El Gobierno de Macri espió a ATE y la Sociedad Rural en la Conferencia de la OMC

Datos personales con foto. Vínculos familiares. Los bienes que poseen. Los bancos con los que operan. Situaciones financieras. Obras sociales que utilizan. Actividad en las redes sociales. Toda esa información y mucha más recopiló de forma ilegal la AFI del gobierno macrista en fichas de personas vinculadas al mundo académico, empresario, sindical y de ONGs, que se produjeron con la excusa de la 11° Conferencia Ministerial de la OMC que se llevó adelante en la Argentina, en 2017. En algunas de las fichas figuran hasta los datos de las empleadas domésticas que trabajan en los domicilios de las víctimas, con sus respectivas remuneraciones. Como “objetivos” hay miembros de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales y ATE Seccional Rosario, la Sociedad Rural, Poder Ciudadano, Fundación Vía Libre y el Institute for International Law and Justice, entre tantas otras entidades. 

Como publicó El Destape, en la AFI se encontraron 28 fichas de personas vinculadas al mundo académico y otras 59 adicionales producidas con motivo de  la mentada Conferencia Ministerial de la OMC. Los datos surgen de los documentos que la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) halló en una de las cajas fuerte que hay en la sede del organismo, donde también había fichas de 403 periodistas que participaron de la cumbre del G-20 que se realizó en la Argentina en 2018. Se trata de información colectada de forma ilegal sobre distintas personas que fueron “observadas” en el marco de la acreditación para la participación de ambos encuentros.

Este medio publica los casos de algunos de los espiados con los mismos criterios que el de los periodistas acreditados al G20. Se tomó la precaución de que nada de lo que se publique incluya datos personales, íntimos o que pongan en riesgo la integridad de los espiados. Sería vulnerarlos por duplicado y de eso ya se ocuparon los espías. La información que reunió la AFI incluye ese tipo de datos pero El Destape va a reproducir sólo las que se obtuvieron por fuentes abiertas.

Algunas de las víctimas de las tareas de inteligencia ilegal que se realizaron en el marco del encuentro de la OMC, fueron:

-Beatriz Busaniche. “Forma parte de la Fundación Vía Libre”, comienza la ficha, con su imagen. Aparecen sus datos personales, sus números de teléfono, sus vínculos familiares, los bancos con lo que opera, sus cuentas de mails. Entre otras cosas, se destaca que se opuso al voto electrónico. No fue la única espiada de esa fundación. La AFI macrista hizo lo propio con Carolina Martinez Elebi y Enrique Chaparro. En el caso de Chaparro se suma la consulta a la base de datos del registro automotor. Se resalta lo mismo que en el caso de Busaniche: su oposición al voto electrónico. 

-Héctor Horacio Fernández, de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales y ATE Seccional Rosario. En su caso figuran datos personales con foto y su número de pasaporte con su respectiva fecha de vencimiento. Una extensa lista de teléfonos. Su trabajo actual y anterior. Sus vínculos familiares. Bienes. Bancos con los que opera. Su actividad en redes sociales y sus menciones en Internet.

-Pablo Ignacio Ramírez, también de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales. La AFI macrista destacó en su caso que “Figura en la página oficial de Clate como del equipo de prensa y comunicación” y que “escribe artículos para el portal de noticias de la CTA Autónoma ‘Agencia ACTA’”. Hay capturas de su actividad en las redes sociales.

-Juan José Grigera Naon, de la Sociedad Rural Argentina. Su ficha repite el común denominador del resto. Y se agrega: su condición frente a la AFIP, su participación en sociedades, las personas vinculadas a la empresa y sus bienes personales (tanto propiedades como autos).

-La AFI también se interiorizó, de forma ilegal, en la vida de otro miembro de la SRA que se acreditó para el evento: Raúl Andrés Roccatagliata. Hay capturas de sus apariciones en medios con sus opiniones sobre la coyuntura del sector agropecuario, detalles de su actividad privada como directivo de la SRA y su candidatura a la Junta de Auditores de la OMA. 

- Fernando Javier Bonsangue, de la Asociación de Profesionales por la Nueva Argentina, fue otra de las víctimas. En su caso se hace alusión a una mención en el Boletín Oficial por la constitución de una sociedad, a los datos de la empleada doméstica que trabaja en su domicilio (algo que se repite en otras fichas) e incluye fotografías en el Congreso.

-Gino Baldissare, de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba. Al referirse a sus vínculos familiares, los espías mencionan hasta el haber jubilatorio de la “posible madre” y datos filiatorios del “posible hermano”. Por la misma cámara de Comercio se acreditó al evento Eduardo Raúl Serena, a quien la AFI también le elaboró una ficha.

- María Marta Di Paola, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. En su caso, junto a los datos personas, teléfonos, vínculos, obra social y antecedentes laborales sumaron su situación ante la AFIP.

-María Emilia Berazategui, de Fundación Poder Ciudadano. Además de los datos personales con foto, figuran sus datos laborales (fecha de alta en Poder Ciudadano, inscripción en la categoría del Monotributo, trabajos anteriores, obra social, vínculos familiares), su situación financiera, sus cuentas de emails, capturas de pantalla de su perfil en las redes sociales y menciones en Internet. Por ejemplo, se destaca una nota de opinión publicada en la edición del 14 de julio de 2017 en El Cronista (“El G20 y su impacto en la lucha contra la corrupción” firmada por ella). De Poder Ciudadano también figura Pablo Alejandro Secchi.

