El 9 de mayo de 2012 se sancionó la Ley de Identidad de Género, una norma que fue vanguardia en el mundo y que amplió derechos no solo para la comunidad travesti, trans, no binarie sino para la democracia. A nueve años de su sanción, los desafíos siguen existiendo y la deuda que el Estado tiene para con la población LGBTTIQ+ es histórica y enorme. ¿Cuáles son y qué hace falta?
Con la Ley solo no alcanza, sino que es necesario decisiones políticas y políticas públicas tendientes a la inclusión y a problematizar con dogmas patriarcales establecidos. Desde la comunidad LGBTTIQ+ reclaman que exista una reparación histórica para personas trans que durante toda su vida joven-adulta sufrieron una violencia sistemática por parte de la sociedad y el Estado. También, exigen que de una buena vez se trate en el Congreso la Ley de Cupo Trans porque hoy solo existe el DNU que no llega a tener el alcance abarcativo e integral de una norma.
Además, se le suma la falta de cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral y de la Ley Micaela, que son fundamentales para cumplir con el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género que establece el trato digno.
“Toda norma, reglamentación o procedimiento deberá respetar el derecho humano a la identidad de género de las personas”, deja establecido el artículo 12 de la Ley 26.743.
Una deuda histórica
La subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, Alba Rueda, dialogó con El Destape y aclaró: “Son muchos los desafíos que quedan para implementar y llevar al máximo la Ley de Identidad de Género, principalmente la enorme deuda histórica que tiene el Estado, que debe tensionar dentro de las lógicas patriarcales una posición adecuada al respeto de la identidad de género”.
La Ley reconoce en su primer artículo el derecho a la identidad de género de todas las personas, partiendo de esa base, la activista trans indicó que una deuda pendiente “es la agenda no binarie, que se debe cumplir porque así lo marca la ley” y que hace referencia a que, por ejemplo, cuando una persona va al RENAPER debe elegir entre el género varón o mujer, no se le permite salir del binarismo sexogenérico.
En ese punto, explicó el trabajo que requiere romper con “la noción compleja de gobernanza administrativa” y planteó: “Eso nos lleva a pensar que muchas veces les administradores que trabajan en la función pública se ven trabajando bajo criterios prejuiciosos, estereotipos que no hacen a la identidad de género y generando doble estándar, rechazo, retraso al acceso a política públicas”.
“Existe una selección invisible, ideológica que hace que las personas atravesadas por sus territorios, por la falta de acceso a la educación, las que están por debajo de la línea de privilegios, las racializadas, las migrantes, las de pueblos originarios, encuentran una enorme desigualdad en el acceso de derecho al pensar el Estado”, advirtió la funcionaria.
La importancia de la implementación de la Ley Micaela y la ESI
En ese sentido, instó a “trabajar profundamente” en la implementación de la Ley Micaela que establece la capacitación obligatoria en género para todes les integrantes de los tres poderes del Estado como así también la Ley de Educación Sexual Integral para que en los establecimientos educativos se fortalezcan “protocolos frente a las violencias y exista un trabajo en contra de la discriminación y acoso hacia las personas LGTTBIQ+”.
A nivel legislativo, la subsecretaria marcó otro de los desafíos que es “el libre desarrollo personal, tanto el derecho a la identidad de género y plantear la participación política de personas LGBTTIQ+”. Asimismo, apuntó al ámbito judicial en el cual se resiente la mirada de género y por el contrario predomina “una mirada sesgada desde una perspectiva binaria lo que es un modo de sesgar la Justicia”.
“Los temas pendientes son muchos y muy profundis y que tiene que ver con una profunda responsabilidad de parte del Estado en el sentido amplio y cómo hacemos ese puente para que efectivamente los distintos ámbitos estales reconozcan nuestra identidad”, aseveró la activista trans.
¿Qué sucede con la agenda no binarie?
Sasa Testa es activista trans no binarie. Uno de los desafíos a concretar desde el Estado es el abordaje de la agenda no binarie, para lo cual, es necesario “una debida reglamentación de la ley”, remarcó le magister en Estudios y Políticas de Género en una comunicación con El Destape. Testa explicó que “hay un montón de personas que solicitan su DNI sin marcación de género y se encuentran en una situación de indocumentación porque RENAPER no entrega documentos por fuera del binarismo” y aclaró que esta situación “no es una deuda en sí misma, sino es la indebida reglamentación en algunas instituciones de la ley”.
