De delitos y delincuentes: la indiferencia también es violencia

La violencia se manifiesta de diversas maneras, aunque muchas de ellas pasan inadvertidas porque no nos afectan en apariencia directamente. Al igual que la construcción en el imaginario social del delito, sus autores y sus víctimas, que suele adolecer de una sesgada representación.

La información que deforma

En esta columna con frecuencia se han analizado fenómenos ligados a la formación del sentido común, a la influencia determinante que tienen los medios de comunicación y el modo en que se presentan los hechos.

Claro que nada de ello constituye una novedad, en tanto que siempre han existido influencias de esa naturaleza y la información que nos llega indefectiblemente incide en nuestra apreciación de la realidad.

Sin embargo, una diferencia constatable en estos tiempos es la multiplicidad de usinas informáticas, la propagación por redes sociales de noticias sin certezas sobre las fuentes respectivas y una desproporcionada concentración mediática que conforman oligopolios que comprenden unidades de negocios de lo más variados, que exceden notoriamente ese tipo de actividades de prensa y se proyectan a otros muchos ámbitos de la economía con intereses particulares que suelen expresarse a través de aquéllas.

La disparidad de tratamiento de situaciones análogas, el ocultamiento de datos o la presentación engañosa que se advierte en el cotejo de titulares, bajadas y contenidos de las notas, como en la deliberada formulación como noticias de artículos que se exhiben como crónicas descriptivas y que en verdad son manifestaciones de opinión, son otras tantas características apreciables.

Enemigos selectivos del “garantismo”

La expresión “garantismo” es utilizada con una connotación peyorativa por los sectores más reaccionarios, para referirse a quienes defienden el apego a la ley aún respecto de aquellos que la infringen.

Asimilando esa concepción a “impunidad”, como si fuera consecuencia o incluso la causa de los delitos, dando paso a demandas de endurecimiento en las respuestas desde el Estado que habilitan el recrudecimiento de la violencia institucional y abren alternativas de justicia por mano propia.

Esas posturas se asumen selectivamente, en tanto no se condicen con la pasividad que se demuestra frente a los delitos económicos, la evasión fiscal, el contrabando a gran escala en operaciones de exportación, el lavado de dinero y la formación de activos en el extranjero mediante maniobras ilícitas.

Las garantías ciudadanas constituyen uno de los pilares del sistema democrático, de una convivencia social civilizada, de la protección indispensable de los derechos de las personas, que consagran la Constitución Nacional y las leyes.

La exacerbación del punitivismo no ha dado pruebas de ser eficaz para reducir los delitos comunes, pero sí de favorecer lo excesos -delictivos- de las fuerzas de seguridad y un direccionamiento represivo cargado de prejuicios, discriminaciones y proclive a los ajusticiamientos sumarios.

El Ministerio Público de la Defensa (MPD) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un reciente Informe señala que entre julio y noviembre de 2021 se llevan registrados 472 casos de violencia institucional, que en un 90 % provino de la actuación de la Policía de la Ciudad.

Las estadísticas reflejan números que, en tanto tales, invisibilizan a las personas comprendidas, como cuando se habla de los índices de pobreza e indigencia. Sin embargo, cobran importancia en tanto dan cuenta de una magnitud que debe ser considerada. De ese informe del MPD surge que los casos de violencia institucional en su mayoría se verificaron en los barrios del sur de la CABA, que el 82% de las víctimas fueron varones y la edad promedio 33 años, el 86 % eran habitantes de esta ciudad y el 37% se encontraba en una situación habitacional de vulnerabilidad.

Violencia policial

“Lo último que me dijo es que le haga empanadas para ver jugar a la Selección (…) Lo escuché en televisión, y no le di importancia porque hablaban de delincuentes, y mi hijo no era un delincuente”.

Así relató la madre de Lucas González, el chico de 17 años asesinado por policías de la CABA, la primera noticia que escuchó y que daba cuenta de la muerte de su hijo.

