Hace once meses que El Salvador registra una baja sin precedentes en la tasa de homicidios. El llamado país de la media hora y con una población de poco más de seis millones de habitantes en 21.041 kilómetros cuadrados pasó de ser uno de los más violentos en el mundo a tener una tasa de 7,8 asesinatos en 2022, una de las más bajas de América Latina, según Insight Crime. La explicación dada por el Gobierno de Nayib Bukele es que el régimen de excepción instalado hace once meses permitió detener y hasta desaparecer en gran parte a “las estructuras terroristas” de las maras, las organizaciones criminales que asedian a la población, al menos, desde las décadas de 1980 y 90. El lado B de la historia, en cambio, la cuentan organizaciones y referentes de derechos humanos: militarización del territorio, detenciones arbitrarias, concentración de poder y más de 4 mil denuncias por vulneraciones a los derechos humanos.
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“Venimos de manera responsable a solicitar a esta Asamblea la décimo primera prórroga del Régimen de Excepción”, dijo ante la legislatura nacional el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. La solicitud fue realizada el pasado 15 de febrero y la Asamblea Nacional le dio el visto bueno con 67 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones para la aprobación del Decreto N° 333, por lo que extendió la medida hasta el 17 de marzo.
El funcionario respaldó su pedido con los resultados recabados desde el 27 de marzo de 2022, cuando comenzó el régimen de excepción:
- 64,111 "terroristas" detenidos
- Incautaciones:
- 2,326 armas de fuego
- 2,945 vehículos
- 15,312 teléfonos celulares
- $1,7 millones en efectivo
"Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas", dijo Bukele y alardeó que el 2022 fue el año "más seguro" de todo el siglo. El éxito lo graficó con imágenes de miles de detenidos hacinados, semidesnudos y con restricciones para acceder a alimentos y otras condiciones básicas para sobrevivir, como la atención médica, así como con la inauguración del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) con capacidad para 40.000 personas. También en números difundidos por su administración: "170 terroristas muertos" hasta enero.
Por decreto presidencial, la certeza de los datos difundidos por el Gobierno se podrá recién verificar recién en 2029. “No contamos con datos fehacientes por parte del Estado, no hay un correcto acceso a la información pública”, sostuvo, en contrapartida, ante El Destape, la directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) de El Salvador, Gabriela Santos.
Guerra contra las maras
El Plan de Control Territorial impulsado por el Gobierno prevé la aplicación del régimen que, como lo indica su nombre, es de “excepción”. Está contemplado en el artículo 29 de la Constitución salvadoreña y dispone su aplicación en caso de: guerra, invasión, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia o de grave perturbación del orden público y no debe superar los 30 días. Si las circunstancias “prevalecen” se puede extender por el mismo tiempo. De esa línea se toman Bukele y su ministro, e insisten: “Esta medida terminará hasta que capturemos al último miembro de estas estructuras terroristas”.
Entre sus implicancias está la suspensión de las garantías constitucionales para toda la población: de libertad de reunión e inviolabilidad de la correspondencia, el derecho de la persona detenida a ser informada sobre sus derechos y las razones de su captura, y el periodo de tiempo de la detención. Esas condiciones son las que se sostienen en el país desde el 27 de marzo pasado una vez que trastabilló el evidente acuerdo -como señalan las organizaciones de derechos humanos, como se verá más adelante- entre el Gobierno y las maras cuando, en dos días, fueron asesinadas 87 personas, la cantidad más elevada registrada por día desde los Acuerdos de Paz, en 1992, según la Policía Nacional.
¿Qué son las pandillas o maras?
El estudio Las pandillas en El Salvador, propuestas y desafíos para la inclusión social juvenil en contextos de violencia urbana de Walter Mucia, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) definió a las maras o pandillas como "un organismo multicelular con una irrefrenable capacidad de crecer, reproducirse y hacer negocios, así como de desafiar el control territorial y el monopolio de la fuerza al Estado salvadoreño". El fenómeno, dijo, es "complejo, heterogéneo y cambiante”.
Surgieron por 1970 como grupos de jóvenes de zonas marginadas que cometían delitos menores. Para los 80, las famosas Mara Salvatrucha (MS) y el Barrio 18 (18), en Estados Unidos, fueron los espacios en los que “migrantes centroamericanos encontraron refugio y protección en respuesta a la discriminación racial”. Las masivas deportaciones durante los 90 los devolvió a un país "donde había poca presencia del Estado, déficit de desarrollo local y débil tejido social comunitario”, señaló Mucia.
Otras palabras le puso el director de Litigio Estratégico de la organización Cristosal, Abraham Ábrego: "Por la falta de atención respecto a la pobreza y a la marginación se complejizaron. (Los mareros deportados) se integraron con las pandillas del país. Con los años se convirtieron en grupos organizados dedicados a la extorsión, al asesinato, al robo, al tráfico de drogas y a otros hechos de violencia. Sobre todo implicaron un control territorial en en varias zonas del país".
¿Desaparecieron las maras en El Salvador?
La consulta por parte de El Destape a referentes de tres organizaciones de derechos humanos tuvo consonancia: “No se puede afirmar que ya no hay pandillas en El Salvador o que se acabaron”, sostuvo ante este medio Santos, del IDHUCA. “Me consta que se ha capturado a mucha gente inocente”, aseveró, en el mismo sentido, Benjamín Cuellar, referente de la Fundación VIDAS.
