Comodoro Py cerró definitivamente la causa Operación Olivos sin investigar las reuniones de Macri con los jueces Borinsky y Hornos

Comodoro Py cerró definitivamente la causa por las reuniones de Mauricio Macri en la quinta de Olivos y la Casa Rosada con los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Los encuentros, revelados por El Destape, se daban justo cuando tenían que definir expedientes clave contra CFK y otros ex funcionarios. Este viernes, el fiscal interino ante la Cámara Federal porteña José Luis Agüero Iturbe desistió de impulsar el caso, lo que deja firmes los sobreseimientos de Macri, Borinsky y Hornos dictados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi sin investigar esas reuniones.

Fue una maniobra coordinada y efectiva: primero el juez Martínez de Giorgi dijo que la mayoría de las reuniones no existieron pese a que constan en los registros de acceso a la quinta de Olivos y que fueron reconocidas por los propios Macri, Borinsky y Hornos. Luego la Cámara Federal armó un tribunal para revisar el caso con Martín Doctrina Irurzun y Leopoldo Bruglia, es decir, con el ideólogo de la persecución de ex funcionarios K y uno de los camaristas puestos a dedo por Macri. Finalmente Agüero Iturbe, fiscal interino ante la Cámara Federal, desistió de impulsar el caso. Debía sostener la apelación que había realizado la fiscala Alejandra Mángano. No lo hizo. Esto último fue el golpe final: la causa no tiene querellantes y si el fiscal no impulsa significa la clausura definitiva de la investigación. Resta la firma de Irurzun y Bruglia, pero es una formalidad. Operación Olivos quedó sepultada para siempre. Comodoro Py es más Comodoro PRO que nunca.

Para enterrar este caso clave el fiscal Agüero Iturbe dice que no hay que investigar más porque “no arribaríamos a ningún puerto y solo profundizaríamos la ya esmerilada dignidad del Poder Judicial”. Sic.

Este expediente se inició por la investigación en la que El Destape reveló que Macri se reunió al menos 16 veces con el juez Borinsky y otras 8 con Hornos. Esos encuentros coincidieron con los fallos clave que firmaron esos dos magistrados contra CFK, Amado Boudou y otros ex funcionarios en causas como el Memorándum con Irán, Dólar Futuro, la Ruta del Dinero K, Vialidad y Ciccone, así como también la investigación por la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado.

Las reuniones de Macri con Hornos y Borinsky constan en los registros de acceso a la quinta de Olivos, que este medio obtuvo mediante un pedido de acceso a la información pública. Son documentos oficiales, incluso validados en la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán. El juez Hornos reconoció las juntadas ante sus pares de la Cámara de Casación; su par Borinsky los confirmó ante la consulta de El Destape. Incluso Macri dijo sobre Borinsky: “Fue a jugar al tenis, varias veces conmigo, porque teníamos amigos en común”.

Para el juez Martínez de Giorgi, sin embargo, esas reuniones fueron “inexistentes en su mayoría” y sobreseyó a Macri, Borinsky y Hornos sin investigar. No revisó los registros de acceso a la quinta de Olivos, más de 7.000 archivos que el propio Macri dispuso que se hicieran de forma digital y donde constan las 16 visitas de Borinsky y las 2 de Hornos (que se suman a 6 a la Casa Rosada). Martínez Di Giorgi limitó la pesquisa a un puñado de planillas hechas a mano y que son en su mayoría de ingresos a la Casa Rosada. 

La fiscala Alejandra Mángano apeló los sobreseimientos, pero ahora su circunstancial e interino superior jerárquico, Agüero Iturbe, no sostuvo esa apelación. En los hechos significa el final de la causa. Agüero Iturbe es fiscal interino, no concursó para el cargo. Fue designado allí por otro interino, el procurador Eduardo Casal. Ocupa la fiscalía general que tenía Germán Moldes, que se jubiló poco antes de que Macri dejara el gobierno luego de ser uno de los líderes del lawfare. El concurso para el cargo está demorado.

Para desistir el impulso penal del caso, Agüero Iturbe dijo que “sostener que de tales encuentros surge un accionar delictivo importa comprobar una conspiración tendiente a perjudicar a una persona sometida a proceso. Sin embargo, en ningún caso, ni en los acreditados o en los supuestos, puede señalarse que las decisiones adoptadas por los magistrados mencionados hayan sido carentes de fundamentación acorde a las normas procesales que rigen su dictado o que resulten contrarias a la lógica forense o a una indebida interpretación de la norma sustantiva.” ¿Qué significa esto? Que Agüero Iturbe dice que leyó todos los fallos de los jueces Borinsky y Hornos y que están bien, algo no sólo poco creíble sino que además excede por lejos su función. ¿Qué buscó? Evitar que se cuestionen los fallos que firmaron Borinsky y Hornos en causas emblemáticas de persecución.

