de Seguridad y Justicia porteño y denunció únicamente a Robles en Comodoro Py? La jugada del abogado pareció tener un único fin: que el caso contra la mano derecha de Rosatti tramite en los tribunales de Retiro, donde el macrismo juega de local, justo cuando avanzaba una causa por los mismos hechos en la justicia federal de Santiago del Estero. El fin buscado tuvo éxito. Y por duplicado. Porque, por un lado, la justicia de Santiago del Estero se declaró incompetente y envió la investigación a la Ciudad de Buenos Aires y, por otro, se archivó la denuncia que él presentó.

La forma en que se cerró el caso es insólita: Stornelli, que fue procesado por espionaje ilegal en el D’Alessiogate, esgrimió que no debía abrirse una pesquisa contra Robles porque la base de la denuncia, dijo, son chats privados que se habrían filtrado producto una maniobra de espionaje. ¿En qué se basó Stornelli para sostener eso? En la denuncia de D’Alessandro contra el diputado Rodolfo Tailhade justamente por espionaje ilegal, donde el fiscal procesado intervino como subrogante y sí impulsó la acción penal. Esa causa está en pleno trámite y no está constatado que haya habido un espionaje ilegal. Mucho menos la participación de Tailhade que se presentó en ese expediente para rechazar la acusación por absurda y denunció al ministro porteño por la comisión de 29 delitos.

El mismo 3 de enero que se presentó Marano en Comodoro Py también se hizo una denuncia gemela, lo que expone el apuro por darle intervención a Comodoro Py. La presentó Nicolás Nahuel Giansanti. Las denuncias del abogado “copito” y Giansanti están escritas casi exactamente igual. Todo indica que con esta maniobra se buscó poder elegir juzgado, algo que es ilegal. Pero este escrito de Giansanti fue sorteado y recayó también en lo de Lijo, donde también había quedado radicada la de Marano.

El punto es que Lijo nunca llegó a intervenir porque estaba de licencia por la feria al momento del sorteo. Su juzgado estaba siendo subrogado por la jueza María Servini. Y como Servini aparecía mencionada en los supuestos chats con D’Alssandro se excusó de tomar el caso. El 6 de enero, en una decisión llamativa, la causa se envió nuevamente a sorteo bajo el rótulo de “Cambio de asignación”. Salió el juzgado Nº 5 de María Eugenia Capuchetti, que en teoría debía intervenir solo como subrogante. Como también Capuchetti estaba de licencia por feria entró en funciones en la causa el juez Ramos, quien subrogaba el mentado juzgado.

Ese sorteo fue posterior a la denuncia del gobernador Quintela contra D’Alessandro y Robles. El gobernador de La Rioja hizo su presentación el 5 de enero. Se trata de otro dato que expone cómo los aliados del macrismo en Comodoro Py cerraron a las apuradas una acusación muy incómoda para el presidente de la Corte y para Rodríguez Larreta.