La jueza María Romilda Servini citó a prestar declaración testimonial al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, en el marco de la causa en que se investigan las extorsiones del gobierno de Mauricio Macri al Grupo Indalo. Es la investigación que provocó la fuga de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y que complica al exjefe de Estado. De hecho, en la resolución en que la magistrada convocó al supremo dictó el primer procesamiento del caso (sin prisión preventiva): el de Sebastián Omar Paladino, Subdirector de Recaudación de la AFIP.
Rosenkrantz fue citado por Servini para prestar testimonio el 26 de agosto a las 14. El presidente del Alto Tribunal podrá declarar por Zoom o por escrito. Rosenkrantz es amigo de "Pepín", de hecho fue Rodríguez Simón quien lo recomendó para la Corte. De acuerdo al análisis del teléfono del operador judicial macrista ambos intercambiaron al menos 59 llamados. El magistrado no puede oponerse a prestar tesimonio.
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Además del ministro cortesano, Servini también ordenó la testimonial –vía Zoom- de Andrés Ballota (administrador Gubernamental de Ingresos Públicos C.A.B.A. - AGIP); Evaristo Jorge Sánchez Cordova (accionista del Banco Finansur) y su hijo Juan Manuel; y María Dolores Pujol (integrante del directorio de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires). Todo indica que estas citaciones están vinculadas al análisis del teléfono de "Pepín". La tanda de testimoniales está pautada para el 12 de agosto próximo.
Como el estudio judicial de los entrecruzamientos telefónicos no concluyó –e incluye a Macri-, la jueza también ordenó que se le requiera al presidente de YPF –donde trabajó "Pepín" como abogado- que informe quiénes utilizaban tres abonados telefónicos específicos. Hizo lo mismo con el presidente de la Asociación de Agentes de Loterías, donde también prestó servicios Rodríguez Simón, pero sobre un abonado telefónico puntual.
La causa, caratulada con el apellido de Macri, complica al expresidente. Por ejemplo, se analizaron algunas de sus llamadas telefónicas. En palabras de Servini, lo que se investiga –a partir de una declaración judicial de Fabián De Sousa- son “diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, tendrían como consecuencia perjuicios económicos al mencionado grupo y al patrimonio nacional”.
Un actor clave de esta persecución fue la AFIP. Por eso, fueron indagados en esta causa desde el exjefe del ente recaudador, Alberto Abad, a directores del organismo. La magistrada hoy comenzó a resolver las situaciones procesales de los indagados. El primer procesado es Paladino.
¿Qué hizo Paladino? Ordenó “la creación de una herramienta informática de consulta que permitía a las áreas operativas correspondientes de la AFIP conocer en forma simultánea y homogénea los incumplimientos de pago (líquidos y exigibles según el Sistema de Consultas Tributarias) y las cuotas impagas provenientes de planes de facilidades de pago vigentes de las empresas que conformaban el denominado conglomerado económico ‘Grupo Indalo’. La inclusión de las empresas o contribuyentes en la mencionada herramienta no habría obedecido a un criterio objetivo”. Es decir, se creó a fines de la persecución que se desató contra ese grupo durante el macrismo.
Tal como surge de una auditoría interna de la AFIP, es “posible concluir que se había creado una herramienta que había surgido para monitorear en forma diaria el estado de dos grupos económicos específicos, distinguiendo su tratamiento del resto de los contribuyentes: el Grupo Indalo y el Grupo Báez”.
Y resaltó Servini en la resolución que se conoció este lunes “que existió una discriminación de parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos para con los grupos económicos denominados ‘Grupo Indalo’ y ‘Grupo Báez’, que determinó que sin motivo alguno fueran controlados/vigilados de una manera distinta del resto de los contribuyentes”.
De acuerdo a la magistrada, Paladino fue uno de los responsables de esta situación: “ordenó la implementación de un sistema informático al solo efecto de vigilar a las empresas integrantes de un grupo económico”.
Los funcionarios de la AFIP no son los únicos involucrados en este proceso. "Pepín", el otro yo de Macri, estaba convocado a prestar declaración indagatoria en esta causa y en ese marco decidió escaparse a Uruguay. "Pepín" se autodefinió como un perseguido político y pidió refugio en el país oriental. Al anoticiarse de la negativa de ponerse a derecho del operador macrista, Servini ordenó su pedido de detención y extradición.
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Recientemente, la Comisión de Refugiados (CORE) entregó su dictamen a la jueza uruguaya Adriana Chamsarian en el que consideró que no debe otorgársele la condición de refugiado que reclama el diputado del Parlasur. La magistrada oriental debe resolver. La postura del CORE no es vinculante.
En este contexto, se da la citación como testigo del presidente de la Corte Suprema, quien llegó al máximo tribunal del país durante el gobierno de Macri y a propuesta de "Pepín".
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