El juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°4 de la Ciudad de Buenos Aires frenó este miércoles por el plazo de dos días el tarifazo que el Gobierno porteño pretendía imponer en la tarifa del subte. Se trata de una pre-cautelar en la que la Justicia solicitó al Gobierno porteño y a la concesionaria Sbase que presenten una serie de documentación para resolver si dictan o no la cautelar que suspendería el aumento hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
La decisión fue emitida a partir de un recurso de amparo presentado por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U), entre los que se encuentran la firma de la diputada nacional Myriam Bregman y referentes de la Ciudad y dirigentes sindicales.
La documentación solicitada es la siguiente:
• El informe IF-2024- 17118650-GCABA-SBASE: resolución del directorio de la concesionaria en la que llevan a cabo un análisis en el que la empresa aprueba los nuevos cuadros tarifarios y apunta que la tarifa tiene que estar en 809,07 $.
• El expediente 2024-05127084-GCABA-SBASE e IF-2023-44264945-GCABA-SBASE, ambos mencionados en la ley 4.472 de determinación de la tarifa técnica.
• Actuaciones administrativas o informe sobre cantidad de pasajeros brindados por Nación Servicios SA (NSSA), citado en la página 15 del IF2024-06433935-GCABA-SBASE.
• Adjunte los últimos 4 informes trimestrales que el concesionario EMOVA haya presentado a SBASE en los términos del Capítulo XVIII de acápite 18.1.3 del Contrato de Concesión.
"Hasta tanto se encuentre contestado el traslado, acompañada la totalidad de la documentación requerida y así lo indique expresamente este juzgado, los demandados deberán abstenerse de innovar en relación al monto de la tarifa al usuario del servicio público de Subterráneo", especifica el documento al que tuvo acceso El Destape.
En tanto, señalan que la demanda está planteada sobre los derechos que revisten "carácter colectivo" en los términos del artículo 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que habilitan la legitimación ampliada para litigar por vía de amparo.
La Justicia además estableció la difusión de la medida tomada por radiodifusión, como por intermedio del Sistema de Difusión Judicial, así como con edictos en todas las sedes comunales de la Ciudad.
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Entre los demandantes se encuentran el ex legislador Patricio del Corro y el trabajador del subte y miembro del Secretariado Ejecutivo de la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), Claudio Dellecarbonara.
En el escrito que presentaron denunciaron que el aumento que se aprobó tras la audiencia pública para subas del subte fue "un aumento tarifario con serias irregularidades en sus cálculos", ya que "existen incumplimientos a la normativa que regula al subte y a la determinación de su tarifa, así como falta de información transparente en su cálculo, permitiendo arbitrariedades para calcular y aumentar la tarifa". Además, hicieron énfasis en la pérdida de poder adquisitivo de la población y la comparación de la nueva tarifa con la de otras ciudades.
"El boleto de subte final de $757 pasaría a valer una tarifa final de 82 centavos de dólar (con una divisa oficial estable de $921.04), sería internamente una tarifa comparativamente más alta a la de los años 90 pre-privatización del servicio pero con un salario en dólares bastante más deprimido, y comparando con el exterior el subte de Buenos Aires, con apenas 6 líneas y 90 estaciones, pasaría a estar considerablemente más caro en dólares que redes como la de Moscú con 14 líneas y 258 paradas a 60 centavos de dólar o la de Ciudad de México con 12 líneas y 195 estaciones a 30 centavos de dólar", subrayaron.
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