La emergencia expuso todas las desigualdades. Los sectores más vulnerados son invisibles en las preocupaciones del gobierno porteño, siempre relegados. No se planificó con tiempo una crisis que se anunciaba desde el comienzo de la pandemia. Lo demuestra el aumento de contagios en las villas y el abandono a las personas en situación de calle.
“Quedate en tu casa” es una indicación imposible de cumplir para quienes no tienen casa. Un permanente grupo en riesgo que sobrevive sobre cartones y colchones en las veredas, cajeros automáticos, estaciones de subte, debajo de las autopistas, donde los dejan estar.
En la entrada del Pereira, en Barracas, te toman la temperatura con un termómetro digital, en la axila. Ahí funciona uno de los polideportivos que el gobierno de la Ciudad, ante su incapacidad por el desborde, le cedió a un grupo de organizaciones sociales para que se hagan cargo del funcionamiento general.
Hay 40 hombres, de 20 a 70 años. La mayoría vive en la calle hace años, algunos desde la infancia.
“La situación es crítica”, arranca Horacio Ávila, referente de Proyecto 7. “La realidad en la Ciudad ya era malísima. Al igual que en las villas, todo lo que estaba mal empeoró desde que llegó la pandemia. Se hizo más visible la vulnerabilidad de estos lugares masivos y hacinados, como las villas y cárceles”.
Destaca que el mayor problema es la falta de insumos, que las estructuras edilicias no están preparadas, y que no se establecieron protocolos específicos y medidas de prevención. No hay equipos interdisciplinarios de profesionales para abordar problemas de violencia de género en centros mixtos o de consumos problemáticos de drogas. Hubo cinco intentos de suicidio en las últimas semanas.
“La gente quiere aguantar pero la abstinencia te gana, es física, es muy difícil laburar eso sin tener la asistencia psicológica y la medicación necesaria para contenerlos”.
Falta lavandina, y tuvieron que improvisar mesas con paneles de madera. “Mucho circo y poca realidad”, dice Ávila en una pequeña sala que funciona como oficina, también como depósito de mochilas y bolsos, algunos productos de limpieza y pocos alimentos.
Duermen en camas cuchetas, en dos filas de largas hileras. Todos se toman la temperatura tres veces por día y queda el registro en una planilla.
Realizan asambleas diarias para definir normas de convivencia, pero también para plantear sus temores, tensiones, problemas personales, experiencias, cómo van a seguir sus vidas cuando esto termine. Algunos, pocos, tienen algún tipo de empleo informal.
Hay un televisor y un reproductor de DVD. Una radio. Suena Amor clasificado, de Rodrigo. Uno tiene un parlante y dice que espera su turno para poner algo de Los Redondos, Viejas Locas y La Renga, mientras un grupo de seis juega al truco y otros tres con los dados.
El uruguayo Sergio es uno de los más jóvenes, 24 años, llegó hace tres días. Antes de la cuarentena se las rebuscaba con la venta de artesanías. Le cuesta conseguir trabajo porque todavía no tiene documento. “Miramos películas y nos informamos con la tele a la noche, eso se respeta, llega la hora de las noticias y toda la gente se pone a ver mientras comemos, vemos cómo está la movida afuera”.
En este polideportivo adaptado como centro de integración “tenemos la suerte enorme” de contar con un espacio físico al aire libre, con cancha de básquet y de fútbol 5. El resto son más cerrados, concentrados.
Sebastián tiene 39 años, trabaja como operador en el centro. Vivió en la calle y cuenta que está limpio hace dos años. Ahora tiene familia, hijos, vive en lo de la hermana porque cuando comenzó la cuarentena cerró el hostel. “A veces algunos están rebeldes, pero tienen que estar acá, yo los entiendo, me pasó lo mismo, no es fácil”.
Espera que “ninguno de los pibes vuelva a la calle, porque esto va a ser duro, cada vez son más”.
En la última semana, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cerró el Centro de Inclusión Social de Retiro luego de detectar que 79 personas estaban contagiadas de Covid-19. El centro está ubicado a una cuadra de la villa 31, el renombrado Barrio Mugica.
“No se dijo la verdad. Explotó porque la población se asustó, tomaron el lugar y recién ahí intervino el gobierno de la Ciudad. Había 147 varones en el lugar, más el personal de limpieza y seguridad. Y una gran parte se fue y anda deambulando por ahí”, advierte Ávila.
