Según datos del último censo, en una década la fecundidad adolescente descendió más del 50%, de 13,1% de los nacimientos anuales en 2010, a 6,4% en 2022. Para los especialistas, ese avance se logró gracias a leyes de prevención que otorgan acceso a métodos anticonceptivos, a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y, eminentemente, a un programa puesto en marcha durante la presidencia de Mauricio Macri, que continuó durante la de Alberto Fernández: el ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia), que ofreció asesoramiento y educación sexual integral (ESI) en escuelas y centros comunitarios. Pero, como ocurrió en otras áreas del Estado, en abril el programa se desarticuló. Se le recortó el presupuesto en un 70%, se desvinculó a 619 agentes de todo el país y se interrumpió la compra de insumos. Ahora temen que estas medidas provoquen un lamentable retroceso.
Se calcula que en la Argentina más de 40.000 chicas de entre 15 y 19 años se convierten en madres cada año; la mayoría, sin quererlo. Esto tiene un impacto insoslayable en sus vidas, y no precisamente positivo: la mayoría interrumpe su escolaridad y ve disminuidas sus posibilidades de inserción laboral, advierte la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) en un reciente comunicado. Entre las medidas que promovieron el descenso de la fecundidad adolescente, los especialistas destacan en especial el “implante subdérmico” (anticonceptivo de larga duración que se aplica debajo de la piel) que las protege durante cuatro años, y el uso del misoprostol, que permite realizar abortos seguros, dentro de un protocolo de atención médica y psicológica.
El embarazo adolescente implica un cambio total en sus vidas, subraya Carina Facchini, especialista en adolescencia de la Sociedad Argentina de Pediatría y médica de atención primaria en un centro de salud del gobierno de la Ciudad en La Boca.“En las menores de 15, el riesgo es alto –destaca–, tanto para la niña como para el bebé por nacer. Además, hay que pensar que ese momento de la vida es para otras cosas: para estudiar, para hacer actividad física, para estar con amigos. Muchas veces eligen continuar con esos embarazos y se las acompaña. Si están contenidas por el sistema de salud y por la escuela, muchas veces logran sostener esa maternidad. En ese caso, lo que hacemos es darles turnos más amplios para que cuando vienen al control de salud de ese bebé, también las controlamos a ellas y a sus parejas, porque siguen siendo adolescentes. Y nos pasó que a esos bebitos, cuando son adolescentes, los seguimos atendiendo”.
Para Natalia Haag, jefa de Prevención y Testeo de Aids Healthcare Foundation Argentina (AHF), “el descenso se debe principalmente a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, porque cuando se analiza el uso de preservativo, no se advierte que la educación sexual integral haya tenido tanto impacto. En un relevamiento de datos de 2023 y 2024 reunidos en los dos centros que tenemos en Buenos Aires y Rosario, entre adolescentes y jóvenes de 14 a 24 años, constatamos que solo el 20% lo utiliza siempre, una cifra muy baja. Si la ESI se implementara correctamente, quizás podríamos hablar de otros porcentajes y los chicos comenzarían su vida sexual utilizando preservativo”.
La baja adopción del preservativo también alimenta otras inquietudes, ya que se observa un notorio crecimiento en la incidencia de infecciones de transmisión sexual (ITS). “En las chicas, la principal preocupación es quedar embarazada y no piensan tanto en su salud –cuenta Haag–. Se usan más métodos anticonceptivos, disminuyen los embarazos, pero aumentan las ITS. Se difundió la falsa idea de que la ESI se dedica a enseñarles a tener relaciones sexuales, y en realidad es algo mucho más amplio, tiene que ver con la higiene, con la prevención de violencias y abusos… Recibirla es un derecho de los estudiantes, pero a veces se entiende mal a qué apunta”.
La posibilidad de que se interrumpa la distribución de preservativos o se discontinúe la provisión de métodos anticonceptivos es otro motivo de alarma. “Lo vimos en la pandemia, cuando solo estaban en hospitales y centros de salud –dice Haag–. En ese momento empezó a caer su uso por no tenerlos al alcance de la mano. Ahora están un poco limitadas las compras, y en muchos hospitales y centros de salud ya no tienen. El panorama no es alentador. Si no se ponen en práctica las políticas públicas correctas, estos números van a ir en aumento”.
En las encuestas de AHF, los jóvenes refieren que no usan preservativo por tres motivos principales. Uno es la falta de acceso, otro es el costo y el tercero tiene que ver con prejuicios de género. “Lo que sucede muchas veces es que las mujeres creen que su pareja puede ‘pensar mal’ si le piden que lo utilice, que no solamente es para cuidarse ambos y disfrutar la sexualidad más saludablemente –comenta Haag–. Y por supuesto, en situación de crisis económica, empieza a haber prioridades, con lo que quizás el preservativo queda por debajo de los alimentos. Algo que no es muy conocido es que, por la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, las obras sociales y las prepagas tienen que proporcionarlos en forma gratuita (hasta 30 por mes), lo mismo que los anticonceptivos”.
“Lo que más costaba era disminuir los embarazos en menores de 15, en general atribuibles a situaciones de abuso –concluye Facchini–. A partir del plan comienzan a bajar las cifras, gracias a un inmenso trabajo que se hizo a partir de asesorías que se instalaban en las escuelas y en espacios comunitarios donde se promovía la educación sexual integral, la oferta de métodos anticonceptivos, sobre todo los de larga duración y el contacto con el sistema de salud. Además, el acceso a la interrupción legal del embarazo. Si no se garantizan estos derechos, el impacto no lo vamos a ver ahora, sino en los próximos años. Es fundamental que los chicos puedan tener un turno, un control de salud, que podamos trabajar con las escuelas”.
Según un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Estado invierte unos doscientos millones de dólares para afrontar los costos asociados con la atención de embarazos y partos en adolescentes, mientras el Plan ENIA exigía menos de 18 millones.
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