La Cámara Federal porteña ordenó este jueves liberar al último detenido que tenía el caso en que se investigan los disturbios en los alrededores del Congreso del 12 de junio, cuando se votaba la Ley Bases en el Senado y las fuerzas de seguridad desataron una cacería represiva que terminó con 33 personas apresadas. El fiscal Carlos Stornelli y el gobierno de Javier Milei intentaron sostener que entonces hubo un intento de golpe de Estado, un atentado contra la democracia. El fallo del tribunal revisor en el que deja a la causa sin detenidos es un golpe letal para la tesis central del expediente, en el que de la treintena de imputados que hubo al inicio quedaron solo 5 procesados y por delitos menores. No obstante, para evitar que se hunda totalmente esta pesquisa impulsada por el Ejecutivo para amedrentar la protesta social en un escenario de crisis, la jueza María Servini ordenó que se les tome indagatoria a 5 personas que no estaban involucradas en el proceso.
“Fracasó por completo el intento del gobierno de instalar el cuento del ‘ataque al orden institucional’, ‘terrorismo’ y ‘golpe de estado’”, aseguró a El Destape la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que asiste a personas acusadas en esta causa. “A pesar de los esfuerzos del fiscal Stornelli, ya no quedan personas detenidas y, de las 33 inicialmente acusadas, sólo cinco siguen procesadas por los típicos delitos para criminalizar la protesta, como atentado y resistencia a la autoridad y daño. Por eso ahora intentan ampliar la investigación contra otras personas supuestamente identificadas a través de videos o fotos, que están citadas a indagatoria la semana próxima. Pero incluso ahí no tuvieron elementos para disponer detenciones. Desde las organizaciones antirrepresivas y organismos de Derechos Humanos que intervenimos en las defensas, seguimos convocando a sostener la lucha solidaria para lograr los sobreseimientos y el cierre de la causa”, añadió.
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La excarcelación del último detenido
Este jueves, la Cámara Federal porteña ordenó excarcelar a Roberto de la Cruz Gómez, el último detenido que quedaba en la causa de la represión durante la Ley Bases. La decisión demorará en hacerse efectiva porque De la Cruz Gómez tiene antecedentes penales por lo que se dispuso liberarlo con una tobillera electrónica, que tendrá que gestionarse mediante un trámite burocrático que no es inmediato. Lo central de la resolución del tribunal revisor de Comodoro Py es el argumento por el que otorga la excarcelación, ya que demuele la tesis de Stornelli.
El camarista Martín “Doctrina” Irurzun en su voto comparó el estado del expediente cuando resolvió por la prisión preventiva de Gómez de la Cruz, el 11 de julio pasado, y la situación actual de la pesquisa: “Cuando voté –junto al juez Eduardo G .Farah- por avalar la prisión preventiva del imputado, lo hice (entre otras cosas) por la ‘subsistencia de medidas probatorias’ destinadas a determinar si ‘existió un determinado grado de planeamiento precedente entre los involucrados’”. “El panorama actual que exhibe la causa difiere del valorado entonces”, expresó. Y añadió: En la actualidad “no se han reunido datos en el sentido indicado. El 6 de agosto la jueza tuvo por completa la instrucción respecto de Roberto De La Cruz Gómez”. Es decir, para ni más ni menos que Irurzun no existió ningún plan entre los acusados. Si bien era algo evidente, que la cámara revisora de Comodoro Py afirme eso es una sentencia de final para la causa. Irurzun también resaltó el tiempo que ya transucrrió desde que se detuvo a De la Cruz Gómez y que en la investigación se descartaron “figuras (delictuales) más gravosas”.
Farah acompañó en su voto a su colega y entre ambos dispusieron la excarcelación de De la Cruz Gómez con una serie de condiciones como “la imposición de uso de un dispositivo electrónico de rastreo”, la prohibición de salida del país y “la obligación de presentarse en forma periódica en el lugar que la jueza determine y de no ausentarse del domicilio fijado sin aviso por más tiempo que el señalado por la magistrada”.
El camarista Roberto Boico, por su parte, se diferenció de sus colegas. Para este juez, De la Cruz Gómez no tendría que estar ni siquiera procesado por lo que reiteró lo que dijo en su primera intervención sobre la situación procesal del acusado: dijo que se debe “declarar la falta de mérito” y “disponer su inmediata libertad”.
Con esta decisión de la cámara, el caso pasará de tener 33 detenidos a ninguno.
