Hace mil noventa y cinco días que Cristina Bautista no sabe nada del paradero de su hijo. “El único enemigo que tenemos es el gobierno mexicano porque es el responsable de todas las desapariciones forzadas en nuestro país”, dice al ser consultada por Nodalsobre la situación actual en México. Sus palabras cuentan con el sostén de la experiencia que la llevó a buscarlo y a encontrarse con otras historias: es la madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, todos ellos víctimas de desaparición forzada.
En la noche del 26 de septiembre de 2014, policías federales y municipales de Iguala, estado de Guerrero, detuvieron y atacaron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que se dirigían en autobuses a la capital mexicana a conmemorar la masacre de Tlatelolco, ocurrida en 1968. La represión dejó, además de los desaparecidos, a seis personas asesinadas.
Según la investigación oficial de la Procuraduría General de la República (PGR) -que es conocida como la “verdad histórica”- una vez que los agentes los interceptaron, los normalistas fueron entregados al cartel Guerreros Unidos, quienes los habrían quemado en el basurero de Cocula, Guerrero.
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Sin embargo, desde el Mecanismo de Seguimiento del asunto Ayotzinapa, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la información de las líneas telefónicas da la “certeza de que los teléfonos y chips de los normalistas fueron utilizados tiempo después de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014”, lo que corrobora que hay pruebas suficientes para descartar la versión oficial.
En esa misma línea, la CIDH, las y los familiares y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señalan que también podrían haber participado efectivos policiales de Huitzuco e integrantes del 27 batallón de infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional –el Ejército- que aún no han sido debidamente investigados.
La entrevista completa en NODAL.AM
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