El operador todoterreno del macrismo, Fabián Pepín Rodríguez Simón, quien regresó a la Argentina después de evadir a la Justicia durante 3 años y medio, será indagado por la jueza María Servini el próximo miércoles al mediodía acusado de amenazar a los dueños del Grupo Indalo, Fabián De Sousa y Cristóbal López. La declaración será en una causa derivada de la central, en la que se investiga si el asesor macrista presionó a los empresarios para que desistan de impulsar la investigación principal que terminó provocando su fuga. Según pudo reconstruir El Destape, la causa central, donde se analiza una gran maniobra contra López y De Sousa para desapoderarlos de sus empresas –ambos fueron detenidos durante el macrismo-, está paralizada en la Corte Suprema de Justicia, donde Pepín supo cosechar aceitados vínculos durante el gobierno de Mauricio Macri.
La indagatoria por amenazas
Pepín Rodríguez Simón, quien regresó a la Argentina el pasado 20 de noviembre luego de que le concedieran una exención de prisión, deberá presentarse en los tribunales de Comodoro Py el próximo 4 de julio a las 13.30. Fue citado por la jueza Servini en una causa paralela a la que motivó su fuga a Uruguay. La indagatoria es el primer acto de defensa que tiene un imputado.
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¿De qué se lo acusa en este expediente paralelo? De amenazar a De Sousa y López a través de una tercera persona para que desistan de impulsar la causa central en la que se investiga si el gobierno de Macri persiguió a los dueños del Grupo Indalo con el objetivo de desapoderarlos de sus empresas, entre ellas, el canal C5N. Ambos terminaron presos por presión del entonces presidente. La causa principal, que se inició en 2019 e involucra a Macri, está paralizada en el juzgado de Servini a la espera de que la Corte Suprema resuelva una serie de planteos. Ese es el expediente que verdaderamente preocupó al integrante de la Mesa Judicial Pro y la que motivó su fuga ante un inminente llamado a indagatoria.
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La Corte y el blindaje de Pepín
En la causa central en que se investiga la extorsión a los dueños del Grupo Indalo y motivó la fuga de Rodríguez Simón, la jueza María Servini aún no fijó una fecha para tomarle declaración indagatoria al operador e integrante de la Mesa Judicial macrista. ¿La razón? Que la Corte Suprema de Justicia tiene el expediente para resolver una serie de planteos (que no son determinantes para el devenir del proceso) y que la magistrada adelantó que no avanzará en la pesquisa hasta que el Alto Tribunal se expida sobre esos recursos. Uno de ellos, por ejemplo, es la recusación del camarista porteño Martín “Doctrina” Irurzun, quien fue fotografiado junto Pepín en un bar, dando cuenta de un vínculo entre ambos que le quitaría imparcialidad para intervenir en el caso. No es necesario el expediente del caso para resolver esa cuestión.
Esta demora en el proceso central, que fue cuestionada por los querellantes, expone las razones detrás del retorno a la Argentina de Pepín. Su impunidad parece garantizada durante el gobierno de Javier Milei. Según pudo reconstruir El Destape, el Tribunal Supremo no tiene en su agenda un rápido tratamiento de los mentados planteos.
De acuerdo a los registros públicos, el expediente en cuestión se encuentra en la Secretaría Judicial Nº 3 de la Corte, que es la secretaría penal. Estuvo allí al menos desde agosto de 2023 hasta el 7 de mayo de este año, cuando volvió al juzgado de Servini por un solo día. El 8 de mayo la causa volvió al Tribunal Supremo y descansa en la secretaría penal suprema. En todo este lapso no fue girada a las vocalías, es decir, a los ministros supremos para que analicen el caso. Si bien la Corte no tiene plazos para expedirse, esto es un indicio de que no habrá una resolución cortesana en el corto plazo.
Esta situación, que se complementa con la decisión de Servini de no avanzar con la pesquisa central hasta que la Corte se expida, invita a pensar en un blindaje hacia Pepín. Desde el entorno de la querella consideran que el expediente al ser digital habilita a que la jueza pueda avanzar con la investigación a pesar de que la causa se encuentre en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. La querella ya hizo planteos para destrabar la situación pero no tuvo resultados positivos.
En este contexto, Pepín decidió retornar a la Argentina tras una larga fuga en Uruguay. ¿Algún contacto judicial le hizo un guiño para que volviera?
El operador todoterreno del macrismo tiene estrechos vínculos con la Corte Suprema. Por ejemplo, es íntimo amigo del supremo Carlos Rosenkrantz, quien declaró en el expediente y se excusó de intervenir por su relación con el exasesor macrista. El propio Macri reveló en una entrevista que Pepín fue quien le propuso la idea de nombrar por decreto a Rosenkrantz y a Horacio Rosatti en la Corte. Apenas asumió, el entonces presidente accedió a la designación por decreto –y los candidatos a la Corte también- pero fue tal el escándalo que la medida fue corregida. Finalmente, Rosenkrantz y Rosatti lograron el acuerdo del Senado.
