El primer encuentro arrancó el jueves a las ocho de la mañana y finalizó a las ocho y media de la noche. Fueron 12 horas largas, tediosas, discutidas en las que los miembros del Directorio del INTA, integrado por cinco representantes del Estado y cinco de la actividad privada, finalmente lograron acuerdos en lo relativo al patrimonio de la entidad y a su dotación de personal. Coincidieron en que no se tocarían las tierras que se pensaba subastar (más de 27.000 hectáreas) y que en lo relativo a despidos (había trascendido la intención de que superaran los mil), eran necesarios 120 días para analizar cuál es la dotación ideal de la entidad.
“También nos pusimos de acuerdo en que no se iban a intervenir las direcciones nacionales (todos los ingresos deben ser por concurso) –cuenta uno de los miembros del cuerpo–. Estábamos contentos porque habíamos trabajado a conciencia, pero cuando se les comunicó [a las autoridades], tiraron todo para atrás. Una falta de respeto, no valoraron nuestro laburo. Así que levantamos las cosas y nos fuimos. Abandonamos la reunión. (…) Es muy difícil trabajar de esa manera”.
A la mañana siguiente, volvieron a encontrarse y, concesiones de por medio de ambas partes, se acordó detener el despido de los ingresos de 2023 y de los agentes que no forman parte de la planta permanente, pero se avanzará en la venta del edificio de Cerviño al 3100 y de un campo en Cerrillos, en Salta. “No va a haber ningún despido por ahora; se van a tomar 75 días para hacer un análisis crítico sobre la dotación óptima –informan desde el INTA–. Pero se aprobaron los retiros voluntarios, que rondan 300. Sumados a las jubilaciones que ya se intimaron, son más de 500 puestos. La esperanza es que, con esto, se puedan evitar nuevos recortes”.
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Sin embargo, la preocupación por el futuro de este componente esencial del sistema de ciencia y tecnología nacional no cede. “La política de desfinanciamiento y desmantelamiento de este gobierno para los sectores de ciencia y técnica en las universidades públicas y, en este caso, la embestida fuerte contra el INTA va a traer consecuencias irreparables en el corto y mediano plazo, con pérdida de grandes capacidades de investigación y de infraestructura que tanto aportan al desarrollo del país –dice Susana Mirassou, primera y única mujer presidenta de la entidad entre 2019 y 2022–. Creado en 1956, con un sistema de gobernanza que tiene un Consejo Directivo, consejos de centros regionales, centros de investigación, consejos locales asesores de estaciones experimentales y agencias de extensión, siempre trabajó en cooperación público-privada con sectores de la producción agropecuaria, las provincias, los municipios, las universidades. Este plan de ajuste que se pretende hacer con mentiras y descalificando el trabajo realizado es muy lamentable”.
La semana última, Mirassou, Amadeo Nicora, Francisco Anglesio Carlos paz y Carlos Cheppi, todos ex presidentes del organismo, dieron a conocer una extensa carta en respuesta a los trascendidos sobre desguace del INTA. El vocero presidencial, Manuel Adorni, había afirmado durante una de sus habituales conferencias de prensa que “los objetivos del INTA fueron desvirtuados por la gestión anterior con temas como las cuestiones de género, los falsos mapuches y la agricultura familiar”, que malgastaba sus recursos, que tenía exceso de empleados, y que solo la tercera parte de sus predios y propiedades se usaban con fines comerciales y productivos.
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En el texto del documento recuerdan que desde la creación del INTA, a mediados del Siglo XX, cuando la producción agropecuaria argentina se había estancado, el área sembrada en granos aumentó un 300% y la producción se multiplicó por 15. El ganado bovino creció en 10 millones de cabezas. Se obtuvieron más de un millar de nuevas variedades vegetales, y se garantizó la sanidad animal y vegetal a través de la obtención de un centenar de vacunas y tratamientos. Además, se lograron innumerables avances biotecnológicos, para el cuidado del ambiente y el suelo, la agricultura y ganadería de precisión, y más recientemente la agricultura regenerativa, entre una miríada de avances tecnológicos e innovaciones que permitieron el arraigo rural y la soberanía alimentaria.
El INTA posee en la actualidad 6466 agentes; 301 participaron en el programa de retiro voluntario y 302 son empleados mayores de 65 años. Doscientos veintisiete ingresaron contratados en 2023, 854 pertenecen a la “Planta no Permanente” e ingresaron por concurso. También dispone de más de 20 estaciones experimentales en todo el país cuyas tierras podrían ser vendidas o subastadas en procesos de dudosa transparencia y confiabilidad, según los ex presidentes.
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