El Salvador: persecución a líderes campesinos e interés minero

Hace cuatro meses que cinco líderes de una comunidad campesina histórica de El Salvador se encuentran en prisión. El delito que se les imputa es haber cometido un crimen en el marco del conflicto armado que ocurrió en el país entre 1980 y 1992, cerrado luego de los Acuerdos de Paz de 1992. La clave está en las intenciones del Gobierno de Nayib Bukele de avanzar las restrictivas normativas mineras que imperan en el país desde 2017 y en la procedencia de los detenidos. Todos ellos son ex exiliados formados en las filas de la ex guerrilla -devenida en partido político- Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que forman parte de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) y tiene un rol fundamental en la lucha social y ambiental.

"Tememos que el caso sea un intento de intimidar a los y las que buscan defender el medioambiente en el país, y sobre todo a quienes defienden los derechos humanos de los impactos negativos de a la minería", dijo la relatora especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otros expertos de la ONU, Mary Lawlor. En un tuit, la funcionaria dio a conocer el comunicado que envió al Gobierno de Bukele y fue determinante en su posición: "Sigo muy preocupada por su detención. Deben ser liberados".

El caso, las detenciones y las inconsistencias

La Fiscalía General de El Salvador llegó a la comunidad de Santa Marta en junio de 2022. Según las y los pobladores, que hablaron bajo condición de anonimato, les dijeron que investigaban las masacres cometidas durante el conflicto armado. “Supuestamente era una investigación contra militares”, señaló el abogado de los detenidos Denis Muñoz ante El Destape. No era cierto. Al cabo de poco más de seis meses, se acusó a los cinco dirigentes de secuestrar y de asesinar, el 22 de agosto de 1989, a María Inés Alvarenga, que aún está desaparecida. Los detenidos son Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Teodoro Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega.

Los delitos que se les imputan son: asesinato, privación de la libertad y asociación ilícita. La prueba: un testigo “protegido” que los habría identificado mediante fotos, que no estuvo presente en el lugar.

Era de madrugada. Los efectivos policiales estaban fuertemente armados cuando llegaron el 11 de enero pasado a la comunidad de Santa Marta, del departamento de Cabañas, mina de oro y plata debajo de la tierra. Allí, donde ahora viven unas tres mil personas, pronto comenzó a correr el rumor y se armó un tumulto. “Dijeron que la detención se daba por un suceso de la guerra, no entraron en detalles”, contó sobre aquel día ante El Destape, Leonel Rivas, integrante de la comunidad. Todavía con una sensación de sorpresa y de poco entendimiento sobre lo que había sucedido.

A Gámez, Laínez García y Rivas Laínez se los llevaron desde la comunidad. En simultáneo, fueron detenidos Pacheco y Rivas Ortega, que estaban en las oficinas de la ADES, en el municipio de Guacotecti.

Las inconsistencias sobre las acusaciones son varias. “No puedo dar tantos detalles, es como si fuera un juicio secreto, porque tiene reserva total”, aclaró antes de comenzar a hablar ante El Destape, el abogado Muñoz. Esa decisión fue tomada por la Justicia el 19 de enero, luego de la primera audiencia cuando también se determinó la detención formal de todas las personas procesadas. Desde entonces, todas las medidas solicitadas por la defensa fueron rechazadas, quedaron sin respuesta o se pusieron en práctica maniobras dilatorias cuando se “tardaron demasiado” en resolver la recusación de uno de los magistrados que debía decidir si los detenidos podían esperar el proceso en libertad. Finalmente, el 8 de mayo pasado, la Cámara de Segunda Instancia de la Sección del Centro de Cojutepeque ratificó la detención provisional.

Lo hicieron “plegados a los designios de la fiscalía general”, denunciaron desde ADES en un comunicado, pese a su “delicado estado de salud, a la ausencia de peligro de fuga y al hecho de que en los demás casos de delitos relacionados con el conflicto armado los acusados están procesados en libertad”. Por ello, sostuvieron, la resolución es “ilegal”: violenta la propia jurisprudencia, sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de tratados internacionales.

Leonel Herrera es periodista y activista salvadoreño, que se encarga de difundir y mantener en agenda la historia. “Es una flagrante violación a la Ley de Reconciliación Nacional, aún si los delitos señalados por Fiscalía se hubieran cometido (y si los acusados fueran responsables), fueron amnistiados por la normativa aprobada en 1992”, precisó ante este medio. Según explicó, dados los Acuerdos de Paz tras el conflicto armado, la Justicia quedó eximida de avanzar sobre los casos que quedaron por fuera del informe de la Comisión de la Verdad, como es este caso en particular.

