La Cámara Federal porteña resolvió que 4 de las 5 personas que fueron detenidas durante la represión que desató el gobierno de Javier Milei el 12 de junio en el marco de la votación de Ley Bases en el Senado y aún no fueron excarceladas continúen apresadas. Al menos, hasta resolver su situación procesal. Ante esta decisión el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que pidió ser amicus curiae en la causa, reclama por la libertad de los manifestantes criminalizados. El Destape contactó a través del teléfono del pabellón a los apresados, quienes relataron su estado de situación. Contaron cómo es el día a día tras las rejas y si sufrieron o sufren maltratos.
La consulta por la violencia intramuros no es azarosa. Mientras la cámara porteña analiza la situación procesal de los acusados avanzan las denuncias por torturas y maltratos que realizaron algunos de los 33 detenidos que tuvo la causa y fueron liberados por la jueza María Servini tras dictarles la “falta de mérito”. También tomó intervención en el caso la Comisión Bicameral de control de los organismos de inteligencia por denuncias de interrogatorios ilegales en las cárceles. En la mira están las fuerzas de seguridad y el Servicio Penitenciario Federal que ahora depende de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Este último jueves, la sala II de la Cámara Federal porteña decidió con los votos de los camaristas Roberto Boico y Martín “Doctrina” Irurzun excarcelar a Facundo Gómez, joven de 31 años, padre de un hijo de 14 años, que se dedica a vender café en Plaza Serrano, Palermo, cuya detención arbitraria se dio cuando estaba hablando por teléfono con su madre Elena. Si bien sigue procesado, la acusación en su contra se desvaneció cuando el 1 de julio pasado declararon dos testigos que presenciaron el momento en que fue apresado y se derribó el relato policial. A pesar de ello, el camarista Eduardo Farah votó por avalar su detención. Farah hizo lo propio en los otros cuatro casos. En 3 de ellos, el de Patricia Daniela Calarco Arredondo, Cristian Valiente y David Sica, hizo mayoría con Irurzun para dejar firme la prisión preventiva. Boico votó en disidencia porque consideraba que se debía excarcelar a los tres. En el caso en que los camaristas tuvieron unanimidad fue el de Roberto de la Cruz Gómez, a quien sus antecedentes penales le jugaron en contra. Salvo Calarco Arredondo el resto tiene defensa oficial, que está a cargo de Florencia Plazas.
Así las cosas, de los 33 detenidos que tuvo el caso, 28 recibieron la falta de mérito y fueron liberados; los 5 restantes fueron procesados. De ese último grupo solo uno, Facundo Gómez, fue excarcelado este último jueves a la noche. Los restantes 4 siguen presos. A partir del 8 de julio la cámara porteña estará en condiciones de resolver la situación procesal de los procesados y de 7 personas con faltas de mérito que la fiscalía pidió revocar.
“La Cámara Federal decidió mantener privados de su libertad a 4 de los 5 manifestantes criminalizados sobre la base de argumentos genéricos vinculados al entorpecimiento de la investigación y al peligro de fuga”, explicó a El Destape Agustina Lloret, coordinadora de litigio del CELS. Y agregó: “Esto tiene varios problemas: a algunos les plantea que hay riesgo de entorpecer la investigación, pero toda la prueba pendiente son análisis periciales a celulares y de las filmaciones secuestradas en la causa. Es decir, en ningún caso se explica por qué, ni mucho menos se demuestra cómo la libertad de los manifestantes podría afectar o destruir estas pruebas. A quienes mantiene detenidos por peligro de fuga, es porque lo basan en la pena en expectativa que genera la existencia de procesos anteriores en su contra. Esto también está mal, porque los riesgos procesales tienen que basarse en hechos y pruebas concretas que los confirmen como posibles y siempre que no existan medidas alternativas y menos gravosas que permanecer en una cárcel”. El CELS se presentó ante la cámara porteña como amicus curiae para pedir que se revoquen los procesamientos y la prisión preventiva y queden todos en libertad.
Lorena De la Cruz es abogada de Patricia Calarco Arredondo y Sofía Ottogalli (también estuvo detenida y luego fue liberada) e integra el organismo Red Socialista de Derechos Humanos (REDES). En diálogo con El Destape, De la Cruz cuestionó el fallo de la cámara porteña en lo que hace a su defendida: “Es un fallo sin fundamentos. En el caso de Daniela nos dicen que ya no es el peligro de fuga sino que puede entorpecer la causa. Daniela no es una persona que pueda influenciar en eso. Todo lo que recabó el juzgado ya está en el expediente. ¿Cómo va a entorpecer la causa?”. Para De la Cruz no hay dudas: “Esta es una decisión política. Hay un posicionamiento político de que si manifestás vas a terminar detenido”. Lorena adelantó que apelarán la resolución ante la Cámara Federal de Casación Penal: “Recurriremos ante todas las instancias que sean necesarias para lograr la libertad de Daniela”.
