En el año 2022, en pleno proceso de reversión de la pandemia desatada por el Covid-19 por medio de la aplicación masiva de vacunas, el gobierno nacional evaluó una reforma del sistema de salud. En Argentina hacía tiempo que el sistema acusaba serios problemas, la atomización en multitud de agentes distintos, las obras sociales con costos repartidos sin un poder único de compra y de planificación, un sistema desarticulado en forma inorgánica con el sistema privado en salud, lo que se conoce como empresas de medicina prepaga que operan como un seguro de salud, desarticulación entre las áreas nacionales, provinciales, y municipales, muchas veces con gastos duplicados y sin eficiencia, entre tantas otras falencias.
En ese momento se habló de dos proyectos, uno que provenía de del sector de salud de la Provincia de Buenos Aires, un proyecto que de alguna manera, intentaba recuperar el programa instaurado en el año 1974 por medio de la ley 20.748, de creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, y la Ley 20.749 de Carrera Sanitaria Nacional. Se trataba del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), un proyecto que se inspiraba en el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, cuyo objetivo era, en palabras de Katz y Muñoz:"...una profunda transformación en el pensamiento predominante entre los sanitaristas argentinos que, en los orígenes de la década del setenta, pasan de la doctrina del ‘seguro’, destinado a la financiación de la demanda –doctrina que imperara en los años sesenta– a la del ‘servicio’, que implica, además del manejo del financiamiento, la coordinación y organización por parte de las agencias públicas de la oferta de servicios en los niveles estatal, privado y de las Obras Sociales." Otro proyecto, éste alentado por el gobierno nacional, no era tan intervencionista, y pretendía una articulación más ordenada y menos redundancia de prestaciones entre los planos federal, provincial, y municipal.
Como sea, ninguno de los dos proyectos culminó en nada, y lo que apareció es que la reforma del sistema de salud en la Argentina es un tema extremadamente complicado porque hay muchos actores involucrados, y al mismo tiempo depende mucho del contexto económico y social, en la medida que la salud es un bien que insume productos onerosos, y que muchas veces no son asequibles en la industria nacional, y deben ser importados por proveedores que tienen controles monopólicos u oligopólicos sobre sus precios.
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La actual administración del presidente Javier Gerardo Milei, comenzó una reforma muy particular del sistema de salud pública, que involucró la relación entre obras sociales y empresas de medicina prepaga y que desreguló los costos de esta última. Esta reforma tuvo como consecuencia inevitable un incremento brutal de los costos de la medicina prepaga, a punto tal que la propia administración tuvo que tirar su propio manual ideológico político, contrario a cualquier regulación de precios, y en palabras del ministro de economía Luis Caputo : "(Las) Prepagas deben retrotraer precios fuertemente de acuerdo al dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia", señalando que el gobierno habría detectado una cartelización de los precios de las empresas de medicina prepaga. Así fue el espanto que tuvieron al ver los efectos de su propia medicina.
Pero como hay una crisis estructural en el sistema de salud público, ahora el gobierno nacional está explorando otra medida: dado que el gobierno tiene como única política económica la reducción nominal del superávit, y aplican a rajatabla una regla de caja, no hay transferencias para los gastos de salud que tiene el Sistema de Obras Sociales, que obviamente está desfinanciado con la baja salarial nominal que hubo en los últimos seis meses. Entonces, la mejor solución que se le ocurre a esta administración, es eliminar el Programa Médico Obligatorio (PMO), creado por el decreto 492 del año 1995, bajo el gobierno de Menem, que incluía entre sus considerandos un principio de solidaridad: "Que las circunstancias actuales aconsejan implementar el acceso a una prestación solidaria renovada, con un destacado esfuerzo por parte de los Agentes del Seguro de Salud.
Esta administración plantea una reducción del PMO, lo que se pone una reducción de los gastos en salud pública; es más, supone la privatización de hecho de una serie de tratamientos onerosos, que deberán ser dejados a la mano de la beneficencia y la caridad pública, la destrucción del capital familiar, o literalmente a la muerte de los pacientes. Porque se trata de una reducción en un contexto en donde se han comprimido los ingresos, sea sueldos o jubilaciones, y en donde el atraso cambiario hace que haya un incremento de los precios internos en dólares, lo que a su vez hace que todos los insumos importados de salud, que son relevantes en los tratamientos de alta complejidad, también se encarezcan. Y eso cuando entendemos que básicamente esto afectará las prestaciones del PAMI, que es el sistema de salud que tiene a las personas con mayores problemas, dado que son jubilados y pensionados.
De aplicarse este proyecto, cuyo somero enunciado plantea un problema y lleva angustia un montón de personas y de familias, supondrá una catástrofe sanitaria, en la medida que una innumerable cantidad de familias y personas, se vean imposibilitados de costear los tratamientos que necesitan. Y claramente la salud se convertirá en un bien aristocrático.
Ese es un efecto inevitable del programa económico que se ha impuesto, dado que la salud, como bien público, se monta en el principio de solidaridad al romper esto. El mismo concepto de salud pública desaparece, y la gente queda varada en un camino inevitable cuyo destino es trágico y por demás incierto.
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