El caso de la visita de diputados libertarios a genocidas encarcelados puede convertirse en una caja de pandora. Una de las empresas vinculadas a la familia del represor Jorge Olivera, Palupa S.A, que la diputada Lourdes Arrieta pidió al Congreso que investigue, fue denunciada por falsear documentos públicos para quedarse con campos de terceras personas de la provincia de Córdoba, según reconstruyó El Destape. La maniobra ocurrió en 2006 y 2007, actualmente sigue judicializada e incluyó a otro represor condenado: Jorge Humberto Appiani. Olivera y Appiani, ambos militares, abogados y socios, conformaron luego un fideicomiso millonario que fue congelado en 2013 por la Unidad de Información Financiera (UIF) cuando Olivera se dio a la fuga. Se sospechaba que desde allí se financiaba su evasión a la Justicia y otras acciones de los genocidas. El interrogante sobre cómo se solventa el movimiento pro-genocida vuelve a estar sobre la mesa.
La diputada Arrieta mencionó esta semana en su presentación ante el Parlamento que a nombre del clan Olivera hay al menos dos sociedades en los Estados Unidos. Una de ellas es una firma homónima de la que fue denunciada en la Argentina: Palupa Properties LLC. Uno de los hijos de Jorge Olivera, el cura Javier Olivera Ravasi, está relacionado a ambas firmas radicadas en los EE.UU. Fue quien organizó junto a diputados libertarios las visitas a represores detenidos e impulsó iniciativas para intentar sacarlos de la cárcel.
MÁS INFO
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.
Sociedades en la mira
En la madrugada del último martes, la diputada Lourdes Arrieta, que fue parte de la visita a la cárcel de Ezeiza y luego presentó una denuncia penal porque dijo haber sido engañada por sus compañeros de bancada, tuiteó sobre 2 sociedades radicadas en EE.UU vinculadas al cura Javier Olivera Ravasi, el hijo del genocida Jorge Olivera. También presentó un proyecto en el Congreso donde pidió que se investigue el entramado que rodea esas sociedades vinculadas al sacerdote y a su padre genocida. En el Parlamento se empieza a configurar la posibilidad de crear una comisión investigadora sobre la visita.
El sacerdote Olivera Ravasi es quien organizó distintos grupos de chats donde diputados libertarios, abogados de genocidas y el excamarista de Casación Eduardo Riggi coordinaron la visita a represores e impulsaron iniciativas para intentar sacar de la cárcel a los condenados de lesa humanidad.
Las sociedades que documentó Arrieta son “Order of Saint Elijah”, radicada en el estado de Georgia en junio de 2020; y Palupa Properties LLC, creada en el estado de Florida.
En el proyecto que presentó en el Congreso, Arrieta afirmó que respecto a la firma Palupa “también existe una sociedad homónima o espejo en Argentina”. “Esta sociedad en Argentina fue creada como PALUPA S.A.y entre sus integrantes se encuentran varios ‘Olivera Ravasi’”, agregó. Mientras que a Palupa Properties LLC figuran vinculados el médico Martín Olivera Ravasi -también hijo del genocida- y el sacerdote; en Palupa S.A aparecen, al menos en sus inicios, otros hermanos del cura progenocida.
Palupa S.A se conformó en la Argentina el 3 de abril de 2006 y en su creación participaron Mariano Ángel Olivera Ravasi, Sebastián Jorge Olivera Ravasi y el genocida Jorge Antonio Olivera Ravasi. De acuerdo al documento de la Inspección General de Justicia (IGJ) que da cuenta de la gestación de esta empresa, el represor Olivera intervino “en nombre y representación y en carácter de apoderado de Javier Pablo Olivera Ravasi”. La sociedad fue creada para realizar actividades inmobiliarias e inversiones tanto del rubro inmobiliario como automotor y de maquinaria agrícola-ganadera. Como presidente de la firma, en sus orígenes, estuvo Mariano y como vice Sebastián Olivera Ravasi. El cura figuraba como director suplente. En junio de 2023, con Jorge Olivera con 3 condenas a perpetua, quedó como presidenta de la sociedad su esposa, Marta Ravasi. El cura progenocidas, que en los últimos días posteó en redes sociales fotos desde Atlanta y California, EE.UU, seguía con el mismo rol.
Ya desde sus orígenes, Palupa S.A aparece en acciones espurias. Según reconstruyó El Destape en el fuero civil tramita una denuncia contra Palupa S.A por “Redargución de falsedad” y “daños y perjuicios”. Básicamente, en 2013 se la denunció por falsear documentos públicos en pos de quedarse con campos ubicados en la provincia de Córdoba que no les pertenecían. Los hechos ocurrieron apenas se constituyó esa sociedad de los Olivera.
