Ataque a la República: las medidas con las que Macri vulneró el estado de Derecho

Mauricio Macri avasalló el estado de Derecho apenas asumió como presidente de la Nación. A los 4 días de llegar a la Casa Rosada nombró por decreto a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia. A los 15 días, dinamitó la Ley de Medios. A los 4 meses reinstaló los fondos reservados en la exSIDE, base fundamental para el despliegue del espionaje ilegal que fue marca registrada de su gestión. Luego, el líder del PRO se encargaría de armar un Poder Judicial a medida, que utilizó para perseguir a CFK y blindarse de las denuncias en su contra. Muchas de las medidas que tomó siguen vigentes en la actualidad. 

A continuación, algunos de los principales ataques de Macri contra el estado de Derecho:

• Nombramiento de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz por decreto en la Corte Suprema.

Apenas 4 días después de asumir, el 14 de diciembre de 2015, Macri firmó el decreto 83/2015 mediante el cual nombró “en comisión” a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en la Corte Suprema de Justicia. Ambos aceptaron la maniobra de nombramiento, que según reveló tiempo después el propio Macri, fue una idea del hoy prófugo Fabián “Pepin” Rodríguez Simón. Fue tal el escándalo que se generó que el entonces presidente tuvo que dar marcha atrás con esa metodología de designación. Finalmente, recurrió al procedimiento legal y tradicional: audiencia pública y acuerdo legislativo de los dos tercios del Senado. Rosatti terminó jurando como miembro de la Corte el 29 de junio de 2016. Rosenkrantz, el 22 de agosto del mismo año.

• Dinamitar la Ley de Medios por decreto

Tres semanas más tarde, el 4 de enero de 2016, Macri continuó con su rápida restauración del “antiguo régimen” y también por decreto modificó los aspectos centrales de la Ley de Medios y la Ley Argentina Digital para favorecer centralmente al Grupo Clarín pero también a Telefónica y otros medios concentrados. Mediante el decreto 267, publicado el 4 de enero aunque fechado el 29 de diciembre de 2015, Macri prorrogó las licencias actuales por diez años, amplió la cantidad de licencias que podía tener un sólo medio y permitió su transferencia.

Entre otras cosas, el decreto 267/2015 eliminó la readecuación de las licencias que debía llevar adelante el Grupo Clarín y permitió la adquisición de NEXTEL por parte de Cablevisión. Centralmente, determinó que:

• Las empresas de cable pasaran a tener una licencia nacional única, lo que las exceptúa de cualquier cláusula antimonopólica.
• Las telefónicas puedan brindar TV por cable, algo de lo que originalmente estaban excluidas en la LSCA.
• Se ampliaron los límites para la tenencia de licencias.
• Se disolvió la AFSCA y se creó el Enacom.

Macri también firmó el decreto Decreto 1340/2016 que entre otras cosas habilitó a las empresas de comunicaciones móviles como Telecom, Claro y Telefónica a brindar radiodifusión por suscripción mediante vínculo físico o radioeléctrico (pero no satelital).

• Sacar la oficina de escuchas del Ministerio Público Fiscal y llevarla a la Corte. Con el paso del tiempo se entendería por qué: hubo un festival de escuchas ilegales.

Otra medida central que Macri tomó apenas asumió fue el traspaso de la oficina de escuchas de la órbita del Ministerio Público Fiscal (que comandaba Alejandra Gils Carbó) a la Corte Suprema de Justicia, donde se creó una especie de miniSIDE: la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO). También el entonces presidente lo hizo por decreto (el 256/15) y a dos semanas de asumir.

La DAJuDeCO fue una pieza fundamental en la persecución política, de donde se filtraron escuchas a opositores, cuyo armado estuvo plagado de irregularidades y fue utilizado tanto por jueces y fiscales federales como por operadores judiciales para colocar hijos y parientes. Por ejemplo, fueron nombrados Mateo Stornelli, hijo del fiscal Carlos Stornelli, y Santiago Taiano, hijo del fiscal Eduardo Taiano. Al frente de esa oficina el supremo Ricardo Lorenzetti designó a Martín Doctrina Irurzun, a través de un sorteo del que no hubo registros.