Asimismo, subrayó que “la Ley en sí misma es excelente y está a la vanguardia porque fue ejemplar y que fue fruto de la lucha colectiva”, pero marcó que no se encuentra reglamentada completamente: “En el artículo 12 se establece el derecho al trato digno, dentro de lo que contempla el artículo dice que, si la persona no hizo el cambio registral, se le adapte todo el legajo y documentación de acuerdo a una fórmula: colocación de las iniciales del nombre de pila, seguido fecha de nacimiento, DNI y el nombre elegido por razones de identidad de género, pero esto la mayoría de las veces no se cumple”.
A pesar del alcance nacional de la Ley, su aplicación varía según la región y la administración provincial, lo cual, Testa aseveró que “es importante pensar que esta ley es nacional, y que ninguna política puede ser pensada por fuera de una óptima federal, plurinacional e interseccional. No se puede pensar desde los términos estrictos de CABA o AMBA”.
Frente a esta situación, le activista instó a que se tome como primera medida “capacitar, educar, sensibilizar” y enfatizó: “Finalmente apuesto a que esto sea la herramienta, a través de la cual se asegure el debido cumplimiento y si no ocurre, que obren las instancias que deban obrar para que se dispense el trato digno”.
En tanto, desde el Renaper explicaron a este medio que "el campo que se declara es 'sexo' ,no 'género' y es porque en el DNI se consigna el 'sexo' porque es un documento de viaje (actualmente se usa más que el pasaporte para salir del país) que habilita a viajar a los países miembro y asociados del Mercosur". "Tanto el DNI como el Pasaporte son documentos de viaje y están regidos por las recomendaciones de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional); por tal motivo el campo 'sexo' es obligatorio en el cuerpo del documento. Luego, no se puede consignar cualquier alternativa de género autopercibido", indicaron desde el organismo fuentes consultadas.
Además, aseguraron que están "trabajando en conjunto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para capacitar al personal con atención al público de modo tal de poder brindar una atención a la ciudadanía con perspectiva de género".
Reparación histórica para persona trans
“Nuestra venganza es llegar a viejas”, esboza la poeta Susy Shock. La expectativa de vida para una persona trans es de 35 a 41 años, la mitad de la expectativa de vida de una persona cis. Ese número refleja la violencia estructural que padecen las personas trans en una sociedad machista – patriarcal en la que el Estado no despliega las herramientas que tiene que desplegar para que no sea un riesgo de vida ser trans.
Una de las grandes deudas es que se trate y apruebe una ley de reparación histórica para personas trans. En diálogo con este medio, el activista trans y docente, Ese Montenegro, apuntó a la importancia de que exista una reparación histórica para personas trans. El proyecto de ley fue presentado en 2014 y dos años después perdió estado parlamentario, el colectivo travesti, trans, no binarie lo volvió a presentar, y aún sigue cajoneado en el Congreso.
“Es necesario que salgan las leyes de reparación histórica para que les que son adultxs mayores y que ya no se pueden insertar en el mundo laboral formal capitalista tengan un ingreso porque las condiciones de vida a las que llegamos en la adultez, no son las mismas que las personas trans. Necesitamos dar esa discusión que dé cuenta de esa violencia institucional”, planteó el activista trans.
A este reclamo, sumó la urgencia de que la Cámara de Diputados trate el proyecto de Ley de Cupo Trans porque “el acceso a un trabajo formal sigue siendo una forma de exclusión estructural” que genera que personas trans “sean arrojadas/es a la precariedad laboral”. Que exista un programa de Acceso a la Vivienda o que se “garantice el acceso a créditos” para una casa propia porque la desigualdad también se ve a la hora de alquilar.
“El Estado tiene muchísimas herramientas para pensar políticas públicas, pero tiene que haber una lectura diferenciada porque por más que exista la Ley, la violencia es estructural”, remarcó Montenegro.
Ir por más igualdad
A nueve años de la sanción de la Ley, la violencia que viven las personas trans está ahí, latente y punzante. A nueve años de ese día histórico, Testa reflexionó que la aprobación de la Ley de Identidad de Género “ha sido el puntapié inicial para que después se abran otros debates que tienen que ver con la comunidad LGBTTIQ+ como derecho a la salud integral, derecho al trabajo formal que es un derecho constitucional”.
Además, analizó que la Ley de Identidad de Género “también tiene su correlación, que no es nada casual, con el momento histórico que se sancionó, que es el mismo arco histórico que fue sancionada la Ley de Matrimonio Igualitario (2009), la Ley de Educación Sexual (2006) y que coincide nuevamente con un gobierno que toma la decisión política para que nuestras identidades sean visibles, reconocidas y respetadas”.
Por su parte, Montenegro celebró “las políticas públicas” llevada adelante por el Gobierno, pero replicó “Como militante me toca seguir subiendo la vara para que exista una serie de leyes que sigan reparando el daño estructural que es grande e histórico”.
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