Atentado contra CFK: vuelven a postergar la indagatoria de Gabriel Carrizo

El jefe de los “copitos”, Gabriel Carrizo, estaba citado para que amplíe su declaración indagatoria este martes en el caso del atentado contra Cristina Kirchner pero se produjo una nueva postergación a pedido del abogado defensor Gastón Marano, quien no quería que la audiencia la lleve adelante un juez subrogante. La citación pasó para el 31 de enero, cuando la magistrada María Eugenia Capuchetti retorne de su licencia por la feria. A su vez, este lunes Cristina volvió a recusar a Capuchetti por sus vínculos con el macrismo.  

"En cuanto a lo solicitado por el Dr. Gastón Matías Marano, suspéndase la audiencia dispuesta para el día de mañana y fíjese nueva fecha para el día 31/01/2023, a las 10 horas, a fines de recibirle ampliación de declaración indagatoria a Gabriel N. Carrizo", dice el documento por el que se postergó la audiencia de Carrizo. 

Marano había pedido la nueva postergación tras anoticiarse que Capuchetti no iba a estar el día de la ampliación de la indagatoria por haber entrado en licencia. Su lugar lo iba a ocupar Julián Ercolini, como subrogante. "Que un juez subrogante me tome una ampliación de indagatoria donde el imputado va a declarar y decir cosas relevantes no tiene ningún sentido. Quiere que lo escuche la jueza del caso", explicó el letrado ante la consulta de El Destape.

Carrizo debe ser interrogado por el hallazgo de nuevos mensajes que lo vinculan con el ataque a la Vicepresidenta. El joven se encuentra detenido y había sido procesado como partícipe secundario en el intento de asesinato cuando la querella considera que tuvo un rol preponderante en el ataque y solicita se lo procese por integrar una asociación ilícita.

La ampliación de indagatoria de Carrizo estaba pautada para el 5 de enero pero por un primer pedido del abogado defensor Gastón Marano, la citación se postergó para este martes. Ahora se produjo un nuevo corrimiento de la citación. La convocatoria pasó al 31 de enero.

El jefe del emprendimiento de venta de copos de azúcar deberá responder el último día de enero sobre diversos mensajes que se hallaron en su celular y lo comprometen, ya que lo vinculan con la planificación del atentado ocurrido el 1 de septiembre pasado. Se trata de intercambios que no fueron contemplados en la primera indagatoria.

La querella había requerido “una ampliación de la imputación" porque apenas ocurrió el atentado contra CFK, Carrizo le había contado a uno de sus contactos: "Recién intentamos matar a Cristina". Le dijo que Fernando Sabag Montiel era su “empleado”. "Le quiso disparar" y "va a ir preso", agregó. Luego afirmó, en la misma secuencia de mensajes: “El arma es mía amigo" y "estamos con el grupo".

Otros de los mensajes que envió Carrizo al momento de los hechos fueron: "Recordá esta fecha", "Esta hdp (sic) ya está muerta", "No sabés qué hicimos con esto", "Generar miedo", "Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo".

Hasta el momento, Carrizo está procesado pero con una calificación legal menor a la que tienen Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, los otros dos jóvenes detenidos en el caso, a quienes la jueza Capuchetti procesó por considerarlos coautores del ataque. Los abogados de CFK, Marcos Aldazábal y José Ubeira, reclaman que se considere a todos integrantes de una asociación ilícita que además de intentar matar a la vicepresidenta buscaba desestabilizar al gobierno.

La jueza María Eugenia Capuchetti había ordenado la ampliación de indagatoria de Carrizo luego de que la Cámara Federal porteña hiciera lugar a un planteo de la querella, que había sido rechazado en primera instancia. Es decir, la instancia revisora le marcó a Capuchetti que debía volver a indagar al jefe de los copitos.

Nueva recusación de Capuchetti

Cristina Kirchner volvió a recusar este lunes a la jueza Capuchetti por sus vínculos con el macrismo y con la Policía de la Ciudad. Es decir, volvió a pedir que se aparte del caso del atentado por no ser imparcial.

“En épocas de derechas violentas, anoche se presentó recusación contra la Jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado”, tuiteó este lunes.

La nueva recusación de Capuchetti –la primera fue rechazada por la Cámara Federal porteña- tiene como disparador una noticia que se conoció este viernes, que dio cuenta de que Capuchetti tiene un “trabajo” rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde cobra un sueldo desde 2014. Ese instituto forma a la Policía de la Ciudad y dependía de Marcelo D’Alessandro, el ministro de Justicia y Seguridad porteño que debió tomarse licencia luego de que estallara el escándalo de la filtración de sus supuestos chats. “Esto implica, lisa y llanamente, que el sueldo de Capuchetti depende de Marcelo D’Alessandro. Dado que se trata de un oscuro operador judicial, esto es especialmente preocupante”, resaltaron los abogados de la Vicepresidenta.

Para la querella, la jueza debe apartarse de la investigación porque teniendo un cargo en ese instituto nunca investigó a la Policía de la Ciudad en la causa del atentado a pesar de que había elementos para hace foco en esa fuerza de seguridad. “Al cobrar un sueldo de un órgano que tiene a cargo una fuerza de seguridad a la que debe investigar, es evidente que Capuchetti no supera un test de imparcialidad objetiva”, señalaron los abogados de CFK.