El juez Martínez de Giorgi dijo que la mayoría de las reuniones no existieron. Pero el fiscal interino Agüero Iturbe va más allá: las justifica y niega que sean irregulares. Al darle el golpe final a este caso afirma: “Es necesario indicar que la reunión de un magistrado con quien ejerce el poder ejecutivo (de carácter unipersonal) en un período determinado no representa de por sí acción u omisión alguna reprimida por el catálogo penal de la nación. En tal sentido es posible afirmar que cualquier reunión entre un integrante de la administración púbica nacional o del Congreso de la Nación con un magistrado no se encuentra per sé prohibido bajo sanción penal. Los motivos de tales encuentros pueden resultar de distinta índole (sobre temas de coordinación, laborales, personales, etc.) sin que ello importe encuadre punitivo alguno”.

El paddle entre Macri y Borinsky no es, para Agüero Iturbe, nada reprochable. Escribió que “es cierto que el maridaje político-judicial no resulta  adecuado frente a la necesaria independencia judicial, pero ello no abarca a las relaciones interpersonales que pueden existir entre miembros de distintos poderes del Estado, sin que ello importe cometer un delito. Las motivaciones personales que llevan a cada ser humano a entablar relaciones con otro, sin importar el rango o jerarquía, no se encuentran prohibidas por el código punitivo. Que resulte bien o mal visto que un magistrado se encuentre con un político no es una cuestión que ataña a la justicia penal”

Para sepultar la causa, el fiscal ante la cámara porteña hace una defensa del honor tanto de los jueces Borinsky y Hornos como de Macri. Dice que “no es posible socavar la dignidad de un integrante de un tribunal colegiado sin afectar la producción del mismo en la decisión de los casos sometidos a su conocimiento. Y pretender otorgar ascendencia de un integrante de una Sala por sobre el resto de sus colegas, lo que va en contra de la igualdad y deliberación en los tribunales colegiados, donde las decisiones se adoptan por unanimidad o mayoría de votos. También socavar la investidura de un ex mandatario, en este contexto, es derruir la estructura republicana y la división de poderes, so pretexto de una conspiración para afectar a personas sometidas a proceso, las que recurrían a esa instancia luego de obtener decisiones desfavorables a sus intereses en los tribunales inferiores; sin que exista prueba alguna que demuestre semejante afirmación.”

Agüero Iturbe no tuvo en cuenta nada de lo que analizó la fiscala Mángano, que apeló los sobreseimientos que dictó Martínez De Giorgi. Para el fiscal general, la investigación estuvo bien hecha y que no era necesaria ninguna otra medida de prueba.

Todas las pruebas que ignoró la Justicia

El juez Martínez De Giorgi cerró la causa Operación Olivos sin investigar. No revisó en profundidad los registros de acceso a la quinta de Olivos y la Casa Rosada. Ignoró más de 7.000 archivos que el propio Macri dispuso que se hicieran de forma digital y donde constan las 16 visitas de Borinsky y las 2 de Hornos a la residencia presidencial. El magistrado limitó la pesquisa a un puñado de planillas hechas a mano y que son en su mayoría de ingresos a la Casa de Gobierno.

En la apelación de la fiscala Mángano quedaba más que clara la voluntad del juez Martínez Di Giorgi de no investigar este caso para beneficiar a los acusados.

Martínez de Giorgi sostuvo que “las reuniones cuestionadas” fueron “inexistentes en su mayoría” a pesar de que la documentación y los testimonios de los protagonistas dan cuenta de lo contrario. “Sólo pudo probarse la efectiva asistencia del Dr. Mariano Borinsky a la quinta presidencial de Olivos en dos ocasiones (los días 5 de mayo de 2017 y 7 de mayo de 2018), fechas que no fueron consignadas en la denuncia. Por su parte el Dr. Gustavo Hornos, de todas las fechas cuya concurrencia a encuentros con Mauricio Macri se le atribuyeron, registró visitas tres días”, señaló el juez de primera instancia en una resolución del 28 de abril. Pero eso no fue así.

