La denuncia que realizó el gobierno nacional contra el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, por los delitos que surgen de la filtración chats será investigada por la justicia de la Ciudad. ¿Qué implica esto? Que el macrismo tendrá casi pleno control sobre el devenir de esta pesquisa. El Fiscal General porteño, es decir, el jefe de los fiscales de la jurisdicción es Juan Bautista Mahiques, compañero de D’Alessnadro en el viaje a Lago Escondido. Esa aventura a la mansión de Joe Lews está siendo investigada en la justicia federal de Bariloche por posibles dádivas y según se filtró también del celular de D’Alessandro, Mahiques intentó interceder en el devenir de la pesquisa. ¿Si buscó manipular la investigación de Bariloche qué se puede esperar que realice en la justicia local?
El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, denunció el pasado 6 de enero a D’Alessandro por instrucción del presidente Alberto Fernández. La acusación se realizó ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y fue “por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales”. No se incluyeron delitos federales, por eso la denuncia no se hizo en los tribunales federales de Comodoro Py. Según constató El Destape, esa denuncia pasó a la justicia de la Ciudad el 10 de enero pasado.
El juez Martín Peluso, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°3, donde recayó la denuncia, se hizo eco de lo dictaminado por el fiscal Marcelo Solimine y se declaró incompetente para intervenir en el caso. Giró el escrito de Soria al Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, a la justicia porteña, donde el macrismo juega más de local aún que en Comodoro Py. ¿Qué se esgrimió para el cambio de fuero? Que en el marco de la transferencia de competencias de la justicia nacional a la justicia porteña, los delitos denunciados ya fueron traspasados y por ende deben investigarse en la justicia local. De acuerdo a los juristas consultados para esta nota, la decisión que tomó la justicia nacional fue la correcta. El punto en cuestión es el nivel de influencia del macrismo en la justicia porteña y lo condicionada que puede estar la pesquisa sobre D'Alessandro.
¿Quién es el hombre fuerte de la justicia porteña? El operador macrista Daniel “Tano” Angelici, expresidente de Boca Juniors. El jefe de los fiscales de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, es un hombre de su escudería. Por eso, durante la presidencia de Mauricio Macri, Mahiques (h) se convirtió además de subsecretario de Justicia de la Nación en el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el órgano que designa y sanciona jueces. Desde allí, Mahiques fue una pieza clave en el plan de presionar a los magistrados que no se alineaban a los intereses de la Casa Rosada. Por esas presiones hoy es investigado en la causa de la Mesa Judicial PRO. No es la única causa donde Mahiques (h) está involucrado. También está imputado en la justicia federal de Bariloche por el vuelo del Lawfare. En esa misma causa está imputado también D'Alessandro, ya que ambos viajaron juntos a la mansión de Lewis en Lago Escondido, invitados por Clarín.
Mahiques y el viaje a Lago Escondido con D’Alessandro
En la actualidad, Juan Bautista Mahiques es Fiscal General porteño. Es la cabeza del Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad, es decir, del cuerpo de fiscales que lleva adelante la acusación en la justicia local. Mahiques fue parte del viaje a la mansión del magnate Joe Lewis, del que también participó D’Alessandro.
Justamente, por ese viaje, que se realizó el 13 de octubre, Mahiques está siendo investigado por la justicia federal de Bariloche. Fue imputado junto a todos los pasajeros de ese vuelo del Lawfare: el ministro porteño D’Alessandro; los jueces federales Julián Ercolini, Carlos Mahiques (padre de Juan Bautista), Pablo Yadarola y Pablo Cayssials; el exespía Leonardo Bergroth; y el publicista Tomás Reinke. La imputación es por posibles dádivas y también alcanzó a dos altos ejecutivos de Clarín, que recibieron a los viajantes en el aeropuerto el 13 de octubre: Jorge Rendo y Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y director de Jurídicos de Telecom. Según se desprende de los mensajes de D’Alessando filtrados, Casey fue quien invitó el viaje.