En la presentación de 33 páginas se resaltó que además “lo más probable es que (la jueza) se limite a cobrar un sueldo (como veremos, ilegal) sin trabajar. De acuerdo con el comunicado del ISSP, en nueve años, Capuchetti realizó un solo trabajo de investigación, del que no se indica lugar de publicación, pero nos permitimos dudar que se trate de una revista con un piso mínimo de prestigio”. “La relevancia de todo esto es que la contratación de Capuchetti solo es entendible si se la percibe como una forma de incidir en el comportamiento de una jueza a través de dinero y de otorgarle un cargo que puede presentarse como académico, lo que puede servirle para legitimarse y para sumar puntos para concursar, entre otras cosas”, se precisó.

“Está claro que lo sucedido afecta gravemente la imagen que tanto las partes como la sociedad tenemos de la jueza (ya era muy mala, ahora es peor)”, resaltaron Aldazábal y Ubeira en la recusación.

Entre los argumentos que se esgrimieron para pedir el desplazamiento de la magistrada, los letrados de CFK indicaron que “es central aclarar que el ISSP no es un órgano con fines académicos, sino políticos. Aun si realiza actividades académicas, estas actividades tienen un objeto estrictamente político. Esto es central porque implica que participar en el ISSP equivale a participar en una dependencia del Poder Ejecutivo, y no en una dependencia académica, más allá de lo que 4 se haga en el organismo”. “Aún si Capuchetti efectivamente da clases e investiga en el marco del ISSP, es explícito que esto no tiene un fin académico, sino ‘apoyar a la conducción política’ del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, se explicó.

Según los letrados, “aunque con lo dicho sería suficiente para apartar a la jueza, el origen del sueldo que cobra ilegalmente Capuchetti da lugar a un segundo gran motivo de la recusación. La autoridad política es el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Marcelo D’ Alessandro. Esto tiene un doble impacto: por un lado, se trata de una persona que ha realizado un viaje ilegal con empresarios de medios y jueces a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido, y de quien se han conocido mensajes en los que queda muy claro su rol en la manipulación de causas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner y el espacio político que integra. Por otro lado, el Ministerio de Seguridad de la CABA tiene a su cargo a la policía de la Ciudad, que debería haber sido investigada en estas actuaciones (como lo fue la policía federal) pero respecto de la cual la jueza no dispuso una sola medida”.

Un dato político sobre el ISSP pone blanco sobre negro: el vicedirector del instituto es Juan Bautista Mahiques, el actual jefe de los fiscales porteños, que era el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura durante el macrismo y actúa como operador judicial. Mahiques (h) al igual que D’Alessandro fue uno de los viajeros del vuelo del Lawfare que el 13 de octubre pasado tuvo por destino la mentada mansión de Joe Lewis en Lago Escondido. Esa aventura fue pagada por dos altos ejecutivos del Grupo Clarín: Jorge Rendo y Pablo Casey. El funcionario porteño está imputado en la justicia federal de Bariloche donde se investiga si ese viaje fue una dádiva.    

“Que Capuchetti cobre un sueldo mensual de un organismo que depende de estas personas por realizar tareas incompatibles con su función, si es que hace algo, es una evidente muestra de las relaciones ilegales, espurias y carentes de toda ética, entre algunos miembros de la justicia federal y funcionarios de Juntos por el Cambio”, concluyeron los querellantes.

El abogado de Carrizo y la filtración de chats

El abogado de Carrizo, Gastón Marano, se hizo tiempo para denunciar penalmente a la mano derecha de Rosatti, Silvio Robles, en el marco de la filtración de chats que involucran a D’Alessandro. ¿Por qué se involucró en ese proceso? Tal como publicó El Destape, una hipótesis que circulaba en tribunales era que con esa presentación el letrado buscaba favorecer al macrismo para que la causa se instruyera en los tribunales de Retiro y no en Santiago del Estero, donde se radicó la primera presentación contra Robles, que finalmente ya viajó a los juzgados federales porteños luego que el juez Guillermo Molinari se declarara incompetente. Esta línea interpretativa se basa en que Marano era asesor de un senador nacional de Juntos por el Cambio en la Comisión Bicameral de Inteligencia, cargo del que fue desvinculado tras asumir la defensa de Carrizo.  

En total hubo cuatro denuncias penales contra Robles, la mano derecha de Rosatti. Dos las realizaron los gobernadores de La Rioja, Ricardo Quintela, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, en sus propias jurisdicciones. Las únicas que se hicieron en Comodoro Py fueron las de Marano y Nicolás Nahuel Giansanti. La presentación de Giansanti es un calco de la de Marano. Está escrita casi exactamente igual. En Comodoro Py sospechaban que con esta maniobra se buscó poder elegir juzgado, algo que es ilegal. No obstante, si esa fue la intención no tuvo los resultados buscados. Las dos denuncias contra Robles que se hicieron en los tribunales federales porteños quedaron radicadas en el juzgado de Ariel Lijo.

Cristina se hizo eco de esta intervención de Marano, que también publicó Página 12. “¿Entendés por qué en Comodoro Py no se investiga a fondo el intento de magnicidio? Impresiona el entramado mafioso, pero como siempre: Todo hace juego con todo”, tuiteó.