Está más que claro que si la Cámara Federal porteña liberaba a todos o casi todos los detenidos que aún quedan, la causa se desarmaba y el gobierno de Milei así como el fiscal Carlos Stornelli, quienes alientan la tesis de un golpe de Estado, hubieran quedado en ridículo. Sostener al menos cuatro detenciones -entre las que hay estigmatizantes- les permite al Poder Ejecutivo y al fiscal seguir con su circo político-mediático-judicial. No hay que olvidar que Comodoro Py, en una decisión fuera de lo común, decidió abrazar este caso que criminaliza la protesta social que debiera tramitar en la justicia porteña por tratarse de delitos comunes. Todo indica que lo que se puso en movimiento con la avanzada de los tribunales federales de Retiro es un ensayo que agita el gobierno para amedrentar cualquier tipo de manifestación en su contra en tiempos de crisis y ajuste económico.
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Los detenidos, en primera persona
Previo a esta decisión de la cámara porteña y la excarcelación de Gómez, este medio se había contactado con 3 de los 4 detenidos a través del teléfono del pabellón I de la cárcel de Ezeiza y con la abogada Lorena de la Cruz, defensora de Patricia Daniela Calarco Arredondo, para conocer su estado de situación.
Lo que sigue es lo que narraron a este medio.
Cafetero y budista: la historia del último preso político liberado por la represión
Facundo Gómez atendió a El Destape en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza minutos antes de que la cámara porteña resolviera su libertad. Facundo tiene 31 años, es padre de un hijo de 14 años y se dedica a vender café en Plaza Serrano, Palermo. “Mi detención fue absolutamente arbitraria”, sentenció, con la voz tranquila pero firme. La policía lo apresó el 12 de junio cuando estaba hablando por teléfono con su madre Elena, en el marco de la protesta. Lo acusan de intimidación pública y atentado contra la autoridad. Si bien sigue procesado, la acusación en su contra comenzó a desvanecerse el 1 de julio cuando declararon dos testigos que presenciaron el momento en que fue apresado y se derribó el relato policial.
Facundo estuvo detenido desde el 12 de junio hasta el 4 de julio. Desde la prisión no quiso dar detalles de la violencia que sufrió por temor a represalias. Aseguró que al salir hablaría sobre lo que vivió.
Cuando estaba detenido contó a este medio que él decidió ir a manifestarse el 12 de junio, pacíficamente, “porque no estoy de acuerdo con la política del gobierno, que me complica el laburo. Pago 18 mil pesos un kilo de café”. Facundo no trabaja en relación de dependencia. Vende los fines de semana café en Plaza Serrano. “El viernes se cumplen 4 fines de semana que no voy a laburar por lo que estoy sin ningún ingreso”, explicó.
Facundo estaba preso con preventiva por decisión de la jueza María Servini. Al ingresar a Ezeiza estuvo en el pabellón de ingreso. Allí estuvo con Valiente, Sica y De la Cruz Gómez (a este último lo trasladaron rápidamente a otro pabellón). Al principio de su estadía en prisión, Facundo compartió el encierro con personas acusadas de doble homicidio y narcos hasta que con Valiente y Sica fue llevado al pabellón I, que es más tranquilo que el primero. “Es muy colectivo este segundo pabellón. Somos todos compañeros, si a alguien le falta yerba, azúcar, no hay problema en compartirlo. El pabellón previo era más picante”, explicó desde el teléfono público del penal. Facundo integró el grupo que fue agredido en Ezeiza con gas pimienta pero desde la cárcel no quiso dar detalles de ese episodio.
Durante su tiempo de encierro aprovechó para leer y se apoyó en su fe budista.
¿Cómo era un día de él en la cárcel de Ezeiza? Alrededor de las 9 de la mañana los penitenciarios le abrían la celda para desayunar. A las 13 o 14 “se engoman las celdas”, cuenta, lo que implica en la jerga carcelaria que se cierra. “Quedás afuera hasta las 18 cuando cada interno vuelve a su celda para la siesta. Quedás encerrado hasta las 20. Entonces se vuelven a abrir para la cena hasta las 22.30”. Así pasó 21 días detenido por ir a una marcha de protesta contra el gobierno de Mieli.
