Salarios pisados, ancla cambiaria y mayor conflictividad: qué puede pasar en el primer trimestre del año

Después del golpe de la devaluación de diciembre 2023, la sostenida pérdida de poder adquisitivo de los ingresos y la destrucción de fuentes laborales, los salarios empezaron a recuperar, en la segunda mitad del año, parte de lo perdido. Sin embargo, el escenario para 2025 no luce muy prometedor: la continuidad del modelo económico actual necesita de paritarias pisadas que, junto con el ancla del tipo de cambio, le aseguren al gobierno nacional -en un año electoral- mantener la inflación a la baja en los próximos meses. En ese sentido, desde este lunes, ajustará la devaluación mensual al 1%, confirmando que el ancla cambiaria también seguirá, por ahora, a la orden del día.

“La economía argentina va adoptando las dinámicas típicas de un modelo de apreciación cambiaria. Este año será diferente al 2024 ya que la economía está ingresando en una nueva etapa en la que se agotan los efectos de la desinflación y aparecen las dificultades de la ‘nueva estabilidad’”, analizó un informe de la consultora C-P que puso foco en los efectos que produce “la rápida reducción de la inflación desde niveles altos”.

En este marco, la pauta salarial “no escrita” pero que se lee entre líneas en las primeras paritarias del año, parece indicar que la recuperación de ingresos “será limitada” ya que “la desinflación se agota y el ancla salarial acota los aumentos”. De la mano, la administración libertaria llevará desde esta semana el crawling peg del 2 al 1% mensual, según su intención de mantener la baja inflacionaria. Por su parte, la tasa de política monetaria pasará del 32 al 29%, aunque seguirá siendo “atractiva” para el carry trade fomentado por el gobierno.

“Un ancla salarial más conflictiva, los cambios distributivos, y del patrón del empleo y la política fiscal pintan un escenario con velocidades de recuperación lejos de los que se evidenciaron en el segundo semestre. Una vez digerido el éxito de la desinflación. ¿se reactivarán los mecanismos históricos asociados al conflicto distributivo?, planteó el informe de la consultora.

Paritarias a la baja y ancla cambiaria

En el primer año de gestión de La Libertad Avanza creció el déficit de empleo, se sostuvo la precarización y aumentó más de doce puntos la pobreza de ingresos. Tras estas condiciones que agravaron problemas estructurales del mundo del trabajo, ¿qué escenario enfrentan las y los trabajadores en 2025?

“Aún con la recuperación, los salarios reales son muy bajos en términos históricos”, analizó un informe reciente de la consultora C-P. Según entienden si bien “en el segundo semestre los ingresos se recuperaron de manera generalizada” de cara a este año “queda en evidencia el poder del ancla cambiaria y los efectos socioeconómicos de corto plazo que produce la rápida reducción de la inflación desde niveles altos”. 

En ese sentido, los economistas alertaron por “la brecha entre los indicadores de salario efectivo y los acuerdos salariales” y se preguntaron “si estamos ante un efecto transitorio o frente a algo más permanente vinculado al debilitamiento de la negociación colectiva”. En esa línea el panorama no es muy alentador: “es esperable que la recuperación de ingresos sea limitada. La desinflación se agota y el ancla salarial -más exigente- acota los aumentos. El compromiso con el superávit fiscal y un gasto previsional indexado imposibilita recuperaciones reales de relevancia”, analizaron. Un aspecto no menor tiene que ver con que “los cambios en el patrón de empleo implican menores ingresos promedio, más inestabilidad y mayor desigualdad”.

En este sentido, el gobierno de Javier Milei arrancó el 2025 con la postura de no homologar paritarias que se alejen demasiado del indicador de precios minoristas que mide el INDEC, poniendo en evidencia lo que podría ser una nueva fase del proceso de desinflación a costa de salarios bajos.

“Comercio cerró un aumento del 1,7% por mes entre enero y marzo. UTEDyC sumó un 10% para el primer semestre (5% en marzo, 2,5% en mayo y 2,5% en junio). El número mágico - ¿la pauta no escrita? - parece ser el 1,7% por mes. Si la inflación no baja fuerte, el salario lo va a sentir” analizó en sus redes el especialista Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma. Según repasó, la Federación Gráfica cerró un aumento salarial del 1,7% en enero, 1,5% en febrero y 1,3% en marzo; el Sindicato de Carga y Descarga un 1,8% para enero y 1,5% para febrero; y hasta la UOM 5,5% en noviembre, 2% en diciembre, 1,5% en febrero y 1% en marzo; y Camioneros en diciembre 2,2%, enero 1,8%, y febrero 1,5%; aunque en dichos casos con una suba inicial o suma fija que buscarían compensar los meses de menores incrementos. Queda claro, según Campos, que “se empieza a instalar una pauta decreciente y va a ser clave lo que pase con la inflación en el primer trimestre”. 

En sintonía, el economista Federico Pastrana publicó que “la discusión de la pauta salarial debe entenderse en conjunto con un esquema macro que prioriza la desinflación por sobre todos los objetivos. Es decir, la pretensión de seguir anclando los salarios se da en paralelo a la búsqueda de reducir la nominalidad de la economía, que incluye también a la política cambiaria (crawling peg al 1% mensual). El promedio de paritarias está mostrando una desaceleración mes a mes”, subrayó.