En diálogo con El Destape, De la Cruz Gómez había narrado a principios de julio que cuando fue detenido junto a otras personas, en el penal “nos recibieron encapuchados. Nos tuvieron cagándonos de frío y nos tiraron gas pimienta. Decían: ‘Llegaron los kirchneristas, los tira piedra’”. “Nos tiraron al muere. Al llegar nos metieron en un pabellón con personas con diferentes problemas”, agregó a quien sus antecedentes penales le hicieron ser el último detenido en ser liberado. Tras dejar la cárcel tiempo atrás, Roberto se logró reinsertar en la sociedad y consiguió trabajo en una panadería. “Tengo miedo de perder el trabajo”, dijo al teléfono desde otro de los pabellones de Ezeiza cuando habló con este cronista.
Por la situación que sufrieron mientras fueron detenidos o en la cárcel, algunos de los 33 detenidos presentaron denuncias por torturas y maltratos. También tomó intervención en el caso la Comisión Bicameral de control de los organismos de inteligencia por denuncias de interrogatorios ilegales en las cárceles. En la mira quedaron las fuerzas de seguridad y el Servicio Penitenciario Federal que ahora depende de la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich.
Una causa armada para amedrentar
Para los organismos de DDHH y sociales esta causa fue un ensayo del gobierno y sus aliados de Comodoro Py para limitar la protesta social y amedrentar a futuros manifestantes. Se trata de un expediente que está repleto de absurdos e inconsistencias.
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La abogada Agustina Lloret, coordinadora de Litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó a El Destape: “Si hay algo que podemos sacar en limpio de lo que fue este proceso de criminalización de los manifestantes del 12 de junio es que toda la plataforma de acusación que construyó el fiscal Stornelli estuvo completamente magnificada y exagerada para responder a aquellos primeros mensajes que mandaba el Poder Ejecutivo sobre cómo caracterizar ese ejercicio del derecho a la protesta contra medidas del gobierno”. “Guiado en una serie de tuits en los que el presidente acusaba a los manifestantes de ser terroristas, golpistas, de atentar contra las instituciones democráticas fue tomado por el fiscal Stornelli como puntapié inicial para convalidar una serie de detenciones que a lo largo del proceso se demostraron que eran arbitrarias”, agregó. LLoret explicó que “las detenciones fueron la excusa para dar inicio a un proceso penal completamente exagerado que buscaba generar miedo, infundir temor y desincentivar a las personas que lo estaban viendo, porque fue un proceso que estuvo en el ojo mediático”. La abogada señaló a este medio que “ese carácter de espectacularización que tuvo el caso hizo que el fiscal alimentara la causa con figuras muy graves que le valieron a 33 personas estar detenidas. Luego la jueza Servini fue ordenando (el expediente) a cuentagotas sobre la base de un cálculo, de una mirada de lo que iba pasando en el día a día, más político. Esto terminó generando un dictado de falta de mérito para la mayoría de estas personas, que todavía están sometidas a proceso, y el dictado del procesamiento a 5 de ellos”.
Fue la revisión de estos procesamientos lo que dañó el núcleo de la pesquisa. “Cuando los jueces de la cámara revisan lo resuelto por Servini limpian la figuras legales, los delitos por los cuales se acusaba a estas personas y se termina cayendo el relato inicial de Stornelli con estas figuras de atentado contra las instituciones democráticas –continúa Lloret-. Los hechos terminan convirtiéndose en delitos muy menores que ni siquiera tendrían que seguir tramitando en el fuero federal sino en el fuero de la Ciudad, con salidas alternativas a un juicio y a una sanción penal”, concluyó.
En la causa hay en la actualidad 28 personas con falta de mérito y 5 personas procesadas por delitos menores como atentado y resistencia a la autoridad. A algunos de ellos se les adjudica el de daño o lesiones leves. Para Servini lo que hace a estas 5 personas la instrucción está completa y pidió a la fiscalía que requiera la elevación a juicio. A esto se suma que el Senado de la Nación presidido por Victoria Villarruel, que intentó ser querellante, fue excluido del trámite por la cámara federal porteña. En lo que hace las 28 personas con falta de mérito sus defensas están esperando a que se terminen de producir algunas pruebas pendientes para plantear su sobreseimiento.
No obstante, para evitar el hundimiento total de esta causa impulsada por el gobierno, esta semana la jueza Servini citó a prestar indagatoria (sin orden de detención) a al menos 5 personas que identificó por videos y fotos. Deberán declarar a partir del 10 de septiembre. Según los acusadores estaban provocando disturbios en el marco de la protesta. De alguna forma, Comodoro Py debe justificar haberse quedado con un expediente que nunca debió tramitar en los tribunales federales porque no incluye delitos federales.
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