El gobierno de Honduras, presidido por la izquierdista Xiomara Castro, informó que intervino una empresa privada de generación eléctrica en una pequeña isla turística del Caribe, alegando ineficiencia y que no dispone de licencia de operación, en una acción calificada como confiscatoria por la compañía.
La empresa Bonacco Electric Company (BELCO) opera desde hace 38 años en la isla de Guanaja, ubicada en el paradisíaco departamento de Islas de la Bahía de la costa Atlántica hondureña. En la isla hay unos 6.000 hogares repartidos en una superficie de unos 57 kilómetros cuadrados de superficie.
"Existen suficientes evidencias constatadas por la CREE (Comisión Reguladora de Energía Eléctrica) sobre la deficiente prestación del servicio eléctrico por parte de BELCO", dijo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en un comunicado difundido la noche del jueves en la red social X.
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Por su parte, la compañía señaló en un comunicado que "lamenta y denuncia las acciones del gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya al realizar la primera confiscación de bienes a la empresa privada en Honduras" y mostró varias imágenes de "la expropiación" en su cuenta de Facebook.
Guanaja es vecina de las islas de Roatán y Utila, uno de los mayores atractivos turísticos nacionales por sus playas y arrecifes de coral, destino de visitantes estadounidenses, europeos y japoneses.
La ENEE aseguró que "no pretende la expropiación, sino un proceso de intervención ordenado (...) por su ineficiencia, altos costos y vulnerabilidad ante el aumento de la demanda", agregando que BELCO no dispone de concesión o licencia para operar, "lo que significa que opera de facto, al margen de la ley".
En respuesta, la compañía informó que "se reserva el derecho de ejecutar todas las acciones legales en defensa de sus derechos correspondientes" ante lo que describió como "decisiones arbitrarias confiscatorias en detrimento de la empresa privada".
El Congreso de Honduras aprobó en 2022, por iniciativa del Gobierno, una Ley General de la Industria Eléctrica que declara ese tipo de energía un bien público y frenó un proceso de privatización de la empresa estatal del sector impulsado desde hacía más de una década.
Con información de Reuters
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