Se calcula que en el mundo se gastan 100.000 millones de dólares anuales en la persecución de delitos vinculados con las drogas. Sin embargo, los resultados de esta inversión vienen siendo cada vez más cuestionados. La semana última, la Comisión Global de Política de Drogas (GCDP), un grupo internacional conformado por 14 expresidentes y cuatro premios Nobel, dio a conocer un nuevo documento en el que insta a reconsiderar en profundidad las estrategias concernientes a este flagelo y pasar del castigo a un enfoque de salud pública.
El trabajo, titulado Más allá del castigo: de las respuestas de la justicia penal a la reforma de la política de drogas, indica que el actual modus operandi solo condujo a un aumento de las muertes por sobredosis, la violencia, el suministro de sustancias tóxicas y la sobrecarga de los sistemas de justicia penal. “En 2022, se calcula que 292 millones de personas consumían sustancias ilícitas en todo el mundo, lo que supone un aumento con respecto a los 185 millones de hace dos décadas”, afirman. Y más adelante subrayan: “Se necesita una respuesta diferente”.
“La ‘guerra contra las drogas’ [una denominación acuñada por el presidente norteamericano Richard Nixon en 1971], provocó un aumento vertiginoso de las tasas de encarcelamiento, de las muertes por sobredosis y de las violaciones de los derechos humanos. Es hora de un cambio mundial hacia políticas de drogas que respeten la salud pública –afirma Helen Clark, presidenta de la comisión y ex Primera Ministra de Nueva Zelanda, en el anuncio–. Este informe presenta pruebas claras de que el enfoque de reducción de daños en el consumo de drogas funciona y que es una necesidad de salud pública, no una postura moral”.
El investigador y profesor titular plenario de Toxicología en la Facultad de Medicina de la UBA, Carlos Damín, jefe de la División Toxicología del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández, de CABA, coincide con este documento. “Trabajé los últimos años en políticas de prevención, reducción de riesgos y daños, en ese orden –comenta–. En consumo, definitivamente las políticas punitivas no dieron ningún resultado. Nadie en el mundo tiene un presupuesto tan grande para la lucha contra el narcotráfico como Estados Unidos y a ningún país en el mundo le va tan mal como a los norteamericanos. Nosotros lo que tenemos que lograr es que, habiendo sustancias, la gente elija no consumir. Eso significa aumento en el presupuesto de prevención y de promoción de hábitos saludables, y políticas de reducción de riesgos y daños. Lo punitivo, sin la prevención y la promoción de hábitos saludables demostró su fracaso”.
Por otro lado, Damín no considera que el problema de las adicciones esté íntimamente relacionado con la situación socioeconómica. “Puede tener que ver con la calidad de lo que se consume, pero no con la incidencia, porque nuestros datos no son tan distintos de los de Brasil o los Estados Unidos, con la excepción de los opioides. Pero en lo que hace al alcohol, al tabaco, a los psicofármacos, a la cocaína o a las drogas sintéticas no es tan distinto. Acá, por ejemplo, se consume mucho más cocaína fumada, que es más barata que el clorhidrato, menos drogas sintéticas, que son más caras. En eso influye lo económico, en la cantidad y calidad del alcohol que se toma, pero no en los porcentajes poblacionales”.
Matías Dalla Fontana, psicólogo, ex-Puma y ex subsecretario de prevención del Sedronar, destaca que el tema es complejo: “Los que trabajamos día a día, cuerpo a cuerpo, acompañando en lo terapéutico, no estamos de acuerdo ni con el punitivismo de mano dura, ni tampoco con la idea de la liberalización naif –afirma–. La mayoría de las familias de la Argentina están pidiendo que disminuya la presencia de la droga en sus barrios”.
De acuerdo con la Comisión, las posturas entre países difieren, a veces, diametralmente. En América Latina, prevalecen las políticas punitivas, pero en algunos lugares, como Uruguay y Colombia, vienen adoptando la despenalización y la reducción de daños. En otros, como Portugal y España, se demostró que estos enfoques pueden reducir significativamente el VIH, la hepatitis C y las muertes por sobredosis.
