El Gobierno busca el regreso de las offshores a la Argentina. Para esto, la Inspección General de Justicia (IGJ) contrató a tres abogados comerciales para que desarmen las más importantes resoluciones creadas entre 2003 y 2015, como la prohibición de sociedades fantasmas y la protección de terceros. Ninguno trabaja en el Estado ni fue designado dentro del organismo, pero deciden el futuro de las compañías argentinas.
En estricto secreto y sin ningún decreto que los designe, Alfredo Rovira, Rafael Manóvil y Guillermo Ragazzi se reúnen una vez por semana en el sexto piso de Paseo Colón 285, pudo corroborar El Destape a través de dos fuentes que exigieron anonimato. Voceros oficiales del Ministerio de Justicia consultados por este medio confirmaron el trabajo de estos especialistas, convocados ad-honorem por el inspector general, Sergio Brodsky, “por ser gente muy renombrada en derecho comercial”.
El primer paso que tomarán será permitir la creación de SRL en 24 horas, lo que impedirá el control exhaustivo que debe realizarles el ente y abre la puerta para la inscripción de empresas fantasmas. El régimen llamado “registro buzón” es el más común entre los paraísos fiscales.
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El boceto de las sociedades anónimas simplificadas (SAS) ya se encuentra en la última instancia de revisión, en manos de la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Pablo Clusellas, por lo que será publicado en el Boletín Oficial en los próximos días.
El principal drama de las SAS trascenderá ante eventuales quiebras o incidentes. Es que el control previo a la inscripción de las sociedades es fundamental para evitar futuros pleitos. Si la compañía funde y no tiene un capital acorde, por ejemplo, los empleados no tendrán a quien reclamarle. Situación similar podría darse ante un eventual accidente de tránsito con un vehículo corporativo, donde los damnificados podrían reclamar indemnización sólo después de interminables juicios, ya que esconder el dinero de los verdaderos propietarios está a la orden del día en este tipo de estructuras empresarias.
Sin embargo, fuentes que entienden la agenda de la comisión revelaron a El Destape que su trabajo no se limitará a desregular la creación de sociedades, sino que su principal objetivo será derogar la Resolución 7/2005, lo que no fue desmentido de forma oficial en la cartera de Germán Garavano, última responsable del organismo descentralizado. Esta norma, considerada la “madre” de todas las de la IGJ, regula tanto las intervenciones del ente, como el control de las compañías y, más importante aún, prohíbe la inscripción de offshores y restringe las actividades de empresas extranjeras en la Argentina.
Los únicos beneficiados con estas modificaciones serán los empresarios y quienes cuenten con el dinero para valerse de offshores para ocultar su patrimonio o su actuación. De un día para otro podrán crear una sociedad nacional con un capital que no alcance siquiera para los gastos de constitución. Perjudicados resultarán los demás, ya que deberán tener respaldo monetario para reclamar en la Justicia que detrás de una sociedad de una guarida o la misma Argentina está el verdadero responsable de un eventual problema laboral o societario.
De las compañías en guaridas fiscales es imposible conocer quiénes son los socios o accionistas, cuentan con acciones al portador, un capital totalmente inadecuado y un objeto extensivo a toda actividad. Por eso, el artículo 193 de aquella resolución versa: “La Inspección General de Justicia no inscribirá (…) a sociedades ‘off shore’ provenientes de jurisdicciones de ese carácter. Dichas sociedades, para desarrollar actividades destinadas al cumplimiento de su objeto y/o para constituir o tomar participación en otras sociedades, deben con carácter previo adecuarse íntegramente a la legislación argentina”.
“Antes de esta resolución, las grandes corporaciones se hacían un picnic en el país”, graficó el ex inspector general Rodolfo Tailhade. “Fue un importantísimo hito contar con este manual para darle un freno a las offshores. Están prohibidas desde 2005 gracias al trabajo de Ricardo Nissen”, explicó el ahora diputado nacional sobre quien fue titular de la IGJ en ese año.
Tailhade no se sorprendió al enterarse por la consulta de este medio de esta comisión “porque desde el primer momento de la gestión de Cambiemos desembarcaron en la IGJ los grandes estudios de abogados”. La enérgica resistencia a la legislación contra las guaridas cedió con la tragedia de Cromañón, ya que los dueños poseían al boliche a través de una offshore uruguaya. Finalmente se consiguió sancionar la medida casi un año después, que fue reforzada con la Resolución 7/2015.
Brodsky fue denunciado el año pasado ante la Justicia por el Centro de Estudios para la Transparencia (CEPTRA) por dictar la Resolución 6/2016, con la que derogó artículos de normativas previas para beneficiar personalmente a Mauricio Macri antes de que decida crear el “fideicomiso ciego” en el que poner una porción de sus ahorros.
La comisión para la vuelta de las offshores
La IGJ contrató ad-honorem a tres destacados conocedores del derecho comercial, que pueden llevar a cabo la tarea de dar de baja la prohibición de las offshores en la Argentina, aunque nunca los nombró en el Boletín Oficial.
Rovira es un abogado de carrera, fundador del estudio homónimo, pero con algunos antecedentes académicos negativos, según pudo saber este medio. Manóvil fue socio del estudio M&M Bomchil. Si bien ellos participaron en muchos litigios societarios, hasta ahora ninguno se había desempeñado dentro de la IGJ.
Ragazzi, en cambio, fue titular de la Inspección en dos períodos: 1981-1986 y 2000-2003. Esas fueron épocas del auge de las guaridas fiscales, que sirvieron para evadir, lavar y ocultar dinero en la Argentina y el mundo. Los tres destacados ya trabajaron juntos. En 1973 escribieron junto a Enrique Zaldívar “Cuadernos de Derecho Societario”, un importante libro jurídico.
A raíz de la restricción de las sociedades creadas en guaridas fiscales, la Argentina comenzó a combatir las nuevas formas del lavado de dinero. La Justicia confirmó el año pasado el dictamen de la fiscal general Gabriela Boquin en el que explica que las offshores "constituyen verdaderas herramientas para el ilícito, para cuya conformación sus motivaciones conllevan casi siempre algún grado de ilicitud". El escrito fue sobre la quiebra de Petroex Uruguay SA, que llevó la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
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La idea de una “comisión de expertos” que funcione en secreto tiene una operatoria similar a la creada por el Ministerio de Trabajo para reescribir el código de seguridad social, pero esta vez sin decreto alguno que los designe. Allí tres abogados fueron convocados para elevar la edad jubilatoria y darle un apoyo legal a la vuelta de las AFJP para masificar la capitalización mixta.
Las offshores ligadas al Presidente
Mauricio Macri puede ser uno de los beneficiarios directos de la modificación de la Resolución 7/2005, ya que está vinculado a 50 sociedades en guaridas fiscales y varias de ellas aún se mantienen activas. Las más importantes y todavía opertativas son Kagemusha SA, Danae Alliance Company SA, Atoll Services Group Inc, Aspent Portfolio SA, Pymore Ventures Holding SA y Orion Alliance Corporation SA.
La causa penal del Presidente aún se mantiene en la Justicia federal penal, a la espera de que la Cámara de Apelaciones decida si quedará en manos del juez Sebastián Casanello o se disolverá entre los fueros Penal Económico y Penal ordinario.
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