“Hay una vulneración permanente de los derechos humanos”, aseveró Muñoz, en consonancia, sobre sus defendidos, que tienen entre 50 y 73 años. Los motivos: no los ve desde el 7 de marzo, lo que es fundamental para preparar la defensa técnica -para presentar el próximo 2 de agosto- y que está dispuesto en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tratado que forma parte del ordenamiento jurídico del país. Tampoco pudieron verlos los familiares. En el último documento médico forense -al que tuvo acceso este medio- verificado por la Corte Suprema de Justicia del país, figura información de cuatro de los cinco detenidos. A todos se les recomiendan que se les den tratamientos médicos, en casi todos los casos sufren secuelas de la guerra. El más grave es Pacheco, a quien se le indicó tratamiento ambulatorio dada su condición física.

Santa Marta, comunidad campesina de ex exiliados víctimas del conflicto armado

“Ellos son parte del tejido histórico de la comunidad, del liderazgo actual. Han tenido un enorme nivel de actividad en la lucha antiminera en el departamento de Cabañas”, contó Leonel Rivas, al tiempo que aseguró que es el “primero caso, en 40 años, que golpea a una comunidad organizada”.

La comunidad de Santa Marta es una pequeña aldea ubicada en el departamento de Cabañas, al noreste del país. Desde 1987 comenzó a ser repoblada por ex militantes, muchos -o casi todos-, fueron empujados al exilio durante el conflicto armado. Vivieron durante esa época en Mesa Grande, un campamento creado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en Honduras, apenas cruzando la frontera. Los testimonios de sobrevivientes de esa época dicen que llegaron a ser más de ocho mil personas en el espacio de un kilómetro. “Era una cárcel sin paredes. Un predio donde había límites y, si se los transgredía, podía costarle la vida”, dijo Rivas, para explicar las razones que llevaron a las y los campesinos a emprender el retorno a su territorio. Él es poblador de Santa Marta, nacido durante el exilio de sus padres, sus tíos y abuelos.

En el pueblo se encuentran las huellas de los operativos llevados a cabo por el Ejército catalogados como “Tierra Arrasada”. La última es conocida como la masacre de Piedras Coloradas, en la que las y los campesinos fueron obligados a cruzar el río Lenca, límite con Honduras, al tiempo que los militares abrieron las compuertas y los atacaron a disparos; por poner sólo un ejemplo de la ofensiva violenta que sufrieron.

Finalizado el conflicto, en enero de 1992, a la comunidad, contó Rivas, le tocó empezar la “dura tarea de la reconstrucción”. Comenzaron a buscar salida a los problemas que había en cuanto a infraestructura, para cubrir necesidades básicas, como los servicios básicos de agua, educación y salud. “Era una tarea enorme debido al nivel de exclusión -que todavía se vive, sobre todo en Santa Marta- de parte del Estado salvadoreño hacia las comunidades que habían sido foco durante la guerra”, sostuvo.

La lucha por la memoria y antiminera

En palabras de Rivas, el haber vivido masacres colectivas llevó a la comunidad a realizar "una labor enorme sobre la memoria histórica, de exigencia de verdad y justicia por las atrocidades cometidas por el Ejército salvadoreño”. En ese contexto, a poco de los Acuerdos de Paz es que surgió ADES.

La organización tiene como eje la lucha ambiental y por los derechos humanos. La resonancia nacional e internacional llegó en 2017, cuando el Congreso aprobó la Ley contra la Minería Metálica, que establece que esa práctica afecta al medio ambiente, a la salud y que constituye "una amenaza para el desarrollo y bienestar de las familias". Entre las razones que les impulsaron a emprender esa lucha están las dificultades para el acceso al agua: “Es un problema bastante grande y se complejiza aún más dependiendo de las zonas”, sostiene el informe de ADES 2016-2017. Allí, describen que hay comunidades que tienen un acceso “aceptable”, pero también están las que tienen sólo “una vez a la semana” o al mes; y otras que “nunca la han tenido y deben acarrearla caminando hasta cuatro kilómetros en verano”.

En el documento, también, muestran la criminalización contra las y los defensores. Así como está asentado el rol fundamental tomado por las mujeres campesinas, que también fueron fuertemente perseguidas desde el inicio de la lucha, en 2009.

El Gobierno de Bukele: el régimen de excepción

“Dijeron que se les detenía por asociaciones ilícitas, lo que nos ha llamado la atención porque es una figura que las autoridades salvadoreñas están utilizando para detener a muchas personas bajo el régimen de excepción que opera en El Salvador”, marcó Rivas.

El régimen de excepción rige en el país desde el 27 de marzo de 2022 y el Congreso lo renueva cada mes por disposición del Ejecutivo. El Gobierno de Nayib Bukele implementa esa estrategia como parte de su plan de “guerra contra las pandillas”, para pasar de ser el país más violento del mundo, a ser uno de los Estados con mayor tasa de encarcelamiento. En el lado B de la historia, organizaciones y referentes de derechos humanos muestran otros resultados: militarización del territorio, detenciones arbitrarias, concentración de poder y más de cuatro mil denuncias por vulneraciones a los derechos humanos, dada la suspensión de todas las garantías constitucionales a toda la población. Para más, el Gobierno, logró el control de los distintos poderes del Estado.