El reporte también subraya que la despenalización y la regulación mejoran los resultados sanitarios y sociales sin aumentar el consumo, y condena el uso generalizado de centros de tratamiento obligatorio de drogodependencias, que a menudo violan derechos humanos fundamentales.
“El primero en escribir y hablar extensamente sobre esto, hace ya varias décadas, fue Milton Friedman –explica Alicia Stolkiner, epidemióloga en salud mental, profesora e investigadora–. Argumentó que la prohibición de las drogas es una política que aumenta la criminalidad y la corrupción. En ella se gastaron sumas que hubieran permitido mejorar la vida de millones de personas. En mi opinión la Argentina está tratando de volver a una política de inversión en guerra contra las drogas que, entre otras cosas, justifica compra de equipamiento y va creando la justificación para que las fuerzas armadas operen en seguridad interna. Simultáneamente la retirada del Estado de políticas sociales inclusivas en sectores o comunidades urbanas pobres va produciendo un fenómeno que se dio en otros países: los ‘narco’ ocupan espacios en la comunidad como organizadores, dispensadores de ‘ayudas’ y ordenadores violentos. Por último, la circulación libre de capitales favorece la faz financiera del lavado. Salir de ese esquema requiere una trama de desarticulado de representaciones sociales y también de poderosas redes económico financieras que son un mixtura entre legalidad e ilegalidad. Esa masa de capitales ilegales del narcotráfico es un factor de corrupción de gobiernos y fuerzas de seguridad. Hay que revisar la ley 26.934 Plan Integral de Atención a los Consumos Problemáticos, que está sin reglamentar para no volver a criminalizar el consumo”.
La revista científica The Lancet Global Health publicó un editorial (https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2214-109X%2824%2900525-4) que apoya este llamamiento.
“En el último siglo, los países intentaron cada vez más la prohibición absoluta del consumo de drogas, a menudo mediante medidas penales. A pesar de la acción global, estas políticas no disuadieron del consumo: alcanzamos niveles récord de ‘abuso, cultivo y producción ilícitos y fabricación de estupefacientes y sustancias psicotrópicas’, como se reconoció en la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas de 2024. (…) El impacto desastroso de los intentos punitivos lo sintieron con mayor intensidad los individuos más vulnerables de la sociedad. A pesar de que el consumo de drogas prevalece en todos los grupos socioeconómicos y demográficos, los arrestos y castigos por delitos relacionados con drogas se concentran entre los jóvenes y las poblaciones económicamente desfavorecidas, cultural y racialmente marginadas. Si el propósito de la política de drogas es reducir los daños sociales y de salud, fallamos en nuestra respuesta”, afirman.
Y agregan: “Debemos poner las estrategias de reducción de daños en el centro de nuestra respuesta y abordar los determinantes sociales del consumo de drogas”. Entre los ejemplos para implementarlo incluyen los programas de entrega de agujas y jeringas esterilizadas; distribución por pares de antagonistas de opioides, como la naloxona, que pueden revertir rápidamente una sobredosis y la terapia con agonistas opioides (OAT), que reemplaza los opioides ilícitos con alternativas más seguras, como la metadona. Sin embargo, una revisión sistemática publicada por esa revista en 2023 encontró que esas estrategias solo están presentes en cinco países que comprenden el 2% de la población en alto riesgo.
Dice Clark: “Debemos reorientar los fondos del actual paradigma hacia programas de reducción de daños que salven vidas, mejoren la salud pública y reduzcan la carga de los sistemas judiciales”.
“La prohibición no funcionó. La única salida son las estrategias humanísticas y basadas en las evidencias”, concluye el editorial de The Lancet Global Health.
En números
- En las dos últimas décadas se produjeron más de un millón de muertes asociadas con sobredosis en los Estados Unidos, y más de 40 000 en Canadá en los últimos ocho años.
- En 2020, aproximadamente 3,1 millones de personas fueron detenidas en todo el mundo por delitos relacionados con drogas, principalmente por posesión simple.
- En 2023, alrededor de 11,5 millones de personas estaban encarceladas en todo el mundo, y el 20% de la población reclusa lo estaba por delitos de drogas.
- En 2022, la financiación para la reducción de daños en los países de ingresos bajos y medios cubrió solo el 6% de las necesidades estimadas.
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