El 28 de octubre de 2016, el entonces gerente general de Edesur y actual presidente de la compañía, Juan Carlos Blanco, expuso en la audiencia pública previa al brutal tarifazo de la gestión Cambiemos a favor de las empresas distribuidoras y en contra de los bolsillos de los usuarios. En ese entonces, buscó argumentar que la decadencia del servicio se debió a años de atraso en las tarifas y prometió, gracias a su aumento, una mejora paulatina hasta 2021 con una reducción de los cortes del 55%. La propuesta fue una suba del 30,7%, que terminó siendo del 3.624%. Sin embargo, el planeta dio varias vueltas al sol y actualmente miles de vecinos no cuentan con suministro, sufren importantes bajas de tensión y denuncian falta de inversiones, lo que llevó a que la Defensoría del Pueblo bonaerense pidiera la rescisión del contrato.
Como plantearon los damnificados, los aumentos ocurrieron pero la inversión no. Según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, a 2019, la electricidad tuvo un 3.624% de aumento, seguida por el gas (2.401%), peajes (1.118%) y agua corriente (1.025%). En sólo tres años – 2015 a 2018 -, la incidencia de estos servicios aumentó de 6,1% al 20%. Un duro golpe para el poder adquisitivo.
Ahora bien, ¿qué dijo Edesur para justificar los tarifazos? La compañía dividió su historia (que comenzó en 1992 y que durará 95 años) en tres etapas. La primera corresponde al menemismo y la crisis de comienzos de milenio, entre 1992 y 2002. En ese entonces, sostuvieron, tuvieron una rentabilidad promedio del 2,8%. En un segundo momento, apareció “una distorsión” con la suspensión del contrato de concesión por la emergencia económica, congelamiento de tarifas, la firma de un Acta Acuerdo y postergaciones en las actualizaciones, lo que llevó a que “la rentabilidad fuera negativa”. En ese tiempo, “los ingresos prácticamente no sufrieron modificaciones mientras que los costos crecieron exponencialmente”, lo que les generó “muchos problemas” que se sumaron al aumento de la demanda. Eso, reconocieron, fue compensado con aportes del Estado y deuda propia.
Blanco argumentó que esa política llevó a una mala calidad del servicio, pasando de ocho horas de interrupción a 32 horas promedio. Según la presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense, actualmente algunos municipios superan ese número pese a que pasaron cuatro años de tarifazos. En Cañuelas, el promedio de horas de cortes es de 22.41, en Almirante Brown de 14.12, en Esteban Echeverría de 18.10, en Florencio Varela de 15.41, en Presidente Perón de 20.36, en San Vicente de 38.05 y en Ezeiza de 19.74. En base a datos del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE), cuando se cuentan todas las interrupciones registradas, la empresa Edesur supera sus respectivos umbrales con una frecuencia media 4,10 veces y una duración total de 17 horas.
Sin embargo, en la historia de la empresa, a principios de 2016 se hizo la luz. En febrero se inició “un nuevo proceso que tiende a la regularización del sector, actualizando las tarifas”, sostuvo Blanco. Ese tarifazo, aseguró, permitiría “garantizar la prestación del servicio con una mejora de la calidad, para lo cual inevitablemente es necesario recuperar la sustentabilidad económica de las empresas”.
La tarifa está compuesta por tres variables: el valor agregado de la distribución, correspondiente a la empresa, el costo de la energía mayorista y los impuestos. La tajada de Edesur es la más gruesa: el 40%. Con la actualización de los precios en la factura en mente, desarrollaron un “ambicioso plan de inversiones y de calidad para resolver este tipo de problemas” derivados de un mal servicio. Plan que amablemente comenzaron a desarrollar, según sus palabras, antes de los nuevos valores. Según las estimaciones, la duración de los cortes se reduciría en un 55% en un período de cinco años, priorizando “aquellos lugares y aquellos clientes que tienen fallas de más larga duración”. Sin embargo, son ellos los que continúan sin servicio en la actualidad, durante casi dos días seguidos, según el caso.
Las tarifas iban a ser tan bondadosas que la empresa estaría en condiciones de invertir, en cinco años, casi tres veces el promedio que se invirtió en forma anual desde 2002 a 2015 con una inyección de 14.000 millones de pesos para nuevas subestaciones, ampliación de las existentes, kilómetros de red de media, baja y alta tensión, centros de transformación, entre otros ítem. La finalidad, “reducir las interrupciones y los tiempos de reposición al cliente”, además de la renovación de equipos y la expansión para contener la demanda creciente.
Para lograrlo, era necesario el tarifazo. Para lo cual, pidieron un incremento promedio del 30,7%, sin impuestos, con valores calculados a diciembre de 2015, cuando el macrismo los solicitó. Un pedido veloz, porque fue días después de asumir la presidencia. En ese entonces, sostuvieron que un cliente con factura de $176 pagaría sólo $228. “Dos pizzas”, diría Alfonso Prat Gay, ministro de Hacienda y Finanzas en esa fecha. Claramente, no sucedió y fueron muchas más pizzas.
Al parecer, los argumentos convencieron velozmente a un Gobierno que llegó para beneficiar a los sectores de poder. Edesur es una empresa monopólica en su área de concesión. Y no sólo hubo un convencimiento, también hubo una campaña para justificar la medida y facturas que comenzaron a llegar cada vez más abultadas. Pero las inversiones no se hicieron.
Ejemplo de ello es la denuncia realizada el jueves por Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría. En enero de 2015, el municipio le cedió un terreno a la compañía para construir una subestación eléctrica en un plazo máximo de cinco años. No ocurrió, pero desde la compañía dicen que están en proceso. Una desmentida fuerte ante las justificaciones esgrimidas por Edesur en los últimos días.
Según una reciente nota de la distribuidora – que llegó a todos sus usuarios – la red eléctrica sufrió un “estrés extraordinario” porque, por la cuarentena, hay demanda donde y cuando antes no había. Como si un televisor consumiera más que una fábrica o comercio, sin actividad durante el aislamiento más estricto. En esa comunicación, aseguraron que invirtieron 720 millones de dólares de 2016 a la fecha y que, entre otras cosas, repotenciaron subestaciones.
Mientras tanto, los municipios crearon mesas técnicas para trabajar junto al ENRE un plan de inversiones a presentar a Edesur, con el objetivo de que mejoren el servicio. Pero miles de usuarios sufren su falta, que impacta en el suministro de agua, en el acceso a la salud, el trabajo, la educación y una calidad de vida digna.
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