Fue tal el escándalo de las filtraciones de escuchas que la Corte Suprema emitió una acordada en 2019 (la Nº 17/19) para distanciarse de la AFI, pedir que se la investigue y recortarle atribuciones como auxiliar de Justicia –algo que Alberto Fernández luego directamente cancelaría-. Ya sobre el final del gobierno de Macri, los supremos veían venir los problemas que se avecinaban. Desde la exSIDE les respondieron a los cortesanos: Arribas y Majdalani resaltaron en un escrito a la Bicameral de Inteligencia que las escuchas son “administradas por la DAJuDeCO en toda su traza”, en un claro pase de facturas a la Corte. Está claro que ambas dependencias estuvieron involucradas en el festival de escuchas ilegales que se dio durante el macrismo.

Con el cambio de gobierno, la intervención de la agencia descubrió que había un punto a punto entre la DAJuDeCO y la exSIDE para el traspaso de escuchas. Encontraron en la agencia 105.000 archivos que acercaron a la Justicia.

La circulación de escuchas por los medios de prensa, utilizadas para operar política y judicialmente, se repitió desde la asunción del macrismo. Hubo dos casos que ganaron mucha publicidad, como el de las conversaciones entre Oscar Parrilli y la vicepresidenta Cristina Kirchner, y las de los dirigentes kirchenristas detenidos en Ezieza, involucrados en la “Operación Puf”. Las escuchas de esos casos debieron ser destruidas pero lejos de eso fueron manipuladas y usufructuadas en el prime time de la televisión. Luis Majul llegó a decir que se encontró las escuchas de CFK “corriendo por Palermo”.

• Macri volvió a instaurar los fondos reservados en la exSIDE. La AFI se convirtió en una cueva dedicada al espionaje ilegal.

Macri también firmó el Decreto N° 656/16 en mayo de 2016 por el que restauró los fondos reservados en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Mediante ese decreto modificó una decisión que había tomado Cristina Kirchner cuando era presidenta. El kirchnerismo había establecido que “sólo podrán mantener carácter reservado los fondos que sean necesarios para labores de inteligencia y que su publicidad pueda afectar el normal desarrollo de las mismas”. Macri volvió a convertir todos los recursos de la agencia en confidenciales.

El sentido de esa decisión salió a la luz cuando se desvelaron las innumerables operaciones de espionaje ilegal que se ejecutaron desde la agencia, que no solo apuntó a dirigentes opositores. De esta forma, el organismo comandado por Gustavo Arribas, íntimo amigo de Macri, tuvo una caja negra disponible para financiar las operaciones ilegales.

Durante el macrismo actuaron los espías “Super Mario Bros”, hubo una Gestapo antisindical y se gestó una organización paraestatal dedicada al espionaje ilegal en la que participaba Marcelo D’Alessio. Se espió de forma ilegal a Cristina, a los familiares de la tripulación del ARA San Juan, a sindicalistas, a presos políticos pero también a Horacio Rodriguez Larreta, Diego Santilli, Luis Barrionuevo y otros dirigentes vinculados al macrismo que tenían cierto grado de independencia con respecto a Macri.

Cuando Alberto Fernández asumió una de las primeras medidas que tomó fue terminar con los sótanos de la democracia. La primera interventora que tuvo la AFI, Cristina Caamaño, volvió a transparentar todos los gastos del organismo.

• La utilización del Consejo de la Magistratura para presionar jueces. El caso “ejemplificador” de Eduardo Freiler.

“Los jueces tienen que saber que queremos saber la verdad o vamos a buscar otros jueces que nos representen”, amenazó Macri a los integrantes del Poder Judicial en junio de 2017. Al final de su gestión, el saldo que dejó su política en este ámbito acumuló decenas de desplazamientos y denuncias “disciplinadoras” contra magistrados y fiscales, lo que revela que Macri intentó ejecutar a rajatabla aquella declaración que espetó a mediados de su mandato. Para lograr su cometido utilizó el Consejo de la Magistratura.

