Los medios de comunicación concentrados no determinan el ritmo de la historia, si así fuese el Frente de Todos no sería gobierno. Podría creerse que influenciaron en la naturaleza de las alianzas, en concreto, en la mayor moderación de los candidatos de 2019 y en la supuesta tibieza del gobierno resultante, un tópico tan difundido como inexacto. Frente a estas afirmaciones vale considerar los verdaderos grados de libertad política y económica con los que efectivamente cuenta la actual administración.
La primera restricción, quizá la más grave, se encuentra en el cogobierno de los jueces. Hubo casos emblemáticos. Algunos poco relevantes, como la interferencia en el control de Vicentín, otras lindantes con el delito, como la restricción en plena pandemia de las facultades presidenciales para dictar la política sanitaria, con la Corte Suprema fallando a favor de los caprichos de un subestado, o los fallos escandalosos en contra del decreto que declaró servicio público a las telecomunicaciones. Al margen de los detalles jurídicos, el dato duro muestra a un poder oligárquico, con cargos vitalicios, no electivos y cuasi hereditarios, que toma decisiones jurídicamente caprichosas pero con una característica común: siempre en favor del poder económico y la oposición política.
La segunda restricción, es la dificultad para construir mayorías legislativas para las reformas de fondo. El aporte extraordinario a las grandes fortunas fue prácticamente la única ley que avanzó contra de la voluntad del poder económico más concentrado. El oficialismo sabe hoy que sería imposible impulsar, por ejemplo, una reforma impositiva ya no progresiva, sino que permita apenas simples medidas arancelarias como aumentar retenciones para desacoplar precios locales de internacionales. No debe olvidarse además que el Congreso es además el espacio natural para combatir la primera restricción, es decir para reformar al poder judicial que durante los cuatro años del macrismo se dedicó, junto a los servicios de inteligencia y la prensa parajudicial, al armado de causas para perseguir opositores y empresarios estigmatizados como “kirchneristas”. Próximos a la primera mitad del mandato todas las reformas están congeladas.
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La tercera restricción no es interna sino externa, el megaendeudamiento. Sorprende el desparpajo con el que ex funcionarios macristas describen la toma indiscriminada de deuda durante su gobierno, toma que consideran una supuesta consecuencia lógica de “refinanciar el endeudamiento del gobierno precedente”, del quien en realidad, y como hasta reconoció el propio ex ministro Nicolás Dujovne, heredaron una economía desendeudada. Lo peor es que lo dicen quienes hasta trajeron de vuelta al FMI recibiendo el mayor crédito de la historia del organismo y quienes a pesar de esta lluvia de nuevos pasivos dejaron un Banco Central sin reservas netas. La consecuencia es que desde diciembre de 2019 la preocupación principal de la economía pasa por la necesidad imperiosa de la refinanciación de pasivos, con privados, con el FMI y con el Club de París.
Y como si todas estas restricciones no fuesen suficientes apareció una cuarta e inesperada, la pandemia. Luego de más de 15 meses de encierros totales y parciales la saturación de la población frente a la crisis sanitaria es total. Es imposible no estar harto de sus consecuencias negativas, de las muertes, de las limitaciones sobre la vida social y de su impacto demoledor sobre la economía. Pero el dato no es el hastío, sino que el parate concentrado en 2020 dejó secuelas profundas que no se alcanzarán a reparar en 2021. La destrucción siempre es más rápida que la reconstrucción. Llevará mucho tiempo volver a los indicadores sociales previos a la diseminación del virus, que además se montó sobre los efectos ya devastadores de la administración cambiemita.
La primera conclusión preliminar es que, contra lo que sostiene el fuego amigo, el de Alberto Fernández no es precisamente un gobierno “tibio”, sino una administración altamente condicionada 1) por el poder judicial del lawfare todavía intacto, 2) por las dificultades para construir mayorías legislativas para las reformas esenciales, 3) por la herencia de megaendeudamiento que restringe la expansión y condiciona la economía y 4) por la crisis de la pandemia. ¿Alguien cree que si gobernase de manera directa eso que la oposición mediática denomina “el kirchnerismo duro”, el que “anida en el Instituto Patria y condiciona desde allí al Presidente”, estas restricciones desaparecerían por arte de magia?
La realidad es que las limitaciones del presente no son hijas del presunto carácter del Presidente, sino el producto de restricciones muy reales. Es posible llevar adelante discusiones técnicas sobre a quienes deberían beneficiar los subsidios y a quienes no, sobre qué tan expansiva puede ser la política fiscal y que tan restrictiva la política monetaria dada la escases de divisas. Son debates que hacen a la vitalidad de una coalición diversa como el Frente de Todos. Pero lo que no debería perderse de vista son las cuatro restricciones detalladas.
Asumidos los grados de libertad real parece claro que el camino para superar las primeras dos restricciones, la judicial y la legislativa, pasa por conseguir nuevas mayorías electorales. La tercera restricción, el endeudamiento, sólo se resolverá con crecimiento económico, lo que también demanda ganar las elecciones de medio término. De un resultado electoral mediocre surgirá un gobierno débil y relativamente impotente frente a una oposición corporativa furiosa e irracional, sin más propuesta que el balbuceo vacío de un presunto republicanismo sin tradición. De un resultado positivo surgirá en cambio la capacidad real de superar las cuatro restricciones.
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