2 de abril: otra fecha que impone Memoria, Verdad y Justicia

El terrorismo de Estado impuesto en marzo de 1976, con claras terminales en las clases dominantes que pergeñaron un Plan Económico que pusiera fin a todo Proyecto de desarrollo con base industrial, nacional y democrático, se valió de las fuerzas armadas y de seguridad como de las “patotas” que funcionaban paralelamente para obtener sus propósitos. 

La alegada “guerra contrainsurgente” como la crisis política en que se decía sumido el gobierno de Isabel Perón, fueron meras excusas para apresurar una decisión adoptada mucho tiempo antes y en línea con los intereses del imperialismo norteamericano que se venía imponiendo “a sangre y fuego” desde comienzos de la década del 70’ en Uruguay, Perú, Bolivia y Chile.

En el caso de las organizaciones guerrilleras, por entonces, era clara la derrota que habían sufrido en el plano militar, como la virtual disolución y falta de capacidad de acción que afrontaban. En cuanto a las vicisitudes del Gobierno nacional, con la anticipación del llamado a elecciones generales -para septiembre de 1976- en el que coincidían mayoritariamente los partidos políticos, existía una salida democrática en ciernes.

Sin embargo, esas variables eran insuficientes para asegurar la instalación de un crudo neoliberalismo que requería disciplinar a la clase trabajadora potenciando el poder empresarial, sobre todo multinacional, y quebrar la resistencia gremial forjada en una larga tradición de lucha del Movimiento Obrero argentino, como en su expresión política por antonomasia: el Peronismo.

Esos objetivos son ostensibles cuando se repara en las primeras medidas adoptadas “públicamente” por el llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, entre otras: una regresiva reforma laboral comenzando en abril de 1976 con la de la Ley de Contrato de Trabajo, la prohibición y criminalización de la huelga en ese mismo mes, la suspensión sin plazos de la negociación colectiva, la disolución de la CGT y las intervenciones de los sindicatos; como en las que se adoptaron “clandestinamente” mediante el asesinato, secuestro, tortura y desaparición de decenas de miles de personas, en su gran mayoría trabajadores y dirigentes o activistas sindicales. 

Una resistencia creciente y persistente 

A pesar de la brutal represión que distinguió, incluso por sus metodologías generalizadas sin precedentes, a la dictadura cívico-empresarial-militar instaurada el 24 de marzo de 1976, no transcurrió mucho tiempo para que surgieran desde los organismos de DD.HH. y las organizaciones gremiales en sus diversos niveles -formales e informales- respuestas que fueron poniendo en vilo a las autoridades de facto como a sus patrocinadores y principales beneficiarios de esas criminales políticas.

Por abril de 1977 nace un agrupamiento de mujeres, las Madres de Plaza de Mayo, que marcará definitivamente un inclaudicable modo de lucha y reclamo que será ejemplo en el país como, también, en el mundo. Más tarde, en ese mismo año, se conforma otro colectivo de mujeres como desprendimiento de aquél, las “Abuelas”, dedicado a la búsqueda y recuperación de nietas y nietos secuestrados o nacidos en cautiverio, apropiados por los genocidas.

En marzo de 1977 se constituye la “Comisión de los 25 Gremios Peronistas”, en la cual revistan un importante arco de asociaciones sindicales como dirigentes destacados entre los cuales se cuenta quien, en los siguientes años, se erigirá en una figura fundamental del Movimiento Obrero, Saúl Ubaldini del gremio cervecero.

Las acciones, primero embrionarias pero que prontamente fueron tomando sustancia, en el terreno de los derechos humanos y en el gremial -a pesar de las medidas de intervención y vaciamiento de los entidades sindicales-, llevaron a una exacerbación represiva sobre esos colectivos que incrementaron los secuestros, desapariciones y muerte de personas que militaban esas causas. 