El macrismo utilizó el Consejo para presionar a los jueces que no solían fallar en sintonía con sus intereses. El caso paradigmático fue cuando en agosto de 2017 alteró la conformación del órgano que selecciona y sanciona jueces con complicidad de la Corte Suprema para poder iniciar el jury contra Eduardo Freiler, quien integraba la Cámara Federal porteña. Freiler terminó siendo destituido tres meses más tarde, en noviembre de 2017.

Freiler fue apartado porque el macrismo logró que se demorara en la Corte la jura de un nuevo integrante del Consejo, el senador peronista Mario Pais, lo que redujo momentáneamente el plenario de 13 a 12 miembros. Esto llevó a que la mayoría necesaria para correr a Freiler pasara de 9 a 8 votos circunstancialmente (se necesitaban 2/3 de los presentes). De esa forma, la alianza de Gobierno logró los números que en aquel tiempo no tenía (mayoría en el consejo) para apartar a un camarista federal. Lo hizo con 8 votos sobre 12 consejeros presentes.

El macrismo corrió, por distintas vías, a 3 de los 4 jueces que había en la estratégica Cámara Federal porteña, que es central para el poder político ya que revisa todo lo que hacen los 12 juzgados federales de Comodoro Py. En su lugar nombró a otros 3 camaristas. Es que Macri primero fue por Freiler y como nadie hizo el suficiente “ruido jurídico” luego fue por otros dos camaristas porteños, Eduardo Farah y Jorge Ballestero, ex colegas de Freiler. En mayo de 2018, Farah fue trasladado a un tribunal de San Martín y Ballestero renunció mientras el Consejo lo investigaba. Ambos quedaron en la mira de la Casa Rosada tras dejar en libertad a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, revirtiendo un fallo de primera instancia.

La camarista de Casación, Ana Figueroa, también expuso cómo operó el macrismo en el Consejo cuando declaró en la causa Mesa Judicial. "Las referidas e infundadas denuncias ante el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación y las publicaciones mediáticas constituyeron mecanismos de presión con una clara pretensión de disciplinamiento", consideró la camarista cuando declaró como testigo. “En julio de 2016, me iniciaron tres abiertamente infundadas denuncias con diferencias de cinco días entre ellos (del 14 al 19 de julio de 2016) que, sin méritos ni pruebas, se mantuvieron latentes durante más de tres (3) años hasta que reglamentariamente debieron ser archivadas” en el Consejo de la Magistratura, recordó la camarista.

¿Quién instruyó esos expedientes, que se mantuvieron abiertos casi todo lo que duró el macrismo? “El representante del Poder Ejecutivo Nacional ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, el consejero Juan Bautista Mahiques”, explicó Figueroa. El mismo que la había visitado en su despacho al inicio del gobierno de Macri para intentar influir en su voto en el caso Memorandum con Irán.

Hay muchos ejemplos en el mismo sentido. En el campo laboral, por ejemplo, se destacó el caso de la jueza Mirta González Burbridge que fue denunciada por reinstalar a un trabajador despedido de Vialidad Nacional. Fue denunciada en mayo de 2017 por la Dirección Nacional de esa entidad del Estado. Es decir, por el Gobierno. La denuncia recién fue desestimada un año más tarde.

En esta línea, en 2019, un grupo de organizaciones vinculadas al mundo del Derecho presentó ante la Comisión Interamericana de DDHH una denuncia en la que detalló “intromisiones indebidas, presiones y ataques” a funcionarios judiciales y abogados por parte del macrismo. En el escrito se enumeró una veintena de jueces atacados por el Poder Ejecutivo. Justicia Legítima, por ejemplo, denunció que desde el Gobierno “buscan disciplinar a los operadores judiciales y por esa vía controlar sus decisiones con el efecto inevitable de coartar los derechos de los ciudadanos en su conjunto”. Puso en conocimiento del organismo vinculado a la OEA la “actual situación político institucional” que “afecta gravemente el normal funcionamiento del sistema judicial, la garantía de su independencia y el acceso a la justicia”.

