Vicentin: ideología, Estado y dólares

Antagonizar hace a la esencia del discurso político, que siempre necesita un adversario. Además, definir al adversario unifica a la tropa. No es sólo política, es la historia casi biológica de homo sapiens desde que sus bandas comenzaron a enfrentarse en las llanuras africanas. Lo sucedido a partir de la decisión de intervenir y expropiar Vicentin es un buen ejemplo que, además, es fascinante para el análisis en tanto representa bastante más que mera antagonización.

Apenas un poco de memoria histórica alcanza para recordar que la voluntad de estatizar nunca estuvo en el ADN kirchnerista, movimiento que siempre tomó empresas recién cuando los privados las volvían inviables, desde el Correo, pasando por Aysa a Aerolíneas Argentinas, entre otras. La decisión estratégica sólo primó en el caso de YPF y estuvo vinculada al abastecimiento y el precio de los combustibles, así como a evitar el por entonces potencial desguace de Vaca muerta. Es obvio que si la voluntad estatizadora no estuvo en los “tiempos duros” de CFK, menos lo está en el presente más calmo del Frente de Todos, una administración que, desde su concepción, nunca pretendió gobernar contra el poder económico, sino junto con él.

Tras al anuncio de la intervención y expropiación los medios hegemónicos, que actúan sin mediaciones en representación del poder económico, del que además son parte, salieron con los tapones de punta a unificar el discurso político opositor. No faltó ninguno de los tópicos más habituales, el fantasma de ir hacia ser Venezuela, el riesgo para la propiedad privada, un nuevo comunicado antológico de la Sociedad Rural, las sospechas por el accionar de “La Cámpora” en las sombras y un presunto plan oculto de la vicepresidenta (que encima “no habla”). Hasta se agitó la idea de una nueva 125 y, con escaso éxito, se incito a los sectores medios urbanos a nuevos cacerolazos. 

Los hechos resultan algo distintos. El primero es que la materia prima sobre la cual se intentó asentar el trabajo ideológico no fue precisamente la ideal. Vicentin no es “la gente que trabaja”, como tuiteó un diputado de la UCR, ni defender a sus ex propietarios es “defender lo nuestro” como se concitó a cacerolear. Por el contrario el manejo de la empresa fue un ejemplo cabal de capitalismo de rapiña: relaciones incestuosas con el Estado, amistad directa de sus ex propietarios con el ex presidente Mauricio Macri, incluidos abundantes aportes a las campañas cambiemitas, con el corolario de una deuda de 300 millones de dólares con el Banco Nación, pasivos que, antes o después, darán lugar a problemas judiciales para los ex funcionarios venales, ya que al menos un tercio del dinero fue prestado cuando Cambiemos ya había perdido las elecciones y “el mercado” sabía que la firma había girado hacia la insolvencia.

Para colmo los miles de millones de pesos recibidos del Estado y la pertenencia a uno de los sectores más dinámicos de la economía no evitaron que la empresa se declare en convocatoria de acreedores, lo que en la práctica significó la virtual estafa a miles de productores de todos los tamaños. Esto es así porque existe un detalle fuerte del que ninguna de las partes habla en voz alta: la deuda real de Vicentin con los productores/proveedores seguramente multiplica varias veces a la efectivamente registrada en la convocatoria. No debe olvidarse que el color predominante de la comercialización agropecuaria es el negro, siempre tentador, pero sin cobertura.

Cuando asumió el nuevo gobierno Vicentin quedó en la mira, pero no precisamente para su estatización, sino porque el riego de insolvencia de la firma también suponía un riesgo de solvencia para su principal acreedor, el Banco Nación. Bien lejos del “chavismo” durante meses el gobierno esperó que la empresa encuentre alguna solución “de mercado”, pero ello nunca ocurrió y apareció el riego concreto de una quiebra con la posibilidad de una toma hostil a precio de ganga y su seguro posterior desguace en favor de sus principales competidoras, sin descartar las tajadas que en estos casos suelen llevarse los oportunistas inteligentes. 

Mientras el tiempo transcurría, a las presiones de los acreedores se sumaron las políticas. El corte de pagos de la empresa afectaba más a algunas regiones que otras y aparecieron los gobernadores. La idea de la expropiación comenzó a tomar forma. Los funcionarios del Frente de Todos, algunos más que otros, advirtieron la oportunidad ¿pero exactamente la oportunidad de qué?

Anunciada la intervención se habló de la importancia de que el Estado cuente con una “empresa testigo” en un sector clave de la economía, como es el de la comercialización de cereales, oleaginosas y biocombustibles. YPF es el ejemplo más cercano de los sinergías que pueden lograrse. En términos de flujo de información sectorial, e incluso para la formación de cuadros técnicos estatales, no es lo mismo contar, por ejemplo, con los directores por Anses, que controlar una empresa clave del sector que se quiere monitorear.

Debe considerarse que no existen ejemplos de procesos de desarrollo sin que los Estados intervengan de manera decidida en los sectores que se busca impulsar y que una buena manera de hacerlo es a través de una empresa testigo. Sin embargo, el sector donde opera Vicentin es uno ya desarrollado. Lo que en realidad importa, además del acceso pleno a la información sectorial, es otra cosa. Las exportadoras de cereales y oleaginosas tienen en la economía local otro poder que es el que más le interesa a la actual administración: la liquidación de las divisas de exportación que, a su vez, influye sobre el nivel del tipo de cambio. Vicentin representa “sólo” alrededor del 10 por ciento de este mercado, pero el gobierno mantiene buenas relaciones con otras firmas que apoyaron la intervención, como es el caso de Molinos y Aceitera General Deheza, más los cooperativistas de ACA. 

Si bien la intervención de la empresa recién comienza y todavía falta la elaboración del informe que describirá su verdadero cuadro de situación, el esquema que imagina el gobierno no es la reprivatización, sino que el Estado conserve el 51 por ciento de las acciones y que del resto participen quizá alguna provincia, cooperativas y muchos productores que tendrán la posibilidad de capitalizar acreencias. Pero el objetivo principal, además de mejorar la información sobre las principales exportaciones, es contar con más instrumentos para lograr una mayor estabilidad del mercado cambiario. Son dos cuestiones que alteran, de fondo, el statu quo de las relaciones de poder económico en favor del Estado, lo que a su vez es na explicación simple de la furia opositora.