Visita a genocidas: Arrieta confirmó su reunión con Bullrich y reveló que la ministra pidió cuidar a sus "allegados" del Servicio Penitenciario

La diputada Lourdes Arrieta dio detalles a la Justicia de la reunión que, tal como informó El Destape, mantuvo con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien la convocó a su despacho el 15 de agosto tras la denuncia penal que presentó por la visita a represores. “Me solicitó que cuidara a la gente del Servicio Penitenciario porque era muy allegada a ella”, señaló Arrieta en una presentación que realizó en el marco de la causa.

En un escrito en el que Arrieta y su abogado Yamil Castro Bianchi contestaron el pedido de desestimación de su denuncia penal que realizó el fiscal Sergio Mola, la diputada dedicó un apartado a su encuentro con Patricia Bullrich. Allí, como había reconstruido este medio, la ministra resaltó su relación con el fiscal Mola. También señaló al abogado Fernando Soto, defensor del ex policía Luis Chocobar y funcionario de la cartera de Seguridad, como quien la invitó al encuentro.

“Vengo por la presente también a los fines de poner en vuestro conocimiento un suceso que tuvo lugar con posterioridad a mí ratificación de denuncia, y previo al dictamen del Fiscal Mola. Con fecha 15 de agosto pasado fui invitada a concurrir al Ministerio de Seguridad, por parte del abogado Fernando Oscar SOTO a quien siempre reconocí como mano derecha de la Ministro de Seguridad Patricia Bullrich. Esta reunión se realizó en el despacho de la Ministro y tuvo por finalidad hablar sobre mi denuncia”, aseguró Arrieta en el escrito que presentó en los tribunales federales de Lomas de Zamora.

La reunión quedó registrada en el Registro Único de Audiencias pero allí solo se informó que el motivo del encuentro fue por “Asunto Legislativos” y que estuvieron presentes Bullrich, Arrieta y el Secretario de Articulación Federal de la ministra, Néstor Majul. Según informó la diputada este martes a la Justicia, en el encuentro también se encontraban presentes su hermano Martín Arrieta y el mentado abogado Soto, quien es director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Arrieta relató que “la reunión duró aproximadamente una hora y media” y que “tocamos varios temas relacionados con mi denuncia”. Precisó que Bullrich le “expresó que lo que había hecho el Servicio Penitenciario no era delito debido a que los diputados y los jueces no debemos ser revisados para ingresar al establecimiento carcelario”. Se trata de lo que la ministra repite públicamente. “Sin perjuicio de ello, y algo contradictorio con lo anterior, me solicitó que cuidara a la gente del Servicio Penitenciario porque era gente muy allegada a ella y que podía dar fe de Martínez, el titular del Servicio Penitenciario, que no andaba en nada raro”, añadió la diputada. La referencia es a Fernando Martínez, director del SPF.

Según Arrieta, Bullrich también le “hizo saber que le preocupaba quién era el juez de la denuncia (Kreplak) pero no así el Fiscal (Mola) con quien dijo tener buena relación y vínculo”. Mola fue nombrado Fiscal General Adjunto por Mauricio Macri en diciembre de 2018 y la fotografía de su jura del 15 de febrero de 2019 muestra en primera fila a la entonces ministra de Seguridad –etapa macrista- Patricia Bullrich.

La reunión entre Bullrich y Arrieta ocurrió seis días antes de que el fiscal planteara la desestimación de la denuncia penal de la diputada y pidiera circunscribir la investigación únicamente al rol que pudo haber tenido el SPF. Tras la contestación de la querella, el juez Kreplak elevó la controversia en torno al pedido de desestimación al fiscal federal ante la Cámara de La Plata para que ratifique o deje sin efecto el dictamen de Mola.

De acuerdo al relato de la legisladora nacional, durante el encuentro del 15 de agosto, la ministra se solidarizó con su situación. Recordemos: la diputada fue parte del encuentro con genocidas en el penal de Ezeiza junto a compañeros de bancada el 11 de julio pasado y cuando estalló el escándalo se desmarcó de sus pares e hizo una denuncia penal el 6 de agosto en la que aportó los chats que revelan cómo se gestó el encuentro y la existencia de una iniciativa para intentar sacarlos de la cárcel. Arrieta dijo que no sabía con quiénes se iba a reunir, que no conocía a los represores porque nació en democracia y que fue engañada a la visita. “Al interiorizarse de los pormenores de mi denuncia, del engaño mencionado, me refirió que todo había sido ‘muy mal manejado’. Que ella me brindaba su apoyo”, expresó Arrieta en su escrito. Si bien no lo dice, el mal manejo estaría adjudicado al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Por último, Arrieta aseguró que fue consultada por quién era su abogado.

En su escrito, la diputada destacó “la dureza con la que se dirige a mi persona” el fiscal Mola en su dictamen desestimatorio y “su vínculo con la ministro” Bullrich por lo que consideró que perdió objetividad para seguir en el caso. Estos argumentos se suman a la recusación que presentara el 21 de agosto pasado. El juez Ernesto Kreplak, como informó este medio, rechazó apartar a Mola. El rechazo se produjo dos horas antes de la carga del nuevo escrito de la diputada en la causa.

Bullrich tiene un especial interés en este caso. El SPF está bajo su órbita. Y según se desprende de la denuncia de Arrieta hubo complicidad por parte de las autoridades del SPF en alguna de las visitas que los libertarios realizaron a represores (porque fueron más de una). En uno de los chats difundidos, el diputado libertario Beltrán Benedit dice: “Acabo de tener una muy buena charla con Fernando Martínez, el Director del SPF. Asumió hace dos días y me causó muy buena impresión. Nos facilitará el acceso a los penales el viernes”.  Los diputados, por ejemplo, no fueron revisados al ingresar el 11 de julio al penal de Ezeiza. Incluso entraron con celulares y se tomaron fotografías.

