“Vengo de cenar con una colega del interior, investigadora del Conicet de las mejores en su área. Consiguió una beca para irse un año a España: 4000 euros por mes. Se va con su marido e hijo. ‘Si les gusta lo que hago, me quedo allá, creo que tengo buenas chances’, me comentó. Su ex director de tesis e investigador principal también se va con el mismo programa. El área queda vacía”.
La conversación precedente se produjo hace varios meses, pero anticipó un panorama desolador que se haría extensivo a otras áreas, como las universidades nacionales: con un retraso de alrededor de un 30% o más en los salarios docentes y no docentes, muchos (y en especial los más destacados) contemplan la posibilidad de irse a trabajar al extranjero o aceptan ofrecimientos difíciles de rechazar de instituciones privadas. Algunos, por falta de incentivos o desánimo por las medidas que se están tomando; para otros, el motivo es sólo económico y de falta de subsidios. No se quieren ir, pero reciben ofertas varias veces superiores a lo que están ganando. Los jóvenes, “están tirando CVs al exterior”, comenta un investigador.
Dos de las universidades más importantes del país, la UBA y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) ya se declararon en emergencia por el deterioro de los salarios.
“La situación es realmente crítica –destaca Rodrigo Quiroga, bioquímico y docente de bioinformática en la Universidad Nacional de Córdoba, que acaba de declarar la emergencia salarial–. Todas las semanas hay al menos una renuncia a cargos docentes, algo que jamás sucedió. Hoy, los profesores más jóvenes están cobrando 128.000 pesos de bolsillo”.
Según explica Jorge Aliaga, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y hoy integrante del Directorio del Conicet y del consejo directivo de la Universidad Nacional de Hurlingham, los sueldos universitarios desde hace años tienen una “garantía salarial". “Se acuerda en paritarias un aumento y un piso –explica–. Como los docentes tienen un componente de antigüedad muy grande, que llega al 120% a los 24 años de servicio, esa ‘garantía’ se cobra en las categorías y antigüedades en las que el aumento acordado no supera el piso. El gobierno desde diciembre dio aumentos (que [en las universidades] implicaron una pérdida del 30% aproximadamente, como ocurrió en toda la Administración Pública Nacional y jubilados) pero además no subió la garantía salarial. Entonces las categorías que menos cobraban tuvieron una pérdida aún mayor, algunas con aumento cero”.
Aunque los números fríos todavía no transmitan la gravedad de lo que está ocurriendo, la deserción golpea con especial dureza en los estratos superiores y en las áreas de matemática, computación y ciencia de datos, que no exigen equipamientos ni laboratorios costosos. “En las últimas dos semanas, me dieron la noticia de que se van dos profesores buenísimos; uno de ellos, el más citado del país en su tema, un genio total –cuenta Guillermo Durán, actual decano de Exactas/UBA–. Los dos directores del Instituto de Cálculo que me sucedieron se fueron a una universidad privada. En computación, se fueron varios en los últimos dos años, y es gente de mucho peso”.
Fernanda (no es su verdadero nombre), tomó la decisión de mudarse a una importante universidad privada. “Habíamos comprado un departamento y nuestros sueldos sumados no alcanzaban a cubrir los gastos –cuenta–. Finalmente, me fui en marzo. En ese momento, mi retribución era el doble de lo que ganaba en la universidad pública; ahora es el triple, más la prepaga, más un fondo para investigación… Es muy triste lo que está pasando, me parte el alma. Porque, además, los que se quedan tienen que ‘rebuscársela’ de alguna manera: o se van a dar clases al exterior durante un cuatrimestre y luego vuelven, o tienen que sobrecargarse de clases para complementar el sueldo. Y eso te obliga a hacer menos investigación o que prepares peor tus clases, o le pongas energía a otras cosas”.
“No tengo información precisa, pero sí impresiones y perspectivas. Ambas muy preocupantes, por los dos extremos –cuenta Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional–. Los más calificados serán tentados o buscarán otro norte, y los menos calificados y/o de menor retribución por su escala y/o dedicación perderán estímulos, afinidad, compromiso por necesidades de subsistencia. Es un combo destructivo e insostenible en el tiempo”.