Dos de los tres policías implicados reconocieron haber baleado el auto en que estaban Lucas y sus amigos, uno por delante y otro por detrás del vehículo. Los agentes de esa Brigada viajaban en un automóvil particular sin identificación ni patentes y vestían de civil, sin que exhibieran signo alguno de pertenecer a una fuerza de seguridad cuando los interceptaron.

Uno de los chicos sobrevinientes declaró, que los agentes después de dispararle al auto los detuvieron manifestando que “tenían que pegarnos un tiro por villeros” y luego fueron puestos a disposición de un juez de menores acusados de delincuentes.

Una patética similitud con las patotas (llamadas Grupo de Tareas) que operaban en la dictadura, como parte del plan sistemático del terrorismo de Estado y gozaban de una impunidad que les permitía obrar con absoluta arbitrariedad.

En San Clemente del Tuyú, Provincia de Buenos Aires, Alejandro Martínez de 35 años de edad fue detenido en el hotel donde se alojaba, con motivo de una denuncia por ruidos molestos y daños, supuestamente a raíz de un estado de exaltación por consumos de alcohol y alguna otra sustancia.

En lugar de trasladarlo a un Hospital como hubiera correspondido, fue conducido a una Comisaría donde falleció por asfixia por sofocación, según resulta del informe de los médicos forenses, que también daba cuenta que presentaba numerosos golpes en distintas partes del cuerpo. El testimonio de otro detenido en esa Comisaría, refiere haber escuchado los pedidos de clemencia de Martínez mientras era golpeado brutalmente.

La familia se enteró a través de una comunicación por Facebook de una mujer policía, que dijo que había sido encontrado tirado en la calle, inconsciente por una sobredosis.

Según el fiscal que interviene en la causa, Pablo Gamaleri, los policías “ejecutaron una extrema violencia física” y le propinaron “golpes de puño y aplastaron varias partes de su cuerpo mediante diversas maniobras”.

Elías Garay, un joven mapuche de 29 años, fue asesinado a tiros en una población cercana al Bolsón (Cuesta del Ternero), por dos personas que irrumpieron con un vehículo en un asentamiento de esa comunidad originaria que reclama tierras que explota una empresa maderera.

Un grupo especial de la Policía de la Provincia de Rio Negro, con motivo de ese conflicto, desde hace más de 50 días venía custodiando esa zona, registrando el ingreso y egreso de personas e imponiendo severas restricciones para el acceso. Por lo cual la Comunidad Mapuche la responsabiliza por acción u omisión de lo sucedido, al igual que al Gobierno provincial.

Magdalena Odarda, presidenta del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), dijo: “Estamos en un ambiente de constante llamada al odio racial y de mucha violencia”.

Señales que deben alertarnos

Los graves episodios antes referidos, ocurridos en el pasado mes de noviembre, dan cuenta de serias anomalías en el funcionamiento de las fuerzas policiales, que deben considerarse en un contexto que favorece prácticas irregulares alentadas por un discurso político que exige “mano dura”.

Un discurso violento cargado de odio, racista y xenófobo, que incluso reivindica las políticas de “seguridad” implementadas por la última dictadura, procura una ampliación de las atribuciones de las fuerzas de seguridad y garantías para su accionar que, en realidad, les aseguren impunidad.

Las consecuencias de ese tipo de concepciones, reñidas con los derechos humanos, se proyectan rápidamente sobre los sectores más empobrecidos y sujetos de discriminación, pero se expanden a otras capas de la población, promoviendo una escalada de la violencia institucional y de una mayor inseguridad para el conjunto de la sociedad.

El papel que juegan los medios de comunicación hegemónicos es un factor determinante en la valoración de los alcances de ese tipo de discursos, en la naturalización de un viciado accionar policial y en su tolerancia como si se tratase de un modo inexorable para combatir el delito.

Rechazar ese tipo de disfunciones, exigir un cambio sustancial en la formación y actuación de los miembros de las fuerzas de seguridad, advertir los riesgos que suponen para una democracia sustentable, inclusiva y con plena vigencia de los derechos humanos, es imprescindible para neutralizar la violencia en sus diversas manifestaciones. La indiferencia también es violencia.