-Miguel Ángel Santellán, de la Fundación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios. Además de las generales de la ilegalidad que se repitió en cada una de las fichas, en su caso se precisa el listado de los empleados domésticos registrados con el salario mensual, y en la información familiar se destaca el aspecto laboral, y detallado, de sus hijos. También figuran propiedades a su nombre, situación crediticia, menciones en Internet y noticias sobre su vida sindical.

- José Alberto Robles, del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio – UNTREF. En su ficha se destacan dos menciones en el Boletín Oficial por la constitución de sociedades y capturas de sus redes sociales donde los espías resaltan un posteo en la marcha del “Ni Una Menos”.

- Jorge Eugenio Tuero, de Acercando Naciones Asociación Civil. En su informe, además de datos personales y financieros, hay capturas de su actividad en redes sociales. Por ejemplo, algunas publicaciones de “Ni Una Menos”, otras en contra de Monsanto y sobre Santiago Maldonado. Si bien esto último es público, porque es una “fuente abierta”, está estrictamente vedado que la AFI lo haga sin autorización judicial. Y mucho menos en el marco de una actividad como la de la OMC en la que nada tiene que ver la opinión de un acreditado sobre el caso Maldonado, por ejemplo.

- Nahuel Maisley, del Institute for International Law and Justice. En su ficha figuran sus datos personales con foto (domicilios particular, pasaporte, teléfono celular, vínculos familiares y de su pareja, redes sociales); vínculos societarios, datos laborales, bancos con los que opera y capturas sobre su actividad en redes sociales.

La denuncia

La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, realizó una denuncia el viernes pasado por “producción de inteligencia ilegal” en perjuicio de alrededor de 500 personas, entre quienes figuran periodistas, referentes de organizaciones sociales y políticas, académicos, empresarios e integrantes de diversos organismos de la sociedad civil.

Hay constancia de tareas de inteligencia ilegales sobre 403 periodistas, camarógrafos y fotógrafos que se habían acreditado para cubrir el G20 a finales de 2018. También se encontraron 28 fichas de personas vinculadas al mundo académico y otras 59 adicionales, producidas con motivo de  la 11ª Conferencia Ministerial de la OMC, que se realizó en la Argentina en 2017.

La información fue hallada a fines de enero en una caja fuerte del organismo de inteligencia en tres sobres con las leyendas “2017”, “Periodistas G20” y “Varios”.

¿De dónde surge este material vinculado al evento de la OMC? Según se explica en la denuncia (que investigan el juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscal Paloma Ochoa), “en el mes de junio de 2017, el Ministerio de Seguridad de la Nación elaboró y dio a conocer un documento interno con lineamientos de seguridad en el marco de la XI Conferencia Ministerial de la OMC que se llevaría a cabo en la Ciudad de Buenos Aires entre los días 10 al 13 de diciembre de 2017”. El documento fue calificado como “confidencial”.  “Como anexo del mencionado instrumento, se adjunta otro documento con los ‘Criterios para la acreditación de los medios de comunicación por la OMC en las Conferencias Ministeriales”, se añade en la presentación. Allí se establecen distintos lineamientos que debían ser tenidos en cuenta para el otorgamiento de acreditaciones y figura una ficha con distintos datos solicitados. En el caso del G-20 el proceso de acreditación para la participación del evento fue similar.

Con este marco, la AFI macrista procedió “a ordenar la producción de inteligencia ilegal en relación a periodistas, académicos, organizaciones sociales, partidos políticos, entre otros, vulnerando así los preceptos contenidos en la Ley de Inteligencia Nacional, la Constitución Nacional e incluso también legislación internacional vinculada a la materia”.

Desde la Dirección de Eventos Especiales de la AFI “se procedió a confeccionar las ‘fichas’ de las distintas personas que solicitaban acreditarse a estos eventos internacionales”. “Estas ‘fichas’ eran remitidas a la Dirección Operacional del Área de Contrainteligencia” que luego “procedía a realizar un visado sobre cada una de las fichas y la información allí contenida”.

“A partir de la producción de inteligencia ilegal llevada a cabo por las áreas mencionadas, se negó el acceso a los eventos internacionales mencionados a las personas que subjetiva y arbitrariamente no cumplían con los requisitos políticos, sociales o incluso de vínculos, que desde la Agencia entendían como los correctos para poder asistir a este tipo de eventos”, se especifica en la denuncia.

Caamaño recuerda que esta situación trajo aparejado “innumerables reclamos judiciales por parte de quienes se veían restringidos en el acceso sin entender cuál era el motivo real; incluso se presentaron también reclamos a nivel internacional, generando de esta manera un conflicto diplomático entre nuestro país y los distintos países participantes de estos eventos”.

En la presentación se adjuntó el “Informe sobre inscriptos a la reunión ministerial de la OMC”, calificado como “secreto”, de donde se desprende otra triste novedad: el análisis de inteligencia ilegal efectuado en relación al Transnational Insitute y del Instituto del Mundo del Trabajo “Julio Godio”.

Ninguna de las tareas de inteligencia que se describen fueron ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado. “Sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido, ello con manifiesta connivencia de la autoridad máxima del Ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich”, indica Caamaño.

Por esta razón, en su denuncia, la interventora del organismo de inteligencia requirió la citación a declaración indagatoria del exdirector general de la AFI, Gustavo Arribas; de su segunda, Silvia Majdalani; los agentes involucrados en la maniobra y la del ex presidente Mauricio Macri, “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”.