Las universidades públicas forman a alrededor del 80% de los profesionales del país. El último informe del grupo Economía, Política, Ciencia del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (EPC-Ciicti), subraya que la pérdida en los ingresos reales de su personal es sustantiva. “Considerando el retraso y la unilateralidad de los aumentos concedidos, la lenta y progresiva reducción de la inflación mensual incide de todas maneras sobre salarios ya deprimidos desde el inicio mismo del período –subrayan–. Por un lado, los ingresos de los investigadores y docentes en universidades nacionales, que componen casi un 30% del personal del sistema nacional de ciencia y tecnología, resistieron mejor el ajuste del período 2015-2019, pero no se incrementaron en los cuatro años subsiguientes, por lo que permanecieron 12 puntos por debajo de los valores de 2015. Por el otro, los trabajadores del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep) habían perdido 27 puntos reales con el gobierno de Macri y descendieron otros 11 puntos con el de Alberto Fernández. La política de ingresos del gobierno actual supuso un ataque a todos los agrupamientos a la vez, generando primero una violenta retracción en el ámbito universitario (sobre todo en diciembre y enero, con una caída de 30 puntos reales), y luego llevando paulatinamente a los otros agrupamientos a un rango similar de deterioro salarial, mediante una política de reducción sistemática mes a mes de los ingresos reales. A fines de junio los salarios se encuentran 26 puntos reales por debajo de los valores de noviembre de 2023, y los salarios en las universidades nacionales (UUNN) tuvieron una pérdida de 25,6 puntos”.
"La sensación es que esto no es un daño colateral producto del ajuste, sino algo ideológicamente deseado por el gobierno, ya que vacía el sistema público de educación y transfiere a muy bajo costo (esto es, sueldo y condiciones de trabajo razonables) recursos humanos fundamentales –reflexiona Valeria Levi, vicedecana de Exactas/UBA–. Creo que lo que se esta buscando con las UUNN es lo que ya vivimos con los otros niveles educativos durante el menemismo, pero más rápido. Y el caso de los docentes auxiliares es particularmente angustiante, no llegan a cubrir las necesidades básicas, son salarios que expulsan del sistema a los docentes".
Como es obvio, si esta tendencia continúa, solo accederán a una educación superior de excelencia aquellos cuyas familias cuenten con un presupuesto acorde con las cuotas de las instituciones privadas, astronómicas para la gran mayoría de la población. Es otra forma de asfixiar al sistema científico local, que registra una baja real de la inversión del 30,4% real contra 2023. En el capítulo que incluye al ex Ministerio de Ciencia (Mincyt), actual Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (ICT), el Conicet, la Agencia I+D+i y la Conae, la retracción alcanzó el 37,7% real. "El descenso en la ejecución de estas reparticiones en comparación con el año anterior empeoró todos y cada uno de los meses del año. El ajuste en siete meses es más abrupto que el de los cuatro años de la gestión de Mauricio Macri”, subraya en su análisis el grupo EPC.
Más allá de la ampliación del Decreto 594-2024, que habilitó un crédito presupuestario de 1,24 billones de pesos, la desinversión en ciencia y tecnología es exactamente lo contrario de lo que fija la ley Ley 27.614, votada en forma unánime en 2021, que se proponía llevarla al 1% del PBI. Tras haber logrado alcanzar apenas un magro 0,302% del PBI en 2023 (lo que significó un aumento del 43% real desde 2020), el actual descenso no tiene antecedentes desde que la "función ciencia y tecnología" se incorporó al sistema de cuentas en 1972. Si hubiera una inflación del 229,9% promedio anual y una caída de entre 4 y 5 puntos del PBI, como prevé el gobierno, la inversión en CyT caería al 0,208% del PBI, con una retracción real del 34,5%. “Se trata de un mínimo histórico de la serie de la inversión pública en CyT, que solo es homologable a otras dos fechas aciagas: 1976 y 2002”, dice el informe del grupo EPC.
Los otros gastos caen incluso más rápido. Durante el primer semestre de este año, los salarios pasaron de ser el 54,8% del total de la inversión a más del 70% del presupuesto ejecutado; ésta disminuyó un 46% real en bienes de capital y las transferencias (ítem clave para la inversión en infraestructura y equipamiento en universidades y organismos, así como también para los subsidios para gastos corrientes y de capital al sector privado) se retrajeron en un 61,2%.
El presupuesto de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (ex Ministerio de Ciencia) se retrajo un 94,2% real. La inversión en ciencia en el marco del Programa de Desarrollo de la Educación Superior en Universidades Nacionales del actual Ministerio de Capital Humano también descendió un 92,3% real en comparación con 2023.
“Considerando la ampliación presupuestaria y los lineamientos del Informe de Avance para el segundo semestre, se proyecta a diciembre un deterioro real para todos y cada uno de los organismos que componen el sistema; entre los que se destacan el Conicet (-25,6%), la CNEA(-30,5%), el INTA (-29,4%), la Conae (-55,9%) y la Agencia I+D+i (-66%), porcentajes de declinación sin antecedentes en la historia presupuestaria reciente de nuestro país.
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