“El régimen de excepción fue ampliamente aceptado por la población confundiéndolo con una medida para combatir las pandillas cuando en realidad hubo una reducción de homicidios previamente. Por evidencia de investigaciones periodísticas, se pudo denotar que fue derivada de negociaciones entre Gobierno y pandillas”, respondió Ábrego ante este medio.
El portal local El Faro fue uno de los que llevó a cabo distintas investigaciones en las que denunció los negociados con las maras por parte del gobierno, una práctica que Bukele, como intendente de la ciudad capital; y otros gobernantes anteriores a nivel nacional, llevaron a cabo en el país, según también dijo Cuellar ante El Destape.
Todos los testimonios denunciaron detenciones arbitrarias, irregulares, de personas inocentes y escenas de “enfrentamientos” armadas. Además, muchos pandilleros huyeron o se escondieron. Por eso, las organizaciones cuestionan las afirmaciones (e intenciones) del Gobierno y Bukele: “No se puede decir que la medida realmente iba exclusivamente a combatir a las pandillas, sino que afectó a buena parte de la población, desde agricultores, trabajadores, pescadores, lideresas y líderes comunitarios y sindicalistas, entre otros, que han sido sometidos a este régimen y a reformas posteriores que han limitado garantías judiciales”, dijo Ábrego, de Cristosal.
La consecuencia de la trama es una sola: la militarización y la represión sin una evidencia clara de que se haya atacado a las estructuras de las pandillas.
Régimen de excepción: criminalización y persecución
“Esto ha generado en los territorios -que generalmente son lugares o comunidades pobres- una situación de miedo, de resquemor”, dijo Ábrego para describir cómo se vive el día a día en el país. Ejemplo del uso de esta política para la criminalización y persecución es la reciente detención de líderes de la comunidad de Santa Marta, conformada por ex exiliados y ex militantes políticos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) durante el conflicto armado por hechos sucedidos durante la década de 1980.
Cuellar, para el caso, aportó una lectura que mira la línea del tiempo: “La rueda de la historia de El Salvador da vueltas en el mismo lugar porque en sus ejes está la impunidad protectora y favorecedora para el bienestar o el privilegio de grupos de poder. A veces estamos arriba, como hace 30 años cuando se firmaron los Acuerdos de Paz, pero ahora vamos a tocar fondo de nuevo. Son ciclos más cortos, estallidos más violentos”, analizó. Para él, Bukele “se está preparando para enfrentar a su enemigo interno”.
“Ya vimos que las maras no son mucho ese enemigo interno. Entonces, pienso, se está preparando, está duplicando la fuerza, armándola hasta los dientes, militarizando la policía, para enfrentar la protesta social. Ese es el verdadero enemigo”, advirtió.
“Desde una perspectiva de derechos humanos es importante comprender que una medida represiva no es sostenible en el tiempo”, marcó Santos, que caracterizó la situación actual como “de concentración de poder” y “de inexistencia del Estado de Derecho”. Ante este escenario, abrió preguntas: “¿Qué tanto se puede sostener medidas represivas que pueden explotar en un par de años? En el mediano o largo plazo, ¿qué cauces va a encontrar esta violencia?”. Ante ello, enumeró una serie de puntos a tener en cuenta sobre las pandillas: cómo se van a reconfigurar en el exterior y al interior de los centros penales, dónde se escondieron y, como fundamental, comprender que la violencia que ejercen “tiene una dimensión social muy fuerte y estructural”.
El desafío, para Santos, es comprender qué los motivó a que entraran a esas organizaciones y “volver a las comunidades”, poner el foco allí, en los sectores postergados para hacer un abordaje desde la prevención.
Más de 4500 mil denuncias por vulneraciones a los derechos humanos
Detenciones arbitrarias, acoso, amenazas, lesiones, son sólo algunas de las 4564 denuncias por vulneraciones a los derechos humanos que recibieron seis organizaciones de derechos humanos de El Salvador desde que está vigente el régimen de excepción.
Según detallaron, la mayoría de las denuncias son por detenciones arbitrarias. La mayoría también fueron realizadas por mujeres y las juventudes (entre 18 y 30 años), que son uno de los sectores más estigmatizados. Asimismo, la población LGBTI+ se vio afectada con casos graves de acoso y violencia sexual por parte de efectivos policiales. La falta de garantía para las personas detenidas, la atención médica y las muertes en los centros penitenciarios son moneda corriente por las que las organizaciones exigen respuesta y reparación.
En un comunicado del 8 de febrero, IDHUCA, Cristosal, Amate y la Red Salvadoreña de Defensoras, entre otras, buscaron hacer contrapeso ante el festejo por los "300 días sin homicidios" por parte de Bukele y su Gobierno con una denuncia que, por el momento, encuentra poca resonancia en la arena regional e internacional: “El periodo excepcional de suspensión de derechos se ha convertido en una política estatal permanente que expone a todas las personas del país a procesos judiciales sin la garantía del debido proceso, además de una serie de abusos por los que el Estado continúa sin responder ante la ciudadanía y organismos internacionales”.
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