Integración Socio Urbana: por el ajuste en obras, al menos 330 mil familias se quedan sin servicios básicos en barrios populares

Tras seis años de vigencia, en menos de un año, el gobierno de Javier Milei frenó el programa que garantizaba el acceso a agua, gas y electricidad en más de 6 mil barrios populares. Entre sus primeras medidas, la administración libertaria decidió desfinanciar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) provocando la paralización de más de 30.000 obras necesarias para proveer servicios básicos a unas 330.000 familias que, tras el recorte de esta política pública, deberán volver a arreglárselas como puedan.

En relación, en el Presupuesto 2025, que comenzó a tratarse esta semana el Congreso, se elimina completamente el Impuesto País, del cual parte de lo recaudado se destinaba a sostener el FISU. Los datos de relevamientos de organizaciones muestran que 6,5 millones de personas viven en barrios populares del país, de las cuales el 66% no accede a un suministro formal de energía eléctrica, el 92% no cuenta no agua potable, el 97% no está conectado a la red cloacal, el 99% no tiene suministro de gas domiciliario. A su vez, por el freno de las obras, se perdieron más de 25.000 puestos de trabajo de las cooperativas de obras de construcción.

“Es fundamental no solo sostener sino también ampliar el financiamiento de estas políticas públicas. Su interrupción agrava la situación de un amplio sector de la población que vive en condiciones de alta vulnerabilidad y al que por medio del FISU empezaban a darles algunas respuestas a sus reclamos largamente postergados”, señalaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Esta organización junto a la Mesa Nacional de Barrios Populares presentó en estos días un amparo colectivo dando cuenta del desfinanciamiento que afecta a 37 barrios en diferentes provincias del país. “Acompañamos la demanda de 11 barrios populares en Pehuajó, Moreno y Mercedes para que se reinicien las obras que se frenaron en diciembre de 2023. Denunciamos el desfinanciamiento de políticas que buscan garantizar el acceso a servicios básicos, hábitat e infraestructura. A este reclamo se sumaron casos de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Río Negro y Chubut, entre otras provincias”, explicaron. 

No es menor recordar que el pasado 8 de octubre ingresaron de manera violenta en el domicilio de Fernanda Miño, exsecretaria de Integración Socio Urbana. Desde Argentina Humana, espacio que integra, emitieron un comunicado donde indicaron que “un grupo de policías encapuchados con armas largas entraron violentamente a la casa de Miño de la villa La Cava, San Isidro. Con la excusa de un allanamiento por el supuesto robo de una moto el 26 de agosto, la golpearon a ella, a sus hijas, revolvieron toda la casa y la tuvieron dos horas incomunicada” y agregaron “no podemos tomarlo como otra cosa sino como un vuelto por las denuncias que hizo Fernanda sobre el avance del narco en los barrios populares y tampoco lo podemos separar de las falsas denuncias que sufrió por haber sido Secretaria de Integración Socio Urbana y haber impulsado una política pública en favor de los más pobres.”

Ajuste en obras básicas

Según el último relevamiento de barrios populares, con datos a fines del 2023, en nuestro país hay más de 6 millones de personas que viven en los 6.467 barrios populares que fueron registrados por el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso (ReNaBaP). Sobre las condiciones diarias, en el 66% de estos barrios, la mayoría de sus habitantes no tiene acceso formal a energía eléctrica, en el 90% a la red de agua, en el 97%, a la red cloacal y en el 99%, a la red de gas. Sobre las características de cada barrio, según la misma fuente, en el 81,2% de los casos se trata de asentamientos y en el 17,4% de villas, en tanto que prácticamente la totalidad (99,9%) no cuenta con título de propiedad.

Para hacer frente a esta realidad, organizaciones sociales impulsaron la sanción de la Ley N°27.453 que creó el Programa de Integración Socio-Urbana con los mecanismos para garantizar su financiamiento. Esta norma fue aprobada con amplio consenso parlamentario de las diferentes fuerzas políticas en 2018 y reconocida por organismos locales e internacionales. La integración socio urbana abarca “la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial”, según detalla el texto de la ley. 

Tal programa fue desarrollado por la Secretaría de Integración Socio Urbana, creada en la misma ley, y se financió principalmente a través del FISU, como un fideicomiso conformado por impuestos con afectación específica. No obstante, en febrero de 2024, el gobierno de Javier Milei recortó a través del Decreto 193/2024 esos recursos, al reducir el 9% que le correspondía del Impuesto PAIS a solo al 1%, justificado en presuntas irregularidades en su implementación entre 2021 y 2023 lo que, por otra parte, fue desestimado luego por un funcionario de la gestión actual. Todo ello en el marco de la eliminación de varios fondos fiduciarios que destinaban recursos para la puesta en marcha de políticas en infraestructura, vivienda, transporte, financiamiento pyme, becas educativas, entre otros. Con la eliminación total del Impuesto País fijada en el Presupuesto 2025, el FISU quedaría desfinanciado totalmente.

