Como en un juego de ajedrez, el macrismo acomoda sus fichas en el Poder Judicial. Ahora, el Gobierno porteño propuso a Santiago Otamendi para cubrir una de las dos vacantes del Tribunal Superior de Justicia. Se trata de una figura íntimamente ligada al ministro de Justicia, Germán Garavano, y fuertemente vinculada a Cambiemos, ya que incluso realizó timbreos junto a los funcionarios del oficialismo.
Además de remarcar su falta de formación para ocupar un cargo similar al de un juez de la Corte Suprema, en las impugnaciones contra su persona fue señalado como uno de los partícipes de la maniobra del Ejecutivo para encubrir la responsabilidad de dos ex fiscales de la causa AMIA, acusados de desviar la investigación.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Desde el Ministerio de Justicia de la Ciudad manifestaron a El Destape que Otamendi "reúne sobradamente los requisitos profesionales y académicos necesarios para ser propuesto como miembro del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Las fuentes del organismo consultadas subrayaron la experiencia de Otamendi como Juez de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteño (cargo actualmente en uso de licencia); Secretario General de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos; Consejero en el Consejo de la Magistratura; Presidente, Vicepresidente y, actualmente, miembro del Comité Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera, además de ser Secretario de Justicia de Nación. Además, desde la cartera porteña destacaron "su experiencia académica en altas casas de estudio a nivel nacional e internacional" y una "sobrada aptitud profesional y personal".
El TSJ es el máximo órgano de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, el que tiene la última decisión sobre todas las causas que se tramitan en ese ámbito y quien ocupe uno de los cinco lugares codiciados – hoy sólo hay tres miembros – tendrá un cargo vitalicio, por lo que los y las designados deben tener formación y trayectoria aptas para tal cargo. Uno de los requisitos fundamentales es la independencia para poder ejercer el rol de imparcialidad.
Otamendi es Secretario de Justicia de la Nación, un cargo público de designación política y que forma parte del espacio político que se encuentra en el Gobierno, tal como detallaron en su impugnación la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Este íntimo vínculo con el Gobierno “puede condicionar su accionar en el ejercicio de su cargo”, agregaron.
Pero Otamendi es una persona con vínculos muy cercanos con Germán Garavano. En sus redes sociales comparte las publicaciones, actos y anuncios del ministro de Justicia, algo que podría justificarse por la pertenencia al mismo Ministerio. Sin embargo, los antecedentes dan cuenta de su relación: en 2002 y 2003 fue socio del Ministro de Justicia en la consultora Garavano, Otamendi y Asoc. como abogados, socio consultor tiempo parcial, según consta en el currículum vitae del primero. Es decir, además de compartir funciones públicas, Garavano y Otamendi también fueron socios en el ámbito privado hace 16 años.
Además, de aprobarse su pliego, podría generarse una situación problemática entre el TSJ y el Ministerio Público Fiscal porteño. Para ocupar el cargo de fiscal general, como ya informó El Destape, el oficialismo porteño postuló a Juan Bautista Mahiques, con tres puestos políticos en la actualidad. Uno de ellos es ser Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, que depende de la Secretaría de Justicia que hoy está bajo el mando de Otamendi. De avanzar ambas postulaciones, este último podría convertirse en uno de los jueces ante los que el consejero debería litigar.
Pero más allá de sus conexiones con el Poder Ejecutivo y sus vínculos con un alto funcionario, desde los organismos destacaron que Otamendi “no cuenta con los antecedentes de formación académica y trayectoria profesional necesarios para ocupar el cargo de mayor relevancia en la estructura judicial” porteña.
Además de ser Secretario de Justicia nacional, Otamendi es juez de primera instancia en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 27, donde “se encuentra en uso de licencia”, sostuvieron los organismos en la impugnación y detallaron: “Compitió en el Concurso 6/99 que estaba destinado a cubrir 38 vacantes de juez de primera instancia. Si bien el postulante resultó seleccionado, se ubicó en la posición 33 del orden de mérito”.
Desde Memoria Activa también lo impugnaron pero por carecer “de idoneidad moral” para ocupar el cargo porque “tuvo participación directa en la escandalosa maniobra que se llevó a cabo desde” el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos “para encubrir la responsabilidad de los ex fiscales de la causa AMIA, Eamon Mullen y José Barbaccia, acusados de desviar la investigación del atentado terrorista” ocurrido el 18 de julio de 1994.
En esta línea, recordaron que a comienzos del año pasado, días antes de la lectura del alegato de la querella estatal, Otamendi se la pidió de urgencia a Mario Cimadevilla, titular de la Unidad AMIA y horas antes de la presentación cambió al abogado que lo leería y designó a otro que “defendió sin argumento” la función de ambos fiscales y “pidió su absolución”, algo que “contradijo de manera burda la posición histórica” de los querellantes que iban a pedir ocho años de prisión.
En el juicio por encubrimiento del atentado, el fiscal ad-hoc Miguel Yivoff consideró acreditada la coacción a Miriam Salinas para que declare en calidad de testigo de identidad reservada y brinde datos para incriminar a Carlos Telleldín en la causa y describió el derrotero que se siguió en la causa hasta detener a Salinas sin motivo alguno y luego, bajo la amenaza de imputarla a ella y a su pareja como partícipes en el atentado, obligarla a declarar en calidad de testigo de identidad reservada.
La Unidad Fiscal consideró al ex juez Juan José Galeano como autor del delito de coacción, y a los entonces fiscales como partícipes necesarios del mismo delito. Sobre ellos, señalaron que “no tuvieron una actitud pasiva” ante lo que estaba ocurriendo con Salinas, sino que “no controlaron la legalidad” y “participaron activamente en la maniobra". Al respecto, Yivoff señaló que un tramo de la declaración de Salinas fue en sede de la fiscalía, donde se instaló una cámara oculta, tal como describió la web del Ministerio Público Fiscal en 2017.
Si bien el tribunal del juicio por el encubrimiento condenó a los fiscales a dos años de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionario público, desde Memoria Activa destacaron que esto dejó en evidencia que Garavano y Otamendi “carecían de buenos motivos para pedir la absolución de los acusados, como lo hicieron”.
LEER MÁS: Piden la renuncia de Garavano por el apriete a Rozanski
Cerrar sesión