Desalojado y sin trabajo: el testimonio de Valiente
Cristian Valiente (41 años) también lleva tres semanas detenido. Compartió pabellón con Facundo hasta el jueves. A diferencia de Gómez, él no fue liberado. Dos camaristas, Irurzun y Farah, hicieron jugar en su contra el antecedente de una condena por tentativa de robo que tuvo en 2017 por el que le dieron 3 meses de prisión en suspenso –hecho que no oculta- y el tener encima un aerosol “de mano de tipo disuasivo químico” que estaba sin usar. Ese tipo de “granada”, como dice la acusación y que en verdad es un gas lacrimógeno, fue el que utilizó la policía durante la represión. Es decir, Valiente no la llevó a la marcha sino que tal como relató la levantó de la calle durante la manifestación. “Tenía el aerosol para mostrarlo porque estaba vencido”, aseguró ante este medio, con el que también habló desde el teléfono del pabellón de Ezeiza. “Dicen que tenía una granada. Recibí golpes y humillaciones cuando me detuvieron. Me decían ‘zurdo de mierda’, ‘negrito de mierda’”, recordó quien también fue procesado por intimadación pública y atentado ante la autoridad.
Valiente contó que en el marco de la represión recibió disparos de balas de goma y aún hoy tiene la espalda “marcada”. “Me hicieron placas porque creo que me rompieron una costilla y me dislocaron el hombro. En la pierna derecha también tengo postas de goma y me agarran calambres”, añadió.
Cristian vive cerca del Congreso, en microcentro. En un conventillo del que dice que fue desalojado ahora, mientras está detenido. Alquilaba ahí. Cree que le sacaron sus cosas a la vereda, entre ellas sus herramientas con las que hacía sus changas de mantenimiento. “Quedé en situación de calle”, dijo al teléfono. Según relató, estaba viendo por televisión la manifestación y decidió salir. Vivía prácticamente en el lugar de los hechos. “Era como ir a la esquina. Y empecé a recorrer la zona”, dijo sobre cómo fue su vínculo con la marcha.
Cuando fue detenido –no hay ninguna prueba de que haya tirado piedras- lo trasladaron a la comisaría 4ta de Barracas, según narró. “Nos tuvieron toda la noche esposados. Nos hicieron dormir en el patio, en el piso, esposados, al aire libre, sin colchones ni mantas. Y nos desnudaron”, denunció desde la cárcel.
“Al segundo día, que nos tenían que dar la liberación, a las 4 de la mañana nos levantaron. Nos fuimos a Comodoro Py. Nos enteramos que nos pasábamos a federal”, relató. Es el momento en que la causa pasa de la justicia ordinaria –donde debiera tramitar- a la justicia federal de Comodoro Py. “Cuando nos mandaron a Py estuvimos todo el día en un camión, sin comer, sin nada, y nos acusaron de terroristas, que atentamos contra la democracia”, continúa. De allí fue trasladado al penal de Ezeiza: “Es mi primera vez en un penal de máxima seguridad”, afirmó.
También contó a El Destape que tiene un solo hermano, sin trabajo, humilde, que vive en Moreno y lo ayuda como puede. “No tengo ni cigarrillos”, enfatizó y resaltó que sin apoyo de afuera es muy difícil vivir en el encierro. Duerme en un colchón “que es un feta de fiambre, las ventanas que dan a la calle están rotas, no te dan una sábana ni mantas. Tampoco cosas de higiene y el inodoro está perdiendo agua todo el tiempo”, describió.
Sus días en el pabellón I son como lo relató Facundo: “Somos 30 personas, hay 30 celdas, 5 mesas y nos repartimos 6 por mesa. A las 8.30 te levantan, 18 te engoman, es decir que te encierran en la celda, 20.30 abren para cenar y 22 te cierran la celda de vuelta hasta las 8.30”. La rutina carcelaria no tiene ningún cambio como la libertad que le arrebataron. Irurzu y Farah votaron por mantenerlo preso porque consideran que puede entorpecer la investigación. No explicaron cómo sin casi recursos y con toda la prueba ya en el juzgado podría complicar la pesquisa. Boico votó por su liberación.
Roberto de la Cruz Gómez desde la cárcel: "Nos recibieron encapuchados y nos tiraron gas pimienta"
La situación judicial de Roberto de la Cruz Gómez (44) pareciera la más complicada para los camaristas porteños ya que los 3 consideraron que no debía ser excarcelado. Hicieron valer los distintos casos en que fue juzgado por “hurto”. De la Cruz Gómez ya cumplió 2 años de cárcel en el mismo penal de Ezeiza que está ahora por esos hechos. Los jueces dicen que ahora hay riesgo de fuga porque la pena sería de cumplimiento efectivo por su reincidencia.
