La ciudad de Manaos, capital del estado brasileño de Amazonas, fue el epicentro del coronavirus en Brasil. En abril del año pasado comenzó un brote que nunca pudo ser contenido y llegó a infectar al 70 por ciento de la población. Durante todo el año pasado, en esa ciudad de dos millones de habitantes, fallecieron 3400 personas por la pandemia. A pesar de que los expertos anunciaron la inmunidad de rebaño de su población, una nueva cepa volvió a encender la mecha a finales del año pasado. En enero, el sistema sanitario volvió a colapsar. En lo que va de 2021 ya se registraron más de 4500 muertes por Covid en Manaos, un 30 por ciento más que en todo 2020. Los expertos aseguran que si no se toman medidas urgentes, lo peor todavía no quedó atrás.
Una característica de las cepas más contagiosas (los estudios más optimistas estiman que la variante amazónica, llamada P1, es un 40 por ciento más transmisible, otros hablan de 100% o más) es que tarde o temprano colonizan y terminan prevaleciendo sobre otras. En Manaos, los casos de P1 pasaron de menos del 1 por ciento en noviembre al 85 por ciento en febrero. Sin medidas de control ni restricciones por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, la nueva variante se expandió como pólvora por todo el país. Hoy, hay 17 capitales estaduales con el sistema sanitario completamente colapsado y el resto se encamina al mismo desenlace. Los gobiernos locales que intentan imponer cuarentenas y toques de queda encuentran una fuerte resistencia social.
La variante P1 ya fue detectada en la Argentina, de acuerdo a los estudios que realiza el Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica, por ahora solamente en casos de personas que viajaron a Brasil o de contacto estrecho. La transmisión comunitaria, si todavía no está ocurriendo, es cuestión de tiempo. La situación de Brasil sirve como una advertencia de lo que puede suceder en el país en pocos meses, o incluso semanas. No existen soluciones mágicas: solamente acelerar la estrategia de vacunación, evitar el ingreso de más casos por la frontera (que podrían acelerar la aparición de un nuevo brote) y eventualmente volver a restringir actividades de alto riesgo que no resulten esenciales. Cabe preguntarse si el gobierno nacional tiene la capacidad y la voluntad de hacerlo.
Formosa es la nueva Venezuela
Ningún análisis sobre la situación de Formosa puede pasar por alto un dato: la provincia siguió una estrategia exitosa de supresión del Covid que le permite mostrar cifras comparables a las de Nueva Zelanda o Corea del Sur, con una cantidad de recursos infinitamente menor. En esos países se realizaron cuarentenas muy extensas y estrictas, hubo un control férreo de las fronteras y se reaccionó rápidamente ante la aparición de pocos infectados para contener nuevos brotes. Son casos excepcionales y que la misma oposición que condena al gobernador Gildo Insfrán usa como ejemplo para esmerilar la respuesta a la pandemia del gobierno nacional. Es válido discutir hasta qué punto se puede aceptar el sacrificio de ciertos derechos en pos de un objetivo sanitario, pero no hacerse los boludos.
No resulta excepcional, por el contrario, que un sector de la sociedad se rebele ante las medidas de restricción impuestas desde el Estado. Sucedió en todos los países del mundo y en muchos, desde Rusia hasta Italia, desde Chile hasta Gran Bretaña, las protestas se dispersaron con una respuesta policial desmedida. Ninguna estrategia de lucha contra el coronavirus justifica la violencia institucional. La falta de proporción en la represión a las manifestaciones formoseñas del viernes pasado debe ser condenada sin peros. De ahí a sostener, como sostiene la oposición, que en Formosa no rige el estado de Derecho, que debe haber una intervención federal o se tiene que reclamar la presencia de veedores extranjeros existe una distancia enorme y una doble vara flagrante.
Durante los 14 años de gobierno ininterrumpido del PRO en la ciudad de Buenos Aires los casos de violencia institucional no solamente no fueron condenados por el oficialismo porteño sino que fueron reivindicados. En los cuatro de mandato de Mauricio Macri al frente del gobierno nacional, también. Los mismos que denuncian una “dictadura” en Formosa reconocieron el gobierno de facto de Jeanine Añez en Bolivia, que llegó al poder con tanques en la calle, dirigentes políticos secuestrados y funcionarios linchados por patotas parapoliciales. La caracterización no es inocente: en el imaginario de derecha, esa palabra da carta blanca para la intervención extranjera o el golpe de Estado. El siguiente paso es transferir esa cualidad de Insfrán a Alberto Fernández. Ya está sucediendo.
