La ofensiva conservadora de la Corte Suprema recién comienza en EEUU

El fallo que anuló la legalización del aborto a nivel federal en Estados Unidos fue apenas el inicio de una seguidilla de decisiones que respondieron a décadas de reclamos y un lobby muy organizado y bien financiado del movimiento conservador. Cuando millones intentaban entender cómo estaban por perder un derecho que habían tenido toda su vida, y los activistas contra la violencia armada aún denunciaban la decisión de quitar a los estados el poder de limitar el derecho a portar armas, en público y en privado, las decisiones que golpeaban en el corazón de la agenda conservadora sensible continuaron: limitar el poder de la agencia estatal en la lucha contra el cambio climático, restringir la autonomía judicial de las reservas indígenas y defender las expresiones religiosas en las escuelas. Y como si eso no fuera suficiente, adelantó con qué seguirá: el poder de las legislaturas locales de regular -léase limitar- el derecho al voto. 

Justo antes de empezar su receso de verano, la corte aceptó tratar este tema central para la democracia estadounidense. El caso puntual se conoce como Moore vs Harper y es impulsado por legisladores republicanos de Carolina del Norte que quieren revivir el mapa electoral que aprobó la Legislatura local y que suspendió la Justicia de ese mismo estado por considerar que beneficiaba a ese partido creando distritos con mayorías demográficas afines. En Estados Unidos, no existe la lista sábana, los estados se dividen en distritos y cada congresista representa a un distrito en particular, no a todo el estado. Esto significa que las fronteras de los distritos de un estado influencian y mucho en la elección de los congresistas locales y también los federales. 

Un futuro fallo de la máxima corte del país no solo podría darle a las Legislaturas locales un poder irrestricto sobre esta práctica de manipulación electoral, conocida como gerrymandering, que suelen utilizar los dos grandes partidos -el Republicano y el Demócrata-, sino que además podría generar un antecedente para las otras regulaciones -léase limitaciones- al derecho al voto que se han multiplicado en los últimos años desde las Legislaturas locales, generalmente en favor de los republicanos. Los efectos de las leyes que buscan con más o menos sutileza dificultar o a veces hasta suprimir el voto de minorías y la población más pobre ya son visibles y cada vez más importantes. Por eso, hasta el ex presidente Barack Obama alertó sobre esto a mediados de 2020, en plena campaña presidencial. "Están atacando nuestro derecho a votar con precisión quirúrgica", denunció y propuso una reforma.

Su candidato y ex compañero de fórmula, Joe Biden, ganó la Presidencia y su partido el control de las dos cámaras del Congreso federal. Sin embargo, a principio de este año, el Gobierno, una vez más, no logró aprobar la ley que impulsaba y que proponía establecer condiciones claras y muy limitadas para los que casos en que los estados tienen que pedir autorizar previa del Ejecutivo federal o de la Corte de Distrito federal para el Distrito de Columbia para poder imponer cambios electorales que afecten al derecho al voto. 

Como piden que suceda ahora con el derecho al aborto, la ley buscaba codificar una limitación al poder de los estados luego que un fallo de la Corte Suprema cambiara radicalmente el escenario legal. Para muchos en Estados Unidos, en 2013, la corte -por entonces compuesta por una mayoría conservadora más ajustada de 5 a 4- eliminó el corazón de la Ley de los Derechos de Voto de 1965, una de las principales victorias del poderoso movimiento de derechos civiles de esa época. "La corte decidió que ya no era necesaria la sección que establecía que los estados con una larga historia de segregación tenían que pedirle permiso al Estado federal para hacer cambios en las reglas de empadronamiento y forma de votación. No decían que la claúsula estaba mal, sino que el contexto había cambiado y los estados ya no intentaban suprimir el derecho al voto", explicó a El Destape Valeria Carbone, doctora en Historia y docente de la Cátedra de Historia de Estados Unidos de la UBA. "Pero, después de eso, muchos estados comenzaron a sancionar leyes en ese sentido", agregó. 

Voto universal sí, accesible no tanto

La Ley de los Derechos de Voto de 1965 buscó garantizar que todos los ciudadanos pudieran votar después de la larga era de la segregación racial. La participación creció, pero para muchos, especialmente trabajadores de bajos ingresos que no pueden perder un día de salario, siguió siendo difícil ir a sufragar en un día hábil. La situación empeoró después del fallo de 2013 cuando los estados, muchos de ellos del Sur, comenzaron a regular la forma y las condiciones de votación sin limitaciones del Estado federal. Por ejemplo, algunos establecieron que se debe votar con un documento con foto -algo que no todos tienen en un país en el que no existe un documento de identidad nacional-, otros crearon requisitos burocráticos para poder votar por anticipado o por correo y otros directamente eliminaron centros de votación en algunas zonas, provocando que en los comicios se generen largas colas y que muchas personas tengan que trasladarse varios kilómetros para poder participar. 

El Centro Brennan, un instituto de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, investigó el efecto de este tipo de leyes en varias partes del país. Entre sus conclusiones, destacó que "los votantes de color (negros, latinos, asiáticos-estadounidenses y miembros de los pueblos originarios) enfrentan sistemáticamente mayores esperas en el día de la elección, colas que además se verían exacerbadas si se eliminan opciones de sufragar alternativas, como el voto por correo o expandir las horas de votación". Pero ni siquiera estas opciones alternativas nivelan la cancha: "Los votantes de color enfrentan más dificultades para votar por correo". 