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La primera filtración de los presuntos mensajes que involucran al ministro porteño muestran que todos los participantes del viaje a Lago Escondido compartían un grupo de chat e intentaron crear diferentes coartadas para esconder lo que a todas luces aparece como el delito de dádivas. Es decir, Mahiques compartía al menos un grupo de chat con D’Alessandro, el ministro que deberá investigar la justicia porteña. De los mismo chats filtrados (que D'Alessandro dice que fueron manipulados) surge que el Fiscal General porteño cometió diversas maniobras ilegales, entre las que aparece el intento de torcer la investigación judicial que se sustancia en Bariloche.
En esa primera filtración, el jefe de los fiscales de la Ciudad aparece como quien se encarga de conseguir facturas truchas y reunir el dinero para intentar tapar la invitación que había recibido el grupo de jueces y funcionarios luego de que el viaje se difundiera en los medios. “Juan qué tenemos que hacer?”, le preguntó el 18 de octubre a Mahiques el exespía Leo Bergroth. “Depositar 120 ahí. Vos 60”, le respondió Mahiques (h) al exespía. Y le contó al grupo: “Yo ya Transferí ayer. Y la factura es del 13”. El “ayer” es el 17 de octubre, día en que sale la nota de Página12 y la de El Destape con la documentación que acredita la existencia del vuelo a Bariloche.
Mahiques también aparece intentando direccionar la investigación que se había abierto en la justicia federal de Bariloche. “Muchachos. Acordamos que la fiscal pidiera la lista de pasajeros del vuelo a la psa, y con eso, el oficio a la empresa para pedir las facturas”, anunció en el grupo, el 31 de octubre pasado, según surge de la filtración. Y el 11 de noviembre le dice a Casey: “La fiscal va a pedir la factura de lago. Está ok no?”. El directivo de Clarín confirma que está todo encaminado para armar la coartada.
Luego, el jefe de los fiscales porteños comenta lo que le va a preguntar la fiscal de Bariloche, María Candida Etchepare, a un testigo, que según surge de los presuntos mensajes, debía ser “preparado” con un “libretito”. En referencia a esa declaración, Casey anunció en el grupo: “Le preguntaron lo esperado y nada mas”. El testigo era Nicolás Van Ditmar, administrador de la mansión de Lewis.
Si los chats son ciertos y Mahiques (h) llegó a interceder en la justicia de Bariloche, ¿qué se puede esperar que realice en la justicia porteña?
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En los papeles cada fiscal es autónomo pero, en off, muchos reconocen lo condicionada que puede estar la investigación en torno D’Alessandro en la justicia local.
Por qué se giró a la justicia porteña
En su dictamen para que la denuncia de Soria se investigue en la justicia porteña, el fiscal Solimeni afirmó que el Fuero Criminal y Correccional “sí era competente antes, cuando Buenos Aires era la Capital Federal” pero hace años se inició “un proceso de transferencia de competencias a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los que hoy se encuentran comprendidos todos los tipos penales en los que cabe encuadrar cada uno de los hechos que han sido denunciados”. Por eso, consideró que la justicia nacional es incompetente. Señaló que la justicia local “ha sido investida para juzgar de manera exclusiva y excluyente los tipos penales en los que encuadran los hechos investigados y en cuyo ámbito cabe definir el curso de acción a seguir”. El juez Peluso compartió su criterio.
La transferencia que menciona el fiscal tiene su origen en la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, en 1994, por lo que la Ciudad debe constituir su propia justicia y debe hacerlo mediante la absorción de la justicia nacional en lo criminal y correccional (la justicia que estaba en la Ciudad cuando esta no era autónoma). Hoy en la Ciudad de Buenos Aires coexisten 3 estructuras judiciales: la Federal (Comodoro Py, que investiga delitos federales como narcotráfico o actos de corrupción de funcionarios nacionales); la Nacional (investiga homicidios, extorsiones, delitos contra la integridad sexual, etc.); y la de la Ciudad (que fue absorbiendo la mayoría de los delitos que investigaba la justicia Nacional).
