El espionaje ilegal a 500 periodistas, académicos y empresarios que realizó el macrismo en el marco del G-20 y la Cumbre de la OMC se activó formalmente en la justicia. La fiscal Paloma Ochoa le dio impulso penal a la denuncia que había radicado el lunes la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, y ordenó las primeras medidas de prueba: requirió información a la exSIDE y al Ministerio de Seguridad, entre otras cosas.
La titular de la fiscalía federal N° 10 entendió que a la luz de las pruebas que se le presentaron hay un hecho delictivo que debe investigarse. En ese marco, solicitó información tanto la Agencia Federal de Inteligencia, que tuvo a su mando la administración de las acreditaciones a ambos eventos, como el Ministerio de Seguridad de la Nación. Se trata de los dos organismos a los que apuntó Caamaño en su de denuncia por “producción de inteligencia ilegal”. En su presentación, la interventora pidió que se cite a prestar declaración indagatoria el exdirector general de la agencia, Gustavo Arribas; a su segunda, Silvia Majdalani; y al expresidente Mauricio Macri, además de a los agentes que intervinieron en la manioraba. Además, Caamaño resaltó la connivencia de la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en toda esta maniobra. Por ahora, no se le dio curso a la solicitud.
Entre otras medidas, la fiscal, que tiene delegado el caso, solicitó la certificación de la otra causa por espionaje ilegal que tramita en Comodoro Py y también está en el juzgado de Marcelo Martínez de Girogi: el de la pinchadura de mails a más de 80 dirigentes políticos, sindicales, intelectuales y policías. Se pretende saber qué se investiga en aquel expediente.
La decisión de Ochoa se produce luego de que la interventora de la AFI presentara este lunes las aproximadamente 500 fichas de periodistas, dirigentes sociales y políticos, académicos y empresarios, entre otros, que halló en una caja fuerte del organismo. En los documentos aportados consta la información recabada por el gobierno de Mauricio Macri sobre 403 periodistas y otras 87 personas de distintos organismos de la sociedad civil, en el marco de los procesos de acreditación para las reuniones de la Cumbre del G-20 y de la 11° Conferencia Ministerial de la OMC, que se realizaron en la Argentina en 2018 y 2017, respectivamente.
Las fichas se elaboraron en el marco de esos encuentros y, con la excusa de la seguridad, se husmeó en los datos personales de quienes se acreditaron. En el caso de los periodistas, se confeccionó un perfil político-partidario e ideológico a partir de fuentes abiertas. Mientras que en las fichas de personas vinculadas al mundo académico, empresario, sindical y de ONGs, que se produjeron con la excusa de la 11° Conferencia Ministerial de la OMC, se recabó información más compleja: se precisó los bienes (autos y propiedades) que poseen; los bancos con los que operan; las situaciones financieras; obras sociales que utilizan; y su actividad en las redes sociales, entre otras delicadas cuestiones. En el caso de la OMC, entre las víctimas figuran miembros de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales (CLATE) y ATE, la Sociedad Rural, Poder Ciudadano, Fundación Vía Libre y el Institute for International Law and Justice, entre tantas otras entidades. ATE y CLATE, por ejemplo, se presentaron como querellantes este miércoles. En Poder Ciudadano analizaban hacer lo mismo en los próximos días.
La documentación que acercó la interventora de la AFI incluye además informes de inteligencia sobre actividades de organizaciones que planteaban objeciones a los eventos internacionales, como el Transnational Institute, el Instituto del Mundo del Trabajo “Julio Godio” y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).
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En su denuncia, Caamaño resaltó que los espías involucrados en estas maniobras sumados a Arribas y Majdalani violaron el inciso 2 del artículo 4 de la Ley N°25.520 (Ley de Inteligencia Nacional) que prohíbe “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”. También apuntó contra Macri por ser el “responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”.
Confección de las fichas
Según se explica en la denuncia de Caamaño, en 2017, “el Ministerio de Seguridad de la Nación elaboró y dio a conocer un documento interno con lineamientos de seguridad en el marco de la XI Conferencia Ministerial de la OMC que se llevaría a cabo en la Ciudad de Buenos Aires entre los días 10 al 13 de diciembre de 2017”. El documento fue calificado como “confidencial”. Allí se adjuntó un documento con los “Criterios para la acreditación de los medios de comunicación por la OMC en las Conferencias Ministeriales”, donde establecieron distintos lineamientos para otorgar las acreditaciones y “figura una ficha con distintos datos solicitados”. En el caso del G-20 el proceso de acreditación fue similar.
Con este marco, la AFI macrista procedió “a ordenar la producción de inteligencia ilegal en relación a periodistas, académicos, organizaciones sociales, partidos políticos, entre otros, vulnerando así los preceptos contenidos en la Ley de Inteligencia Nacional, la Constitución Nacional e incluso también legislación internacional vinculada a la materia”, indicó Caamaño.
De acuerdo a la presentación, desde la Dirección de Eventos Especiales de la AFI “se procedió a confeccionar las ‘fichas’ de las distintas personas que solicitaban acreditarse a estos eventos internacionales”. “Estas ‘fichas’ eran remitidas a la Dirección Operacional del Área de Contrainteligencia” que luego “procedía a realizar un visado sobre cada una de las fichas y la información allí contenida”.
“A partir de la producción de inteligencia ilegal llevada a cabo por las áreas mencionadas, se negó el acceso a los eventos internacionales mencionados a las personas que subjetiva y arbitrariamente no cumplían con los requisitos políticos, sociales o incluso de vínculos, que desde la Agencia entendían como los correctos para poder asistir a este tipo de eventos”, denunció Caamaño.
Por esta razón, entre las primeras medidas de la fiscal Paloma Ochoa figura el requerimiento de información a la AFI y el Ministerio de Seguridad.
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