Casos notorios fueron los de varias de las fundadoras de “Madres”, en el episodio conocido como de “Las 12 de la Iglesia de la Santa Cruz”, el 8 de diciembre de 1977,  y dos días más tarde el de su primera presidenta (Azucena Villaflor); así como en febrero de aquel año, del Secretario General de Luz y Fuerza (Oscar Smith), que sigue desaparecido, quien llevara adelante medidas de fuerza reivindicando mejoras en las condiciones de trabajo en la empresa estatal de electricidad SEGBA y por la vigencia del convenio colectivo respectivo.

El primer paro general se produjo el 27 de abril de 1979, convocado por la “Comisión de los 25”, que por su enorme adhesión y gran repercusión llevó a la detención y encarcelamiento de sus principales referentes, acompañada por nuevas intervenciones de sindicatos.

Dos años más tarde, el 22 de julio de 1981, se registró otra huelga general de mayor amplitud y con movilizaciones multitudinarias en el conurbano bonaerense y en ciudades como Tucumán, Córdoba, Rosario y Mendoza que fueron duramente reprimidas. En esa ocasión, convocadas por la denominada CGT Brasil (por la calle en el Barrio de Constitución donde tenía fijada su sede) cuyo titular era Saúl Ubaldini, por ese entonces convertido en el principal líder sindical.

También en 1981, el 7 de noviembre con motivo de una nueva celebración del Patrono del Trabajo, la CGT Brasil organizó una marcha hacia la Iglesia de San Cayetano (en el Barrio de Liniers de la ciudad de Buenos Aires) bajo el lema por “Paz, Pan y Trabajo”, que concitó una impresionante adhesión popular y fuertes rechazos al régimen de facto que se sintetizaron en una consigna que se convertiría en emblemática y distintiva de esa época: “Se va a acabar, se va a acabar, la dictadura militar”. 

Fiel a una deleznable práctica de los gobiernos de facto habidos entre 1976 y 1983, la marcha popular terminó con acciones represivas, centenares de detenciones y procesamientos de sindicalistas.

Criminal manotazo de ahogado 

Las condiciones macroeconómicas que empeoraban día a día fruto de las depredadoras medidas neoliberales, el endeudamiento externo acentuado por la decisión del Banco Central (BCRA) de estatizar la deuda privada en el solo beneficio de los grupos del capital concentrado, el predominio de una financiarización que conspiraba contra cualquier pretensión de desarrollo productivo, las consecuencias perniciosas materializadas en el cierre de miles de empresas (en particular Pymes) y en una creciente desocupación con un acelerado empobrecimiento de la población, fueron cercando a la dictadura.

Las campañas en defensa de los derechos humanos habían obtenido un decidido acompañamiento tanto en el país como en el plano internacional, saliendo a la luz una metodología terrorista que se sustentaba en una suerte de Estado paralelo que se desenvolvía en las sombras con absoluta impunidad y desprecio por los más elementales valores humanitarios.

Otro tanto se advertía en el ámbito laboral, como respuesta a la precarización del trabajo en sus diversos planos (salarial, niveles y condiciones de empleo, libertad sindical) cuya clara manifestación era la pérdida de más de 16 puntos porcentuales en la participación del PBI entre finales de 1975 (del 48,9%) y de 1981 (del 32%). 

Se verificaban enfrentamientos dentro del campo sindical, entre aquellos con serios compromisos con la dictadura encabezados por Triaca (Plásticos) y Baldassini (Correo) que se agruparon para favorecer su continuismo e impunidad, y un sector mayoritario que desde hacía años la combatía y bregaba por un retorno a la institucionalidad democrática, que se identificaba con la CGT Brasil.

Fue esta Central conducida por Ubaldini la que el 30 de marzo de 1982 promovió un paro activo en todo el país, convocando a una marcha a Plaza de Mayo que concitó una gran adhesión, no sólo sindical sino acompañada por los organismos de DD.HH. y diferentes sectores de la ciudadanía, que excedió las más optimistas expectativas generando, como contrapartida, un enorme despliegue de las fuerzas de seguridad.