Junto a Palupa, es decir, la familia Olivera, también fueron denunciados: la firma Angela Carolina S.A, que al momento de los hechos era administraba por el genocida Jorge Humberto Appiani (socio de Olivera); Humberto Antonio Rubio; Carlos Alberto Arini, quien ya falleció; y la escribana Beatriz Nilda Amaro de Arregin.
Según se desprende de la acusación, todo indica que las sociedades se crearon para esta maniobra. Once años más tarde, el expediente sigue activo y en pleno proceso. Actualmente, tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 74 de la Ciudad de Buenos Aires.
Por Palupa S.A, por ejemplo, en junio de 2023 se presentó Marta Ravasi, la esposa del genocida Olivera, con el patrocinio de su hijo Mariano Olivera. Marta Ravasi cumplió un rol central en la fuga de su marido, con quien festejó hace poco los 50 años de casada en un fiestón en su casa donde, como publicó Pagina12, cantó Palito Ortega. La ceremonia estuvo a cargo de su hijo sacerdote.
MÁS INFO
Palupa S.A y la maniobra de desapoderamiento
En el escrito que da inicio a la causa contra los genocidas y sus “socios”, Alfredo Vacas realizó una demanda de “Redargución de falsedad y nulidad de instrumento público” luego de que en octubre de 2010 se anoticiara por un “agente financiero – Broker inmobiliario-” que lo habían desapoderado de su campo para luego comprarlo a través de un poder falso.
De acuerdo a la presentación, digitalizada el 24 de septiembre de 2020, el demandado Humberto Rubio contactó a un agente financiero porque quería “obtener una hipoteca sobre un campo que dijo ser de su propiedad”. Este agente solicitó la escritura para tramitar el crédito. Cuando se la envía estalla el escándalo. Allí, Vacas aparecía vendiendo el campo “a través de un supuesto poder otorgado en la provincia de Corrientes a favor del demandado Rubio”. La maniobra, según la denuncia, se hizo a través de “un poder falso” firmado en 2005 en Corrientes por la escribana Beatriz Nilda Amaro de Arregin.
La supuesta venta también la firmaban otros “condóminos del bien” pero que estaban fallecidos. Entre ellos, Silvia Margarita Seery de Arini, esposa de Carlos Alberto Arini, denunciado y actor central en toda esta trama. Es quien poseía las copias de las escrituras y las llaves de la propiedad y según el denunciante tenía una “estrechísima relación” con Rubio. Con este mecanismo, denunció Vacas, le enajenaron el campo.
Con el poder falso, Arini y Rubio realizaron una escritura “traslativa de dominio” de la propiedad ante el escribano René Carlos Pontoni. Se trata del escribano que interviene por las mismas fechas en la constitución de las empresas de los genocidas Olivera y Appiani (la constitución de Palupa SA, por ejemplo, se publica en el Boletín Oficial el 7 de abril de 2006; con apenas días de diferencia se constituye Angela Carolina SA). La escritura, relató el denunciante, se hizo en la Ciudad de Buenos Aires a favor de Rubio y de las sociedades Palupa S.A, “representada en ese acto por Olivera Ravasi- presidente de dicha sociedad” y Angela Carolina S.A “representada en ese acto por su apoderado, Jorge Humberto Appiani”. “No contentos con esto los demandados, cual botín se reparten mis tierras mediante una falsa escritura de división de condominio en las que se adjudican arbitrariamente pedazos de campo de mi propiedad”, cuestionó Vacas, que definió a la operatoria como una “maniobra delictual”.
Rubio, Olivera y Appiani disolvieron el condominio y se adjudicaron “distintas superficies de los inmuebles”. Esa división se realizó el 2 de mayo de 2007 también ante Pontoni.
Es decir, se utilizó un poder falso otorgado en Corrientes, luego se firmaron escrituras en la Ciudad de Buenos Aires para que los demandados se quedaran con campos en Córdoba.
Para intentar desandar el desapoderamiento, Vacas reclama que se declare falso y nulo el poder especial que origina la maniobra y la escritura posterior por la que Olivera y Appiani se hacen del campo.
El proceso de desapoderamiento de bienes de víctimas de la represión fue una práctica habitual durante el terrorismo de Estado.
MÁS INFO
Genocidas S.A
Antes de lanzarse a realizar esta falsificación para apropiarse de campos en Córdoba (¿realizaron otras?), Olivera y Appiani fueron socios. Por ejemplo, compartieron la sociedad Prepaga Legal SRL.