“Lo mismo pasó en Parque Roca 2, y fue la Infantería. A un matrimonio los pusieron con la cabeza contra el piso apuntándole con armas”.
En el Centro de Integración Complementario Ernesto "Che" Guevara, de la organización Proyecto 7, un espacio de día para personas con adicciones y consumos problemáticos, se registró un caso de Covid-19. Debieron acudir a la justicia y lograr un amparo para que el gobierno porteño actúe de manera urgente en ese centro.
Los centros permanentes suman unas 2000 camas. Por la pandemia debieron abrir ocho más que funcionan bajo el programa Operativo Frío en invierno, que suman otras mil. Poco más de 3000 plazas en total.
No alcanza ni para la mitad de los que viven a la intemperie en la ciudad más rica del país.
Según un censo oficial que se realizó en abril del 2019 con voluntarios que recorrieron durante 24 horas la ciudad, había 1.141 personas.
El contraste es enorme con las 7251 personas en las calles porteñas que registró para la misma fecha el Segundo Censo Popular realizado por medio centenar de organizaciones sociales durante cuatro días. Ahí detectaron que un 38,1% tienen afecciones de salud, más de la mitad de los problemas están vinculados con enfermedades respiratorias, y el 10% tiene más de 60 años. El 16% son niños y niñas.
Las organizaciones calculan que ahora hay un 30 por ciento más, cerca de 10 mil personas que viven en las calles de la capital.
“Nos quedamos cortos, las consecuencias del fin de coletazo macrista se empezaron a ver en los primeros meses de este año, pero ahora a partir de la cuarentena hay una infinidad de familias que se sostenían con changas o en pequeños comercios que cerraron, y están atravesando por primera vez en su vida la situación de calle”, dice Horacio Ávila.
Advierte que hay muchos desalojos informales en la Ciudad, en hoteles y pensiones. “Simplemente no podés pagar y te ponen el candado en la puerta, no es un desalojo que pasa por la Justicia”. Eso ocurre todos los días.
Todos los dispositivos están repletos, con comedores, baños y dormitorios colectivos. No tienen habitaciones de aislamiento, no existen.
“No piensan en las personas, por eso no hay espacios de aislamiento. Acá lo armamos nosotros en el baño de mujeres”, cuenta Lina, del Movimiento Popular La Dignidad, la única mujer en el lugar, una de las coordinadora del centro Pereira.
“La Ciudad no se está haciendo cargo de la problemática. Las organizaciones nos unimos y sacamos lo que podemos, de donde podemos, y dentro de todo la aguantamos, pero no es lo que corresponde”, dice Lina.
Una demostración de que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta está alejada de la realidad de las personas que viven en la calle: al comienzo de la pandemia, el Ministerio de Desarrollo Humano lanzó un formulario que debían completar las personas que quisieran acceder a los refugios. La declaración jurada solicitaba la dirección del domicilio, y preguntaba si habían realizado viajes recientes a países afectados como China, Italia, Francia, España o Alemania.
En un comunicado conjunto, el CELS, ACIJ y el Ministerio Público de la Defensa, entre otros, cuestionaron ya en marzo que las medidas estaban orientadas al control de la circulación de la población en situación de calle, pero ninguna garantiza su acceso a condiciones adecuadas de higiene.
La legisladora Laura Velasco realizó una presentación judicial junto a la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH), también en marzo, en el marco del amparo que la tiene como querellante, para que se tomaran medidas urgentes y que el gobierno porteño cumpla con la Ley 3.706 que obliga a “proteger integralmente y operativizar los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle”.
Con la llegada del invierno, la realidad límite de los centros de integración se proyecta para tres meses más, al margen de lo que ocurra con las medidas de aislamiento social.
El impacto de una crisis económica de magnitudes históricas debería activar un política pública integral para quienes ya arrastran gran parte de su vida descartados por el Estado.
Ávila, que conoce por experiencia propia la vida en la calle, considera que “tiene que ser un antes y un después. Ninguna de las personas que están en nuestros centros debe volver a la calle después de esto”.
“Si no se trabaja en lo inmediato, va a reventar”, advierte Ávila. “Hay que tratarlos como seres humanos. Están muy cansados de ser basureados, siempre relegados”.
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