La Gendarmería informó que las tareas de investigación en busca de oficinas donde presuntamente se hacía espionaje dieron "resultado negativo". De esta manera pierde sustento la denuncia de Patricia Bullrich y Laura Alonso en la que argumentaban que existía una estructura destinada a espiar a políticos, periodistas y famosos.
Gendarmería adelantó al juzgado de Sebastián Casanello que no habían encontrado nada en la esquina de San Juan y Entre Ríos, como indicaron las funcionarias macristas. Allí se les encomendó que fueran, la medianoche del día que se hizo la denuncia, para corroborar "la existencia de algún edificio donde se estarían llevando adelante maniobras de inteligencia".
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También la Agencia Federal de Inteligencia dijo que ni en esa esquina "ni en sus adyacencias" funcionan dependencias suyas, y del Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones (Dicom), la oficina de la Procuración que ahora se encarga de las escuchas.
Además, en los informes que de la AFI surge que de las 202 personas que aparecen en la lista que presentó PRO, ninguna está siendo objeto de intervenciones telefónicas judiciales, pero hay seis a las que sí se las escuchó hace algunos años. Ellos son Juan Bautista Yofre, Pablo Carpintero, Héctor Alderete, Néstor Ick, Daniel Reimundes y Esteban Velázquez. Fueron escuchados por orden del juzgado federal de San Isidro de Sandra Arroyo Salgado, la ex mujer de Alberto Nisman.
La futura titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, no contestó un pliego de preguntas que le formuló el juez para que amplíe la denuncia que hizo semanas atrás junto a su par.
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