De la Cruz Gómez no esconde su pasado. En diálogo con El Destape relató que ya estuvo preso dos años en Ezeiza tiempo atrás. Es más, comparó que en aquel entonces había mejores condiciones que ahora en el penal. “El servicio penitenciario es muy precario. Antes cuando ingresabas te daban colchón, manta, maquinita de afeitar, jabón. Desde que ingresé solo me dieron una manta”, se quejó. También dio cuenta del maltrato que sufrió desde que ingresó al penal. Roberto también fue parte del grupo que fue atacado con gas pimienta, apenas ingresó. “Nos recibieron encapuchados. Nos tuvieron cagándonos de frío y nos tiraron gas pimienta. Decían: ‘Llegaron los kirchneristas, los tira piedra’”. “Nos tiraron al muere. Al llegar nos metieron en un pabellón con personas con diferentes problemas”, agregó.
Tras dejar la cárcel, Roberto se logró reinsertar en la sociedad y consiguió trabajo en una panadería. “Tengo miedo de perder el trabajo”, dijo al teléfono desde otro de los pabellones de Ezeiza.
Aislada y maltratada: cómo es la situación de Calarco Arredondo
“Daniela sigue en una celda sola, lo que hace que no esté con otras internas. Se la pasa tomando mate, fumando mucho, no está participando de ninguna actividad dentro del penal”, contó a El Destape la abogada de Patricia Daniela Calarco Arredondo, Lorena de la Cruz.
Una de las cosas que resaltó De la Cruz es que Calarco Arredondo fue detenida por “un personal masculino, que fue muy agresivo, la tiró contra una pared. Están las fotos de eso. No había personal femenino en la detención. Después vino el personal femenino, que de entrada también fue violento”. Calarco Arredondo está procesada por el incendio de bicicletas del Gobierno de la Ciudad, ubicadas en la Plaza de los Congresos, en el marco de la protesta y por intimidación pública.
De la Cruz relató que tras ser detenida Calarco Arredondo estuvo decenas de horas esposada. “La tuvieron toda la noche esposada, sin poder ir baño, sin agua, todas las detenidas juntas. Pasaron la noche sentadas. No son bajadas del camión en que estaban. La revisación médica se la realizaron ahí”, contó la letrada sobre las primeras horas de detención que vivió su defendida. “Respecto al maltrato, hubo un cambio bastante notorio cuando pasa la causa federal, que ahí las revisan y les sacan las pertenencias y los celulares. Después de declarar en Comodoro Py fue trasladada a Ezeiza. Hoy se encuentra en Ezeiza, en una celda, sola”, agregó.
De la Cruz también representa a Sofía Ottoalli, quien estuvo detenida pero luego recibió la falta de mérito y fue liberada. “Sofía estuvo detenida desde el primer momento con Daniela. Hoy está con graves problemas psicológicos. Le trajo secuelas todo lo que pasó. No está pudiendo recuperar su vida normal como muchos otros. Estamos evaluando iniciar acciones penales”, agregó Lorena a este medio.
Vive en situación de calle y no marchó contra el gobierno pero fue detenido
David Sica vive en situación de calle y no fue a manifestarse contra la Ley Bases el 12 de junio pero Stornelli lo incluyó en un grupo de detenidos que según el fiscal y el gobierno buscó dar un golpe de Estado. Fue la coartada para justificar la represión. Según pudo reconstruir este medio Sica “detesta a los zurdos” no obstante para Stornelli fue a atentar contra la democracia con grupos de izquierda y kirchneristas. ¿Por qué fue detenido Sica? Porque quiso pasar por un lugar donde la policía no le permitió el paso. Esto provocó un forcejeo por el que terminó detenido. Lo acusan de atentado contra la autoridad, agravado por haberle “puesto manos a la autoridad” e intimidación pública.
Los dos camaristas porteños que fallaron en contrade su excarcelación (Irurzun y Farah) hicieron valer que fueron a constatar su domicilio y no tiene, lo que es lógico porque vive en situación de calle. También resaltaron que tuvo un proceso judicial abierto por daños y atentado contra la autoridad, trámite en que se le revocó una suspensión de juicio a prueba y se elevó a juicio. Por eso consideran que hay riesgo de fuga ya que hay una pena de cumplimiento efectivo ahora. Boico votó por su excarcelación.
Denuncias por maltratos e interrogatorios ilegales
Un informe del Programa contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa da cuenta de los hechos de violencia y maltratos mencionados en esta nota y otros tantos más llevados adelante por las fuerzas de seguridad y el Servicio Penitenciario Federal. También de que hubo al menos dos denuncias de liberados, de que otros exdetenidos tienen interés en presentarse en la Justicia mientras que también están aquellos que no tienen la voluntad de hacerlo por temor a represalias.
