Derechos Humanos, República, Democracia y FMI

12 de diciembre, 2021 | 23.40

Las vicisitudes que vive la Argentina, como tantos otros países de Latinoamérica, reconocen una raíz colonial común y un renovado coloniaje sostenido por Organismos Financieros que promueven un endeudamiento espiralado, que condiciona el desarrollo futuro soberano.

Parece lo mismo

La Historia es algo vivo, no sólo porque se construye día a día en el presente, sino porque es preciso que permanentemente se recuerde lo acontecido, se revisen los hechos con sus causas y consecuencias, se tracen paralelismos y analogías, se mantenga la atención sobre las señales que indican caminos, tanto los que es valioso seguir recorriendo como aquellos otros a los que nunca deberíamos volver.

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Memoria, pero memoria activa y reactiva, que sirva de guía para entender lo que nos sucede y lo que nos sucedió, que nos brinde la posibilidad de distinguir y no repetir los desencuentros que únicamente han beneficiado a unos pocos, los de siempre, aunque cambien sus consignas discursivas.

Las concepciones de República y Democracia no son unívocas ni se han presentado en todo tiempo y lugar como una conjunción inescindible, son esencialmente dinámicas y también por serlo están en constante transformación.

Entre ambas existen lazos relevantes, cuyo sostenimiento es importante, pero prevalece la Democracia en tanto sistema que habilita la convivencia plural, diversa y en el cual el conjunto del Pueblo pueda expresarse encontrando representaciones genuinas.

Ha habido y sigue habiendo Repúblicas aristocráticas, monárquicas y profundamente antidemocráticas, que tienen claras proyecciones en “republicanismos” tan en boga en estos días, que proclaman lemas libertarios que son manifestaciones de un exacerbado individualismo que descree y, más aún, reniega de toda vida comunitaria que, en tanto tal, priorice lo colectivo como vía para la realización personal.

Asemeja una etapa superada

La recuperación democrática de la que hace pocos días se cumplió 38 años, marcando un ciclo continuo de institucionalidad sin precedentes en la Argentina, cobra un significado que no es tan fácil de comprender para las nuevas generaciones ni, lamentablemente, para muchos de quienes sí han vivido aquellas otras épocas de recurrentes interrupciones golpistas.

Ninguna conquista social tiene garantizada su vigencia sin un compromiso de lucha por sostenerla, sin una actitud que implique valorarla y se proponga afianzarla a la par que revalidarla críticamente para recrearla con un signo de progresividad.

La dictadura cívico militar instaurada en marzo de 1976, como otras tantas que la precedieron en el siglo XX, se caracterizaron por sus políticas antipopulares y surgieron de similares matrices ideológicas, dejando al país sumido en crisis y endeudamientos que acentuaron su dependencia condicionando a los gobiernos de origen democrático que las sucedieron.

Esas trágicas experiencias que tuvieron su expresión más extrema en el terrorismo de Estado implementado hasta 1983, continúan siendo una potencial amenaza ante la impunidad que aún gozan los principales responsables y beneficiarios de esas políticas.

Los modos de manifestarse han variado, hoy se sustituyen -aunque no se descartan por completo- las intervenciones militares por la acción combinada de los grupos económicos concentrados, los medios de comunicación hegemónicos y sectores del Poder Judicial, para desestabilizar los gobiernos populares, estigmatizar a la dirigencia que los respalda y banalizar la defensa de lo nacional.

El negacionismo de la magnitud que alcanzó las graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, la reivindicación de genocidas, el fomento de un discurso del odio que alienta conductas violentas y la intolerancia de la diversidad, son otros fenómenos que se conjugan en aquel mismo sentido.

El riesgo para la Democracia, entonces, no puede plantearse como una etapa superada, menos aún considerando la existencia -y consecuencias- de prácticas similares en otros muchos países de la región y la injerencia decisiva de los EEUU.

El colonialismo cuando vino fue para quedarse

El empréstito que en 1824 se tomó con la Baring Brother por un millón de libras, tenía por objeto la construcción de puertos y obras de urbanización en la Provincia de Buenos Aires.

Los propósitos declarados no se cumplieron, porque se destinó buena parte de lo efectivamente recibido a financiar la guerra con Brasil; pero, además, el compromiso financiero se asumió en realidad para cumplir con una de las exigencias del Imperio Británico (otra era la firma de un “Tratado de Amistad, Libre Comercio y Navegación”, luego celebrado en 1825), para reconocer la independencia de nuestro país.

Tampoco ingresó la suma comprometida, sino menos de la mitad, en virtud del valor (al 70%) a que fueron colocados los títulos de la deuda pública, la deducción de adelantos y amortizaciones iniciales, pagos de comisiones y gastos. Sin embargo, cuando finalmente se canceló el préstamo en el siglo siguiente, se había pagado más de cinco veces el monto nominal y cerca de nueve veces el monto efectivamente recibido.

Desde aquel primer empréstito, la larga historia del endeudamiento externo argentino reconoce parecidas contradicciones en sus motivaciones (declaradas y reales), semejanzas en sus gestores, destino y verdaderos beneficiarios y, una constante consecuencia, la pérdida de soberanía.

En 1956 por decisión del gobierno de facto surgido del derrocamiento de Perón, la Argentina se incorpora al Fondo Monetario Internacional, obteniendo un préstamo que dio inicio a un círculo vicioso de sobrendeudamiento y sometimiento a sus imposiciones.

El rol que cumple el FMI no es meramente financiero, en tanto los préstamos que otorga conllevan al monitoreo de la economía del país deudor y la exigencia de ajustarse a sus dictados en materia fiscal y monetaria con las consiguientes implicancias en el diseño de las políticas de Estado acordes con los parámetros neoliberales.

Una responsabilidad compartida

El descomunal endeudamiento con el FMI generado durante el gobierno de Mauricio Macri (en 2018), constituye uno de los mayores obstáculos para la recuperación económica con justicia social y para la estabilidad democrática.

El 10 de diciembre en los festejos por la Democracia y el Día Internacional de los Derechos Humanos, frente a una Plaza de Mayo desbordada hablaron Cristina y Alberto, cada uno en su estilo coincidieron en una mirada retrospectiva acerca de las tragedias argentinas que depararon no sólo los golpes de Estado sino los de Mercado, y el serial e irresponsable endeudamiento externo, que deparó serios efectos perniciosos para la institucionalidad y la gobernanza en nuestro país.

También se refirieron a la deuda con el FMI, sus viciadas motivaciones y las complejidades que plantea su renegociación, dejando expresados los principios que guiaran el accionar del Gobierno y la ratificación de los compromisos electorales asumidos de reconstruir el país comenzando por los más necesitados, sin claudicaciones de ninguna especie. Para lo que hará falta una decisión y entereza que, indicaron, únicamente será factible sostenerla con el respaldo popular.

La plena vigencia de los Derechos Humanos reflejados en todos sus sentidos, la defensa de la Democracia sin cortapisas y la definitiva reconciliación de la Política con la ciudadanía, son condiciones también de nuestra soberanía. Es de esperar, entonces, que se concreten los anuncios de las dos máximas figuras del Frente gobernante y se responda en igual medida en el acompañamiento popular reclamado.

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Álvaro Ruiz

Abogado laboralista, profesor titular de derecho del Trabajo de Grado y Posgrado (UBA, UNLZ y UMSA). Autor de numerosos libros y publicaciones nacionales e internacionales. Columnista en medios de comunicación nacionales. Apasionado futbolero y destacado mediocampista.