• Nombramientos a dedo en cargos estratégicos: de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara porteña a Carlos Mahiques en la Cámara de Casación Penal.

Cuando Macri asumió la presidencia había 4 jueces en la estratégica Cámara Federal porteña, la instancia revisora de Comodoro Py. Macri desplazó a 3 (los mentados Freiler, Ballestero y Farah) y nombró a otros 3. Dos de ellos a dedo, vía traslado: Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes no concursaron para el cargo ni tuvieron acuerdo del Senado. Es decir, fueron puestos a dedo. El único camarista porteño que sobrevivió al macrismo fue Martín Irurzun, el hacedor de la doctrina del “poder residual”, según la cual todo dirigente kirchnerista debía ser encarcelado preventivamente porque aún tenía poder para entorpecer las investigaciones en su contra (durante el macrismo se detuvo a Carlos Zannini, Amado Boudou y Julio De Vido, entre tantos otros altos funcionarios de los gobiernos kirchneristas. Además de que apenas ganó Macri y Gerardo Morales en Jujuy se detuvo a Milagro Sala, que sigue privada de su libertad al día de hoy).

A través del decreto 278/2018, fechado el 6 de abril de 2018 y publicado tres días después, Macri trasladó a Bruglia del TOF 4 a la Cámara porteña.

Cinco meses después, el 19 de septiembre de 2018, Macri firmó otro decreto, el 835/2018, por el que trasladó a Bertuzzi también del TOF 4 a la cámara porteña. El traspaso se dio luego de que el tribunal condenara a Amado Boudou en el caso Ciccone.

Recién con el cambio de gobierno, la Corte se hizo eco del tema “traslados”. El 3 de noviembre de 2020 el Tribunal Supremo resolvió que los traslados de Bruglia y Bertuzzi fueron irregulares pero los dejó en el cargo hasta que se designen a dos nuevos jueces en su lugar a través del procedimiento legal. Ese procedimiento se realiza en el Consejo de la Magistratura. Cuando los concursos para esos “reemplazos” estaban culminados y el oficialismo se acercaba a los números para aprobarlos la Corte dinamitó el Consejo, cambió su estructura y tomó su presidencia. En la actualidad los concursos para los cargos que ocupan Bruglia y Bertuzzi siguen trabados y por eso ambos siguen en la cámara porteña firmando resoluciones que benefician a Macri.

El tercer juez que nombró Macri en la instancia revisora de Comodoro Py fue Mariano Llorens. Este magistrado sí llegó por concurso. Es el arquero del equipo Liverpool, que integran jueces y fiscales como Diego Luciani, y que jugaba torneos en la quinta Los Abrojos, de Macri.

La Cámara porteña es una instancia clave para todas las causas de las dos caras del lawfare: las que son para perseguir a CFK y las que se cierran para blindar a Macri.

Bruglia, Bertuzzi y Llorens firmaron procesamientos de CFK (por ejemplo, el pasado 28 de septiembre Llorens pidió que se detenga a la vicepresidenta) y blindajes de Macri. Los tres fueron quienes sobreseyeron a Macri en la causa del espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan. Y los mismos tres magistrados son quienes obstaculizan el esclarecimiento del atentado a Cristina. Llorens y Bertuzzi, por su parte, son los mentores del fallo de los espías cuentapropistas, por el que se le quitó responsabilidad a las altas esferas del gobierno macrista en un espionaje ilegal masivo.

Otro de los jueces que Macri puso a dedo fue Carlos Mahiques, el padre del mentado Juan Bautista y de Ignacio, uno de los fiscales del caso Vialidad. Fue ubicado también por traslado en Cámara Federal de Casación Penal en mayo de 2017. A diferencia de Bruglia y Bertuzzi, en junio de 2018 el Senado aprobó su pliego para emprolijar un poco su irregular designación.

En la misma Cámara de Casación Penal –la máxima instancia penal del país, que está un paso por debajo de la Corte- Macri designó durante su gestión a 5 camaristas sobre un total de 13. A ellos se suman los que ya estaban en esa cámara como Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani. Para comprender su importancia: La Casación, por ejemplo, revisa las sentencias que dictan los tribunales orales federales. Por eso el expresidente se siente blindado en Comodoro Py.