Hasta los propios protagonistas lo desmintieron:

• Borinsky fue consultado por El Destape en abril del año pasado, apenas publicada la Operación Olivos y confirmó que concurrió a la residencia presidencial a jugar al paddle. “Pero no tantas veces”, buscó defenderse.
• Macri, al ser consultado en una entrevista con TN respecto a las visitas de Borinsky a la Quinta de Olivos, respondió: “Fue un juez que arrancó porque tenía un compromiso con el Código Penal, hizo una propuesta muy buena, y fue a jugar al tenis, varias veces conmigo, porque teníamos amigos en común”.
• En febrero del año pasado, al ser interpelado por sus pares por sus visitas a Casa Rosada, Hornos, que era presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, dijo que mantiene una relación social con Macri de hace años y que tuvo diálogos con él sobre variados temas judiciales pero no sobre fallos puntuales. 

Una de las visitas que Martínez de Giorgi consideró que no existió es la que realizó Borinsky a Macri menos de una semana de firmar un fallo clave en el caso Memorándum. Hornos y Borinsky fueron quienes reabrieron el 29 de diciembre de 2016 la causa Memorándum con Irán, que había sido cerrada en primera y segunda instancia (ambos fueron felicitados por Macri al día siguiente en declaraciones públicas). Se habían reunido con el entonces presidente Macri en momentos clave para la causa. Borinsky, que, repetimos, según documentos oficiales estuvo al menos 16 veces en la Quinta de Olivos, había visitado al entonces presidente seis días antes de la reapertura del proceso: estuvo el 23 de diciembre en la casa residencial. Para Martínez de Giorgi esa visita no existió.

Pero los más de 20 ingresos de Hornos y Borinsky a la Quinta de Olivos y la Casa Rosada fueron acreditados en la causa Memorándum con Irán por los propios funcionarios judiciales que intervinieron en ese proceso: desde el Tribunal Oral Federal Nº 8 al fiscal ante esa instancia, Marcelo Colombo. Es decir, Martínez de Giorgi confrontó con sus colegas. Ahora Agüero Iturbe ratifica lo actuado por el juez de primera instancia en pos de cuidar la imagen del sector más rancio de la corporación judicial.

El fiscal Marcelo Colombo no puede ser tildado de kirchnerista. Es más: dictaminó en contra de los intereses de los acusados en Memorándum; pretendía que se hiciese el juicio que finalmente no se concretó por "inexistencia de delito". No obstante, durante la audiencia del 18 de agosto del año pasado, Colombo mostró filminas con cada una de las visitas de los jueces de Casación. Dijo que “existen registros que acreditan que los señores Borinsky y Hornos acudieron a la Casa Rosada y la residencia presidencial de Olivos durante los 4 años en que el expresidente Mauricio Macri gobernó el país”. Lo dijo clarito. Y hasta abundó: “Estos registros acreditan que esas visitas se dieron antes y después del dictado del fallo de reapertura de la causa” Memorándum. “Existe una regularidad de las visitas con posterioridad a esta decisión”, redundó. El fiscal Colombo habló de “numerosas visitas”. Para Agüero Iturbe eso es irrelevante: “Las motivaciones personales que llevan a cada ser humano a entablar relaciones con otro, sin importar el rango o jerarquía, no se encuentran prohibidas por el código punitivo. Que resulte bien o mal visto que un magistrado se encuentre con un político no es una cuestión que ataña a la justicia penal”, consideró.

Por su parte, la jueza María Gabriela López Iñíguez, integrante del TOF 8, dijo algo similar y en su voto del caso Memorándum hasta abordó la problemática que provocaron las visitas de Hornos y Borinsky a Macri. ¿Qué sostuvo López Iñíguez? Que los registros oficiales fueron remitidos por Jefatura de Gabinete y, por ejemplo, “en lo relativo al Dr. Borinsky, las planillas refieren múltiples actividades deportivas que serían el motivo de su traslado a esa sede (futbol, tenis y paddle)”. “Esa sede” es la Quinta de Olivos.

En su apelación, la fiscala Mángano fue contundente: enumeró todas las medidas de prueba que Martínez de Giorgi evitó realizar y resaltó que el juez hizo “una valoración parcial y aislada de los elementos de prueba incorporados”. “Es posible advertir a simple vista que el informe de Casa Militar agregado en este caso no incluye los registros informáticos de ingreso a la Casa Rosada y a la Quinta Presidencial de Olivos, sino solo algunos registros manuales al primero de los edificios”. Pero Agüero Iturbe decidió hacer oídos sordos.

Ni siquiera hizo falta que interviniera la Cámara Federal porteña. Así, sin investigar, la maquinaria de Comodoro Py cerró de forma definitiva esta causa que reveló la promiscuidad con la que se manejaron Macri y los jueces del lawfare. Impunidad total.