Asimismo, la última actualización discrecional del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) que en marzo se ubicará en $296.832, conlleva una caída del 18% contra diciembre 2023 y del 40% si se mira desde fines del 2019 a la fecha. “Estos ingresos están asociados a momentos de tensión y disconformidad con la situación económica, lo cual lleva a preguntarse si una vez digerido el éxito de la desinflación, no se reactivarán los mecanismos históricos asociados al conflicto distributivo”, analizaron al respecto desde C-P. 

Lo anterior es clave si se tiene en cuenta, además, que los últimos datos de participación de los trabajadores en la distribución del ingreso indicaron una baja sostenida durante el primer año de gobierno de La Libertad Avanza, pasando del 44,9 % al 43,2% del reparto de la torta, según datos de INDEC. De hecho, si no se tiene en consideración al sector público, la participación del trabajo cae al 35,7%. Esto ocurre en una coyuntura donde 187.000 trabajadores registrados perdieron su empleo solo en un año, un número que alarma y no llega a ser compensado por la leve recuperación de fines del 2024. Al a par, crecen las modalidades más precarias de contratación. Sobre ello, un documento elaborado por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) señaló que “mientras sectores como Alimentos y Explotación de Minas y Canteras tuvieron un aumento de empleo y salarios, en la actividad comercial hubo suba de puestos pero contracción salarial y, en el extremo opuesto, se ubicaron Textiles y calzado, así como Construcción (el sector más afectado) junto con la industria manufacturera, fuertemente golpeados por la recesión y crisis del mercado interno”. Como resultado, “recién en enero de 2026 podrían empezar a recuperarse los empleos que se perdieron desde agosto de 2023”. 

Esto tiene correlato directo con otra realidad que alerta: los subsidios por desempleo escalaron 60% en 2024. El año pasado, 174.335 empleados registrados -despedidos sin causa atribuible al trabajador- comenzaron a cobrar la Prestación por Desempleo, de acuerdo con información de Seguridad Social. De ese total, las más numerosas correspondieron a la Construcción (54.046 trabajadores), Industria manufacturera (36.233), Comercio (28.790), Actividades administrativas (14.150), Servicio de transporte (7.158), Servicios de comida y alojamiento (6.493) y Salud y servicios sociales (5.522).

En ese marco, no sorprende que el cuentapropismo y el empleo asalariado informal estén sobrerrepresentados en el conjunto de trabajadores que están buscando otros empleos. De hecho, “mientras ambas categorías explican casi el 50% del total de ocupadas, dentro de quienes son trabajadores demandantes representan el 73%. A ello se agrega un 26% de trabajadores demandantes que corresponden al segmento de asalariadas formales”, sumaron desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP).

En esta coyuntura de ancla salarial, el gobierno busca sostener a toda costa el proceso de desinflación, apostando también al ancla cambiaria. ¿Cuáles son las consecuencias? “La reducción y cierre de las actividades transables por no poder competir con las importaciones, reducción de la actividad de turismo”, planteó en sus redes el economista Juan Graña y alertó que “el atraso puede sostenerse vía deuda externa (bonos, organismos), exportaciones con renta que no son tan sensibles al atraso (agro, energía, minería) por carry comercial o financiero, privatizaciones”. Según entiende “el gobierno busca fondos frescos del FMI, incrementa su intervención de los TC financieros, quiere impulsar el crédito en dólares quitando regulaciones (impuesta post crisis del 2001 a partir de los aprendizajes) pero como hay cepo y el gobierno quiere salir, eso implica una devaluación.  Mientras más atraso, mayor devaluación”.

La reforma que quiere el gobierno

El capítulo de modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) contenido en la “Ley Bases” habría sido tan solo el primer paso de cara a la reforma laboral que el propio Javier Milei confirmó que intentarán implementar en 2025. En ese sentido, un informe del Instituto de Estudios y Formación de la CTA (IEF) analizó, según lo presentado por un grupo de diputados del oficialismo, cuáles son los cambios que el gobierno busca imponer a los trabajadores. 

Se destacó que “la reforma permitiría, por ejemplo, que si un trabajador percibe un salario por encima del mínimo legal o convencional esté expuesto a tener que aceptar un pedido de reducción salarial por parte del empleador, bajo la amenaza de que en caso de no convalidarlo su propio puesto de trabajo puede quedar en riesgo”. Asimismo, se buscaría la implementación de tickets canasta y conceptos no remunerativos que tuvieron vigencia en los ‘90, para “volver al sistema donde una parte importante del ingreso era abonada con estos bonos a los que la ley no consideraba parte de la remuneración y por lo tanto no estaban sujetos a aportes al sistema de la Seguridad Social ni eran tenidos en cuenta para la determinación del cálculo de aguinaldo, indemnizaciones, entre otros”.

El IEF agregó que la administración de Milei buscaría también “flexibilizar al extremo el otorgamiento de las vacaciones anuales, habilitar que los convenios colectivos de trabajo modifiquen la jornada laboral con el único límite de respetar un descanso mínimo de 12 horas entre jornada y jornada, y un endurecimiento del régimen de licencias por enfermedad”. Se suma finalmente, “facilitar la subcontratación y tercerización de trabajadores en el sector rural con mayores obstáculos para que el titular de la explotación principal sea responsabilizado por los incumplimientos de las obligaciones laborales”.