A pesar de la encarnizada represión que se proponía impedir el desarrollo de las movilizaciones, la presencia de manifestantes se mantuvo hasta llegada la noche produciéndose constantes y espontáneas estrategias de reunificación con focos de concentraciones que se trasladaban de un punto a otro del centro de la ciudad de Buenos Aires, como asimismo ocurriera en muchas otras ciudades en las Provincias.

Otra vez se registraron corridas de manifestantes acosados y gaseados por los cuerpos policiales (a caballo, en motos y patrulleros), miles de detenidos, cientos de heridos y una víctima fatal, un trabajador asesinado (José Benedicto Ortiz) en Mendoza.

Al día siguiente se percibía una clara señal que expresaba el comienzo del fin del gobierno de facto, una suerte de crónica de un anunciado final que venía desencadenándose por múltiples factores y que encontraba entre los principales esa antigua tradición de lucha popular que distingue a nuestro Pueblo.

Allí deben buscarse las causas y espurias motivaciones sin rasgo patriótico alguno de quienes resolvieron el desembarco en las Malvinas el 2 de abril de 1982, con la sola pretensión de encontrar una salida desesperada para el régimen dictatorial en protección de intereses por demás distantes de los de la Nación.

La lucha anticolonial que persiste 

La falta de preparación de las fuerzas armadas para una gesta semejante, la desaprensión por el destino fatal de los contingentes enviados a las islas y, en especial, de los jóvenes soldados conscriptos (de apenas de 18 años de edad) a los que se siguió sometiendo a maltratos como los que eran comunes en los cuarteles, la inexistencia de la más elemental estrategia para emprender una guerra anticolonialista de tamaña envergadura, fueron todas muestras evidentes de una improvisación demencial y criminal.

Quienes proyectaron, decidieron y alentaron esa acción confiaron en un apoyo de los EE.UU. que no se verificó, convencidos -como buenos cipayos- que sería su aliado por haber servido a sus planes hegemónicos en la región y contribuido a sus incursiones imperialistas en Centroamérica.      

A pesar del heroísmo y empeño de nuestras tropas el desenlace no fue otro que el esperable en función de la génesis, condiciones y objetivos que guiaran a los responsables de aquella improvisada campaña militar, como también de la falta de calidades profesionales y patrióticas de los altos mandos de las tres Fuerzas Armadas.

Las aspiraciones legítimas de recuperar nuestra indiscutida soberanía en las Malvinas e Islas del Atlántico Sur, poniéndole fin a ese inaceptable enclave colonial británico, siguen vigentes como parte de la lucha anticolonial que no se agota allí sino que se proyecta en otros muchos ámbitos, entre los cuales cobra particular relevancia el cultural que favorece la banalización o naturalización de la injerencia extranjera amenazante de nuestra independencia y autodeterminación como Nación.  

Un pasado que puede volverse futuro si desatendemos el presente 

La necesidad de evocar lo sucedido a la luz de los acontecimientos actuales es imperiosa, por cuanto se reeditan situaciones de suma gravedad que ponen en riesgo la institucionalidad democrática y un desarrollo soberano en la Argentina.

Una evocación que impone una lectura atenta de los hechos acaecidos, del rol de sus protagonistas y de los intereses en pugna.

Los discursos del odio, una violencia explícita en el desenvolvimiento de los conflictos sociales y políticos, el menosprecio por la vida y las condiciones de existencia, van ganando espacio sin que se les preste la atención que requieren.

Un deber cívico indeclinable consiste en asumir el compromiso ciudadano que a cada uno compete en un año tan decisivo como el actual, ejercitando con más intensidad la Memoria, buscando con más ahínco la Verdad y reclamando la Justicia que tanto nos hace falta para forjarnos un futuro que como país y sociedad nos merecemos. No se trata de confiarnos a la suerte individual, sino de elegir el camino mejor para un destino común.