Hay causas penales tanto en la justicia federal de Lomas de Zamora, que tiene jurisdicción sobre el penal de Ezeiza, como en el de Morón, que tiene jurisdicción sobre el penal de Marcos Paz, por los maltratos en esas dos cárceles.
Gabriel Famulari, por ejemplo, que es uno de los 33 detenidos que recibió la falta de mérito contó a este medio: “Yo recibí violencia física por parte de la Policía Federal en el momento del arresto hasta que me suben al camión. Ahí la violencia física terminó pero comenzó la psicológica. Querían sacarnos a toda costa una confesión de si éramos de una orga y cosas así”. Eso se agudizó en el penal de Marcos Paz: “Cuando llegamos a Marcos Paz, era de noche todavía, y en el ingreso otra vez nos interrogan de si éramos de una orga, de si militábamos en un partido. Eso volvía una y otra vez”.
Ese interés por parte de las fuerzas de seguridad y penitenciarios (ahora dependen del Ministerio de Seguridad) de si los detenidos estaban vinculados a un partido u organización política también quedó de manifiesto en la comisión bicameral de control de los organismos de inteligencia, que comenzó a intervenir en el caso porque tomó nota de los interrogatorios ilegales que se cometieron en las cárceles como en comisarías.
Camila Juárez Oliva, estudiante de sociología y una de las detenidas en la protesta contra la Ley Bases, narró su historia a a comisión. Lo mismo hizo Nora Longo, emprendedora gastronómica, también detenida el 12 de junio. Las dos mujeres fueron sometidas a interrogatorios sobre sus filiaciones partidarias.
En diálogo con El Destape, Juárez Oliva, que es representada por la abogada María del Carmen Verdú de la Correpi, contó: “Dentro del penal se daban todo el tiempo entrevistas de distinto personal de la penitenciaría y en todas las entrevistas siempre una y otra vez nos preguntaban sobre a qué organización política pertenecíamos, por qué estábamos ahí, por qué había sido detenida e insistían mucho con eso. Incluso el último día nos hicieron salir a todas sin darnos explicación de a dónde nos íbamos. Y nos llevaron a un aula en donde había un pizarrón en el que decía ‘Ahora que están presas, piden por Dios y por sus hijos, piperas, politiqueras baratas, con B corta, ya van a ver, vende humo, ya van a ver’”. Camilia recordó que “después de eso nos iban llamando de a una y nos iban llevando a otra aula, en donde se encontraba mucha gente de no sé qué servicios, porque la ropa no era la misma de la gente de la penitenciaría, donde también se encontraban hombres, y era una rueda de preguntas. Había más de 20 personas en esa aula y también insistían con lo mismo, preguntándonos a qué organización pertenecíamos, qué habíamos hecho, por qué estábamos ahí”.
Este medio se contactó con Leopoldo Moreau, presidente de la bicameral que registró el tesimonio de Juárez Oliva y Longo, quien enfatizó: “Las fuerzas de seguridad tienen expresamente prohibido por la ley de inteligencia confeccionar archivos referidos a la militancia política o las preferencias ideológicas de los ciudadanos. Por lo tanto, los interrogatorios que se llevaron adelante, ya sea en el ámbito de la Policía Federal y en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal son ilegales y la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia va a llevar adelante una investigación sumarial, de modo tal de establecer quienes tienen la responsabilidad de haber emitido esas órdenes, que en algunos casos se ven agravadas por la práctica de apremios ilegales”.
“Debemos estar muy atentos todos los argentinos, no importa la militancia ni el color político que nos identifique, para que las fuerzas de seguridad no vuelvan a retomar el camino de lo que erradicamos definitivamente con el restablecimiento de la democracia en 1983”, sentenció Moreau.
Tras recibir las denuncias, la comisión las remitió a los juzgados que llevan las causas por la violencia represiva. A su vez, se requirió a los juzgados que enviaran las actuaciones que estaban llevando adelante. Si las denuncias de las dos mujeres que recibió Moreau tienen elementos suficientes para avanzar se deberá crear una subcomisión para instruir a nivel legislativo un sumario de investigación sobre las fuerzas que intervinieron con estos interrogatorios ilegales prohibidos por la ley de inteligencia. Esa subcomisión tiene la facultad de citar a los funcionarios que considere pertinentes para recabar información así como requerir documentación a organismos públicos y reunir prueba. Por lo que la investigación judicial por la violencia institucional podrá tener su correlato en el Congreso.
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