Nuevo juicio por el caso AMIA, entre la esperanza y la sospecha

El 6 de agosto pasado comenzó el esperado juicio por el encubrimiento del atentando a la AMIAocurrido en 1994. En estos 21 años no hemos tenido ningún condenado y es poco lo que se sabe sobre los perpetradores. Argentina acusó al gobierno de Irán sobre la base de la investigación del fiscal Nisman, totalmente apoyada en reportes de inteligencia provistos por la CIA que difícilmente pasarían la prueba de un proceso judicial en regla. De cualquier manera los acusados iraníes se negaron a someterse a proceso, por lo que el juicio sobre la autoría del atentado quedó en un atolladero muy conveniente para todas las partes que buscaron utilizar políticamente la investigación. Al estado argentino le permite sostener que identificó a los responsables, aunque no pueda castigarlos. Para EEUU, Israel y sus asociados locales, que no se sustancie el juicio es incluso preferible, toda vez que permite culpar a Irán sin necesidad de probarlo en los estrados.

En este callejón sin salida, este nuevo juicio –no por el hecho de la voladura en sí, sino por el encubrimiento de sus autores– parecería ofrecer al menos la posibilidad de conocer y condenar a algunos de los responsables de que la investigación terminara en el fracaso colosal en el que terminó. La acusación apunta, entre otros, a Carlos Menem, a algunos de sus funcionarios de inteligencia y policía, al ex juez Galeano y a otros miembros del poder judicial. Las evidencias indican que contribuyeron a la impunidad al menos de dos maneras. Primero, presionando para que se abandonara la famosa "pista siria", que comprometía al gobierno de ese país –que había financiado la campaña de Menem y tenía buenos motivos para sentirse defraudado por las políticas que él tomó al asumir el gobierno– y al ciudadano argentino de origen sirio Alberto KanooreEdul, que tuvo contactos con Carlos Telledín, vendedor de la camioneta utilizada en el atentado. Galeano había apuntado inicialmente a Kanoore, pero lo "olvidó" rápidamente por intervención de la familia Menem. En segundo lugar, Menem, Galeano y varios funcionarios del poder ejecutivo y judicial conspiraron para inventar una "conexión local" falsa, de modo de satisfacer las demandas de justicia y desviar la investigación sobre los verdaderos culpables. Se ofreció dinero a Telleldín para que inculpara a un grupo de policías bonaerenses, negociación que llevó adelante el propio juez Galeano. Así, en 1999 los tres fiscales a cargo de la investigación acusaron formalmente a los policías sabiendo fehacientemente que no tenían nada que ver. Dos de esos fiscales –Eamon Mullen and José Barbaccia– están ahora en el banquillo de los acusados. El tercero está muerto y no es otro que Alberto Nisman.

Sabemos todo esto gracias a que un empleado del juzgado de Galeano, Claudio Lifschitz, se decidió a hacer una denuncia pública en el año 2000. Sus revelaciones de entonces incluyeron otro hecho incómodo: Rubén Beraja también era parte del complot. Como presidente de la DAIA –una institución que desde hace tiempo está más enfocada en atender las necesidades del estado de Israel que las de los judíos argentinos– Beraja ofreció apoyo político para la maniobra y se habría reunido personalmente con algunos de sus arquitectos. Por otra parte, al menos algunos de los miembros de la Comisión bicameral de seguimiento de la causa AMIA también habrían estado al tanto del pago a Telleldín y mantuvieron silencio. En síntesis, los tres poderes del estado y la representación política de la colectividad judía participaron en las maniobras de encubrimiento.

En 2003 Galeano fue finalmente apartado de sus funciones y al año siguiente la causa por la falsa "conexión local" fue demolida en tribunales. Los jueces ordenaron una nueva investigación, que es la que hoy comienza a juzgarse. Los querellantes esta vez son el estado argentino, la DAIA, los policías injustamente acusados por Galeano y las tres asociaciones que hoy representan a los familiares de las víctimas del atentado. Las autoridades actuales de la DAIA se han negado a reconocer que su ex presidente estuviera involucrado, pero la totalidad de las entidades de familiares consideran que fue responsable. De hecho hubo alguna discusión sobre el derecho de DAIA y del estado nacional de ser querellantes, siendo que están al mismo tiempo sentados en el banquillo de los acusados. Es cierto que las autoridades actuales no son las de antaño, pero también es verdad que los funcionarios sindicados mantienen importantes influencias en el poder judicial y en el legislativo.

Si hubiera condenas, podrían ir entre los tres y los 15 años de prisión. Pero no es evidente que se llegue a un final feliz. Hay buenos motivos para temer que este juicio conduzca a otra decepción. En una decisión que hoy resulta incomprensible, luego del escándalo de 2004 la investigación del caso AMIA fue dejada en manos de Nisman, quien fue partícipe necesario del encubrimiento. Como fiscal, fue él quien preparó el caso contra los acusados de hoy. Del modo en que lo hizo, la acusación no implica haber participado de alguna forma en el atentado en sí mismo, sino simplemente haber cometido una serie de "irregularidades" en la investigación posterior. Así, los acusados no son considerados parte de un plan criminal orquestado por el estado, sino meros individuos operando para "reorientar" una investigación. Los delitos concretos de los que se los acusa son cosas tales como presionar indebidamente a funcionarios, ofrecer sobornos, compartir información sensible con sospechosos, etc. Como han pasado ya 21 años, algunas de estas conductas, incluso si se logran probar en los estrados, podrían ser consideradas prescriptas.

Las asociaciones de familiares de la AMIA –las únicas voces confiables en este entuerto– son conscientes de esta posibilidad. Los más optimistas creen que podría llegarse a condenas efectivas. Otros dudan de que esto vaya a suceder, pero de todos modos tienen expectativas en que el juicio podría, al menos, revelar algo más sobre los autores del atentado. Los más pesimistas no se hacen expectativas en ninguno de los dos sentidos. Consideran que el juicio es una estratagema más para saciar las demandas sociales de justicia sin reconocer un hecho de base: que el estado argentino en sus tres poderes fue partícipe de un plan criminal de encubrimiento relacionado con la propia voladura.

Será un largo juicio, sin dudas, al que asistiremos, como decía Gramsci, con el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad.