La Justicia habilitó a Pepín Rodríguez Simón a regresar al país sin ser detenido

El operador Fabián “Pepín” Rodriguez Simón, que lleva más de mil días prófugo de la Justicia, decidió que con el gobierno de Javier Milei es seguro volver al país. Y la Justicia le hizo el favor de concederle el planteo de exención de prisión que hizo este martes, por lo que podrá regresar a la Argentina sin quedar detenido.

La jueza María Servini resolvió este miércoles conceder la exención de prisión pedida por el operador de Mauricio Macri para poder avanzar con su indagatoria en un caso de persecución judicial contra los dueños del Grupo Indalo del que Pepín fue protagonista durante el macrismo. El exasesor lleva casi 3 años prófugo en Uruguay donde nunca consiguió que lo consideraron un refugiado político. El fiscal del caso, Guillermo Marijuan había dictaminado en contra de lo pedido por Pepín: “Considerando que no se registran parámetros que permitan considerar una alternativa para evitar el riesgo de evasión si el imputado se encuentra en libertad durante el proceso, me opongo a la concesión de la exención de prisión”, había afirmado el fiscal.

La magistrada no compartió esa posición y le concedió el pedido exención de prisión bajo una caución de 3.120 millones de pesos. A su vez, lo obligó a comparecer en el juzgado una vez por mes, dar aviso al tribunal si se ausenta más de 24 horas de su domicilio y le prohíbió la salida del país. A la par, cumplida con la caución, dio de baja el pedido de captura nacional e internacional y la inhibición general de bienes así como el congelamiento bancario que pesaba sobre el asesor de Macri. Vale resaltar que ninguna de estas dos últimas medidas económicas obstaculizaron que Rodríguez Simón pudiera solventarse la vida en Uruguay por casi 3 años.

Pepín Rodríguez Simón fue un operador todoterreno de Mauricio Macri. Fue desde abogado en las causas por los Panamá Papers a integrante de la Mesa para apriete de Jueces y Fiscales, una figura clave en la extorsión a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó y gestor de maniobras para apuntalar los tarifazos en la era PRO, entre un sinnúmero de tropelías. Fue quien propuso a Macri nombrar a Carlos Rosenkrantz –su amigo- y a Horacio Rosatti en comisión en la Corte Suprema. Huyó a Uruguay cuando era investigado en esta causa, donde se analiza el desguace del Grupo Indalo de medios. Cuando se fugó no pesaba sobre él ninguna orden de detención sino simplemente el llamado a indagatoria al que ahora decidió allanarse.

La concesión

En un escrito de 8 páginas al que accedió El Destape, Servini resalta que no pierde “de vista que en los próximos días – 21/05/2024 - se cumplirán tres años desde la declaración de rebeldía y la consecuente orden de captura librada respecto de Fabián Jorge Rodríguez Simón”. No obstante, dice la jueza, “pondero el cambio de actitud que tuvo el imputado y que acceder a lo solicitado permitiría avanzar en el trámite del expediente, en principal sobre su situación procesal, posibilitando que se cumpla con la declaración indagatoria que oportunamente ordené, y que en consecuencia pueda ejercer su derecho de defensa”. Es decir, la magistrada fundamenta su decisión en que al conceder el pedido de Pepín puede avanzar con el proceso.

De alguna forma es reconocer que Pepín logró su cometido. Quizás por eso la magistrada se vio en la obligación de exponer las contradicciones en que incurrió Rodríguez Simón para justificar su evasión de la Justicia. Porque el operador judicial consideraba que la misma jueza a la que ahora se allana impulsaba una persecución en su contra. “No puedo dejar de remarcar que ese cambio de actitud lo único que demuestra era lo errado que estaba el beneficiario en su idea de considerarse ‘perseguido’, y temeroso de que se agravaran sus ‘garantías constitucionales’”, resaltó Servini. “Así como libremente se sustrajo del proceso, de manera voluntaria pretende volver a someterse a la jurisdicción de la misma Magistrada de la cual se fugó, en un proceso que él mismo tildó ‘plagado de irregularidades procesales y donde no se le permitió ejercer su derecho a defensa en juicio’”, agregó la magistrada, que no obstante le concedió la exención de prisión.

En esa línea Sevini dijo que “se celebra que haya escogido las herramientas que le brinda el proceso penal para articular el planteo que estimó pertinente, máxime cuando lo está haciendo ante el mismo poder del estado que en su momento tildó de ‘herramienta de persecución’”.

Luego, la magistrada explicó que a los fines de poder avanzar en la pesquisa “la imposición de una caución real se erige como necesaria y suficiente para asegurar su comparecencia al proceso”. Así es que le impone una caución de 3.120.000.000. Servini justificó ese monto en que Pepín “tiene bienes en el país, desempeñó largamente la profesión de abogado de manera privada, como así también diferentes cargos públicos; y fundamentalmente que estuvo prófugo, inhibido, con los productos bancarios congelados, desde hace casi tres años, no obstante lo cual pudo satisfacer sus necesidades en el exterior del país con todo lo que ello implica”. Sevini consideró que “tiene medios económicos suficientes para afrontar la suma” establecida.

A la luz del tiempo que evadió a la Justicia, la jueza estimó que “la caución real habrá de estar en el caso sostenida por otros medios complementarios que reaseguren la comparecencia del nombrado y la posibilidad de efectivizar su juzgamiento”. Por eso también dispuso: La obligación de comparecer ante estos estrados dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, la obligación de solicitar autorización a este Tribunal cada vez que pretenda ausentarse más de 24 horas de su domicilio, y dar aviso en el plazo de 24 horas en caso de modificar aquel”. A eso sumó la prohibición de salida del país y la “retención inmediata” de su pasaporte.