• Creación de un Tribunal especial para juzgar a CFK. El famoso TOF 9 que terminó anulando la Corte.

En su avanzada judicial, el macrismo intentó crear nuevos tribunales orales federales en pos de asegurarse una condena de CFK con jueces propios. Cuando a finales de 2016 se aprobó la ley bautizada “De fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y de los Tribunales Orales en lo Penal Económico” había 6 tribunales orales federales en lo Criminal de la Capital Federal. El macrismo pretendía elevarlos a 13. Son los que juzgan los casos que se instruyen en Comodoro Py. Según esa norma, siete Tribunales en lo Criminal de la Capital Federal (TOC) debían ser transformados por el voto de siete miembros del Consejo de la Magistratura en tribunales federales. El macrismo entonces tenía cómodamente esa cantidad de voluntades en el órgano que selecciona y sanciona jueces. Finalmente, cuando el fantasmal TOF 9 (ya no existe) se encaminaba a nuclear los juicios contra CFK la Corte lo paró en seco. En lo que hace a los actuales TOF 7 y TOF 8 se terminaron conformando de forma “legal”, por concurso (aunque luego también se dispusieron traslados). Hoy hay 8 TOF en la Ciudad de Buenos Aires.

En marzo de 2018, acaso atenta a que se estaban pasando demasiado los límites del Estado de Derecho, la Corte Suprema rechazó conceder la habilitación del TOF 9, que había sido sorteado para realizar los juicios del Memorándum con Irán y Vialidad que involucraban a CFK, entre otros. Había sido bautizado como el tribunal que iba a juzgar a Cristina.

• Desplazamiento de Alejandra Gils Carbo para dejar como procurador interino a Eduardo Casal que les respondía (y aún les responde).

Mauricio Macri intentó desde su primer día de gestión desplazar a quien era la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. La jefa del Ministerio Público Fiscal resistió media gestión cambiemita: terminó renunciando a su cargo el 31 de diciembre de 2017 tras las amenazas de meter presas a sus hijas y el armado de causas judiciales en su contra. En su lugar asumió el interino Eduardo Casal, quien sigue en el cargo. Este apartamiento, que se dio mientras se avanzaba contra Freiler en el Consejo de la Magistratura, marcó la aceleración de la avanzada judicial macrista.

Gils Carbó declaró como testigo en la causa Mesa Judicial PRO y dio precisiones de la persecución en su contra. Se refirió a causas armadas contra ella y sus hijas; a la amenaza de detenerla; y a presiones judiciales, políticas, mediáticas y hasta institucionales. “Fui perseguida por el Gobierno de Mauricio Macri para obtener mi renuncia por más de dos años”, aseguró la exprocuradora en sede judicial.

Según relató en ese expediente, en octubre de 2017, de forma coordinada, se sucedieron una serie de hechos que llevaron a la entonces procuradora a dar un paso –forzado- al costado. Según detalló en la Justicia, la cronología fue la siguiente:

- El 12 de octubre de 2017, Ercolini la procesa por administración fraudulenta en el caso de la compra del inmueble que hoy es sede de la Procuración.

 - Al día siguiente, el 13 de octubre, el N° 2 del diario Clarín, Ricardo Roa, publica el teléfono de la hija de Gils Carbó en el diario, lo que deriva en llamados con agresiones.

- Apenas una semana después del artículo de Roa, el 20 de octubre, el juez Pablo Cayssials, del fuero Contencioso Administrativo, en sintonía con los intereses del macrismo declara que la procuradora puede ser removida de su cargo sin necesidad de un juicio político. Lo hizo al declarar inconstitucional un artículo de la ley del Ministerio Público que equipara al procurador general con los jueces de la Corte. Fue tras un planteo de la ONG filomacrista Será Justicia y del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

 - Luego trasciende en los medios el proyecto de reforma del Ministerio Público según el cual el Presidente por decisión fundada puede pedir la remoción de la Procuradora y así obtener su suspensión inmediata en el cargo.