Esto generó que en distintos barrios quedaran por la mitad miles de construcciones que iban a resolver problemas concretos para mejorar la calidad de vida de la población. En lo concreto, organizaciones y espacios vinculados al trabajo barrial alertaron que por la paralización de más de 30 mil obras públicas que eran financiadas por el Fondo Socio Urbano quedaron 330 mil familias sin acceso a servicios básicos en barrios donde hoy más golpea el aumento de la pobreza. 

Un ejemplo concreto: en septiembre del año pasado, en el barrio Cumba de Pehuajó, Buenos Aires, se puso en marcha un plan de urbanización integral, que incluía obras de pavimento, gas, cloacas, agua, veredas y forestación. “Todo ese proyecto quedó detenido. En varios casos estas obras sin terminar empeoraron la ya deteriorada situación de esas zonas. Como el caso del barrio Santa Paula, de Moreno, que hoy está atravesado por la zanja que fue abierta para colocar un pluvial. También una pila de escombros quedó acumulada en la plaza del barrio”, explicaron desde el CELS, espacio que acompaña la demanda de once barrios populares del conurbano bonaerense para que se reinicien las obras que se frenaron en diciembre pasado.

A partir de esto, otros 34 barrios iniciaron sus propias demandas en los distritos, de CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Río Negro y Chubut. “Ante el fuerte aumento de la pobreza, del desempleo y el deterioro de las condiciones de vida, la situación de las personas que viven en los barrios populares se vuelve cada vez más frágil. Desde diciembre, el Estado Nacional abandonó las políticas destinadas a mejorar sus condiciones habitacionales y los programas que garantizaban el acceso al agua potable, energía eléctrica o redes cloacales se interrumpieron”, señalaron desde el CELS.

Tras la creación del ReNaBaP y la posterior sanción de la ley de integración socio urbana comenzaron las obras que, de acuerdo con datos de ejecución del 2023, implicaron: 1.276 obras de integración, 5.060 barrios populares con trabajos de viviendas y 117 obras de acceso al suelo, a su vez se realizaron 58.127 conexiones eléctricas, 75.725 de agua, 37.787 conexiones de cloaca y 8.575 de gas, con más del 80% del presupuesto asignado ejecutado. Asimismo, se realizaron 193 centros comunitarios, 26 espacios educativos y 168 centros de recreación y deporte, entre los principales, sumado a las 250.000 mujeres beneficiadas con el plan Mi Pieza. La ejecución de estas obras estuvo a cargo, en igual medida, de organizaciones de la sociedad civil -sociales, iglesias, ONG, sindicatos- (34,4%) como de municipios (34,1%), entre otros organismos. 

“La reciente decisión del gobierno incumple las obligaciones constitucionales y legales ya que reduce y busca eliminar la principal fuente de financiamiento para impulsar la integración socio urbana, sin contemplar la asignación de recursos alternativos. De no tomarse medidas urgentes, este escenario se agravará el año que viene, por la eliminación del impuesto PAIS y por la falta de asignación de partidas para el cumplimiento de estas políticas en el proyecto de presupuesto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo”, resaltaron.

Brecha de acceso a servicios en la sociedad

Vale mencionar que esta decisión del gobierno nacional respecto del FISU no es aislada, ya que se da a la par del freno a la obra pública en todo el país, siendo la construcción uno de los sectores más golpeados de la economía (en agosto cayó 26,4% interanual según INDEC, registrando ya nueve caídas de dos dígitos consecutivas en dicha comparación).

Lo anterior no es menor si se considera el papel central de la obra pública. “En 1992 las diferencias de acceso al agua corriente, saneamiento y cloacas entre los hogares más ricos y pobres eran mucho mayores que las que hay hoy (que todavía son marcadas, particularmente en cloacas), la obra pública fue clave para la reducción de esas diferencias”, señaló un informe del centro Fundar.

Dado que el acceso a estos servicios está muy extendido entre los hogares de mayores ingresos, el tamaño de las brechas depende principalmente de la expansión de la cobertura entre los hogares más vulnerables. “En el caso del acceso al agua potable, la expansión del servicio en las áreas urbanas captadas por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) ha sido casi completa. En el caso de saneamiento, las brechas se han acortado pero persisten y superan los 15 puntos: 99,1% de los hogares del quintil de mayores ingresos tienen retrete con descarga de agua, porcentaje que cae al 83,8% entre los del quintil más pobre. El acceso a cloacas está menos extendido, y las diferencias entre estratos de ingreso son mayores. La brecha entre los quintiles extremos es de 30,7 puntos, que resultan de un acceso de 86,2% en el quintil 5 y de sólo 55,5% en el quintil 1”, detallaron y remarcaron que “solo la inversión pública garantiza el acceso a servicios básicos y reducir las brechas”.