“En 1994 comenzó el camino de la autonomía jurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires que aún continúa. Tal como coinciden jueces y juezas del fuero penal, «el traspaso de las competencias es una deuda de la Nación con los porteños». La sanción en diciembre de 2017 de la ley local Nº 5935, la que aceptó las transferencias dispuestas por la ley nacional N° 26.702, representó un significativo avance: durante el 2018 fueron transferidos 31 delitos”, publicó el 2 de enero de 2019, es decir, en pleno macrismo, iJudicial, el medio institucional en el que se publican noticias sobre los tribunales de primera y segunda instancia del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. En 2018 entre los delitos que empezaron a investigarse en la justicia local estaban los de “defraudación contra la Administración Pública local”.
Así las cosas, además de la denuncia de Soria es de esperar que una decena de los hechos que denunció el diputado nacional Rodolfo Tailhade también terminen en la justicia local. Tailhade acusó al ministro de Rodríguez Larreta de al menos 29 hechos delictivos cuando se presentó en Comodoro Py a hacer un descargo en el expediente que se abrió a pedido del funcionario de la Ciudad. D’Alessandro dice haber sido víctima de un espionaje ilegal y apuntó contra el legislador nacional del FdT que rechazó por absurda esa acusación.
En su escrito, Tailhade pidió que se investigue en la justicia nacional en lo Criminal y Correccional una decena de los delitos que denunció. Hizo una salvedad con los presuntos chats que intercambiaron D’Alessandro y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, por ser Robles un funcionario de la Nación; y con aquellos que hacen referencia a hechos de espionaje ilegal, ya que violan la Ley Nacional de Inteligencia e involucran en algunos casos a funcionarios nacionales como Silvia Majdalani, que era la Nº 2 de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Macri. El diputado solicitó que esos hechos tramiten en la justicia federal, es decir, Comodoro Py. Tal como publicó El Destape, a instancias del fiscal procesado Carlos Stornelli en Comodoro Py ya se cerraron dos denuncias contra Robles por la filtración.
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En el actual contexto, un dato no debe pasar desapercibido: casi no hay antecedentes de funcionarios porteños investigados por actos de corrupción en la justicia de la Ciudad. De hecho, se traspasaron los delitos de corrupción y no se creó una fiscalía especializada para esa materia. ¿Qué significa esto? Que en la Ciudad no hay una Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo.
La denuncia contra D’Alessandro que investigará la justicia porteña
La presentación de Soria, que se investigará en la justicia porteña, apunta contra el ministro D'Alessandro (ahora de licencia) por diversos delitos como cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles, entre otros.
De acuerdo a la filtración, D’Alessandro mantuvo chats con Marcelo Violante, quien tuvo el negocio de las grúas en la Ciudad hasta mediados de 2022. En los presuntos intercambios del ministro ahora licenciado y el empresario, que datan de 2019 y 2020, se habla de juntar la plata, de que ahora tiene “60 verdes” y de que están en “dos sobres abiertos de 30 verdes cada uno.”
Soria recordó en su escrito que la empresa Dakota S.A, que comandó Violante, “fue la encargada de la concesión del servicio de grúas y playas de estacionamiento de la Ciudad de Buenos Aires hasta que un escándalo sin precedentes en la historia de la Capital Federal terminó de forma abrupta el contrato: el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solamente cobraba un canon de $55.000 por mes, a las empresas a cargo de este millonario negocio, cuya concesión se había vencido hace más de 20 años”. Según el ministro nacional, “de acuerdo a los transcendidos periodísticos, el Sr. D’Alessandro habría recibido ‘retornos’ a cambio de no actualizar las tarifas –congeladas desde 2014- ni de impulsar la nueva licitación que ponga fin a una relación que se encontraba fenecida desde hacía 20 años”. Es decir, sostuvo el ministro, existiría un “circuito de recaudación ilegal que funcionaría de forma paralela o ‘bajo la mesa’”.
Por esta cuestión, el bloque del Frente de Todos pidió en la Legislatura porteña la creación de una comisión investigadora para ahondar en el negocio de las grúas y playas de estacionamiento de Violante.
En la nueva filtración de chats también aparecen presuntos mensajes en los que D’Alessandro se contacta con la ex subdirectora de la SIDE, Silvia Majdalani, y hablan de un negocio de destrucción de chalecos. En la denuncia penal, Soria resaltó: “De acuerdo a los trascendidos periodísticos, la ex ‘Señora 8’, estaría asesorando a D’Alessandro para armar una licitación de destrucción de chalecos a medida de una empresa privada, incluso proveyendo una suerte de ‘dictamen’ con la ayuda de un ‘ex procurador de la ciudad’”.
