Ocho diputados opositores rechazaron el proyecto para dar respuesta médica integral al VIH, a las hepatitis virales y a las infecciones de transmisión sexual en la Cámara Baja. Ayer se le dio media sanción a la iniciativa con 241 votos y le dio media sanción. Hay diputados de la Libertad Avanza, Juntos por el Cambio y Avanza Libertad, entre los votos negativos. La propuesta fue promovida por distintas fundaciones y presentada en el recinto por la legisladora Carolina Gaillard (FdT).
Los dos integrantes del bloque libertario de la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei y Victoria Villarruel, votaron en contra. También votaron de manera negativa los representantes libertarios de la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert y Carolina Píparo.
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Y también en el macrismo de Juntos por el Cambio. Si bien la coalición votó mayoritariamente a favor, hubo cuatro diputados que se opusieron: Ricardo López Murphy (CABA), Francisco Sánchez (Neuquén), Paula Omodeo (Tucumán) y Pablo Torello (Buenos Aires).
Los 8 votos en contra a la Ley de VIH José L Espert (AL-PBA), Carolina Píparo (AL-PBA), Javier Milei (LLA-CABA), Victoria Villarruel (LLA-CABA), Ricardo López Murphy (JxC-CABA), Pablo Torello (JxC-PBA), Paula Omodeo (JxC-Tucumán) y Francisco Sánchez (JxC-Neuquén).
El proyecto, que ahora espera su tratamiento en la Cámara Alta para lograr su sanción definitiva, apunta a brindarle un acompañamiento integral a las personas que viven con alguna de estas enfermedades, promueve jornadas de concientización y prohíbe la realización de test de VIH en exámenes preocupacionales. Además, propone la creación de una pensión para personas inmunodeprimidas con necesidades básicas insatisfechas y la creación del Observatorio Nacional de Estigma y Discriminación, dependiente del INADI.
Además, la Cámara de Diputados aprobó la ley para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial. Con promesas de creación de empleo y la generación de un nuevo polo exportador, el texto promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.
El objetivo de la normativa es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis. En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos. El texto fue diseñado en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Productivo está inspirado en ideas plasmadas por la diputada nacional del Frente de Todos Mara Brawer y la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.
Cerca de 50 países cuentan con algún tipo de legalización de su uso medicinal e industrial para este mercado. Israel, Canadá, y Estados Unidos son líderes a nivel global; mientras que en la región avanzan Uruguay y Colombia. Según datos del Ministerio de Desarrollo Productivo, la producción de cannabis medicinal era de 1,4 toneladas en el año 2000, contra 468 toneladas en 2019. Para el mercado internacional, hay U$S 42.700 millones proyectados para 2024, una cifra 10 veces superior a una década atrás.
El mercado internacional del cannabis está creciendo sensiblemente, en la medida que se autoriza su uso para fines médicos y terapéuticos. Argentina cuenta con grandes oportunidades para ser un jugador relevante, por su tradición agropecuaria, su conocimiento científico y tecnológico y sus capacidades productivas. El potencial económico para el desarrollo de la actividad del cannabis medicinal y el cáñamo industrial para el año 2025 se proyecta en 10.000 nuevos empleos (alto porcentaje en Investigación, desarrollo e innovación), U$S 500 millones en ventas al mercado interno anuales y U$S 50 millones de exportación anuales.
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