La marcha universitaria de abril pasado fue considerada una de las movilizaciones más grandes de los últimos años e impactó en un gobierno que creía tener el puso social bajo control. La reedición de esa marcha prevista para el próximo miércoles 2 de octubre -a la que adhirieron partidos políticos, centrales obreras y organizaciones sociales- promete sumar postales de descontento a la gestión de Javier Milei, que viene en caída libre en las encuestas y huérfana de buenas noticias para ofrecer. Por eso, el Gobierno cambió de estrategia y le ofreció un aumento salarial a los docentes universitarios aunque muy lejos de sus reclamos. Por otro lado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, convocó para el lunes a la conducción de la CGT, que ya anunció que se sumará a la movilización y aún no expresó su posición respecto al paro general que están proponiendo los gremios del transporte para el 17 de octubre, con el conflicto por Aerolíneas Argentinas como telón de fondo.
Aquella movilización en defensa de la educación pública conmovió no sólo a la Casa Rosada sino a la clase política en general, que se vio superada por la reacción popular. El oficalismo y la oposición dialoguista buscaron enfriar todo lo posible la situación en el Congreso y estiraron al máximo el tratamiento de la ley de Financiamiento Universitario que recién fue votada por el Senado diez días atrás. La norma establece la actualización de partidas, además de permitir el reajuste mensual de los salarios de trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes por inflación, con retroactividad a diciembre pasado. Actualmente, los salarios no alcanzan a cubrir las necesidades básicas. Pero desde el Ejecutivo ya anticiparon que vetarán la ley, igual que lo hicieron con la movilidad jubilatoria. Como respuesta, los gremios convocaron a una gran marcha federal universitaria contra el veto.
"El gran problema hoy es salarial", explicó el secretario general de Fedun, Daniel Ricci, en diálogo con El Destape Radio. A días de la marcha, los gremios universitarios fueron convocados por el ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello para ofrecerles un 5,8% de aumento para octubre que se sumaría al 1% que estaba pautado -6,8% en total- cuando vienen reclamando por una pérdida salarial de más del 60% en nueve meses. Para los trabajadores resultó insólito y una falta de respeto, dada la abismal diferencia con lo que vienen reclamando. Sin embargo, Capital Humano emitió un comunicado calificando el ofrecimiento como un aumento "extraordinario" y "sin precedentes". Quedó clara la estrategia de buscar demonizar a los sindicatos, como vienen haciendo en el caso de Aerolíneas, detrás de la idea de supuestas exigencias por encima de lo normal.
La otra pata de la estrategia oficial pasa por buscar consolidar su canal de diálogo con la conducción de la CGT, a quien Francos citó para este lunes, poco antes de la movilización. El encuentro será luego de la publicación de la reglamentación de la reforma laboral incluida en la ley Bases, fruto de conversaciones extraoficiales entre la cúpula de la central y funcionarios como Francos, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el secretario de Trabajo Julio Cordero y el asesor Santiago Caputo. En virtud de esos diálogos, quedó sin tocar la consideración de los bloqueos de empresas como grave injuria laboral y motivo de despido directo sin derecho a indemnización. El Gobierno ahora buscará prolongar los entendimientos con la cúpula cegetista, en momentos en los que tiene abiertos varios frentes.
De hecho, la conducción de la CGT que encabezan Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano viene de estar con el papa Francisco en el Vaticano, quien luego se despachó con una serie de críticas muy duras a la gestión de Milei y a la represión a los jubilados. También llegó a su punto más álgido el enfrentamiento de los gremios aeronáuticos con el Gobierno, que mantiene la amenaza de concesionar o incluso cerrar Aerolíneas Argentinas por las protestas. Los gremios del transporte se solidarizaron con los aeronáuticos y crearon una mesa nacional del transporte que este jueves tuvo su segunda reunión y analizaron la posibilidad de convocar a un paro para el 17 de octubre.
Será otra de las movidas que el Ejecutivo buscará desactivar en el encuentro con la CGT del lunes. En principio, Pablo Moyano no asistiría dado que ya avisó que con este gobierno no tenía nada que dialogar. Junto a Daer y Acuña se sentarían Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, José Luis Lingeri, Jorge Sola y Sergio Romero. Un gesto de Francos con los popes sindicales fue desactivar en Diputados la discusión del proyecto de democracia sindical que se venía discutiendo en comisión con un acuerdo del PRO, la UCR y la Coalición Cívica. En la última reunión, cuando se iba a emitir dictamen, La Libertad Avanza avisó que no asistiría y dejó a la sesión sin quórum.
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