Tal como había adelantado Soria en una entrevista con El Destape Radio, en el Ministerio de Justicia encontraron una serie de mails que confirman parte de los presuntos chats que intercambiaron D’Alessandro y Majdalani: “La confirmación por parte de la ANMAC de la veracidad de este intercambio de correos electrónicos tiene una relevancia particular. Por un lado, refuerzan la autenticidad de las publicaciones periodísticas a pesar de los esfuerzos del Sr. D’Alessandro por desmentirlas; y, por otro lado, acreditarían la connivencia entre éste último y Majdalani por diseñar una licitación para beneficiar a los principales interesados en hacerse del ‘negocio’”, que según el ministro fue “el Grupo Pelco”.
Tal como pasó en la primera filtración que involucró a D’Alessandro, que dio cuenta del mentado viaje del ministro porteño con los Mahiques, jueces federales y un ex espía de la AFI a Lago Escondido, hay documentos que confirman los hechos que surgen en los chats.
Otro de los posibles delitos que denunció Soria fue que “el Ministro D’Alessandro habría ofrecido bienes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para uso personal de un funcionario judicial –supuestamente el Fiscal Augusto Troncoso- quien sería ‘amigo’ del mencionado”.
Para el ministro “esta promiscuidad entre sectores del poder político, sectores de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas”. En esa línea, pidió que se secuestre el celular del funcionario porteño y se “realice una pericia informática a la búsqueda de elementos de interés de la presente causa, resguardando la información de su privacidad”.
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¿Qué hará ahora la justicia porteña con la evidencia encontrada y con los requerimientos del denunciante, que no es ni más ni menos que el gobierno nacional? ¿Le dará impulso a la acusación e investigará en profundidad a D’Alessandro o blindará a quiénes gestionan la Ciudad haca más de una década?
Un informe cuestionado
Este sábado, Clarín publicó los resultados de un informe “judicial” que asegura que los chats de D’Alessandro pudieron ser editados. No dice que lo fueron sino que pudieron haber sido por la modalidad con la que accedieron a su teléfono. ¿Qué dependencia realizó el trabajo? El Gabinete de Informática Forense del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño. Es decir, un órgano que responde a Mahiques (h), quien, recordamos, aparece en la filtración de chats. Es decir, es un interesado en el caso.
El estudio se presentó en una denuncia que hizo D’Alessandro en territorio porteño, donde juega de local. Tal como publicó El Destape en enero de 2022, en el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) trabajan Rodrigo Bonini -es el subdirector del CIJ- y el exespía Eduardo Winkler. ¿Quiénes son?
Bonini fue durante el gobierno de Macri director Nacional de Investigaciones y Subsecretario de Investigación del Delito Organizado y Complejo del Ministerio de Seguridad de la Nación. Es decir, reportaba a Patricia Bullrich. Según se desprende del caso D’Alessio, Bullrich intercambió mensajes con Marcelo D’Alessio y le dijo al espía ilegal que contacte a Bonini para hacerle llegar información. Bonini también aparece mencionado en los chats filtrados adjudicados a D'Alessandro.
El diputado Rodolfo Tailahde se hizo eco de estas relaciones para cuestionar el informe: “Qué sorpresa! Bonini, el jefe del Laboratorio Forense dependiente de Mahiques, es muy amigo de todos los Huemules, y hasta compartió algún que otro viaje. En este diálogo se acuerdan de él. Todo muy serio, objetivo e imparcial en el peritaje del teléfono de D’Alessandro”.
Winkler, por su parte, fue un alto jerarca de la AFI macrista: estuvo a cargo de todas las delegaciones del Interior por lo que administró la reunión de información en las distintas bases de la exSIDE distribuidas en el país. Por la función que ejercía, el juez Martín Bava lo procesó en el caso del espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan. Luego fue beneficiado junto a Macri cuando en un fallo escandaloso sobreseyeron a todos los acusados de esa causa.
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