Contemplación dactilar
La reaparición del fantasma venezolano en el discurso opositor puede ser una buena noticia para el gobierno, porque señala el agotamiento de la agenda que Juntos por el Cambio promovió estos meses. Con el programa de vacunación ya en marcha y aumentando su ritmo en casi todo el país, la impostura antivacunas no sólo pierde efectividad: puede resultar contraproducente a medida que las dosis van llegando a cada hogar. Realidad efectiva, a prueba de operaciones mediáticas, aunque el costo que ya se cobraron es altísimo. Esta semana conocimos el fallecimiento de una médica del Hospital Fernández que se infectó esperando su turno. Se había anotado tarde influenciada por la campaña contra la Sputnik; no le alcanzó la autorización de Anmat y quiso esperar la publicación en The Lancet.
El gobierno nacional tomó nota de ese agotamiento y decidió dar por comenzado el año electoral poniendo la pelota cerca del arco rival. Eso explica la decisión del presidente Alberto Fernández de promover una querella penal sobre la firma de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de JxC. La mayoría de los expertos en la materia aseguran que es difícil que la causa termine en condenas a los funcionarios involucrados en esas negociaciones, pero la movida puede servir para poner en el candelero el desmanejo económico de la administración Macri durante todo el año electoral. Otras denuncias similares que hicieron en las últimas horas los ministros de Educación, Nicolás Trotta, y Obra Pública, Gabriel Katopodis, responden a la misma lógica de campaña.
Un antiguo proverbio atribuído a Confucio sostiene que cuando un hombre sabio señala a la luna, un hombre estúpido se queda mirando el dedo. El Frente de Todos no termina de encontrar las herramientas para resolver sus problemas más urgentes pero sus diagnósticos resultan difíciles de rebatir: el poder adquisitivo, el equilibrio externo, la concentración de la riqueza, el lawfare y, por supuesto, la pandemia son los temas clave para el futuro inmediato del país. Juntos por el Cambio, en tanto, se agota en discusiones con hombres de paja, denuncias a entelequias y una doble vara difícil de sostener en el tiempo. La sabiduría del oficialismo puede y debe ser cuestionada. A esta altura del partido, resulta indiscutible que la oposición está sumida en un profundo ejercicio de contemplación dactilar.
Cuatro alfiles contra el Poder Judicial
La situación del Poder Judicial es un claro ejemplo de este fenómeno. Es la institución con peor imagen entre la sociedad argentina, según la enorme mayoría de los sondeos que entienden en la materia; sus fallos suelen llegar tarde y mal, los privilegios de casta que se otorgan a sí mismos los separan de los ciudadanos que dependen de sus decisiones, no están sometidos a ningún mecanismo de control más que los bizantinos engranajes del Consejo de la Magistratura, y en el caso de los ministros de la Corte Suprema, de un juicio político virtualmente imposible en estos tiempo de altísima polarización. Sin embargo, cada vez que el gobierno acerca una iniciativa (buena, mala, regular) al respecto, se encuentra con la negativa cerrada de la oposición a discutir siquiera la posibilidad de un cambio.
A juzgar por los acontecimientos, Alberto Fernández decidió modificar la estrategia que, en su primer año de gobierno, no le había dado resultado. Su discurso ante la asamblea legislativa, el alegato de Cristina Fernández de Kirchner el miércoles ante la cámara de Casación Penal, y en particular el a esta altura casi seguro reemplazo de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, dan cuenta de eso. No puede sorprender a nadie: el Presidente hizo campaña apuntando contra este sistema, cuyos mecanismos siguen intactos. Losardo era la línea directa con el establishment judicial. Ese diálogo no dio resultados. Su figura no es la indicada para llevar adelante una estrategia como la que se delineó esta semana. Eso, más que su condición de funcionaria que no funciona, selló su suerte.
El desafío tendrá en adelante cuatro patas. La primera, en el Poder Ejecutivo, a cargo de quien reemplace a la ministra, será ordenar las piezas de la política para construir una correlación de fuerzas favorable que permita dar la batalla. La segunda, instrumentada por el ANSES, apunta a acelerar la jubilación de más de 200 jueces y fiscales que ya están en condiciones de hacerlo. La tercera, en el Congreso, quedará en manos de Sergio Massa, a quien el Presidente le confió la tarea de negociar los términos y modificaciones que sean necesarios para aprobar los proyectos que envíe. La cuarta es la más difícil: destrabar la designación de un nuevo titular del Ministerio Público Fiscal, pieza clave en la estrategia oficialista. A esta altura del partido, el nombre de esa figura parece lo de menos.
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