El instituto, que hace años viene advirtiendo sobre estas leyes de supresión del voto y sus consencuencias, no solo ubica en 2013 un punto de quiebre, sino también en 2020, con las denuncias del entonces presidente Donald Trump de un fraude electoral que nunca pudo probar y que fue rechazado incluso por la Corte Suprema ultraconservadora que él ayudó a construir. "Después de estas denuncias, nuestra nación experimentó un aumento dramático en la presentación y aprobación de leyes estaduales que restringen el acceso al voto, al igual que leyes que hacen más fácil manipular partidariamente la administración de los comicios", alertó el Centro Brennan en un reciente informe.

"La verdad es que tanto los demócratas como los republicanos se han beneficiado con el gerrymandering, el rediseño del mapa de distritos para beneficio electoral. Es una estrategia para mantenerse en el poder y, para colmo, es legal. Ninguno lo quiere eliminar. Pero ahora se está cuestionando con más fuerza y llega hasta la Corte porque cuando combinas gerrymandering con supresión electoral hace imposible cambiar el status quo de poder", explicó Carbone. 

La Corte da y la Corte quita

En Argentina, las peleas por avanzar derechos se suelen dar en el Congreso de la Nación, el poder del Estado donde todas las fuerzas políticas con representación popular están presentes. En Estados Unidos, el campo de estas batallas casi siempre ha sido la Corte Suprema, la cabeza del Poder Judicial, el único de los tres poderes que no tiene representación directa. 

"La Corte Suprema es reactiva a las presiones. En los años años 60 y 70, avanzó derechos y el presidente de la corte era super conservador, pero buscó capitalizar politicamente lo que estaban sucediendo en las calles con los movimientos sociales y terminó siendo una de las progresistas de la historia de Estados Unidos. Hubo varios fallos importantes antes de Roe vs Wade (el que legalizó el aborto). Por ejemplo, fallaron que la segregación en los espacios públicos era inconstitucional. Le tomó 10 años más al Congreso federal reaccionar a eso y pasar las leyes que reclamaba ese mismo movimiento de derechos civiles. La mejor forma de explicarlo es que el Congreso reacciona, no acciona", sostuvo la especialista en historia estadounidense.

"Hoy pasa lo mismo, excepto que los movimientos progresistas no están avanzando derechos, sino defendiéndolos y tampoco hemos visto una movilización constante. En cambio, los movimientos de derecha están reclamando derecho hace tiempo y la corte está respondiendo a esa demanda. Los republicanos son disciplinados, hace 40 años q se organizaron para conseguir este panorama y corrieron el centro del debate. Ya no es más entre demócratas y republcianos, sino entre la extrema derecha y un Partido Demócrata que representa el centro", continuó y agregó: "Aún cuando los demócratas tienen la mayoría en el Congreso, se ve que no existe la voluntad política para avanzar con muchos temas."

Con la ofensiva conservadora fuerte de la Corte Suprema de los últimos años, una crítica que muchos votantes demócratas le hicieron al Gobierno de Obama y ahora al de Biden es por qué no jugaron su capital político en convertir en ley los derechos que pendían de un hilo en los tribunales. Para Carbone esto se explica por dos razones. Por un lado, a la vaga agenda demócrata: "Los republicanos tienen una identidad política concreta, representan a una minoría concreta. Los demócratas representan a todo lo demás…¿cómo se satisface las necesidades de sectores tan heterogéneos?" Por otro lado, a la naturaleza conservadora histórica del Congreso. "Hubo solo tres momentos muy específicos en los que fue muy levante y avanzó derechos, y lo hizo para evitar lo que consideraba como radicalizaciones sociales", explicó.

En primer lugar, durante el período de la reconstrucción después de la guerra civil. "Trató de sacar un paquete de legislación que no solo trataba de reconstruir al Sur, sino de incluir a la vida política, social, economica y cultural de los negros. Finalmente, ese objetivo se estrelló cuando se levantó el sistema de segregación", sostuvo. En segundo lugar, el Congreso de la era progresista de fines del siglo XIX hasta la decada de 1920, cuando se aprobó el voto femenino, la ley anti monopolio y varios derechos laborales y sociales. "Se buscó contener las consecuencias de la Revolución Industrial y los reclamos para poner un freno a las ideas en ascenso del comunismo, anarquismo y socialismo", aclaró. Y, finalmente el Congreso de la década de 1960 y las leyes producto del movimiento de los derechos civiles, que protagonizó uno de los períodos de mayor convulsión política de la historia reciente del país.

"Si uno ve la historia del Congreso, esto representa 30 años solamente. En general, los tres poderes son altamente conservadores, pero el sistema está diseñado para que el camino más corto que tienen los movimiento sociales, que son los que realmente avanzan los derechos, sea desafiar el status quo en los tribunales", concluyó Carbone y destacó una característica de la situación actual: "La corte en muy pocas ocasiones decidió expandir un derecho para luego recortarlo como vimos ahora con el aborto".

Pero hoy este camino más corto choca con el peor contexto socio-político posible: 1. una Corte Suprema con la mayoría conservadora más amplia y cohesionada en un siglo; 2. una movilización moderada de los sectores que reclaman más derechos y una movilización radicalizada de los que reclaman retroceder en esa misma agenda; y 3. un Congreso polarizado sí, pero entre un Partido Republicano corrido a la extrema derecha en estas discusiones y un Partido Demócrata sin disciplina, tironeado por una moderación que no deja contento a nadie pero contiene a todos sus dirigentes y su heterogéneo electorado.