El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, calificó hoy como "una experiencia horrible" la compra de las pistolas eléctricas Taser para la Policía Metropolitana, autorizada ayer por el Tribunal Superior de Justicia porteño, y consideró que para el jefe de Gobierno, "Mauricio Macri, será un placer ver un tipo revolcándose en el piso torturado por tan solo asistir a una manifestación".
"No estamos en absoluto de acuerdo con esa visión respecto de la tarea para ordenar las cosas que están sucediendo en las calles, y se puede hacer sin sangre y sin heridos", manifestó el funcionario nacional en declaraciones formuladas esta mañana en el ingreso a Casa de Gobierno.
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Ayer el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño habilitó a la Policía Metropolitana a usar las pistolas no letales Taser, lo que había sido frenado en primera y segunda instancia por una demanda de un actual funcionario de Ministerio de Justicia kirchnerista, se informó hoy oficialmente.
Las pistolas Taser producen una descarga de 50 mil voltios durante cinco segundos, a través del disparo de arpones unidos al arma con filamentos electroconductores.
En 2009 el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, impulsó un pliego para adquirir ese tipo de armas.
Carlos Pisoni, miembro de la agrupación HIJOS y después nombrado subsecretario de Promoción de los Derechos Humanos nacional, presentó entonces una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad para impedir la utilización de esas armas por entender que se trataban de un "elemento de tortura".
La jueza Andrea Danas hizo lugar al planteo en base a antecedentes de la Convención contra la Tortura adoptada por el Asamblea General de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que recomendaba no utilizar ese armamento por considerar que podía llevar a la muerte.
Luego, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario local avaló esa resolución: ordenó que "se impidiese a la Policía Metropolitana el uso de esas armas por considerarlas un elemento de tortura", en base a "los derechos a la vida, integridad física, a la salud" y a la "seguridad pública" que el demandante invocó.
El Gobierno de Macri insistió ante el máximo tribunal porteño y ahora, en un fallo al que accedió DyN, el TSJ revocó las decisiones judiciales previas, entendió que "el demandante carece de un derecho para cuestionar la licitación destinada a la compra de las mencionadas armas" y señaló que "los planteos resultaban conjeturales e hipotéticos".
El fallo fue firmado por los jueces jueces Luis Lozano, Inés Weinberg, Ana María Conde y José Osvaldo Casás, con la disidencia de Alicia Ruiz.
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