Según publicó Raúl Kollmann en Página12, el 20 de noviembre cuando Pepín volvió a la Argentina, tras pasar por Comodoro Py para emprolijar su situación judicial, concurrió al restaurante conocido como Jockey Club Bistró, en el centro porteño. En una mesa cercana a la suya almorzaba el juez supremo Rosenkrantz, quien se levantó para darle un sentido.
La amistad es tan cercana que Rosenkranz estuvo en la boda de la hija de Pepín. En una fotografía de aquel evento que dio a conocer la periodista Irina Hauser se puede ver al ministro cortesano y también a José Torello, el exjefe de asesores de Mauricio Macri que ahora ayudó a Pepín a cubrir la caución de 3.120.000.000 de pesos que le impuso Servini. Lo hizo a través de una propiedad. Lo curioso es que Torello es investigado por integrar la misma Mesa Judicial PRO que Rodríguez Simón, acusada de usar a la Justicia para perseguir a opositores.
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La extorsión al Grupo Indalo: “Yo soy Macri”
La causa central que analiza la extorsión a los dueños del Grupo Indalo fue caratulada con el apellido de Macri: “Macri Mauricio y otros s/ Asociación Ilícita; Qte. Carlos Fabián de Sousa”.
En el marco de este expediente se analizaron algunas de las llamadas telefónicas del expresidente, quien está imputado pero nunca nombró un abogado en la causa. En palabras de Servini, lo que se investiga en este proceso son “diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, tendrían como consecuencia perjuicios económicos al mencionado grupo y al patrimonio nacional”.
Un actor clave de esta persecución fue la AFIP. Por eso, fueron indagados en este caso desde el exjefe del ente recaudador, Alberto Abad, a directores del organismo. Finalmente, se les dictó la falta de mérito a esos acusados.
“Yo soy Macri”, le dijo “Pepín” Rodríguez Simón al empresario Cristóbal López en medio del intento de desguace del Grupo Indalo, según declaró uno de los dueños de C5N en sede judicial en noviembre de 2019. El cargo oficial de "Pepin" durante la presidencia de Macri fue director en YPF, pero lo cierto es que atendía en un despacho en la Casa Rosada y tenía a cargo tareas que nada tenían que ver con la petrolera.
Los vínculos judiciales de Rodríguez Simón fueron claves para las gestiones del gobierno de Macri en distintos ámbitos. En el marco de esta causa por el desguace del Grupo Indalo la jueza Servini ordenó una revisión de las llamadas frecuentes de "Pepín" entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019. Cuenta solo por la línea del celular, no por WhatsApp u otra aplicación. Y aún así se la podría catalogar como la “agenda del lawfare”. Tal como informó El Destape, allí aparecieron:
- 59 llamados con el entonces presidente de la Corte Suprema Rosenkrantz.
- 38 con el socio de Rosenkrantz, Gabriel Bouzat.
- 17 con el actual presidente de la Corte Rosatti.
- 162 con el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, también imputado en el caso de la Mesa Judicial.
- Más de 1.100 llamados con abonados del Gobierno de la Ciudad.
- Cerca de 1.000 llamados más con la cúpula del Poder Ejecutivo de la Nación.
- 15 con el asesor presidencial José Torello, que fue quien acercó a “Pepín” a Macri.
- 23 llamadas con Ernesto Sanz, a quien Macri puso como intermediario para hacerse del Grupo Indalo, según relató Cristóbal López en sede judicial.
- 231 llamados con abonados del Grupo Clarín, de los cuales 182 son con el Nº 2 del diario, Ricardo Roa.
- 129 contactos con el diario La Nación, desde donde se escribía sobre la avanzada contra el Grupo Indalo.
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Todos estos llamados no se explican por la función institucional de Rodríguez Simón, quien también ingresaba a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista a cargo de Gustavo Arribas. Con todo esto, la jueza Servini lo citó a indagatoria el 18 de marzo de 2021. Pero Pepín se escapó a Uruguay donde intentó ser tenido por refugiado, algo que no logró pero con el trámite pudo ganar tiempo.
Tras su reciente regreso a la Argentina aún no se avizora una fecha para la indagatoria en la causa principal. Por lo pronto, Pepín deberá defenderse de la acusación por amenazas que le hicieron De Sousa y López y se investiga en una causa paralela, que da cuenta del interés del operador macrista en que se cierre la causa central.
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