Un chat de los libertarios compromete directamente a la ministra de Seguridad en toda esta trama. Según se desprende de la denuncia de Arrieta, el 11 de marzo pasado, a las 11.08, el cura Javier Olivera Ravasi, hijo de un genocida condenado, escribió en uno de los grupos Whatsapp que creó para organizar las visitas a represores en pos de lograr su libertad: “El Dip Beltrán Benedit habló con Patricia Bullrich para que quienes deseen sumarse, al día siguiente de nuestra reunión a visitar los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo/Ezeiza/Marcos Paz se les facilite el ingreso sin inconvenientes. Ya está hablado. Quienes quieran ir, por favor coordinar por privado con Beltrán”. Todo indica que la referencia es a otra visita y no a la que realizaron los diputados libertarios el 11 de julio al penal de Ezeiza. Por ejemplo, hubo otro encuentro en Campos de Mayo, donde también hay represores detenidos.

Este lunes, la ministra Bullrich intentó desligarse del caso. En declaraciones radiales negó haber estado detrás del encuentro del 11 de julio. Y afirmó: “Me enteré de la visita de los diputados por los diarios”. También defendió al Servicio Penitenciario Federal, tal como lo hizo ante Arrieta: “El SPF si se presenta un diputado y pide entrar, lo tiene que dejar entrar por lo que dice la ley. Así que ni el SPF ni en mi caso que yo ni me enteré, porque no me llamó nadie, ni tuve una comunicación", manifestó.

En contra de la desestimación

Arrieta dio detalles de su encuentro con la ministra en una contestación al pedido de desestimación que hizo Mola sobre su denuncia penal. En el mismo documento pidió que el juez Kreplak reasuma el mando de la investigación o ser tenida por querellante autónoma si no hay impulso fiscal.

La diputada junto a su abogado realizaron una síntesis de la denuncia que presentó el 6 de agosto pasado, lo que contextualiza el pedido de Bullrich de cuidar al SPF.

Centralmente, Arrieta –que abandonó el bloque de diputados de LLA- sostuvo que denunció “el posible Incumplimiento de los funcionarios públicos del Servicio Penitenciario Federal”, “la posible Malversación de caudales públicos ante la falta de claridad sobre la utilización de los bienes del estado con fines ajenos a los autorizados”; y “las presiones que he recibido previo a mi denuncia, posterior a esta, y las que recibió mi abogado”.

Arrieta consideró que el dictamen de Mola “resulta prematuro frente a la situación denunciada, con el agravante que la construcción del relato del acusador se aparta del relato y los elementos aportados, como también, que se incluyen subjetividades contra mi persona que afectan mi honorabilidad”. Entre otras cosas, Mola dijo que la denuncia de Arrieta “está motivada en su intención de despegarse de un hecho que la tuvo como protagonista”, es decir, de la visita a genocidas en el penal de Ezeiza, el 11 de julio pasado. Y que “para ello, realiza una serie de consideraciones de carácter pueril, carentes de verosimilitud y provistas de un infantilismo que hiere la inteligencia del más desprevenido”.

“Resulta falso el postulado del fiscal”, respondió Arrieta. Y añadió: “Lo que el Sr. Fiscal llama despegarse no es ni más ni menos que buscar transparencia ya que hasta el día de hoy desconozco si se trató de una comitiva oficial organizada por integrante/s de la cámara de diputados o bien se realizó un uso particular de bienes del estado que incluyen movilización de personal (chofer) y costos tales como combustible o peajes. Insisto en remarcar que a mí siempre se me informó que el viaje era en carácter oficial, pero la falta de claridad y transparencia ante mis consultas, me llevaron a la necesidad de poner en conocimiento de las autoridades el suceso”. Luego interpeló a Kreplak: “Sr. Juez, si estoy diciendo: se usaron fondos públicos para un fin privado, ¿no debe investigarse?”.

En una línea similar, la diputada continuó con su línea argumentativa: “No ha sido tenido en cuenta el escrito en el que planteo las hipótesis delictivas a investigar y las medidas a sugerir”. “En lo que a los hechos desestimados por el Sr. Fiscal, propuse, por ejemplo: ‘Se oficie a la presidencia de la Honorable Cámara de diputados de la Nación para que se sirva de informar, únicamente en relación al 11 de julio de 2024: Flota de vehículos vigentes, personal idóneo a la fecha mencionada y las variaciones hasta recibir el oficio, autorizaciones realizadas para viajes en la fecha, toda otra novedad obtenida con motivo de esa fecha’”. En el escrito de recusación, había sumado: “si el día 11 de Julio de 2024, se utilizaron fondos públicos en forma indebida para una visita de diputados y terceras personas al Complejo penitenciario de Ezeiza” y “si ha existido la unión de personas con la finalidad de atentar contra el orden constitucional”. “Existe por lo tanto una hipótesis delictiva, y una serie de medidas tendientes a corroborar la existencia del hecho, por lo que, su desestimación a priori preocupa a esta parte”, sentenció Arrieta.

En otro apartado de su presentación, Arrieta resaltó que “no se ha cumplido con lo normado por el ritual para el trámite de desestimación de denuncia”, esto eso que “la fiscalía ha omitido darle la oportunidad a esta parte de recurrir ante su superior la decisión arribada”. Ante este cuadro, Kreplak decidió elevar la controversia al la fiscalía federal ante la Cámara de La Plata que subroga Diego Iglesias.

Atenta a que el fiscal ante la Cámara podría ratificar lo sostenido por Mola, Arrieta adelantó que “esta querella continuará en solitario”, algo que deberá ser avalado por el magistrado del caso.