Según se publicó en el Boletín Oficial el 26 de abril de 2000, cuando todavía no se habían reabierto los juicios por crímenes de lesa humanidad y solo avanzaba el juicio por el robo de bebés durante la última dictadura, Olivera y Appiani constituyeron esta sociedad para brindar como abogados “asesoramiento legal” y para realizar operaciones de compra venta de inmuebles. Ambos quedaron como gerentes (el 1 de diciembre de 2000 el cura Javier Olivera Ravasi entraría en esa sociedad en lugar de su padre).
Olivera y Appiani, por ejemplo, fueron abogados del ex titular del Primer Cuerpo de Ejército, el genocida Guillermo Suárez Mason, en 2000, en el mentado juicio por la sustracción de menores durante la última dictadura, único proceso abierto contra los genocidas en aquel tiempo.
Seis años más tarde, en abril de 2006, Olivera y Appiani crearon con apenas días de diferencia Palupa S.A y Angela Carolina S.A, que quedaron envueltas en la denuncia de desapoderamiento mencionada.
En una década, ambos exmilitares y abogados cosecharon millones de pesos tal como se desprende de un fideicomiso que conformaron de forma conjunta y fue congelado por la UIF en 2013, luego de la fuga de Olivera. El genocida se dio a la fuga junto a Gustavo De Marchi luego de ser condenado a su primera cadena a perpetua por parte del Tribunal Oral de San Juan, el 4 de Julio de 2013. De Marchi y Olivera se escaparon en medio de un traslado al Hospital Militar.
Según informaron la UIF y el ministerio de Defensa en aquel entonces, que comandaban José Sbatella y Agustín Rossi respectivamente, Olivera se desempeñaba “hasta el momento de su detención como abogado” y “en tal carácter litigó contra el ESTADO NACIONAL, particularmente en juicios por reclamos de haberes de las FUERZAS ARMADAS, asumiendo también la defensa de militares procesados. Los honorarios a regular en los distintos juicios fueron utilizados para constituir junto a Jorge Humberto APPIANI 2 fideicomisos: ‘FIDEICOMISO FINANCIERO SJ2’ y ‘FIDEICOMISO DE GARANTÍA SJ2’”. Ambos sumaban alrededor de 10 millones de pesos. Como se dijo, fueron congelados al igual que todos los bienes de Olivera.
En la actualidad, Jorge Olivera suma 3 cadenas a perpetuas. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan por ejemplo lo condenó en 2013 a prisión perpetua por considerarlo responsable de más de 40 secuestros, la aplicación de tormentos en más de 50 hechos y homicidios doblemente agravados. Entre esos casos se le adjudica la desaparición de la modelo franco argentina Marie Anne Erize, a quien Olivera se jactaba de haber violado mientras estaba en cautiverio, tal como relataron sobrevivientes. Este represor logró fugarse y fue recapturado. Es tal su impunidad, que tal como informó Luciana Bertoia en Página 12, estando con prisión domiciliaria hizo una gran fiesta por sus 50 años de casado a la que concurrió Cecilia Pando y el represor Gustavo de Marchi que no estaba en una cárcel común porque había aducido problemas de salud. El fiestón contó con la animación de Palito Ortega. El cura de aquella ceremonia fue su hijo sacerdote. La difusión de la fiesta le valió apenas un llamado de atención de la Justicia. Poco importó que se diera a la fuga con anterioridad.
Appiani, por su parte, fue condenado a 20 años de prisión en la causa Área Paraná I y 13 años en Área Paraná II, en Entre Ríos.
MÁS INFO
El apoyo de los referentes de la ultraderecha a la fundación San Elías
La otra sociedad de los Olivera radicada en los EE.UU que denunció Arrieta es “Order of Saint Elijah”. Se trata del espejo de la Orden de San Elías creada por Olivera Ravasi y Federico Highton. San Elías está inscripta como fundación en la Argentina y así la difunde el cura progenocidas en su canal de YouTube “Que no te la cuenten”. Para darle ruedo a esa nueva orden, Olivera Ravasi contó con el apoyo de influencers de la ultraderecha como el exagente de la AFI macrista Manuel Gorostiaga (“Dannan” en redes sociales) y el escritor negacionista Agustín Laje, quienes, tal como se observa en la cuenta de X (exTwitter) del cura negacionista, grabaron videos para pedir donaciones “a una causa tan fundamental como lo es la batalla cultural y la lucha espiritual”.
En la sede de la Fundación San Elías en la Ciudad de Buenos Aires se realizó al menos una de las reuniones que llevó adelante el grupo que se creó con diputados libertarios y abogados de represores para intentar sacar de la cárcel a los condenados por crímenes de lesa humanidad. Uno de los interrogantes abiertos es quién y cómo financia ese movimiento pro-genocidas.
Cerrar sesión