Todo eso a cambio “de dejar sin efecto la inhibición general de bienes y congelamiento bancario en su oportunidad ordenados, pues fueron consecuencia directa de la declaración de rebeldía”.

El pedido de exención de prisión

Este último martes, el abogado Gustavo de Urquieta solicitó a la Justicia que se le concediera a Pepín la exención de prisión “bajo la caución que se estimara corresponder”.

En una particular visión sobre el proceso, el abogado de Pepín sostuvo su pedido, entre otras cosas, en que su defendido “no registraba antecedentes penales” y “era una persona con largo arraigo y permanente residencia en nuestro país – interrumpido por la solicitud de refugiado -, y que su familia, hijos, estaban radicados aquí, que había ejercido la profesión de abogado por varios años, incluso desempeñado cargos públicos”. Es muy curioso este argumento porque Pepín está hace más de mil días prófugo de la Justicia, escondido en Uruguay, donde no pudo lograr que lo consideraran un refugiado político. En la misma línea, Urquieta añadió que Pepín  “no había efectuado maniobra alguna tendiente a obstaculizar la investigación, y no existían elementos que demostraran que las pruebas intentadas por el Juzgado hayan sido frustradas por su actividad”. Otra vez: la jueza ahora le concede la exención para poder avanzar con la indagatoria que había quedado trunca y estaba obstaculizando un fragmento de la causa.

La extorsión al Grupo Indalo: “Yo soy Macri”

La causa que analiza la extorsión a los dueños del Grupo Indalo, Fabían De Sousa y Cristóbal López –que llegaron a estar detenidos durante el macrismo-, está caratulada con el apellido de Macri: ““Macri Mauricio y otros s/ Asociación Ilícita; Qte. Carlos Fabián de Sousa”.

En el marco de este expediente se analizaron algunas de las llamadas telefónicas del expresidente. En palabras de Servini, lo que se investiga en este proceso –a partir de una declaración judicial de Fabián De Sousa- son “diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, tendrían como consecuencia perjuicios económicos al mencionado grupo y al patrimonio nacional”.

Un actor clave de esta persecución fue la AFIP. Por eso, fueron indagados en esta causa desde el exjefe del ente recaudador, Alberto Abad, a directores del organismo.

En este expediente llegó a declarar también el juez de la Corte Carlos Rosenkrantz como testigo, por su amistad con Rodríguez Simón. De hecho, Rosenkrantz llega al máximo tribunal del país por consejo de Pepín a Macri. Como lo reconoció el expresidente, Rodríguez Simón hasta fue quien le recomendó que designara tanto a Rosenkrantz como a Horacio Rosatti por decreto en la Corte.

“Yo soy Macri”, le dijo “Pepín” Rodríguez Simón al empresario Cristóbal López en medio del intento de desguace del Grupo Indalo, según declaró uno de los dueños de C5N en sede judicial en noviembre de 2019. El cargo oficial de "Pepin" durante la presidencia de Macri fue director en YPF, pero lo cierto es que atendía en un despacho en la Casa Rosada y tenía a cargo tareas que nada tenían que ver con la petrolera.

Los vínculos judiciales de Rodríguez Simón fueron claves para las gestiones del gobierno de Macri en distintos ámbitos. En el marco de esta causa por el desguace del Grupo Indalo la jueza Servini ordenó una revisión de las llamadas frecuentes de "Pepín" entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019. Cuenta solo por la línea del celular, no por WhatsApp u otra aplicación. Y aún así se la podría catalogar como la “agenda del lawfare”. Tal como informó El Destape, allí aparecieron:

• 59 llamados con el entonces presidente de la Corte Suprema Rosenkrantz.
• 38 con el socio de Rosenkrantz, Gabriel Bouzat.
• 17 con el actual presidente de la Corte Rosatti.
• 162 con el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, también imputado en el caso de la Mesa Judicial.
• Más de 1.100 llamados con abonados del Gobierno de la Ciudad.
• Cerca de 1.000 llamados más con la cúpula del Poder Ejecutivo de la Nación. Desglosado, incluyen: 99 llamados con abonados de Presidencia; 477 con abonados de la Secretaría General de la Presidencia; más de 340 llamados con abonados de la jefatura de Gabinete; y 29 con la Secretaría de Legal y Técnica.
• 15 con el asesor presidencial José Torello, que fue quien acercó a “Pepín” a Macri y también integraba la Mesa Judicial Pro.
• 23 llamadas con Ernesto Sanz, a quien Macri puso como intermediario para hacerse del Grupo Indalo, según relató Cristóbal López en sede judicial.
• 231 llamados con abonados del Grupo Clarín, de los cuales 182 son con el Nº 2 del diario, Ricardo Roa.
• 129 contactos con el diario La Nación, entre ellos 17 con Hugo Alconada Mon, el escriba de la avanzada contra el Grupo Indalo, y 3 con Carlos Pagni en fechas clave para la investigación judicial.

Todos estos llamados no se explican por la función institucional de Rodríguez Simón, quien también ingresaba a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a cargo de Gustavo Arribas. Con todo esto, la jueza Servini lo citó a indagatoria el 18 de marzo de 2021. La indagatoria es la primera instancia de defensa de un acusado. Pero ni eso quiso afrontar. Se fugó. Ya pasaron más 1.000 días desde que cruzó la frontera Argentina. Con la llegada de Milei a la Casa Rosada, Pepín se siente blindado y considera que es la hora de regresar.