 - El viernes 27 de octubre, Gils Carbó se reúne con su equipo más cercano para comunicarle que estaba evaluando la posibilidad renunciar. En ese encuentro le comentan la amenaza que el hoy prófugo Fabián “Pepin” Rodríguez Simón le comunicó al fiscal Gabriel De Vedia, quien había ido a verlo en la Casa Rosada para solicitarle que amaine la persecución contra la procuradora. “Si vos me traes la renuncia, obvio que la persecución se acaba”, le dijo el operador judicial a De Vedia. “Pero ella no va a renunciar”, le respondió el fiscal de la Seguridad Social. “Y bueno, meteremos presas a las hijas, y a ella”, le sentenció Pepín. Las palabras de Pepín le confirmaron a Gils Carbó que “había un coordinación desde altas esferas de la Casa Rosada para obtener mi renuncia con violencia” y reforzaron su decisión de renunciar por el contexto que se estaba dando.

Un detalle: la causa que utilizó el macrismo para presionarla (el de la compra del inmueble, que está elevado a juicio) se abrió con el sello de la AFI: se inició con un sobre anónimo que apareció en la fiscalía de Carlos Rívolo, otro de los cabecillas de la tropa amarilla en Tribunales. Eso quedó por escrito en el expediente judicial, sin ningún pudor. Fue el 13 de marzo de 2017.  

• Reuniones de Macri con jueces que debían juzgar a CFK en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada.

Tal como reveló El Destape, jueces y fiscales del Lawfare se reunían con Mauricio Macri tanto en la Quinta de Olivos como la Casa Rosada. Los camaristas de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos se reunieron con el entonces Presidente inmediatamente antes o después de firmar fallos emblemáticos de persecución contra los opositores a Macri. Uno de ellos fue el caso Memorándum con Irán que reabrieron tras verse con el entonces primer mandatario, que los felicitó por radio al día siguiente de su resolución. Borinsky, por ejemplo, ingresó 16 ocasiones a Olivos, entre agosto de 2016 y septiembre de 2019. Ese camarista intervino en la mediática “Ruta del dinero K”, la causa Dólar Futuro, la de Vialidad en Santa Cruz y hasta el caso Ciccone contra Amado Boudou, por citar solo algunos casos.

También visitaban la Quinta de Olivos el camarista Llorens (arquero del Liverpool) y hasta el fiscal Raúl Pleé. Todas las causas penales que se abrieron por esas visitas escandalosas fueron cerradas en los tribunales Comodoro Py (donde todos los mencionados tienen despacho) sin investigarse. Incluso, en el caso de Hornos y Borinsky se llegó a sostener que muchos de los encuentros con Macri no existieron cuando hay información oficial y hasta el propio testimonio de los protagonistas que dan cuenta de que sí existieron. La fiscal que intervino en el caso, Alejandra Mangano, apeló el cierre de la causa pero no logró revertir el manto de impunidad que se echó sobre el expediente judicial.

• Pedido de juicio político al juez Alejo Ramos Padilla cuando comenzaba a revelar una red paraestatal de espionaje ilegal.

En marzo de 2019, el Ministro de Justicia, Germán Garavano, siguiendo instrucciones de Macri, pidió al Consejo de la Magistratura la remoción del entonces juez de Dolores Alejo Ramos Padilla. Previamente, Macri había descalificado públicamente al magistrado en un reportaje televisivo con Luis Majul: "Ramos Padilla no es un juez ecuánime, espero que el Consejo de la Magistratura lo destituya". El juez había descubierto en febrero de 2019 a una organización paraestatal dedicada al espionaje ilegal estrechamente vinculada con la AFI. Estaba investigando el D’Alessiogate, que involucraba al macrismo.

Quien presentó la denuncia formalmente en el consejo contra Ramos Padilla fue el hombre que representaba al Ejecutivo en aquel organismo, el entonces consejero Juan Bautista Mahiques, quien también era subsecretario en el Ministerio de Justicia. El mismo que presionó a la camarista Ana Figueroa y hoy es el Fiscal General porteño. La denuncia contra Ramos Padilla se cerró en enero de 2020.