“En la práctica, les suspendieron las garantías judiciales”, reafirmó Herrera, para quien el delito de "asociación ilícita" se explica debido a “a una narrativa populista del Gobierno", que niega al conflicto armado y los Acuerdo de Paz, que lleva a que "el sistema judicial se someta a esos relatos”.

El Gobierno y sus intenciones mineras

"El Salvador necesita mantener la prohibición de la minería metálica" es el título que lleva el pronunciamiento de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) firmado por más de cincuenta organizaciones. Previo al repaso que hacen de la normativa, festejan que El Salvador es "hito mundial" por haber sido el primer país en prohibir de forma definitiva la "nociva industria extractiva en su territorio". La medida incluye la prohibición de actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento, a cielo abierto y subterráneo; el uso de químicos tóxicos, como el cianuro, mercurio y otros, en cualquier proceso de minería metálica.

Pese a la celebración por los seis años de la normativa, encendieron la alerta por las "preocupantes señales de la posible reactivación de proyectos mineros". Entre ellas, mencionan la aprobación de una nueva Ley de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas, que incluye la explotación de minerales; la incorporación de El Salvador a un foro de países que promueven la “minería sostenible” y la inclusión de 4.5 millones de dólares en el presupuesto estatal de 2023 para “revisar y actualizar la ley que prohíbe la minería metálica”. Todos estos movimientos hicieron que desde Santa Marta y ADES comenzaran a reactivar las convocatorias para mantener la vigencia de la ley.

A esos indicios, sumaron la aparición de "personas desconocidas" para comprar o alquilar tierras con potencial minero en Cabañas; "y el temor de que -en el marco de negociaciones sobre tratados comerciales, compra de deuda pública o financiamiento de mega proyectos de infraestructura con potencias extranjeras- el Gobierno abra el sector minero a empresas de estas potencias", marcaron y no dejaron de hacer hincapié que es este contexto en el que se dio detención "injusta y arbitraria" de los líderes comunitarios.

El caso ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU

“A todos ellos se les procesa por graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad al irrespetar el derecho internacional humanitario”, apuntó el Gobierno de Bukele el 6 de mayo pasado. El documento al que tuvo acceso este medio fue titulado “Informe del Estado de El Salvador a la comunicación conjunta de los procedimientos especiales en relación a la supuesta detención arbitraria de cinco defensores del medio ambiente”, y entregado al cabo de dos meses a distintos ante mecanismos especiales de las Naciones Unidas.

A lo largo de 11 páginas sostuvieron todo lo contrario a lo que las defensas, las familias y la misma comunidad denuncia: que "los derechos humanos de los detenidos se respetan". También afirmaron que la detención y el sostenimiento de la prisión preventiva se basa en el Código Procesal Penal actual bajo “la existencia del hecho delictivo y la participación de los imputados”. Según informó, desde el 9 de marzo, se encuentran detenidos en el Centro Penitenciario de Admisión, Diagnóstico y Clasificación Inicial para Personas Privadas de Libertad, Ilopango. “Fueron ubicados en el sector del centro penitenciario que alberga a personas de la tercera edad y clasificados como comunes, con el propósito de garantizar su integridad física y mental, lo cual, permite atender oportunamente cualquier situación o necesidad que tengan”.

“En lo que respecta a su comunicación con familiares y abogados, los procesados han tenido acceso a conversar con los defensores particulares designados, así como fueron asistidos por los mismos en alimentación y medicamentos”, aseveraron. “Es una falacia. Puedo acreditar que no es cierto. Y no puedo decir que están bien de salud porque no los he visto”, insistió Muñoz. Para él, de ahora en adelante, los pasos a seguir son cuatro: 1. Luchar por la libertad; 2. Denunciar ante las Naciones Unidas; 3. Presentar una solicitud de medidas cautelares en la CIDH por vulneración de la salud e integridad física, moral y de garantías judiciales, entre otros derechos; 4. presentar la prueba en el plazo del proceso de instrucción ante las contradicciones en el caso testigo “Soriano”, que los identificó por fotos.

La trascendencia de la defensa del ambiente, tiene una razón de ser en El Salvador, que Herrera explicó: “Se acaba el país. La minería podés hacerla en cualquier lado menos en un país de 20 kilómetros cuadrados, sobrepoblado y con falta de agua. Por eso, hay que mantener la prohibición de la minería, defender a los líderes de Santa Marta y de ADES. En definitiva, de lo que se trata es de la defensa de la democracia contra este régimen autoritario que ha implantado Bukele con sus hermanos".